Tribunal Superior de Justicia de Galicia

El juzgado admite la adhesión de la Xunta y del Ayuntamiento de Sada a la demanda para recuperar el pazo de Meirás

Mié, 09/11/2019 - 15:20

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado en un auto emitido hoy aceptar las solicitudes del Ayuntamiento de Sada y de la Xunta de Galicia para intervenir en el proceso iniciado por el Estado el pasado mes de julio para reclamarle a la familia Franco la propiedad del pazo de Meirás. Las administraciones se adhieren de esta forma al procedimiento judicial, pero no tienen carácter autónomo, pues su legitimación para intervenir está subordinada a la parte demandante, es decir, al Estado. Tanto el Ayuntamiento como la Xunta, por tanto, intervendrán en el proceso en calidad de parte coadyuvante adhesiva simple del demandante.

La magistrada considera en el auto que las dos administraciones tienen un interés directo y legítimo en la causa y estima los argumentos que presentaron en sus solicitudes. A la hora de acordar su intervención en el proceso ha tenido en cuenta el papel relevante del Ayuntamiento de Sada en las acciones tendentes a recuperar el pazo, así como que, según el Concello, no solo se pretende la recuperación del patrimonio, sino darle un uso público. En cuanto a la Xunta, la resolución señala que el Parlamento de Galicia fue quien inició las acciones para recuperar el bien, que ha sido declarado en 2008 por la comunidad autónoma bien de interés cultural, con la categoría de sitio histórico. Además, indica que el Gobierno autonómico ostenta las competencias respecto a la protección del patrimonio.

La Audiencia Provincial de A Coruña prohíbe la divulgación del vídeo de la reconstrucción de la muerte de Diana Quer

Mar, 09/10/2019 - 16:00

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido hoy un auto en el que acuerda prohibir la divulgación por los medios de comunicación, en su totalidad o en fragmentos, del vídeo de la grabación de la reconstrucción de hechos practicada durante la investigación de la muerte de Diana Quer. La Audiencia subraya que “la restricción de la publicidad” de esta diligencia está justificada para preservar la imparcialidad de los candidatos a jurado. El magistrado presidente ha tomado esta decisión tras la solicitud de la acusación particular, a la que se han adherido la defensa y el Ministerio Fiscal, de suspensión de la emisión del vídeo.

“La eventual exposición prematura de los candidatos a contenidos que no deberían conocer hasta el acto del juicio supone un riesgo para su imparcialidad y carencia de prejuicios”, destaca el presidente del Tribunal del Jurado, quien incide en que “el peligro que deriva de este contacto anticipado con un elemento del material probatorio se agudiza al brindarse el conocimiento de la prueba fuera del ámbito garantista del plenario”. Así, hace referencia a la “eventual, y no improbable, difusión segmentada y no íntegra de la prueba y su eventual y no improbable presentación en un entorno de comentarios, explicaciones o valoraciones, expresas o implícitas, que pueden afectar negativamente a las condiciones para el debido desarrollo de la función atribuida legalmente a los jurados”.

Al estimar el argumento expuesto, el magistrado entiende que ya resulta innecesario aclarar qué partes del vídeo afectan a la dignidad o intimidad de las víctimas. Se refiere, en concreto, a la recreación del suceso con un maniquí, “que hace que las imágenes resulten en determinados momentos de cierta crudeza y penosidad”, lo que, en opinión del juez, ya justificaría “una restricción de su publicidad masiva e indiscriminada”.

Un juzgado confirma la multa de 60.177 euros a un club de alterne por dar empleo a extranjeras sin permiso de residencia

Vie, 09/06/2019 - 12:30

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha confirmado la sanción de 60.177 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra a una empresa por emplear a seis extranjeras carentes de autorización de residencia y trabajo en un club de alterne situado en las inmediaciones del aeropuerto de Peinador, en Vigo. El magistrado indica en la sentencia que tres subinspectoras de trabajo “pusieron en evidencia” que las seis mujeres extranjeras en situación irregular detectadas “en la fase de alterne”, es decir, de seducción e incitación al consumo de bebidas, trabajaban con días y horarios fijos desde hacía, como mínimo, entre una semana y un mes.

La empresa, según consta en el fallo, registraba sus identidades y horarios de trabajo, controlaba sus vestimentas y fijaba el precio y las condiciones de sus servicios. Además, les facilitaba el alojamiento o les proporcionaba un lugar en el que cambiarse. El juez destaca que en el registro de habitaciones “solo figuraban mujeres”.

“Con toda evidencia trabajaban para la empresa. Sin su presencia, junto con la de las otras 18 mujeres identificadas, el local no podría funcionar, pues constituyen el único reclamo de su clientela. Sin ellas la actora no obtendría su beneficio. Son la esencia del negocio”, subraya el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra. El juez insiste en que, desde la perspectiva del Derecho Administrativo de Extranjería, “no cabe duda de que estas mujeres han sido contratadas verbalmente por la empresa sin haber obtenido con carácter previo las preceptivas autorizaciones de residencia y trabajo”. Esta situación, según la sentencia, era “perfectamente conocida por la empresa, porque las tenía identificadas y registradas, habiéndolas aceptado para trabajar en su local con pleno conocimiento de su nacionalidad”.

El magistrado recuerda que el 30 de diciembre de 2013 se le impuso a la misma sociedad una sanción de 100.271 euros por el empleo de diez extranjeras sin permiso de residencia y trabajo. “Ese precedente pone de manifiesto su mala fe, persistiendo en su práctica ilegal con pleno conocimiento de causa. En este contexto no deja de sorprender que la Administración en este nuevo expediente haya baremado la sanción en su grado mínimo, cuando la norma le habilitaba para la imposición de sanciones de hasta 100.000 euros por extranjera, más la clausura del local por entre seis meses y cinco años”, indica el juez, quien explica en la sentencia que la autoridad laboral y la Seguridad Social han decidido “deslindar la actividad de alterne (incitación al consumo de bebidas) de la de prostitución (relación sexual remunerada) desarrolladas en estos locales, exigiendo el alta y cotización de las mujeres por la primera fase de alterne para que tengan una mínima protección”.

El TSXG condena al Sergas a pagar 40.000 euros por no informar a una mujer del riesgo de transmitir una enfermedad a sus hijos

Jue, 09/05/2019 - 14:45

La sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha condenado al Sergas a indemnizar con 40.000 euros a un matrimonio por los daños y perjuicios causados al no haber sido informado del riesgo de transmitir a sus hijos una enfermedad genética hereditaria conocida como displasia ectodérmica hipohidrótica (DEH) que padece la mujer y, por tanto, haberles privado de la oportunidad de “valorar ese dato a la hora de decidir tener descendencia o no”.

El tribunal indica en la sentencia que cuando en el año 2009 la paciente se quedó embarazada de su primer hijo, que nació “sano”, en la historia clínica de control del embarazo “no aparece ningún dato que hiciera referencia a la enfermedad de DEH”, que consiste en un trastorno genético caracterizado por la malformación de estructuras ectodérmicas (piel, pelo, dientes, etc.). Del segundo embarazo, que transcurrió entre los años 2012 y 2013, nació su hija, quien sufre unas malformaciones en las extremidades tipo ectrodactilia debido a la enfermedad que heredó de su madre.

El TSXG descarta en el fallo la existencia de una mala praxis de los facultativos del servicio de ginecología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruñaa (CHUAC) que asistieron a la mujer durante sus dos embarazos y partos, pero destaca que “no se puede decir lo mismo de la asistencia sanitaria previa”. El alto tribunal gallego subraya que la demandante había sido diagnosticada de DEH en los años 2004, 2011 y 2012, por lo que a los embarazos “debería de haberles precedido un estudio y consejo genético una vez que el servicio de dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en el año 2004 sospechó y diagnosticó la enfermedad”. Los magistrados especifican en la resolución que “no corresponde indemnizar por el daño patrimonial causado, sino por el daño moral que representa la pérdida de oportunidad de los demandantes de decidir evitar futuros embarazos”.

El Juzgado absuelve al exedil de infraestructuras de Ourense acusado de prevaricación

Mié, 07/31/2019 - 14:00

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha absuelto a un exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense al que la Fiscalía acusaba de un delito continuado de prevaricación administrativa por la forma en la que en 2008, cuando ejercía de edil, se contrató la ejecución de las obras de acondicionamiento de espacios urbanos de la calle Bedoya y de la plaza Paz Novoa.

Los trabajos, financiados por la Xunta, fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad. “No ha quedado probado que el acusado tuviera conocimiento de que acudir a ese procedimiento contraviniera la normativa vigente”, destaca la jueza en la sentencia, en la que resalta que el valor de cada uno de los contratos de adjudicación de las obras “no supera el millón de euros”. Además, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense subraya que era necesaria “una pronta ejecución de las obras por causa no imputable al órgano de contratación”, ya que los plazos fueron fijados por la Xunta.

 

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