Tribunal Superior de Justicia de Galicia

El TSXG ratifica las medidas preventivas adoptadas por la Xunta en Ourense y Verín debido a la COVID-19

Jue, 09/24/2020 - 14:27

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido sus dos primeros autos sobre las medidas de prevención adoptadas por la Xunta como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. En ellos, el alto tribunal gallego ratifica las restricciones implementadas por el Gobierno gallego en Verín y en determinadas calles del municipio de Ourense el pasado 18 de septiembre.

Se trata de las primeras resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior después de que el pasado domingo, 20 de septiembre, entrase en vigor la ley 3/2020, que le atribuye competencias para la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en ámbito distinto al estatal. El TSXG tiene la competencia siempre y cuando impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales a destinatarios que no estén identificados individualmente.

Respecto a las restricciones que afectan a Ourense, el Superior indica que la Xunta aporta un informe del subdirector xeral de Información de Saúde Pública en el que da cuenta de la incidencia que la pandemia tiene en la comarca, con gráficos sobre las pruebas realizadas, porcentajes de positivos y casos acumulados, tanto globales como por grupos de edad. Para finalizar, el informe propone que se adopten las medidas en las vías municipales señaladas, “en razón a que en esa zona residen grupos de personas que tienen alta capacidad de transmisión debido a su ocupación (en su mayor parte cuidadores de mayores y trabajadores de la hostelería), así como por su modo de vida (alta interacción social)”.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que, a pesar de que esa motivación no cuenta “con el debido respaldo acreditativo”, la considera “suficiente” debido “a los altos intereses que la disposición persigue y el escaso sacrificio que produce la limitación grupal (que no confinamiento)”.

Entre las limitaciones establecidas por la Xunta en esas calles de Ourense están la de limitar reuniones privadas hasta un máximo de cinco personas y la prohibición de que bares y cafeterías puedan servir en el interior.
En cuanto a las medidas adoptadas en Verín, el TSXG destaca que son “idóneas para la prevención y protección de la salud de la población”, además de “necesarias, dada la constatación de una situación de peligro actual y real para la salud de los ciudadanos, y proporcionadas ponderando los diferentes intereses en conflicto”.

La Xunta adoptó la decisión, el pasado 18 de septiembre, de incluir Verín en el grupo de ayuntamientos con restricciones. Entre las medidas adoptadas destacan la limitación de los aforos al 50% en los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería, la limitación del número máximo de personas en las reuniones, tanto privadas como en la vía pública, a un máximo de 10 personas, así como la reducción de los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto.

Un Juzgado multa al conductor de un vehículo a motor que alcanza más de 25 km/h. por carecer de seguro obligatorio

Jue, 09/24/2020 - 13:50

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha multado con 601 a un conductor de un vehículo a motor de dos ruedas por carecer de seguro obligatorio. En la resolución, que es pionera en Galicia a la hora de abordar las normas que deben cumplir vehículos como los patinetes eléctricos, rebaja de 1.000 a 601 euros la multa que la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra le había impuesto al conductor “por la ausencia de perjuicios causados a terceros, por la falta de acreditación de reiteración y de intencionalidad”.

“Claramente, se aprecia que este aparato constituye un vehículo que se propulsa mediante un motor eléctrico. Desde la óptica de definiciones excluyentes, ni es un patinete eléctrico, ni un ciclo. Tampoco encaja en la moderna tipología de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP)”, indica el juez en la sentencia, en la que destaca que los VMP “no requieren de autorización administrativa para circular, por lo que no cabe exigir al usuario la titularidad de permiso o licencia de conducción, ni seguro obligatorio”.

En la normativa comunitaria y nacional, según la sentencia, se explicita que si el vehículo desarrolla una velocidad superior a 25 km/h., como es el caso, no tiene la consideración de VMP. En el caso de que esa velocidad sea superior (hasta los 45 km/h.), pasa a ser de la categoría L1e-B. “Estamos en presencia de un vehículo, al menos, de la categoría L1e-B; ante un ciclomotor de motor dos ruedas que, en cuanto tal, exige la contratación de un seguro obligatorio. Y se escribe ‘al menos’ porque, de ser cierto que este vehículo alcanza los 50 km/h. que señala el fabricante, estaríamos incluso en presencia de la categoría L3e, una motocicleta de dos ruedas, y con mayor razón ese deber de aseguramiento sería incuestionable”, subraya el juez.

El demandante fue denunciado por la Policía Local en junio de 2019 cuando circulaba con el vehículo marca Gran-Scooter y modelo Citycoco a la altura de la confluencia de la calle Marín y la avenida de Castelao. Sobre la confusión que alega en cuanto a si debía contar con seguro obligatorio o no, el magistrado asegura que, si bien aparatos de estas características “han comenzado a proliferar y las noticias que rodean su uso son confusas”, entiende que todo ello es “razón de más para procurar respuestas fidedignas y oficiales que despejen cualquier atisbo de duda y que propicien una conducción segura y ajustada al ordenamiento jurídico”.

 

La Audiencia condena a ocho años y medio de cárcel a un hombre que violó a una mujer en un ‘pub’ de Ourense

Mié, 09/23/2020 - 14:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a ocho años y medio de cárcel, como autor de un delito de agresión sexual, a un hombre que violó a una mujer a la que conocía en junio de 2017 en el baño de un pub. El tribunal considera acreditado que tras consumir una raya de cocaína cada uno, el sospechoso acorraló a la víctima y la violó. La mujer, según consta en la sentencia, le gritó que parase y pidió ayuda, si bien no fue escuchada al estar la música del local muy alta.

La agresión finalizó cuando dos clientas del local intentaron abrir la puerta del cuarto de baño y encontraron a la víctima tirada en el suelo con los pantalones bajados y llorando, mientras el acusado se subía la bragueta. El condenado abandonó el local, pero fue perseguido por dos clientes y, finalmente, la policía lo detuvo. “Nuestra convicción se funda en el testimonio de la víctima, que es claro, reiterado, concluyente y digno de crédito”, indican los jueces en la resolución, en la que indican que, “en todo momento, desde la denuncia inicial hasta el plenario, la víctima relató el ataque sexual que sufrió de forma verosímil y creíble”. Además, señalan que su versión está “corroborada por las pruebas documental, pericial y testifical practicadas”.

El tribunal indica que el procesado “no pudo albergar duda alguna de la negativa de la víctima, que exteriorizó claramente su oposición a consentir sus demandas”. Así, recalca que “no es no en cualquier tiempo y lugar, y ello no admite género alguno de interpretación en contrario”. El testimonio del acusado, quien negó todo contacto sexual, es considerado “inverosímil” por la Audiencia.

 

El Juzgado anula la puesta en funcionamiento del Área Metropolitana de Vigo

Mié, 09/23/2020 - 12:00

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha anulado la puesta en funcionamiento del Área Metropolitana de Vigo al considerar que solo puede hacerse efectiva tras la integración del transporte urbano de la ciudad olívica en el Plan de Transporte Metropolitano. El magistrado ha estimado en parte el recurso interpuesto por la Xunta de Galicia contra las actuaciones administrativas relativas a la constitución del ente supramunicipal. Así, ha declarado inválidos todos los actos posteriores a la constitución de la asamblea del órgano, celebrada el 1 de diciembre de 2016.

Aunque el juez entiende en la sentencia que la asamblea fue “válidamente constituida” y que la toma de posesión del alcalde de Vigo como presidente fue “ajustada al ordenamiento jurídico”, considera “inválidos” los actos posteriores a la celebración de esa reunión constituyente, tales como la sesión constitutiva de la Xunta de Goberno Metropolitano y su conformación, el 29 de diciembre de 2016, y las posteriores reuniones de ese órgano.

El magistrado sostiene que constituyen “actos posteriores, enmarcados en el concepto de efectiva puesta en funcionamiento del área, que solo puede producirse tras la efectiva integración del transporte urbano de Vigo en el Plan de Transporte Metropolitano”. Por lo tanto, concluye que esas actuaciones son “contrarias a Derecho, lo que conlleva la anulación de los acuerdos que en su seno se hubieren adoptado”.

“La convocatoria y celebración de la sesión constitutiva del Área Metropolitana de Vigo, la constitución de su asamblea y la elección de su presidente quedan insertados en el ámbito de la organización de los entes locales y, en nuestro caso, procede declarar que los actos realizados en aras de alcanzar ese objetivo fueron válidos”, apunta el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

 

El Juzgado cierra la instrucción del Alvia y dirige la causa contra el maquinista y el exdirector de Seguridad en la Circulación de ADIF

Mar, 09/22/2020 - 20:00

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha cerrado de nuevo la investigación del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en la capital gallega. Mantiene que la causa se siga contra el maquinista del tren y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea por si los hechos que les imputa fueran constitutivos de ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 144 de lesiones por imprudencia grave profesional.

El juez instructor acuerda en el auto notificado hoy que se dé traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, a fin de que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que se consideren imprescindibles para formular la acusación.

En cuanto al resultado de las últimas investigaciones realizadas a raíz de la declaración de un extécnico de Talgo que decía haber visto cómo unos responsables de la empresa ordenaban el borrado de determinados registros relativos a defectos que él mismo había apreciado previamente en la inspección del tren, el juez concluye que “ninguna relevancia tendría su borrado informático en lo que se refiere al objeto de la presente instrucción, que es averiguar las causas del accidente”.

En el auto el instructor también acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto del que era director de Seguridad en la Circulación de RENFE, del que era Gerente del Área de Seguridad en la circulación del Noroeste de ADIF y de tres técnicos de INECO.

En cuanto al director de Seguridad en la Circulación de RENFE, concluye que su responsabilidad “se ciñe al material rodante y a la formación del maquinista”, por lo que “no consta que incurriese en incumplimiento normativo y/o técnico alguno”. Sobre el gerente del Área de Seguridad en la circulación del Noroeste de ADIF, el instructor entiende que “carece de competencia alguna en el ámbito de la evaluación de riesgos”. Y, sobre los técnicos de INECO, asegura que su cometido “no abarcaba siquiera el lugar donde acaeció el siniestro”. En consecuencia, el magistrado afirma que, aun admitiendo la tesis de que era INECO, y no ADIF, la competente para gestionar los riesgos, “mal podía realizar su cometido cuando en el marco de su contratación no se incluía el tramo en que ocurrió el accidente”.

En el auto, el juez sostiene que es “obvio” que “la causa directa, inmediata y que decididamente ha desencadenado el desgraciado accidente fue el exceso de velocidad derivado de una conducción negligente”. El instructor entiende que la responsabilidad del exceso de velocidad reside “de forma activa y directa en la imprudencia del maquinista, fruto de una conducción desatenta a las circunstancias de la vía y a su señalización, motivada a su vez por una llamada del interventor que se prolonga más de lo estrictamente necesario”.

Además, resalta que, a la vista de los informes periciales, “no hubo una evaluación integral de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea”, a pesar de que “existía una situación de riesgo consistente en el posible descarrilamiento en curva por exceso de velocidad, dada la reducción significativa que exigía la entrada en la curva (80 km/h), precedida de una larga recta en la que el tren podía perfectamente alcanzar velocidades de hasta 200 km/h”.

“Ese riesgo fue convenientemente detectado y comunicado a ADIF por parte de la UTE LAVOS e INECO, reconociendo ambos la insuficiencia del subsistema suministrado (ASFA) para conjurar o mitigar el mismo”, destaca el instructor, quien apunta que ADIF “tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y gestionar dicho riesgo”. Por lo tanto, concluye que ADIF “no cumplió con ese deber”.

Sobre el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de puesta en marcha de la línea, el magistrado indica que procede mantener su imputación porque fue la persona que emitió el certificado de seguridad de la vía, “sin previamente conjurar el riesgo de fallo humano, que no fue objeto de una debida evaluación previa de conformidad con lo exigido por la normativa europea aplicable, máxime cuando, tras la modificación del proyecto original, el tramo donde ocurrió el accidente quedaba desprovisto de un elemento de protección que conjurase dicho riesgo, el cual se veía incrementado en la medida en que en el tramo existía una transición significativa de velocidad representada por la curva en la que sucedió el accidente”.

 

La Audiencia de A Coruña condena a 13 años de cárcel al hombre que asesinó a su amigo en Labañou

Mar, 09/22/2020 - 17:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado, ha condenado como autor de un delito de asesinato alevoso, concurriendo la atenuante muy cualificada de confesión, a la pena de 13 años de cárcel al hombre que estranguló a su compañero de piso en abril de 2019 en Labañou.

El sospechoso, según la sentencia, se dirigió a la habitación donde estaba la víctima para enfrentarse a ella y pedirle explicaciones acerca de sus comentarios y actitud despectiva hacia él, por lo que surgió entre ambos una discusión y enfrentamiento verbal. Durante la disputa provocada por el condenado, el fallecido se dirigió al baño, hasta donde fue perseguido por su amigo. Un vez allí, según la resolución, “de forma sorpresiva y sin darle ninguna oportunidad de reacción defensiva a la víctima y con la intención de acabar con su vida, la desestabilizó agarrándola por el cuello con su brazo derecho, presionando con fuerza hasta que la giró, quedando su espalda contra su pecho”.

El tribunal del jurado consideró probado que durante unos minutos apretó con su brazo fuertemente el cuello de su amigo. “Después de escuchar un chasquido y notar cómo cedía la zona del cuello, dejó de hacer fuerza con su brazo, pero no lo soltó y, continuando con el propósito e intención de acabar con su vida y estando aún a la espalda del fallecido, le cogió el cinturón que éste llevaba puesto y se lo colocó en el cuello, presionando con fuerza hasta provocarle la asfixia y muerte”, relata la Audiencia en el fallo, en el que indica que el condenado fue diagnosticado en su exploración forense de personalidad con algún rasgo esquizoide, con restricción de la expresión emocional, apatía y frialdad emocional.

El magistrado presidente subraya que “no existe eximente alguna en el delito, dado que el Jurado descartó que ese diagnóstico afectase a su voluntad o a su capacidad de comprensión de los hechos descritos y de las consecuencias de éstos”.

 

El Juzgado ratifica las restricciones al derecho de reunión establecidas por la Xunta en Pontevedra

Vie, 09/11/2020 - 15:00

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra ha ratificado en un auto notificado hoy las medidas temporales restrictivas del derecho de reunión establecidas para el término municipal de Pontevedra en el apartado segundo de la orden de la Consellería de Sanidade de 9 de septiembre. La Xunta, a través de esa orden, estableció determinadas medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en el Ayuntamiento de Pontevedra.

El juez que firma el auto asegura que la medida restrictiva objeto de ratificación, que es el límite del derecho de reunión a un máximo de diez personas, con determinadas excepciones, “se constata proporcionada para afrontar el grave problema sanitario sobrevenido”.

“Responde a una necesidad palmaria y urgente: evitar el colapso de los servicios sanitarios de la ciudad de Pontevedra, que se produciría por el contagio masivo de la COVID-19 en su población”, subraya el magistrado en el auto, al tiempo que indica que esta medida es “idéntica a las ya adoptadas por la Consellería de Sanidade para otras ciudades en las que se manifestó una situación semejante y que ya fueron ratificadas judicialmente”.

Además, resalta que resulta “menos gravosa para los afectados que las medidas de confinamiento y limitaciones de circulación que se establecieron en la fase anterior de la pandemia”.

El juez destaca que el ratio de contagios en el término municipal de Pontevedra “se está incrementando en progresión geométrica, encontrándose ya en fase de transmisión comunitaria”. La restricción, según señala el magistrado, pretende “evitar las aglomeraciones de personas, en las que se produce una mayor probabilidad de contagio del virus”. Además, recuerda que esta medida restrictiva tiene “un límite temporal y una concreción geográfica”.

El juzgado ratifica las medidas que restringen el derecho de reunión en municipios coruñeses debido a la COVID-19

Mié, 09/09/2020 - 15:00

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha ratificado las medidas restrictivas de derechos fundamentales aprobadas por la Xunta el pasado 2 de septiembre en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada para hacer frente a la COVID-19. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña también ha ratificado las medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del coronavirus en los ayuntamientos de A Laracha y Carballo. En todos los casos las restricciones limitan el derecho de reunión.

El magistrado que ha dictado los dos autos considera la medida proporcionada. Así, entiende que, “en la obligada ponderación” entre el derecho a la vida y el derecho de reunión, ha de darse “obligada preferencia” al derecho a la vida, “aunque ello imponga una limitada material y temporalmente restricción del derecho de reunión”. Además, recuerda que las autoridades sanitarias “pueden intervenir en las actividades públicas y privadas en orden a la protección de la salud de la población y la prevención de enfermedades”.

Tras analizar los informes sobre la progresión de los rebrotes en los distintos ayuntamientos afectados, el juez indica que el riesgo “aparece como alto”. El magistrado destaca en los dos autos que la medida que afecta al derecho de reunión “aparece, desde luego, como necesaria, al haberse agotado anteriores medidas de intervención de menor incidencia en la libertad y derechos de los ciudadanos”. Además, subraya que es “adecuada”, atendiendo “a la lógica de los procesos de transmisión, a los informes y al bien jurídico a cuya protección se dirige: la vida”.

Los juzgados ratifican las medidas preventivas de la Xunta para hacer frente a la COVID-19 en Santiago y Santa Comba

Vie, 09/04/2020 - 16:00

Los juzgados han ratificado hoy las medidas de prevención frente a la COVID-19 acordadas por la Consellería de Sanidade el pasado 2 de septiembre que afectan a los ayuntamientos de Santiago de Compostela y Santa Comba. Los juzgados de lo Contencioso-administrativo número 1 y 2 de Santiago de Compostela consideran constatada “la necesaria proporcionalidad en las medidas adoptadas, resultando adecuadas para contener los brotes”. Así, destacan que están “amparadas por normas de rango legal y limitadas en el tiempo, en un principio a siete días naturales desde la publicación de la orden, sujetas a evaluación y revisión continua, y circunscritas al ámbito geográfico” de cada uno de los ayuntamientos.

La jueza que firma los dos autos considera que la limitación de reuniones grupales por encima de las diez personas en ambos municipios es “proporcional y necesaria, ya que es notorio que es una de las actividades de mayor riesgo para la transmisión de la COVID-19”.  

La magistrada asegura que las medidas adoptadas en Santiago y Santa Comba resultan “imprescindibles y necesarias” dada “la rápida progresión de la enfermedad” en ambos municipios. Además, resalta que no implican “un sacrifico excesivo” para la población y que son “adecuadas al objetivo de hacer frente a la situación de pandemia dada la fácil transmisibilidad de la enfermedad”. La magistrada entiende que las normas aprobadas por la Xunta “respetan el principio de proporcionalidad que resulta de la doctrina del Tribunal Constitucional”, pues está comprometido “el derecho a la salud y a la integridad física de la ciudadanía”.

Respecto a Santiago, señala que la tasa de incidencia de la COVID-19 está creciendo en el municipio y que el grupo de edad que presenta la tasa de positividad más elevada es el de entre 20 y 24 años. “Los indicadores que definen el brote lo sitúan como potencialmente de alto riesgo, con múltiples cadenas de transmisión y un alto porcentaje de pruebas PCR positivas entre los contactos estrechos de los casos detectados”, afirma la jueza, quien destaca que es “de relevancia” el brote vinculado al complejo deportivo Fontes do Sar.

La juez declara que el pazo de Meirás es propiedad del Estado y ordena a la familia Franco su devolución

Mié, 09/02/2020 - 11:30

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constan seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”. En relación a este fundamento, aclara la juez que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo “del Caudillo” para comprar y regalar el Pazo de Meirás “al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional”. “Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado. Las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, no se comparten”, dice la sentencia, donde se concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación “no arroja dudas”, pues todos se refieren “al caudillo”.

En el fundamento de derecho tercero de la resolución, la juez concluye que la compraventa de 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

En relación a este extremo, afirma la magistrada que no se acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco con la intermediación de Pedro Barrié de la Maza, que califica de “ficción” llevada a cabo “con el solo objeto de poner el bien a su nombre”. “Ninguna operación subyace entre las partes que se disimule a los efectos que defienden los demandados. El Pazo de Meirás se había entregado a la Junta Pro Pazo del Caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938. El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido. La reservista [Manuela Esteban Collantes y Sandoval] ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra”, se subraya en la resolución.

En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio (restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble), la magistrada entiende que no cabe, al ser la propiedad incorporada al patrimonio de la familia Franco “de mala fe”. Esa mala fe se materializa “cuando, tras aceptar el caudillo la donación del Pazo de Meirás, en su calidad de jefe do Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno”. Recuerda además la juez
que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del jefe de Estado, por lo que afirma que “el Pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al Palacio de El Pardo”.

Al entender que la propiedad del pazo corresponde al Estado, la juez declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble, así como la donación de las fincas que se recoge en una escritura de noviembre de 1982. La sentencia no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Sobre el momento en el que se presenta la demanda, que los letrados de la familia Franco consideraron retraso desleal, entiende la magistrada que “la posibilidad de articular la demanda nace de un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años, que responde a una madurez de nuestro sistema democrático” y destaca que el Estado “nunca renunció a sus derechos”.

En la sentencia se concluye que “la parte actora ha demostrado la nulidad del título de compraventa esgrimido por los demandados y ha acreditado de forma contundente la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño a su favor, con las consecuencias de que la totalidad de la finca debería inscribirse en el Registro de la Propiedad a favor de la demandante y las inscripciones contradictorias existentes a favor de los demandados habrían de cancelarse”, lo que la juez acuerda.

Partes de la sentencia
A lo largo de la fundamentación jurídica, la magistrada Marta Canales Gantes aborda en el fundamento de derecho primero el contexto histórico, con la finalidad de determinar los hechos probados, analizando los siguientes epígrafes:

1.1. Las Torres de Meirás antes de 1938. Propiedad.
1.2. Autoproclamación del jefe del Estado.
1.3. Elección del Pazo de Meirás. La Junta Pro- Pazo del Caudillo. Compraventa de 5 de agosto de 1938.
1.4. Obtención de fondos. Suscripción popular. Circulares desde el Gobierno Civil. Aportaciones de las Corporaciones Locales.
1.5. Obras de remodelación desde mediados de 1938 hasta 1941.
1.6. Acto de entrega oficial. Donación. 5 de diciembre de 1938.
1.7. Compraventa de 1941.
1.8. Finca actual.
1.9. Residencia oficial. Casa Civil. Gestión tipo El Pardo. 1938 a 1975.
1.10. Comandancia de Obras y Fortificaciones.
1.11. Otras oficinas y Administraciones.
1.12. Vigilancia del pazo y guardas hortelanos.
1.13. El IBI y las pólizas de seguro.
1.14. Muerte de Franco 1975. El incendio. 1978.
1.15. Movimientos civiles y políticos.

En el fundamento de derecho segundo se analiza la compraventa de 5 de agosto de 1938, la donación de la Junta pro Pazo del Caudillo y la intención de la misma, concluyendo que la donación fue realizada al jefe del Estado.

En el fundamento de derecho tercero se aborda la compraventa de 24 de mayo de 1941 y la existencia de simulación, lo que determina su nulidad.

En el fundamento de derecho cuarto se trata la prescripción adquisitiva extraordinaria a favor del Estado, la viabilidad de la acción reivindicatoria, la afectación a un servicio público, la inexistencia de desafectación y la liquidación del estado posesorio, denegando el mismo.

Y en el fundamento de derecho quinto, los actos propios y retraso desleal.

 

El TSJ de Galicia deniega la suspensión cautelar de la obligación de utilizar mascarilla aprobada por la Xunta para hacer frente a la COVID-19

Mar, 09/01/2020 - 12:42

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la suspensión cautelar solicitada por un particular de las medidas sobre el uso obligatorio de mascarilla en playas, piscinas y establecimientos de hostelería, aunque se pueda mantener las distancia de seguridad de 1,5 metros, aprobadas por la Xunta. Los magistrados indican que su uso “forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por la COVID-19”.

“Desde luego, lo que no puede prevalecer en esta labor de valoración de los intereses enfrentados, es el interés particular de quien sufre una incomodidad en el uso de la mascarilla frente al interés público, cuya salvaguarda subyace en la obligación de su uso. Esa incomodidad, en modo alguno puede justificar la no aplicación de una medida de carácter sanitario que ha sido adoptada en un contexto de emergencia de salud pública generada por la expansión del coronavirus a nivel de pandemia internacional”, recalca la Sala.

Los magistrados también inciden que el uso generalizado de la mascarilla está “demostrándose como una de las medidas más eficaces para prevenir la transmisión de la enfermedad”, por lo que insisten en que resulta necesario “reforzar su utilización, ampliando los supuestos en que su uso resulta obligatorio, con el fin de evitar, especialmente, que las personas asintomáticas que no conocen su condición de portadoras de la infección procedan a su transmisión”.

La Sala, además, destaca que el acuerdo de la Xunta de 17 de julio de 2020, impugnado en este procedimiento, ha sido “el resultado del seguimiento y evaluación continua al que debían de quedar sometidas las medidas acordadas en el acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020, con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria”.

El ciudadano que demanda la medida cautelar, según consta en la resolución, pretende eludir el uso obligatorio de la mascarilla “bajo el argumento de que se haría casi imposible el cumplimiento de las normas de uso correcto establecidas por las OMS y el Ministerio de Sanidad”, tales como asearse las manos antes y después de ponerse la mascarilla. “Lo que considera normas, son en realidad recomendaciones de un uso correcto de la mascarilla”, recalca el TSXG, al tiempo que sostiene que la parte actora, para concluir que existe un riesgo para la salud derivado del casi imposible cumplimiento de las normas de uso de las mascarillas, se sitúa “en unos escenarios de incumplimiento, dando por hecho un comportamiento irresponsable de la población”.

 

El TSXG deniega la petición de los hosteleros de A Coruña, Lugo y Pontevedra de anular las limitaciones impuestas por la Xunta al sector por la COVID-19

Mar, 09/01/2020 - 12:35

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha acordado en un auto notificado hoy denegar la medida cautelarísima solicitada por la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Lugo, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Pontevedra, quienes solicitaban la suspensión de la aplicación de la orden de la Consellería de Sanidade de 15 de agosto de 2020 en la que se establecen nuevas medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19.

En concreto, el recurso se dirige frente a la disposición que ordena el cierre de los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno, así como frente a la que fija como hora máxima de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración las 01:00 horas, sin que pueda permitirse el acceso de ningún cliente desde las 00:00 horas. Los hosteleros también recurren la disposición que ordena el consumo dentro de los locales en barra o sentados en mesa, o agrupaciones de mesas, asegurando el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal entre clientes.

La Sala destaca que una suspensión cautelarísima como la que interesan las entidades afectadas “significaría activar una fuente importante de contagios, que derivan no solo de la apertura de locales de ocio nocturno, y una extensión en el límite de apertura de los demás establecimientos de hostelería, sino también de una falta de distanciamiento interpersonal, que representa una de las medidas de mayor eficacia para evitar contagios”. Así, los magistrados indican que “no puede prevaler sobre el interés general el particular de las empresas del sector de la hostelería”, al tiempo que advierten de que las cifras de evolución de la pandemia son “altamente preocupantes”.

Las medidas, según resalta el TSXG, se adoptaron “para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos”. Los jueces señalan que no ignoran “la importantes pérdidas que para el sector de la hostelería” suponen estas medidas, así como que tras la solicitud de la medida cautelarísima está “el interés de los empresarios del sector de la hostelería de atajar y evitar los perjuicios económicos que su ejecución está causando a un colectivo cuyos beneficios se nutren principalmente de la recaudación en épocas del año como es la época estival, gracias al turismo”. Sin embargo, recalcan que “teniendo en cuenta la naturaleza de los intereses en conflicto y la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública”, deben denegar la medida provisionalísima solicitada.

 

El TSXG ratifica la denegación de la medida cautelar solicitada por los hosteleros coruñeses frente a las limitaciones de la Xunta por la COVID-19

Jue, 08/27/2020 - 15:00

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la denegación de la medida cautelar solicitada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña en relación a las limitaciones impuestas por la Consellería de Sanidade el 7 de agosto para frenar la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la comarca. Los hosteleros pedían al TSXG que se suspendiese la aplicación de las disposiciones que ordenan el cierre de los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno, y que fijaban como hora máxima de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración las 00:30 horas.

El TSXG ordena en el auto que se mantenga la ejecutividad de las medidas preventivas cuestionadas, salvo en lo que se refiere al horario de cierre, que fue modificado por la Xunta en la orden de 15 de agosto de 2020. Esta última orden alarga la hora máxima de cierre a la una de la madrugada, mientras que la de 7 de agosto la establecía en las 00:30 horas.

El Superior destaca que deben ser ratificadas las medidas preventivas de cierre de las actividades de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno, así como la limitación del horario de los establecimientos de hostelería y restauración “por las razones ya expuestas en el auto de 13 de agosto”, entre las que destaca “la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública”.

El Juzgado ordena el desalojo forzoso de una vivienda okupada en Oleiros

Vie, 08/21/2020 - 12:45

El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha acordado el desalojo forzoso, que ha sido realizado hoy sin incidentes, de las personas que okupaban una vivienda situada en la avenida das Mariñas, en Perillo (Oleiros). En el auto, la magistrada ordena a la Guardia Civil que, “con los medios a su alcance”, procediese al lanzamiento y desalojo del inmueble, “reestableciendo la situación anterior a esa okupación”. La instructora destaca que esta medida resulta “necesaria para evitar que la situación de okupación ilegítima perdure más en el tiempo”. Además, subraya que está “encaminada a proteger el derecho a la inviolabilidad del domicilio”.

“Teniendo en cuenta que los denunciantes han sido despojados del uso de su vivienda por terceras personas que carecerían de autorización para residir en la misma, ha de acordarse el desalojo forzoso”, concluye la instructora, al tiempo que destaca que en días anteriores a la okupación, los denunciados “desalojaron voluntariamente otra vivienda, previo pago de su propietario, demostrando una habitualidad y reiteración en este tipo de conductas ilícitas”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña indica en el auto que los investigados “reconocieron en sus declaraciones en sede judicial que okupan de manera ilegítima el inmueble y que saben que el propietario quiere que se marchen”, al tiempo que manifestaron “su negativa a abandonarlo mientras no se les gestione una vivienda social”.

El Juzgado archiva la causa abierta contra Bergantiños tras la denuncia de LaLiga por un audio privado de wasap

Jue, 08/20/2020 - 12:30

El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento abierto contra el capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, por la presunta comisión de un delito de corrupción entre particulares. El futbolista fue denunciado por LaLiga tras hacerse público un audio que envió a un grupo privado de wasap. “De la conversación mantenida por el capitán con su vestuario no se aprecia la existencia de delito alguno”, subraya la jueza en el auto, contra el que cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación.

“Resulta sorprendente la acusación realizada a Bergantiños de intentar alterar los resultados de la competición, procediendo a su detención de manera intempestiva, trasladando incluso efectivos policiales desde la capital para ello, sin practicarse prueba alguna con jugadores del otro equipo, por ejemplo”, recalca la instructora en el auto. La magistrada insiste en que el Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas (CENPIDA) no ha aportado “ningún elemento objetivo y serio de prueba o indicio de criminalidad más allá de una conversación en tono de confianza del jugador con sus compañeros por las circunstancias en que se había acordado celebrar el encuentro contra el Fuenlabrada”.

La jueza hace referencia en el auto a que confluían “unas circunstancias extraordinarias que hacían ese partido difícilmente comparable con otros partidos, como es público y notorio, por lo que el CENPIDA, también era conocedor de ello”. Así, recalca que el Deportivo, en caso de “amañar” el encuentro, “solo conseguiría tres puntos que no le salvarían del descenso”, por lo que “sería el Fuenlabrada el que podría salir favorecido de un supuesto amaño entre clubes, dado que era este equipo el único que, en principio, salvo lo que se decida administrativamente, se jugaba la posibilidad de jugar el playoff de ascenso”.

En cuanto a un posible “amaño” de resultado para obtener lucro con apuestas deportivas, la magistrada destaca en el auto que “tampoco tendría ningún sentido, habida cuenta el resultado del partido, venciendo el equipo de la ciudad herculina por dos goles a uno, con un final vertiginoso en el tiempo de descuento, difícilmente previsible y mucho menos arreglado entre los jugadores”.

El juez instructor del caso Alvia acuerda requerir un nuevo informe al perito judicial encargado del examen del material rodante

Vie, 07/31/2020 - 12:30

El juez instructor del caso Alvia ha acordado requerir al perito judicial encargado del examen del material rodante que emita un nuevo informe a la vista de las declaraciones prestadas el pasado 10 de julio por empleados o exempleados de Talgo. Uno de estos testigos había remitido a la Audiencia Provincial de A Coruña, a través de la Plataforma Víctimas Alvia, una declaración jurada diciendo haber visto como unos responsables de la empresa ordenaban el borrado de determinados registros relativos a defectos que él mismo había apreciado previamente en la inspección del tren.

El magistrado ordena al perito emitir un informe en el que precise si los defectos a los que alude el testigo en su declaración jurada y posterior ratificación ante el juzgado realmente “existieron y existe constancia documental de ello”, y si tales defectos, en caso de existir, “fueron o no reparados antes de salir el tren del taller de Fuencarral los días previos al accidente”. También quiere el juez que el experto aclare si “tales defectos, en caso de existir y no haber sido reparados, pudieron haber tenido alguna incidencia causal en el accidente” ferroviario ocurrido el pasado 24 de julio de 2013 en las afueras de Santiago.

Respecto del resto de diligencias solicitadas por las representaciones procesales del maquinista del tren y de la Plataforma Víctimas Alvia, entiende el magistrado que no ha lugar por el momento, a la espera del resultado de la pericial acordada.

La Audiencia de A Coruña condena a 12 años de cárcel a un acusado de atracar una gasolinera y disparar a un empleado

Jue, 07/23/2020 - 07:00

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a doce años y dos meses de cárcel a uno de los dos sospechosos de atracar una gasolinera situada en la AC-550 en enero de 2019. Los jueces han absuelto al otro acusado porque aseguran que no ha quedado probada su participación en los hechos.

El tribunal considera acreditado que el condenado disparó en una pierna al empleado de la estación de servicio a la que se desplazó en una motocicleta que sustrajo previamente de una vivienda. A la víctima del disparo, que tenía 22 años, le quedaron graves secuelas, por las que el procesado deberá abonar una indemnización de 82.000 euros. Los magistrados lo han considerado culpable de un delito de robo con fuerza en casa habitada y de otro de robo con violencia, con la agravante de disfraz, así como de un delito de lesiones con deformidad, con la agravante de alevosía, y de otro de tenencia ilícita de armas, con la concurrencia de la atenuante de drogadicción.

“El uso del arma de fuego por parte del acusado de forma sorpresiva cuando la víctima se hallaba enfrente de él, sin posibilidad de defensa es, sin duda, un ataque alevoso, no solo por lo inesperado e imprevisible de la agresión, sino también por la propia forma de ejecutarla, eliminando todo riesgo de reacción defensiva por parte de la víctima”, subraya la Audiencia en la sentencia.

El TSJ de Galicia rebaja en un año y medio la pena a uno de los cómplices de la organización que introdujo 60 kilos de heroína en la comunidad

Mié, 07/22/2020 - 16:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos interpuestos por seis de los 12 condenados por introducir unos 60 kilos de heroína en Galicia. La droga fue localizada en agosto de 2017 en una nave de Caldas de Reis. El alto tribunal gallego ha confirmado, de esta forma, la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que condenó a los sospechosos a penas de prisión de entre 9 años y medio y 4 años y medio de cárcel.

El Superior ha estimado parcialmente el recurso de apelación que interpuso uno de los procesados contra la sentencia de primera instancia. El TSXG ha revocado la resolución y ha rebajado la pena de cárcel en un año y medio. Así, lo ha sentenciado como cómplice de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, a tres años de cárcel, en lugar de a cuatro y medio, y al pago de una multa de 2,8 millones. La pena de prisión impuesta es “la mínima atribuida al cómplice”.

El Juzgado ratifica las medidas adoptadas por la Xunta en A Mariña frente a la COVID-19

Mié, 07/15/2020 - 16:00

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Lugo ha emitido hoy un auto en el que ratifica las medidas de prevención acordadas por la Consellería de Sanidade el pasado 10 de julio como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19.

Las medidas afectan a los municipios de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove. La magistrada indica en el auto que las decisiones tomadas por la Xunta son “adecuadas a la situación existente en A Mariña lucense y, en concreto, a la evolución de los casos que se han ido detectando a lo largo de los últimos días”. Además, destaca que, atendiendo a la situación concreta de cada municipio de la comarca, la autoridad sanitaria ha procedido “a discriminar las diferentes zonas, adoptando medidas restrictivas únicamente en aquellos lugares donde la tasa de incidencia del brote ha evolucionado de forma importante, flexibilizando tales medidas en otras zonas donde o bien no se han detectado casos o han sido escasos o puntuales”.

“No cabe duda de que la ratificación judicial que ahora se interesa persigue un fin constitucionalmente legítimo y su adopción se encuentra amparada por una norma de rango legal”, recalca la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Lugo. La juez incide en el auto en que existe “proporcionalidad” en las medidas adoptadas y que, limitadas en el tiempo, son “idóneas, absolutamente imprescindibles y necesarias a los fines que persiguen, sin implicar un sacrificio desmedido por parte de la población afectada ante la gravedad de la situación”. Por todo ello, la magistrada considera que se ajustan a los parámetros fijados por el Tribunal Constitucional cuando se trata de intervenciones de los poderes públicos que inciden en la libertad de la ciudadanía.

El Juzgado avala las medidas tomadas por la Xunta para evitar la propagación de la COVID-19 en A Mariña (Lugo)

Mié, 07/08/2020 - 17:00

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Lugo ha ratificado las medidas sanitarias adoptadas por la Xunta en la orden del pasado 5 de julio con la finalidad de controlar la transmisión del coronavirus en el distrito sanitario de A Mariña, formado por los municipios de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove. Además, la jueza ha denegado en el auto ordenar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que presten auxilio preventivo y, en su caso, coercitivo, proporcionalmente, para hacer efectiva la ejecución de las medidas adoptadas.

“Considero que no suscita debate que la medida solicitada persigue un fin constitucionalmente legítimo; que su adopción se encuentra amparada por una norma con rango legal; y que existe proporcionalidad, de manera que es idónea y necesaria a los fines constitucionalmente legítimos que se pretenden, sin implicar un sacrificio desmedido”, destaca la magistrada, quien recuerda que “va a ser objeto de evaluación continuada cada cinco días y puede ser dejada sin efecto si los datos arrojados con los medios que se disponen así lo aconsejan”.

La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Lugo destaca que la actuación del Gobierno gallego está justificada por “el alto nivel de contagios existente”, así como por la “rápida propagación” del coronavirus, pues cuando la ratificación de la medida fue solicitada por la Xunta constaban 99 personas infectadas en la zona.

En el auto, la juez insiste en que es “prudente” avalar las medidas preventivas adoptadas, “sin hacer exclusión de algún municipio en el que el virus tuviera aún poca incidencia”. Así, indica que es “lógico pensar” que al ser contiguos territorialmente, se pueda producir “un intenso tránsito o intercambio entre ellos”. La magistrada también apunta que, a la hora de ejecutarse las medidas sobre la superficie afectada, “podría dificultarse su efectividad e, incluso, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad de vigilar el trasvase circulatorio” si algunos municipios de A Mariña quedasen excluidos.

En cuanto a la denegación de ordenar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que presten auxilio preventivo y, en su caso, coercitivo, la jueza advierte que no le corresponde a ella “entrometerse en la labor de coordinación” de los efectivos que se encargan de acometer la orden de la Xunta. Así, considera que es “una labor administrativa y no judicial”.

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