Tribunal Superior de Justicia de Galicia

El hombre que asesinó a su mujer en Cabana de Bergantiños (A Coruña) es condenado a 26 años y medio de cárcel

Vie, 06/26/2020 - 17:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, ha condenado a 26 años y medio de cárcel y a diez años de libertad vigilada al hombre que asesinó a su mujer en Cabana de Bergantiños. Así, lo sentenció a 24 años de prisión por el delito de asesinato, concurriendo las agravantes de género y de parentesco, y a dos años y medio de cárcel por el delito de tenencia ilícita de armas. Además, le impuso la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de sus dos hijos, de la madre y de los tres hermanos de la víctima durante 27 años.

Las pruebas tenidas en cuenta por el jurado, según la Audiencia, permiten “inferir de manera clara y contundente” que el acusado disparó en tres ocasiones a la víctima “de manera súbita e inesperada”, por lo que no pudo defenderse. “El carácter sorpresivo de la agresión es lo que suprime la posibilidad de defensa, puesto que quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar, en la medida de lo posible”, subraya la Audiencia.

El tribunal del jurado también consideró probado por unanimidad que el acusado maltrataba psicológicamente de manera habitual a su esposa y, en ocasiones, físicamente, así como que “la menospreciaba y ninguneaba, ejerciendo un control sobre ella”.

El TSJ de Galicia confirma la condena de ocho años y diez meses de cárcel a un hombre que le arrancó un trozo de labio a su expareja

Vie, 06/26/2020 - 12:30

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un condenado a ocho años y diez meses de cárcel como autor de un delito de maltrato habitual y de dos delitos de lesiones. El sospechoso, según la resolución de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, en agosto de 2018, después de que la víctima finalizase la relación, la esperó en el portal de la vivienda que compartían cuando estaban juntos y le arrancó dos tercios del labio inferior de un mordisco. Después, lo escupió y abandonó el edificio.

En el apartado de hechos probados de la sentencia de primera instancia, confirmada por el Superior, el tribunal indica que la convivencia entre el acusado, su hijo, la víctima y las dos hijas de la mujer “se inició con normalidad, pero al cabo de un tiempo, empezó gradualmente a mostrar un carácter agresivo, celoso y controlador”.

“Para someter a su pareja a su voluntad e impedir que pudiera sustraerse de su dominio, creó en el hogar un ambiente de miedo y menosprecio con el empleo de la intimidación y la violencia”, subrayan los jueces de la Audiencia en el fallo, en el que relatan que la víctima rompió la relación en julio de 2018, después de que el acusado la agarrase por el cuello y apretase con fuerza. El 13 de agosto, el condenado le arrancó el trozo de labio.

La Audiencia, según el TSXG, realiza en la sentencia “una adecuada ponderación de la prueba, siendo esta suficiente, además de coherente y racional, y ajustada a las reglas de la lógica, de tal modo que, no conteniendo pronunciamientos arbitrarios o injustos, ha de verse confirmada”.

Absueltos dos exaltos cargos de la Xunta acusados de falsificar documentos de una obra de Red Natura en Ferrol

Jue, 06/25/2020 - 15:09

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha absuelto del delito de falsedad en documentos públicos a dos exaltos cargos de la Xunta acusados de ocultar la existencia de un informe negativo sobre una obra de dragado de fondos de la Red Natura 2000 en la ría de Ferrol.

Los magistrados concluyen en la sentencia que los documentos que las acusaciones sostienen que son falsos “carecían de virtualidad para perturbar la investigación en curso”. El tribunal subraya que las falsedades eran “inocuas, carecían de potencialidad lesiva, de capacidad para alterar la realidad jurídica en la que se insertaban, que es algo distinto de la realidad documental”.

El contenido de los documentos, según la Audiencia, “coincide con la realidad, aunque no refleje toda la realidad”, pues los hechos que no se documentaron, es decir, las reuniones de uno de los acusados con los técnicos, “no modificaron la situación ni tuvieron incidencia en la tramitación del expediente”. El tribunal, no obstante, señala que la elección de los investigados sobre la forma de completar el expediente administrativo fue “sin duda errónea”, pues consideran que había “otros medios de reflejar la realidad, total o parcialmente, sin necesidad de falsificar la fecha de los documentos, de forma, además, chapucera”.

“A lo dicho cabe añadir que, aún en el caso de subsistir dudas sobre los fines con los que actuaron los acusados, la presunción de inocencia, y su concreción en el principio in dubio pro reo, harían imposible declarar probada la finalidad de engañar que sostienen las acusaciones”, destacan los jueces en la resolución.

La Audiencia de A Coruña condena a un padre y a su hijo por apropiarse de 178.700 euros de una herencia

Jue, 06/25/2020 - 15:05

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a tres años de prisión a un hombre que se apropió de 178.700 euros pertenecientes a la comunidad hereditaria de su abuelo. El padre del investigado también fue condenado a la misma pena por incurrir en el mismo delito de apropiación indebida.

Los acusados, según consta en la sentencia, recibieron el dinero del Ayuntamiento de Santiago. Los jueces destacan que el nieto del fallecido hizo constar en varios escritos que actuaba en beneficio de la comunidad hereditaria. “Una vez cobrada dicha cantidad, los acusados, en vez de comunicárselo a los restantes integrantes de la comunidad hereditaria y de poner el dinero recibido a su disposición, no les dijeron nada”, señala el tribunal.

Un Juzgado de Santiago avala la búsqueda y aislamiento obligatorio de un hombre infectado por COVID-19

Mar, 06/23/2020 - 15:30

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela ha ratificado la medida adoptada por la Consellería de Sanidade el pasado 22 de junio por la que se acuerda la busca y aislamiento obligatorio, en su domicilio, o, de no ser posible, en el centro que se considere oportuno, de un vecino de un municipio de la provincia de A Coruña debido a que está  infectado por COVID-19. 

El juzgado avala la medida de la Xunta “con la finalidad de que se le aplique la medida sanitaria correspondiente, hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública, dependiendo su prolongación del dictamen del Servizo de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela”. ​

 

 

 

El TSJ de Galicia confirma la condena de cuatro años de cárcel a un exdirector de banco por apropiarse de fondos de clientes

Lun, 06/22/2020 - 15:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de cuatro años de cárcel, como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida, que la Audiencia Provincial de Ourense le impuso al que fue director de una sucursal bancaria en la localidad de Entrimo entre 1998 y 2015.

El Superior considera acreditado que el sospechoso realizó disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas de los clientes sin su consentimiento ni autorización. Además, se apoderó de dinero entregado en efectivo por los clientes que no fue registrado en sus cuentas y realizó pagos de extratipos por los fondos depositados por los clientes al margen de los contabilizados por la entidad bancaria. “No puede entenderse vulnerado el principio de presunción de inocencia, pues la condena del acusado se apoya en prueba legalmente practicada y razonablemente valorada”, señala el Superior.

Los magistrados del alto tribunal resaltan que, tal y como consta en la resolución de primera instancia, las manifestaciones de los clientes permiten “tener por cierta una mecánica similar en todos los casos”. Además, el TSXG recuerda que el informe pericial avala lo declarado por los clientes y que refleja “la mecánica comisiva del acusado, pormenorizando el detalle de las operaciones llevadas a cabo”.

La Audiencia de Pontevedra condena a doce años y medio de cárcel a un hombre que intentó asesinar a su pareja en la localidad pontevedresa de Cangas

Sáb, 06/20/2020 - 08:00

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a doce años y medio de cárcel a un hombre que intentó asesinar a su pareja con un arma blanca durante una discusión en la vivienda familiar, situada en Cangas.

El tribunal subraya en la sentencia que la versión ofrecida por el acusado, quien alega que solo hubo un forcejeo, es “incompatible” con las pruebas, mientras que la de la víctima y su hermana, testigo de los hechos, está avalada documental y pericialmente.

Así, resalta que las lesiones objetivadas por los médicos forenses concuerdan con el testimonio de la afectada. Los magistrados concluyen en la resolución que los hechos se realizaron “alevosamente”, por lo que consideran que se trató de un intento de asesinato, no de homicidio. “Estamos ante un ataque súbito, no esperado, y que debilitaba las posibilidades de defensa de la víctima”, destacan.

El TSJ de Galicia confirma la condena a prisión permanente revisable al autor del asesinato de Diana Quer

Vie, 06/19/2020 - 15:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso interpuesto contra la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, condenó al autor de la muerte de Diana Quer a la pena de prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por cometer un asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima, con la concurrencia de la atenuante de confesión.

El Superior subraya en la sentencia que “no existe duda alguna” de la realidad de unos hechos que han sido “debidamente acreditados” en la sentencia de primera instancia. Los jueces sostienen en la resolución que es “posible presumir, hasta alcanzar una conclusión de certeza más allá de toda duda razonable”, que el traslado de una joven hasta un lugar “apartado y solitario, sin una motivación ajustada a un ilícito contra la propiedad ni con atisbo de cualquier otra posibilidad que de manera razonable pudiera aventurarse, sin previas relaciones entre la víctima y su agresor y acabando la víctima desnuda”, obedezca a una finalidad “de atentar contra su libertad sexual”.

El móvil de naturaleza sexual, según el Superior, “se corrobora por la ausencia de cualquier otra motivación, una vez descartada la tesis de que la víctima fue trasladada ya sin vida a la nave de Asados”. El alto tribunal asegura que es “incuestionable” que cada uno de los hechos indiciarios por sí mismo “nada determina”, pero destaca que su conjunto “los refuerza con efecto para considerar la realidad del hecho presunto, no la sospecha, sino la plena convicción de que las cosas fueron como los hechos declarados probados”. Además, recalca que la ausencia de otras alternativas “sensatas, razonables, coherentes y sólidas” refuerza “el juicio lógico del tribunal”.

Los magistrados recuerdan que los actos de naturaleza sexual llevados a cabo no necesariamente habrían de integrar un supuesto de violación. “No se trata de una condena arbitraria, ni se vulnera el principio acusatorio ni el derecho a la presunción de inocencia, pues los hechos se fijan sobre la base de la prueba indiciaria”, manifiesta la Sala de lo Civil y Penal en la sentencia, en la que subraya que no es necesario “que se determine de manera exacta y precisa la conducta atentatoria contra la libertad sexual, bastando la certeza, más allá de toda duda razonable”.

La sentencia de la Audiencia, según los magistrados, está “perfectamente razonada” al excluir la tesis de la defensa en relación con el desnucamiento de la víctima. “Más que una falta o defectuosa e insuficiente motivación, lo que parece traslucirse en el alegato es simplemente una diferente apreciación sobre el acierto en la motivación”, señalan los jueces, quienes advierten de que “no es este el lugar donde verificar una nueva valoración probatoria más allá de la eventual consideración de que las conclusiones alcanzadas en la sentencia apelada pudieran ser razonables”.

El alto tribunal subraya en la sentencia que “no existen datos objetivos” que indiquen, tal y como alega la parte recurrente, que el jurado se haya comportado “de manera ajena a las exigencias de imparcialidad” o de que no haya basado su decisión “sobre las premisas que deriven, exclusivamente, de aquello que aconteció en el plenario”.

“La sociedad de la información en que vivimos nos impide ser ajenos a las cosas que acontecen en nuestro entorno vital. Nada de lo que conocemos nos es ajeno. Pero esa circunstancia, por sí misma, no determina la imposibilidad de llevar a cabo un enjuiciamiento imparcial y libre”, destacan en el fallo, en el que subrayan que “no se han puesto de manifiesto qué concretas y particulares circunstancias extraprocesales han determinado esa pretendida afectación a la imparcialidad del tribunal”.

En cuanto a las alegaciones sobre la falta de rigor y objetividad de los médicos forenses, de los agentes de la Guardia Civil y de los peritos informáticos, el Superior señala que “lo que realmente está cuestionando la parte recurrente no es otra cosa que la valoración de la prueba efectuada por el tribunal”. Además, sobre la ilicitud de las diligencias policiales a las que hace referencia la parte recurrente, el TSXG recuerda que esas cuestiones previas ya fueron formuladas por la defensa y resueltas por el magistrado presidente en un auto que no fue recurrido.

 

El TSJ de Galicia confirma la condena de once años de cárcel para el hombre que intentó asesinar a su mujer a golpes en Ourense

Mié, 06/17/2020 - 17:30

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense que impuso once años de cárcel a un hombre que intentó asesinar a su mujer a golpes en enero de 2017. 

Los magistrados aseguran que la defensa del condenado “trata de imponer la versión de la caída accidental”, al tiempo que subrayan que, tal y como declaró el médico forense, el testimonio de la víctima es “compatible con las lesiones que tenía”. Además, recuerdan que los agentes que realizaron la inspección ocular de la casa constataron que en la encimera de la cocina había sangre, así como en el pasillo, además de huellas de arrastre, lo que “corrobora la versión de la perjudicada, desechando la de la caída accidental”. 

En cuanto a la alegación de que el sospechoso no tenía intención de matar a su esposa, el alto tribunal indica que es “clara la sentencia” cuando afirma “que la muerte no se produjo por causas ajenas a la voluntad del autor, como el especial ancho del hueso frontal de la víctima y la poca consistencia de la sartén empleada como arma, lo cual evitó que se produjera un resultado mortal”. 

“El tribunal, en definitiva, ha realizado una adecuada ponderación de la prueba siendo esta suficiente, además de coherente, racional y ajustada a las reglas de la lógica”, señala el tribunal en la resolución en la que desestima el recurso presentado por el condenado.

 

 

La Audiencia absuelve a dos acusados de robar y agredir sexualmente a un hombre en Ourense

Mar, 06/16/2020 - 14:55

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a dos acusados de robar a un hombre, golpearlo y agredirlo sexualmente, para los que la Fiscalía demandaba una condena de once años y medio de cárcel. El tribunal indica en la sentencia que la declaración de la víctima es “la única prueba” contra los acusados, pues carece de “elementos periféricos” que la confirmen. De hecho, la exploración física del denunciante “no evidencia marcas o erosiones propias de los golpes, ni tampoco de la agresión sexual”.

Si bien el testimonio del denunciante es “persistente, en cuanto no se aprecian variaciones sustanciales en sus declaraciones anteriores”, la Audiencia considera que es insuficiente como prueba de cargo. “No detalla la forma en la que se produjeron los hechos, las consecuencias derivadas del mismo, si el acusado terminó el acto sexual, o como se desarrolló la agresión física, pues en ningún momento indica que previamente se hubiese sacado la ropa”, señala el tribunal en el fallo, en el que también afirma que es “difícil de explicar que después de un hecho de tal violencia, los acusados se pongan en contacto con la víctima para devolverle la tarjeta sim del teléfono y acuda al lugar donde le fue entregada sin sentir temor alguno”.

El TSJ de Galicia confirma la pena de 18 años y medio de cárcel por asesinar a un hombre en Ponte Caldelas

Jue, 06/11/2020 - 15:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso contra la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, condenó a 18 años y medio de cárcel y a ocho años de libertad vigilada como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento al hombre que en noviembre de 2015 apuñaló en su casa de Ponte Caldelas al marido de la mujer con la que mantuvo una relación.

El Superior destaca que el Tribunal del Jurado basó la existencia de alevosía sorpresiva en que el ataque a la víctima con una navaja “fue sorpresivo e inesperado, sin que tuviera oportunidad de defenderse”, así como en que el condenado era “consciente de que el hecho de portar una navaja le proporcionaba superioridad y la aprovechó”.

El relato de hechos probados, según el alto tribunal gallego, es “claro en cuanto a que la víctima no pudo defenderse ante un ataque sorpresivo e inesperado”. Además, destaca que el fallecido presentaba algunas lesiones derivadas “de una reacción automática, no consciente, comprensible de cualquier persona que se encuentre en una situación semejante”, lo que no implica que tuviera posibilidad de defenderse.

Si bien la defensa sostiene que entre los implicados hubo un forcejeo, esa circunstancia no fue acreditada por el Tribunal del Jurado. Aun así, el Superior recalca que la existencia de un previo enfrentamiento entre las partes no excluiría “lo sorpresivo del ataque y la naturaleza alevosa de la acción, dado que no era esperado en modo ninguno por la víctima, pues el agresor le asestó en un dormitorio diversas puñaladas en zonas vitales del cuerpo con una navaja”. El TSXG también rechazó el recurso del Ministerio Fiscal, que pedía que no se tuviese en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

El juzgado concluye la investigación por el desalojo de la Comandancia de Obras en A Coruña y ordena que la causa se siga contra siete sospechosos

Mié, 06/10/2020 - 08:40

El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha concluido la investigación sobre los incidentes sucedidos en 2018 durante el desalojo de la Comandancia de Obras y las posteriores protestas, durante las cuales "un grupo de entre diez y quince personas, actuando de manera concertada, vestidas con ropa oscura y encapuchadas, portando mazas, martillos y adoquines, ocasionaron importantes daños en la sede del partido político Marea Atlántica". Los hechos, según las actuaciones practicadas, podrían ser constitutivos de delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños.

La instructora ha ordenado que la causa se siga contra siete personas. En concreto, por si los hechos que se le imputan a dos de los sospechosos fuesen constitutivos de delitos de desórdenes públicos, atentado y lesiones; y, a otros tres, de desórdenes públicos y atentado. Los dos investigados restantes, según el auto, presuntamente incurrieron en un delito de daños agravados por supuestamente causar destrozos en el local de Marea Atlántica.

La jueza ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo respecto a la denuncia formulada por uno de los investigados al no detectar indicios de delito.

Contra el auto que pone fin a la instrucción cabe presentar recurso. La jueza ordena en él que se dé traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o, en su caso, el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente, también podrán pedir la práctica de diligencias complementarias.

El TSJ de Galicia confirma la condena de dos años de cárcel a un acusado de abusar de una amiga de sus nietas en Sanxenxo

Vie, 06/05/2020 - 18:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de dos años de cárcel que la Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso a un acusado de abusar sexualmente de una menor de nueve años amiga de sus nietas cuando se encontraba en la terraza de su vivienda, situada en Sanxenxo. El alto tribunal gallego subraya que existe “prueba de cargo” suficiente para considerar culpable al sospechoso, al tiempo que hace referencia a la “evidencia reveladora de la grabación videográfica de los hechos, netamente incriminatoria”.

La Sala entiende, a diferencia del recurrente, que la acción del acusado “careció de levedad y contuvo una persistencia tendente a satisfacer su deseo sexual a costa de la menor”. Los magistrados coinciden en que los contactos y tocamientos acreditados tienen “un obvio sentido sexual, sin que la brevedad de su duración haga perder su carácter de ataque a la libertad y a la integridad sexual de la menor”. Además, recuerdan que es “indiferente” que la acción en sí afecte “en mayor o menor medida a la víctima”, pues lo decisivo es que se trate “de un acto de carácter sexual”.

El Tribunal Supremo avala el Decreto de 2017 por el que se establece la ordenación de viviendas destinadas a uso turístico en Galicia

Vie, 06/05/2020 - 14:55

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la sentencia de 14 de febrero de 2018 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que avaló el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Supremo dictó una primera sentencia sobre este asunto el 21 de octubre de 2019, que sí estimó parcialmente el recurso del Estado y de la CNMC y anulaba dos artículos (el 4.2 y el 5.1, primer párrafo, segundo inciso) del Decreto. Sin embargo, la Axencia Turismo de Galicia planteó incidente de nulidad contra esa sentencia del Supremo por entender que no había tenido en consideración la Ley 7/2011, de 27 de octubre, de Turismo de Galicia, lo que fue estimado por la Sala por Auto de 19 de diciembre de 2019, que declaró nula la citada sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 2019. Anulada la sentencia dictada en su momento, procedía ahora dictar una nueva sentencia.

Los artículos del Decreto inicialmente considerados no conformes a derecho se referían a la exclusión que hace el Decreto de la cesión de la vivienda por habitaciones. El alto tribunal entiende ahora que esa restricción reglamentaria cuenta con un expreso respaldo legal, ya que no en la Ley de Arrendamientos Urbanos, sí en la propia ley gallega de turismo.

La sentencia recoge que la Xunta ha destacado, en relación con el artículo 65.2 de la Ley gallega, referido a las viviendas turísticas, que dicho precepto -y, en consecuencia el reglamentario impugnado en la instancia- “no prohíbe la cesión por habitaciones, sino que la excluye de la normativa sectorial de ordenación del turismo. Esto es, que el titular de una vivienda siempre podría arrendar habitaciones aisladas de una vivienda, solo que dicho contrato formalizado al amparo de la autonomía privada, no serían viviendas turísticas y no estarían sujetas a la regulación autonómica existente en la materia”.

La sentencia también señala que los fines de protección de los usuarios turísticos y la garantía y la sostenibilidad de una actividad turística de calidad, citados en la Ley de turismo gallega, pueden considerarse una justificación de interés general que ampare determinadas restricciones contenidas en la ordenación del turismo efectuada por dicha Ley, y entre ellas, la de que la oferta de viviendas turísticas y de uso turístico hayan de alquilarse en su totalidad, habida cuenta de que la posibilidad de alquilar habitaciones solas existe en la ordenación de Galicia tanto en las modalidades tradicionales de alojamiento (hoteles, pensiones y similares) como en alquileres particulares fuera de la normativa turística.

“Así pues, en un ámbito circunscrito de ese modo a una sola modalidad de alquiler y con la finalidad de que la misma pueda mantener una mayor calidad y protección de los usuarios, la exclusión del alquiler por habitaciones puede considerarse una regulación admisible y proporcionada desde la perspectiva de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y de la Directiva de servicios”, señalan los magistrados.

El Supremo indica que esta conclusión puede considerarse aparentemente opuesta a la que se alcanzó respecto a la misma materia en el caso de Canarias, pero advierte que es consecuencia de las diferentes circunstancias en que se han planteado en ambos supuestos, ya que en el caso canario se impugnaban unas sentencias que habían anulado una medida semejante impuesta mediante decreto y sin una apoyatura explícita en la ley reguladora del turismo en esa Comunidad Autónoma, sin que esta Sala considerase aceptables las razones dadas para justificar tal restricción reglamentaria.

Un juzgado de Ourense desestima la demanda de la Confederación Intersindical Galega para obligar a realizar test a una empresa de ambulancias

Mar, 05/26/2020 - 14:00

El Juzgado de lo Social número 3 de Ourense ha desestimado la demanda presentada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra Ambulancias do Sil, adjudicataria del servicio de transporte sanitario urgente en la zona de Valdeorras-Verín-Lemos, en la que solicitaba que la empresa realice a sus empleados test de doble banda mientras dure la pandemia del COVID-19.

La empresa, según la sentencia, ha suministrado a los trabajadores mascarillas, batas, monos y guantes. Igualmente, les ha realizado test de doble banda y todos han dado negativo. Aunque las pruebas ya han sido practicadas, o sindicato solicita que sigan haciéndose mientras dure la pandemia, por lo que la titular del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense rechaza la existencia de carencia sobrevenida de objeto para desestimar la demanda.

La juez destaca en la resolución que no hay “ninguna lesión o vulneración del derecho a la integridad física por no realizar los test de doble banda, al no existir ningún tipo de normativa que imponga a las empresas el realizarlos”. Así, señala como “única obligación” el proporcionar los equipos de protección individual para evitar contagios. “En este caso, no ha sido cuestionado de ninguna forma que no se hayan suministrado esos equipos, siendo significativo que durante más de dos meses no haya habido ningún contagio, lo que evidencia su calidad y su efectividad”.

Los test, según resalta la magistrada, son efectivos solo hasta el día en el que se realizan, por lo que incide en que no son “un elemento de prevención o protección, sino de detección”. Por lo tanto, subraya que deben reservarse para aquellas personas que presenten síntomas del COVID-19.

El Juzgado instructor del caso Alvia aplaza a julio las testificales de cuatro trabajadores de Talgo

Lun, 05/25/2020 - 14:30

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha acordado aplazar las declaraciones sobre el caso Alvia previstas para el próximo 29 de mayo al 10 de julio, una vez cesado el estado de alarma. Las diligencias se practicarán en las dependencias del juzgado que instruye los hechos.

Las testificales que se practicarán en julio son las de cuatro trabajadores de Talgo en el momento en el que sucedieron los hechos: P.A.J.T., el técnico que aseguró que la empresa borró pruebas del accidente; J.C.G.A., administrador de sistemas informáticos; J.L.B., jefe de taller; y L.A.H., director de mantenimiento. El juez indica que toma esta decisión después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Majadahonda le comunicase la imposibilidad de practicar allí las testificales acordadas.

Además, indica que la representación de los tres responsables del informe de la consultora Ineco sobre la evaluación de riesgos del tramo ferroviario Ourense-Santiago también solicitó la suspensión de las declaraciones previstas para el 29 de mayo.

La Audiencia de Pontevedra pone en libertad a una persona sin hogar que incumplió el confinamiento porque si reincide sería “obligada por su situación”

Vie, 05/15/2020 - 11:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decretado la puesta en libertad provisional de un vecino de Cangas sin hogar investigado por un delito de desobediencia por incumplir el confinamiento derivado del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del COVID-19. El Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas ordenó el ingreso en prisión provisional del detenido el pasado 16 de abril al considerar que había riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

El hombre, según el auto, fue detectado por agentes en la vía pública el 15 de abril y, 15 minutos más tarde, volvió a ser localizado en la calle. La Audiencia considera que el investigado “no tiene a dónde ir”, por lo que el supuesto riesgo de reiteración delictiva, en caso de existir, “no sería en realidad intencional, sino obligado por su especial situación, que a buen seguro no es deseada por él”. Además, los jueces subrayan que no consta ninguna documentación que avale que el investigado haya abandonado voluntariamente la habitación facilitada por los servicios sociales de Vigo, ni de que tuviera la posibilidad de confinarse en algún lugar en el momento en el que fue interceptado, el 15 de abril. El tribunal recalca que, pese a la “singularidad y excepcionalidad del momento en que nos encontramos”, las normas que regulan la prisión provisional “no han variado”.

La Audiencia también considera inexistente el riesgo de fuga, pues el recurrente carece de domicilio, ya que “siempre está deambulando por la vía pública en Cangas”, y de medios económicos. Por ello, la posibilidad de que se desplace a la Comunidad de Madrid, tal y como manifestó, “se antoja remota”, según los magistrados. Además, todas las veces que fue interceptado, el 4, 6, 10 y 12 de abril, así como en la ocasión de la que derivan estas diligencias, 15 de abril, estaba dentro del partido judicial de Cangas.

El tribunal, por tanto, considera “remota” la posibilidad de que se fugue a Madrid, no solo por la carencia de medios económicos con los que costearse un medio de transporte, sino también por los controles policiales de los traslados entre localidades derivados del estado de alarma.

El TSJ de Galicia avala la prohibición de una caravana de protesta contra la gestión del COVID-19 decretada por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra

Jue, 05/14/2020 - 13:30

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso presentado por Juan M.B. contra la prohibición, por parte de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, de la organización de una protesta por la gestión del Gobierno de la crisis del COVID-19.

El acto consistía en una caravana de vehículos que circularía por Vigo el 2 de mayo. El Superior ha acordado el archivo y terminación del procedimiento por carencia de objeto, pues el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, dictada el 1 de mayo, se presentó el 4 de mayo ante el TSXG. “Estamos en presencia de la carencia de objeto recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que ha dejado de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, ya que, una vez rebasada la fecha en la que la manifestación había de celebrarse, carece de operatividad práctica la sentencia que se dicte”, indican los magistrados en el fallo.

La parte demandante solicitó al tribunal que no entendiese que existía carencia sobrevenida de objeto porque, pese a que el recurso se interpuso el día 4 de mayo, su pretensión era que el Superior declarase nulo el acuerdo de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por “lesionar derechos fundamentales”. Así, indicaba que su aspiración no era que la sala permitiese la celebración de la manifestación, algo imposible, si no que declarase nula la decisión de la Subdelegación del Gobierno para, de esta forma, poder celebrar la protesta en una nueva fecha.

El TSXG, sin embargo, indica en la sentencia que “no cabe plantear un recurso de cara a un hipotético acto futuro” porque cuando se solicite una nueva concentración, marcha o manifestación la normativa puede haber cambiado, “máxime en tiempos en que la incidencia para la salud pública de la epidemia derivada del COVID-19 y los conocimientos científicos varían constantemente”. El tribunal resalta que, dado que la misión de la jurisdicción contencioso-administrativa es la fiscalización de la actuación de la Administración para comprobar si se adecúa a la legalidad, la decisión adoptada “puede ser diferente y no extrapolable a un hipotético tiempo futuro, de manera que carece de sentido pretender un pronunciamiento para el futuro cuando las circunstancias fácticas y jurídicas pueden mutar notablemente”.

Los jueces aseguran en la sentencia que el control de la actuación de la Administración se halla “muy condicionado” por la declaración del estado de alarma, en función del cual ha de realizarse la ponderación de bienes jurídicos como la protección de la salud pública y el derecho fundamental de reunión, ambos recogidos en la Constitución. La sala, no obstante, recuerda que ya ha realizado esa ponderación de intereses durante el actual estado de alarma. En concreto, en su reciente sentencia de 28 de abril, en la que da prevalencia a la salud pública al desestimar el recurso interpuesto por la Central Unitaria de Trabajadores contra la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por prohibir una caravana de vehículos el 1 de mayo en Vigo. El Tribunal Constitucional avaló esa sentencia del TSXG e inadmitió el recurso de amparo presentado por la Central Unitaria de Trabajadores.

El Juzgado rechaza la solicitud de material protector frente al COVID-19 realizada por el Colegio de Enfermería de A Coruña

Mié, 05/06/2020 - 15:20

El Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña ha inadmitido la solicitud realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña para que ordenase al Sergas adoptar una serie de medidas relacionadas con el suministro de equipos de protección frente al COVID-19 y la realización “inmediata y urgente” de test PCR. En consecuencia, ha acordado el archivo de las actuaciones. La juez indica en la resolución, contra la que cabe presentar recurso de reposición, que el colegio carece de legitimación activa para plantear la medida, articulada a través de un proceso de tutela de derechos fundamentales. Si la hubiese exigido a través de un conflicto colectivo, según el auto, tampoco estaría legitimado.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, según indica la juez, reduce al trabajador o al sindicato la tutela de derechos fundamentales para proteger el derecho a la salud en materia de prevención de riesgos laborales. “Ningún otro ente, organismo o persona física o jurídica puede ejercitar una acción para la protección de un eventual derecho fundamental lesionado. De hecho, la única posibilidad que se prevé de participación de una persona distinta al trabajador afectado es la del sindicato o de una entidad pública o privada, pero solo para el caso de discriminación y exclusivamente como coadyuvante”, señala.

Así, destaca en el auto que, si los interesados son los colegiados y colegiadas, solo ellos podrían ejercitar la acción que pretende el demandante. Además, asegura que tal y como el colegio ha planteado el conflicto, concurriría una falta de competencia objetiva, pues la medida solicitada se extiende a todos los centros sanitarios de la provincia de A Coruña, correspondientes a circunscripciones judiciales distintas, lo que implica que la competencia le correspondería a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no a un juzgado.

Un Juzgado de A Coruña absuelve a un acusado de desobediencia por estar permitido ir a la iglesia y comprar en cualquier supermercado

Sáb, 05/02/2020 - 10:00

El Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña ha absuelto a un vecino de Carballo que fue sorprendido por agentes el 12 de abril en las inmediaciones de una iglesia. El sospechoso, según la sentencia, les comunicó que iba al templo a practicar actos de culto, por lo que le dejaron entrar. Transcurridos unos minutos, los funcionarios lo localizaron cerca del parque San Martiño y, al preguntarle por su presencia en la vía pública, les dijo que iba a un supermercado. El juez absuelve al acusado del delito de desobediencia porque destaca que asistir a lugares de culto no está prohibido por el decreto que establece el estado de alarma. “Puede ser dudosa la redacción de su artículo 7, pero en materia de limitación de derechos, y más cuando se trata de derechos fundamentales, hay que considerar que lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, recalca el magistrado.

La iglesia, tal y como manifestaron los guardias civiles en el juicio, estaba abierta para rezar, por lo que el acusado no fue sancionado. “El hecho de que unos minutos después saliera y les manifestara que iba a comprar alimentos tampoco constituye una conducta sancionable, al estar permitida expresamente por el real decreto”, señala el juez, quien asegura que, además, el hombre disponía de doce euros en efectivo para comprar. “No ha quedado demostrado que no fuera a un supermercado, aunque caminara en dirección contraria a su domicilio”, recalca el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, quien recuerda que el decreto de alarma “tampoco obliga a comprar en el supermercado más cercano”.

El encausado ya había sido condenado al pago de una multa de 360 euros tras reconocer haber salido a la calle sin justificación el 8 de abril. Ese día fue interceptado en tres ocasiones por agentes, entre las 08.15 y las 09.50 horas, en diferentes calles de Carballo. Los funcionarios le advirtieron reiteradamente de que debía irse a su domicilio. La tercera vez lo detuvieron tras comprobar que había sido denunciado administrativamente en dos ocasiones en días anteriores por el mismo motivo.

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