Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Confirman la condena de 16 años de cárcel para los dos acusados de asesinar a un joven en Ourense arrojándolo a un canal

Mié, 12/04/2019 - 14:46

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la condena de 16 años de cárcel impuesta a cada uno de los dos acusados de propinarle una paliza a un joven en diciembre de 2014 y arrojarlo vivo a un canal, lo que provocó que fuese arrastrado por la corriente y falleciese en el agua. El Tribunal del Jurado consideró culpables de asesinato a los acusados del conocido como crimen de A Esmorga. El Superior indica en la resolución que “ni existen defectos en la proposición del objeto del veredicto ni hay motivos que pudieran haber dado lugar a la devolución del acta al jurado”.

Además, los magistrados del alto tribunal gallego destacan que la sentencia “razona adecuadamente” la conclusión de que “en ningún momento hubo una parada en aquel lugar de manera accidental, sino que obedecía al desarrollo del plan que ambos acusados previamente habían tramado”. El TSXG hace referencia a las palabras de la mujer de uno de los condenados, quien atribuyó “de manera inmediata” una muerte, en principio de persona no identificada, a la actuación conjunta de ambos acusados. “Evidentemente, esas palabras carecen de sentido si previamente no hubiera tenido conocimiento de tal acuerdo, de la intención conjunta de ambos de acabar con la vida de la víctima”, recalcan los jueces.

“La conclusión alcanzada, por consiguiente, es perfectamente razonable, se acomoda a elementales reglas de la experiencia y en modo alguno puede ser tildada de absurda o arbitraria desde la consideración del testimonio de referencia”, argumentan los jueces de la Sala de lo Civil y Penal, quienes insisten en que “no hay tacha alguna a las conclusiones obtenidas por el tribunal, al margen de que pudieran existir o no otras versiones igualmente posibles”.

“Es parecer de la Sala que el tribunal ha contado con suficiente prueba de cargo, la ha valorado debidamente, ha sido practicada con respeto a los principios legales y constitucionales del proceso y, en definitiva, todo el razonamiento se encuentra acomodado a la lógica y a las máximas de la experiencia”, señala el TSXG.

Sobre las alegaciones del acusado considerado cooperador necesario para cometer el crimen, el alto tribunal gallego recalca que “nada hizo para impedir que la víctima fuera fatalmente arrojada al canal del río Viñao”. La sentencia recurrida considera que el otro condenado es el único que agredió al fallecido y lo tiró al río, pero ello “no eclipsa la responsabilidad del recurrente a título de autor”, argumentan los magistrados del TSXG, quienes recuerdan que “para fundamentar esta afirmación el tribunal se apoya en la existencia del acuerdo previo y en la conducción del vehículo, por lo que realiza una aportación objetiva y causal para la ejecución del plan criminal”. Por ello, inciden en que la “contribución causal” del condenado es “absolutamente relevante”.

Condenado un octogenario que abusó de una menor en un bar de O Rosal (Pontevedra)

Mié, 12/04/2019 - 14:38

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel a un octogenario por abusar de forma continuada de una menor en la zona de recreo infantil de un restaurante de O Rosal (Pontevedra) en agosto de 2017. Los magistrados argumentan que el acusado no puede denunciar el quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva por la denegación de la práctica de alguna prueba porque “no ha articulado su pretensión a través de todos los medios que la norma legal determina para ello”. Además, el tribunal del TSXG destaca que el testimonio de la víctima “ha sido coherente y persistente, y adecuadamente valorado por la sala de instancia”, por lo que ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia.

“Lo pretendido por el apelante es la modificación del grado de credibilidad otorgado por la sala de instancia a los testimonios”, indica el Superior, al tiempo que califica de “coherente y racional” la valoración de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. “Ese proceso lógico deductivo, basado en la percepción de las pruebas personales, no queda en modo alguno desvirtuado por los alegatos defensivos, que no pasan de ofrecer unas versiones alternativas con un menor apoyo probatorio”, recalcan los jueces, quienes señalan que también “se cuenta con una prueba pericial que muestra la credibilidad del testimonio de la víctima”.

El TSXG confirma la delimitación del Camino de Santiago cerca de Lavacolla

Mié, 12/04/2019 - 08:00

La sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha desestimado el recurso interpuesto contra el decreto de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria en el que aprobó la delimitación de la ruta principal del Camino de Santiago, en concreto, del Camino Francés, en el límite del aeropuerto de Lavacolla, en el Ayuntamiento de O Pino. 

Los magistrados subrayan que el demandante “no acredita suficientemente la falta de rigor histórico de la delimitación realizada en el decreto”. Además, aseguran que “sigue un concepto puramente historicista y estático del Camino de Santiago, conforme al cual todo lugar por el que se produjo durante un tiempo el paso de quienes peregrinaban a Santiago de Compostela tiene que ser considerado traza del camino y recuperada y protegida como tal, aunque actualmente no pueda, en razón de su estado, utilizarse como lugar de tránsito”. El tribunal, además, destaca que el Camino, “más que pertenecer al patrimonio de bienes materiales, forma parte del patrimonio inmaterial, que es vivo, dinámico y sujeto a los cambios de la cultura que lo sostiene". 

La decisión de la Xunta, según la sentencia, es “motivada y no vulnera la normativa”. En cuanto a la delimitación efectuada, el fallo señala que “respeta los criterios de historicidad y autenticidad, y no deja desprotegida la traza con vestigios”. El tribunal asegura que de la prueba practicada resulta probado que la identificación del Camino es “conforme a Derecho, combinando dicha delimitación con la adecuada protección de los elementos vinculados al camino en desuso”. 

El tribunal también recuerda que en la ley de protección de los Caminos de Santiago “no se establece de forma precisa la metodología de delimitación a emplear, lo cual ocurre en todas las comunidades autónomas, ni se refiere a la necesidad de llevarla a cabo, exclusivamente, en base a momentos históricos concretos ni a trazas originarias, configurando el legislador el Camino de forma viva y dinámica”. 

El TSXG insiste en que las variaciones en las rutas del camino “han sido constantes a lo largo de la historia y han estado motivadas por distintas circunstancias: dar continuidad funcional al trazado, seguridad, infraestructuras públicas, etc.”. La sala, además, argumenta que de la prueba pericial resulta probada “la dificultad de recuperar de forma exacta el trazado de los caminos medievales, salvo en puntos esenciales y muy concretos, habiendo de partir, como ocurre en este caso, de la motivación de las decisiones de la Administración y la composición del equipo técnico encargado de esa tarea”. 

La Audiencia de Ourense condena a cuatro años de cárcel al exdirector de una sucursal bancaria por apropiarse de fondos de clientes

Jue, 11/28/2019 - 08:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a cuatro años de cárcel al que entre 1998 y 2015 fue director de una sucursal bancaria de la localidad de Entrimo por apropiarse de fondos de clientes. El tribunal lo considera autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de apropiación indebida. Además, en concepto de responsabilidad civil debe abonar a la entidad bancaria 1.494.249 euros, mientras que a uno de los perjudicados tendrá que pagarle 31.000 euros. El tribunal considera probado que el sospechoso realizó disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas de los clientes “sin el consentimiento ni la autorización de éstos”.

La Audiencia asegura que se apoderó de cantidades entregadas en efectivo por los clientes y que realizó pagos de extratipos por los fondos depositados por los clientes al margen de los contabilizados por la entidad bancaria. “El acusado les entregaba como soporte documental de su inversión o depósitos cartillas originales de la entidad bancaria en las que realizaba, valiéndose de una máquina de escribir, diferentes apuntes contables de la inversión inicial y el posterior abono de intereses”, relata el tribunal. Estas libretas, según la sentencia, “reflejaban contabilizaciones que no coincidían con la contabilidad del banco”. El tribunal indica que el acusado también expidió “documentos sellados justificativos de la comercialización de productos de inversión o de ingresos bancarios efectuados por clientes que no se correspondían con la realidad de las situaciones registradas en la entidad bancaria”.

El juzgado archiva la causa contra los altos cargos del Sergas investigados por la muerte de pacientes de hepatitis C

Mié, 11/27/2019 - 12:50

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia del Servizo Galego de Saúde (Sergas), quienes fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C.

“No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes sea imputable causalmente a los investigados”, indica el magistrado, quien subraya que “el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos”. El juez destaca que los medicamentos “se hallaban todavía en fase casi experimental y con unos resultados que todavía eran inciertos, de ahí la necesidad de que las autoridades sanitarias diseñasen mecanismos o procedimientos destinados a precisar con sumo cuidado aquellos casos en los que estaría indicada su aplicación”.

El auto, que puede ser recurrido, señala que tampoco se puede concluir que, de haberse aplicado a los pacientes los nuevos fármacos, se hubiese evitado su fallecimiento. “Si analizamos el exhaustivo informe que ha sido emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la conclusión que se extrae es que el fallecimiento de los pacientes se produjo por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos”, recalca el juez, quien añade que del informe forense se infiere que los nuevos tratamientos antivirales “lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la hepatitis C, pero ello no quiere decir que los pacientes se curaran”.

El procedimiento diseñado por el Sergas para garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos de la hepatitis C, según el auto, es “muy similar al aplicado en otras comunidades autónomas”. El magistrado señala que en la fecha de los hechos los nuevos tratamientos “ni siquiera se hallaban plenamente admitidos por la Agencia Europea del Medicamento, de modo que su acceso solo podría hacerse de modo extraordinario como uso compasivo para aquellos pacientes en una situación de especial gravedad”. Además, indica que las autoridades sanitarias debían “ceñirse a las exigencias del titular de la patente, en este caso Gilead, único laboratorio que los fabricaba”.

La Audiencia de A Coruña distribuye 51.742 millones consignados por la catástrofe del Prestige

Mar, 11/26/2019 - 14:25

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido una providencia en la que acuerda distribuir las cantidades depositadas en el órgano judicial entre los 265 afectados por la catástrofe del Prestige. En concreto, la Audiencia reparte 51.742.034 euros, de los que 27.199.464 fueron depositados por el FIDAC. El resto, 24.542.570 euros, proceden en su mayoría ¬(22.777.986)¬ de la aseguradora del buque, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) y, el resto, de la venta del fuel recuperado del petrolero.

Los fondos se reparten proporcionalmente, según las indemnizaciones reconocidas, entre el Estado español -¬como principal perjudicado-¬, que recibirá 40.671.748 euros, el francés (9.265.515 euros), la Xunta de Galicia (202.472 euros) y otros 262 afectados por el vertido que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades. La Audiencia estableció el principal de ejecución de sentencia en 1.441.562.943 (sin contar los 392.923.977 de intereses moratorios; 87.144.811 de intereses procesales; y 573.797.973 de intereses, costas y gastos de ejecución).

La Audiencia de A Coruña condena a un sindicalista por agredir a un policía durante una protesta por un acto electoral del PP en Ferrol

Lun, 11/25/2019 - 09:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado al que en octubre de 2012 era secretario comarcal de la CIG en Ferrol a seis meses de prisión por agredir a un agente de la Policía Nacional durante una protesta delante de un hotel de Ferrol en el que el PP realizaba un acto de campaña electoral. El tribunal lo ha considerado culpable de un delito de atentado a agente de la autoridad, concurriendo la agravante de reincidencia y la atenuante de dilaciones indebidas. Además, la Audiencia le ha impuesto el pago de 840 euros al agente y lo ha absuelto de las faltas de coacciones y lesiones que le imputaban. Respecto al funcionario del 091, los magistrados han decretado su absolución de los delitos de tortura, contra la integridad moral y lesiones por los que fue acusado.

Los jueces relatan en la sentencia que cuando se produjo un enfrentamiento entre unos manifestantes y los agentes que formaban parte del cordón policial, el acusado “agarró con una mano a uno de los policías de la camisa y, con la otra, le golpeó varias veces en el casco”. La Audiencia señala que el agente “intentó sujetarlo para meterlo detrás del cordón policial y reducirlo, pero no fue capaz, porque el acusado lo intentaba evitar físicamente, hasta que un compañero que se encontraba a su lado lo ayudó”.

“Los testigos que declaran a instancia del acusado pueden desde un plano teórico reforzar su versión, en cuanto a la actitud pacífica de los manifestantes, a la violenta de los policías, a la búsqueda del detenido, a la paliza sádica. Pero el problema es que estas declaraciones no es que no concuerden, sino que quedan desvirtuadas por los elementos de prueba más objetivos”, recalca la Audiencia, quien considera probado que se produjo “una agresión, un acometimiento, a un agente de la autoridad cuando desempeñaba su función, proteger la evacuación de unos cargos públicos, en unas condiciones que en absoluto permiten pensar en una menor entidad ni en el ánimo defensivo”.

Un juzgado rechaza que el control de las cuotas de pesca en aguas exteriores le corresponda a la Xunta de Galicia

Vie, 11/22/2019 - 15:15

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha estimado el recurso contra la incautación de 475 kilos de caballa y la multa de 351 euros que la Consellería do Mar le impuso al patrón de una embarcación con base en O Grove por la comisión de una infracción grave en materia de pesca. El magistrado, por tanto, ha revocado y dejado sin efecto las resoluciones de la Xunta, que deberá reintegrarle al recurrente el importe de la multa más el precio que hubiese obtenido por la venta del pescado. La sentencia es firme, pues contra ella no cabe recurso.

El juez argumenta que la competencia para sancionar la descarga de pesca realizada en aguas exteriores que supera los topes máximos de captura de especies pelágicas le corresponde “con carácter exclusivo y excluyente” al Estado. La Xunta, según la sentencia, “puede colaborar con la Administración estatal en la fase de inspección (denunciando la infracción detectada en la descarga del buque), pero no puede sustituirla ni subrogarse en la competencia del Estado sancionando directamente al infractor”. El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra subraya que la potestad sancionadora de la Xunta “se circunscribe a las infracciones por superación de topes de captura en aguas interiores de Galicia”.

En el fallo el recurrente alega que toda la caballa capturada esa semana del mes de marzo de 2017 se pescó en aguas exteriores. Para acreditarlo aportó el seguimiento de la caja azul del pesquero y el listado de posición expedido por la Secretaría General de Pesca. Además, la descarga se produjo en el puerto de Burela, que es uno de los habilitados para la inspección de especies pelágicas capturadas en aguas exteriores. “La Xunta no ha propuesto prueba alguna para rebatir este hecho”, señala el juez, quien también concluye, tal y como solicitaba el recurrente, que la resolución de 24 de marzo de 2017 que implantó el límite de los 10.000 kilos semanales “no había entrado en vigor en las fechas en las que se realizó la pesca porque no se había publicado en diarios oficiales”.

En cuanto al argumento de la falta de acreditación objetiva del supuesto exceso de capturas denunciada por el recurrente, el magistrado también lo estima, pues destaca que el patrón solicitó los certificados de calibración de la báscula utilizada por los inspectores guardacostas, pero, “inexplicablemente”, la Xunta no se los facilitó. “Por tanto, se desconoce si la báscula utilizada por los agentes denunciantes está bien calibrada, si ha superado los controles reglamentariamente establecidos, etc.”, recalca el magistrado.

El Juzgado de Pontevedra decreta el archivo de la investigación del accidente del Nuevo Marcos

Mar, 11/12/2019 - 17:00

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra ha decretado en un auto el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias relacionadas con el naufragio del Nuevo Marcos, en el que fallecieron tres personas. La magistrada indica en la resolución que el accidente, sucedido el 26 de abril de 2017 en la ría de Pontevedra, no es atribuible al presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y de la Ría de Pontevedra y al presidente de Portos de Galicia, tal y como demandaban las acusaciones particulares. La Fiscalía, por su parte, solicitaba el sobreseimiento provisional del caso. La jueza, por tanto, descarta la existencia de tres delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra explica que el informe de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) concluye que los factores que contribuyeron al hundimiento del barco fueron “que el polígono de bateas no disponía de balizamiento, que era una noche oscura que no permitía ver las bateas, a no ser que estuvieran vigilando el radar, que la vigilancia no fue eficaz ni se evaluó correctamente la situación por la tripulación y, como factor más importante, que la conciencia de seguridad de la tripulación no era la adecuada”.

La jueza señala en el auto que la embarcación, sin estar obligada, disponía de un radar y de dispositivos de salvamento y protección individual, así como de una radiobaliza de localización. “No obstante, una vez colisiona con la batea, no se detuvo ni aminoró la velocidad, sino que continuó la marcha hacia el puerto de Combarro, que se encontraba a apenas cuatro minutos, sin efectuar ninguna llamada de socorro ni realizar una valoración de daños ni de las consecuencias de seguir navegando”, indica la magistrada, quien subraya que “tampoco prepararon el abandono de la embarcación ni el uso de los dispositivos de salvamento y protección individual de los que sí disponía la embarcación, que se hundió apenas unos minutos después del choque”.

El informe de la CIAIM confirma que la posición del polígono de bateas “no se ajusta a lo que indica la orden que lo regula”, pero considera que “no contribuyó al accidente porque los patrones de pesca conocen la zona y navegan a la vista”. La CIAM subraya que el gobierno de una embarcación requiere “mantener en todo momento una vigilancia del entorno para evaluar continuamente la posición del buque y el riesgo de colisión” y que en la ruta que debía seguir el Nuevo Marcos “existía un cierto riesgo de colisión por la presencia del polígono de bateas, algo que la tripulación debía conocer por ser de la zona y por faenar con regularidad en ella”.

Un Juzgado ordena que se siga la causa contra el alcalde de Vilanova de Arousa por un delito leve de falta de respeto a la autoridad

Mar, 11/12/2019 - 17:00

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra ha emitido un auto en el que decreta el fin de la instrucción del caso en el que se investiga al alcalde de Vilanova de Arousa por presuntamente llamar “chacha para todo” a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

La magistrada indica que hay indicios suficientes para que el procedimiento se siga contra el regidor por un delito leve de falta de respeto y consideración debida a la autoridad.

La Audiencia de A Coruña reabre la instrucción sobre el accidente del Alvia

Mar, 11/12/2019 - 14:27

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha emitido un auto en el que, en virtud de la aparición de datos sobrevenidos expuestos por la Plataforma Víctimas Alvia 04155, acuerda dejar sin efecto los autos apelados emitidos por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, entre ellos el que ponía fin a la instrucción y acordaba que la causa se siguiese contra el maquinista del tren y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea.

La Audiencia, por lo tanto, ha decretado el retorno del proceso a la fase de diligencias previas de investigación para la averiguación de los hechos expuestos por la Plataforma Víctimas Alvia 04155. La resolución es firme, por lo que contra ella no cabe recurso.

El tribunal considera “ineludible” investigar los hechos expuestos por la plataforma, “tanto por lo que se refiere a la supuesta destrucción de pruebas como a la situación en que se hallaba el tren y su posible relación con el accidente, que ha sido uno de los objetos principales de la investigación”. Los magistrados señalan que todo ello “determina necesariamente la vuelta de las actuaciones a la fase de diligencias previas para que, con la máxima celeridad posible, se depuren estos hechos”. El retorno de la causa a la fase de instrucción determina la revocación de las decisiones que fueron adoptadas en su conclusión.

La Audiencia de Pontevedra condena a 18 años y medio de cárcel al hombre que mató en Ponte Caldelas al marido de la mujer con la que mantuvo una relación

Vie, 11/08/2019 - 13:00

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a 18 años y medio de cárcel y a ocho años de libertad vigilada como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento al hombre que en noviembre de 2015 apuñaló en su casa de Ponte Caldelas al marido de la mujer con la que mantuvo “una relación intermitente”.

A la hora de dictar la pena tuvieron en cuenta las atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas. El acusado también ha sido condenado a la prohibición de comunicarse y aproximarse a la esposa del fallecido durante 23 años y a abonar una indemnización a cada uno de los padres de la víctima de 40.000 euros; y, a la mujer, de 30.000 euros.

El Tribunal del Jurado consideró probado que el acusado acudió al domicilio de la víctima y que cuando supo que seguía viviendo con su esposa “lo tiró al suelo y le asestó diversas puñaladas en distintas partes del cuerpo” que le ocasionaron la muerte. El ataque, según el Tribunal del Jurado, fue “sorpresivo e inesperado”, por lo que el fallecido careció de oportunidad de defensa.

Condenado a dos años y tres meses de cárcel un hombre que estafó 200.000 euros a una familiar

Mié, 11/06/2019 - 15:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a dos años y medio de cárcel a un hombre que estafó a una prima de su madre, con la que llegó a inscribirse como pareja de hecho, 200.000 euros. El acusado, según considera probado el tribunal, se ganó la confianza de la mujer, quien no tiene familiares directos en Ferrol, tras viajar a Galicia desde Madrid.

Los magistrados indican que, después de conocer las circunstancias económicas de la víctima, decidió “aprovechar su situación de soledad, su falta de conocimientos para la gestión de negocios y la debilidad de su carácter para realizar una serie de maniobras encaminadas a hacerse con su dinero”. Así, la convenció para que abriese una cuenta de banca electrónica “pese a que no tenía conocimientos de informática ni de uso de internet” y que transfiriese a ella 200.000 euros. En esta cuenta el condenado figuraba como autorizado y disponía de las claves necesarias para poder operar con ella.

Los magistrados aseguran que para aparentar que estaba gestionando de forma adecuada el dinero, comenzó a realizar transferencias mensuales, por importe de 300 euros, a la cuenta de la afectada. “Al objeto de buscar una cobertura frente a posibles reclamaciones, la convenció para inscribirse como pareja de hecho en Ferrol y para que le otorgara ante notario un poder general de representación, a partir de lo cual dejó de transferir los 300 euros mensuales”, relatan los jueces.

La Audiencia de A Coruña condena a nueve años y tres meses de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hija

Mié, 11/06/2019 - 15:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años y tres meses de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hija, nacida en 2005, durante un periodo de tiempo indeterminado, pero al menos entre 2013 y 2016, con una frecuencia “prácticamente semanal”. La Fiscalía también acusaba a la abuela y a la madre de la menor. El tribunal, sin embargo, considera que no ha quedado acreditado que la abuela “tuviera constancia de que la niña era abusada, agredida” y destaca que también sufría la violencia de su hijo. La mujer, según el fallo, “tenía como prioridad, dada su simpleza, la defensa de la fama de la familia, de su propio hijo”.

Respecto a la madre, los jueces concluyen que “carecía de capacidad real para actuar en cumplimiento del deber del garante”, pues padece una discapacidad intelectual leve, “lo que favorecía que su capacidad de decisión, de opinión, dentro de la familia, fuera inapreciable”. El tribunal sostiene que “no supo reaccionar” debido “a su discapacidad y por el ambiente familiar en el que se encontraba, de absoluta anulación”. La Audiencia también le impuso al acusado diez años de libertad vigilada, la privación de la patria potestad respecto de sus tres hijos menores y la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a ellos durante quince años.

Los jueces relatan que la convivencia del núcleo familiar “estuvo presidida por los comportamientos violentos del condenado con los demás miembros de la familia, por las condiciones económicas precarias, por la mínima capacidad de los adultos para la solución de los conflictos, por la simpleza de sus caracteres y por el aislamiento social”. Todos estos problemas, según el tribunal, estuvieron “acuciados por el habitual consumo, abusivo, de alcohol por parte de esos adultos, de los tres, quienes llegaban, con frecuencia, a la borrachera”.

El TSXG considera suficientes las obras ejecutadas en O Piricoto para adaptarlo al entorno y rechaza su demolición

Jue, 10/31/2019 - 14:00

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado en un auto ejecutada la sentencia de 1994 que declaraba nula la licencia de obra del edificio de Vigo conocido como O Piricoto. El alto tribunal gallego ha decretado, por tanto, el archivo del procedimiento una vez que el auto sea firme, pues contra él cabe presentar recurso de reposición ante la misma sala del TSXG.

“Todas las pruebas permiten concluir con suficiente grado de certeza que las actuaciones de adaptación al ambiente previstas, incluidas las demoliciones parciales ejecutadas, son suficientes para tener por ejecutada completamente la sentencia, ya que la edificación se ha adaptado al ambiente de la actualidad”, indican los magistrados en el auto, en el que subrayan que se han eliminado “los impactos paisajísticos que determinaron la anulación de la licencia original”.

El Superior subraya que la demolición total solicitada por la parte ejecutante “acabaría generando un resultado disonante con el entorno actual, profundamente urbanizado y radicalmente transformado respecto a la realidad paisajística existente en el momento en que se dictó la sentencia”. El alto tribunal explica que la demolición total “no puede ser la actuación exigida para la ejecución de la sentencia” y recuerda que el propio Tribunal Supremo indicó que era necesario acometer “bien el derribo del edificio o bien su modificación externa para adaptarlo, en lo básico, al ambiente en el que está situado”.

El TSXG destaca en la resolución que “todos los informes técnicos y periciales acreditan que la edificación actual se adapta al ambiente”, pues es “similar a los edificios de su entorno”. Los magistrados insisten en que los incumplimientos apreciados en la sentencia de 1994 “se han subsanado con las actuaciones ejecutadas, tendentes a minimizar el impacto visual y a eliminar la perspectiva de pantalla generada por la sensación de continuidad entre los bloques que conforman la urbanización”. Las demoliciones parciales ejecutadas han conseguido eliminar, según el Superior, “la perspectiva de pantalla”, mientras que la adaptación ambiental se ha realizado mediante “la eliminación de disonancias en la cubierta, la desaparición de los casetones y la reducción de altura y volumen en esa cubierta, así como la utilización de técnicas cromáticas y de apantallamiento vegetal”.

“La modificación de la configuración externa del edificio determina su adaptación al entorno actual, profundamente transformado desde la sentencia y que poco tiene que ver con el entorno paisajístico que pudo valorar el tribunal sentenciador cuando en 1994 consideró que la edificación no armonizaba con el entorno”, recalca el TSXG, al tiempo que señala que se trata “de un área profundamente urbanizada, a raíz de la creación de viales estructurantes, a partir de los cuales se ha ido compactando la malla urbana”. O Piricoto, subrayan los jueces, se sitúa “fuera del área de protección del bien de interés cultural e incluso fuera del área de amortiguamiento prevista en la legislación sectorial de protección del Patrimonio”.

La Audiencia de A Coruña absuelve a tres funcionarios acusados de fracturar dos costillas y romper el bazo a un interno de Teixeiro

Mié, 10/30/2019 - 13:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a los funcionarios del centro penitenciario de Teixeiro sospechosos de agredir a un interno. El tribunal también ha absuelto al reo, al que uno de los funcionarios acusaba de haberlo golpeado. “No ha resultado acreditado que, en el cuarto utilizado por los educadores del centro y usado también por los funcionarios para las diligencias de cacheo, los tres acusados propinaran puñetazos y patadas en el abdomen al interno ocasionándole contusión costal izquierda, contusión en la rodilla izquierda, fractura de dos costillas y rotura de bazo”.

Los magistrados consideran acreditado en la sentencia que tuvieron lugar “al menos dos incidentes violentos” entre funcionarios del centro penitenciario y el interno, quien en uno de ellos sufrió la rotura de dos costillas y la pérdida del bazo. Sin embargo, argumentan que decretan la absolución de los tres imputados por el incidente más grave porque no se ha probado, “más allá de toda duda razonable”, que las lesiones se las hubiesen causado estos funcionarios al agredirlo el día 26 de mayo de 2012, bien en el cuarto del educador, como sostiene la acusación pública, bien en el cuarto de cacheos del módulo de ingresos, como asegura la acusación particular.

“A la misma conclusión, de un pronunciamiento absolutorio, ha de llegarse con relación a los otros tres funcionarios acusados del incidente acaecido al día siguiente, el 27 de mayo de 2012”, señalan los jueces. El denunciante declaró que cuando iba a ser trasladado al módulo de aislamiento se produjo un incidente por la firma de un documento, por lo que uno de los acusados le había propinado una bofetada y, tras introducirlo en el cuarto destinado a los cacheos, y mientras otros funcionarios (a los que no llegó a identificar en el acto del juicio) lo agredían y derribaban al suelo, el primero le pisó en la cabeza, causándole una herida en la frente.

Respecto a la absolución del interno, al que uno de los funcionarios acusaba de agredirlo, el tribunal argumenta que “lo cierto” es que “como consecuencia de algún incidente violento acaecido probablemente el día 26 de mayo de 2012, el interno sufrió un traumatismo que le ocasionó la fractura de dos costillas y la rotura del bazo”. Así, los magistrados indican que “si estas lesiones hubieran sido causadas, hecho que no podemos estimar como acreditado, como consecuencia de una extralimitación, una agresión, por parte de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la posible reacción violenta del interno no justificaría el reproche o sanción penal”.

Un acusado de abusar de cuatro sobrinas políticas es condenado a ocho años y medio de cárcel al estar prescritos tres de los casos

Mié, 10/30/2019 - 12:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a ocho años y medio de cárcel a un hombre por abusar de una sobrina política. El tribunal lo ha considerado autor de un delito de abuso sexual mediante acceso carnal a menor de trece años y, además de la pena de prisión, le ha impuesto cinco años de libertad vigilada, el abono de una indemnización a la víctima de 30.000 euros y la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella durante trece años. El sospechoso estaba acusado de abusar de otras tres sobrinas políticas, pero fue absuelto porque los hechos están prescritos, tal y como indican los magistrados en la sentencia. Los jueces, no obstante, señalan que los “dolorosos testimonios” prestados por todas las jóvenes “son inequívocos y no dejan lugar a dudas”. El tribunal destaca que “de ninguna de las maneras puede entenderse que se trate de una maniobra orquestada, como pretende el acusado, que habló de una mano negra, pero sin concretar en qué se podía basar esa conjura”.

“Como se puso de manifiesto de manera inequívoca en la sala, la relación entre las familias era de gran cercanía y familiaridad y lo único que sucedió, como pusieron de manifiesto las jóvenes, fue que una de ellas comenzó a hablar de lo sucedido años antes y las demás también comenzaron sus respectivos y similares relatos”, subrayan los jueces en el fallo. En la sentencia también destacan que los abusos por los que ha sido condenado los cometió “desde cuando la víctima tenía pocos años, sin precisar, y hasta el límite de los doce años, todos en similares ocasiones y con similares comportamientos”.

La Audiencia de Ourense absuelve al exalcalde y otros tres expolíticos de Ourense condenados por prevaricación

Lun, 10/28/2019 - 08:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto al exalcalde de la ciudad entre 2007 y 2012, a dos exconcejales y al exdirector general de Rehabilitación Urbana del delito de prevaricación por el que habían sido condenados a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por la prórroga de unas contrataciones bajo la modalidad de asistencias técnicas. La Audiencia ha estimado los recursos presentados por los investigados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº2 de Ourense. Así, el tribunal considera que “si bien es cierto que la actuación de los acusados contravino la normativa y pudieron incurrir en una irregularidad, e incluso ilegalidad administrativa, por contravenir los límites contemplados para los contratos menores, no merece reproche penal”.

“No es suficiente que una resolución administrativa sea contraria a derecho para que su emisión constituya un delito de prevaricación. El control de legalidad de los actos de la Administración corresponde básicamente a la jurisdicción Contencioso-administrativa y no tendría sentido, desde la conceptuación del derecho penal como última ratio, una sistemática criminalización de los actos administrativos que no fuesen adecuados a derecho o implicasen desviación de poder”, argumenta la Audiencia.

Los magistrados recuerdan en el fallo que la jurisprudencia de la sala ha dicho reiteradamente que tan solo cabe considerar injusta una resolución administrativa, a efectos de declararla penalmente típica, cuando la ilegalidad sea "evidente, patente, flagrante y clamorosa". En este caso, según los magistrados, “no ha resultado patente que la conducta de los acusados haya sido producto de la arbitrariedad”.

La Audiencia también destaca que “la mera pasividad” de alguno de los condenados no puede ser constitutiva de delito, al tiempo que subraya que su actuación “resultaría justificada por la situación del Ayuntamiento, pues existía un interés público en mantener los contratos y evitar el riesgo de perder las subvenciones”.

 

La Audiencia de Ourense condena a tres años de cárcel a un acusado de intentar matar a uno de sus amigos durante una discusión

Mié, 10/23/2019 - 08:35

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a tres años de cárcel como autor de un delito de intento de homicidio a un hombre que, delante de su madre, acuchilló a uno de sus amigos durante una discusión en el rellano del piso en el que residía. El tribunal ha tenido en cuenta a la hora de dictar la pena la eximente incompleta de alteraciones en la percepción y ha absuelto a la madre del procesado del delito de omisión del deber de socorro que le imputaba la Fiscalía. Además, le impuso al imputado el pago de una indemnización de 19.500 euros al afectado.

Los magistrados destacan que el acusado “asumió el resultado mortal que podía producirse” y consideran probado que “no trató de auxiliar a su amigo” y que se desentendió “de su suerte”. La herida causada, según destaca la Audiencia, hubiese sido mortal si no se produjese una inmediata intervención, pues el condenado le clavó el arma blanca en el lado derecho del abdomen y le atravesó el hígado. La víctima consiguió salir a la calle, donde fue auxiliada por un vecino. Los jueces indican que no ha podido acreditarse “la existencia de una agresión ilegítima por parte de la víctima, ya que no portaba arma alguna, frente al cuchillo que en todo momento esgrimió el acusado”.

La Audiencia condena a 20 años de cárcel a un hombre que secuestró y violó a una joven en Ourense

Mié, 10/23/2019 - 08:20

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a veinte años de cárcel a un hombre por secuestrar durante 19 días a una mujer, agredirla sexualmente, golpearla y someterla, con violencia e intimidación, a un trato degradante con continuas humillaciones y vejaciones. El sospechoso ha sido condenado como autor de delitos de detención ilegal, agresión sexual continuada y contra la integridad moral. Los magistrados también ha impuesto dos años y medio de cárcel al padre y a la madre del acusado, así como a sus tres hermanos, como cómplices de un delito de detención ilegal porque ayudaron a retener a la víctima en la vivienda familiar.

Además de los golpes que le propinó, el tribunal relata en la sentencia que el procesado “la obligó a beber alcohol, a consumir sustancias estupefacientes, a ingerir sus propios vómitos, a cortarse el pelo y a bañarse con una manguera de agua fría”. El condenado, además, no le permitió comer “en diversos días” porque le decía que estaba “gruesa”.

“El agresor, con la complicidad de sus padres y hermanos, atentó contra la libertad, dignidad e indemnidad sexual de la víctima, a la que privó ilícitamente de su libertad durante 19 días”, recalcan los jueces, quienes subrayan que “la hizo objeto, de manera violenta, de reiteradas agresiones sexuales y de plurales actos vejatorios”. Con esa privación de libertad, según la Audiencia, pretendía “saciar su deseo sexual, obtener dinero de la cuenta bancaria de la joven a través de los cajeros a los que la conducían y forzarla a acompañarlos a pedir limosnas y a robar en casas”.

El testimonio de la víctima, según el tribunal, es “claro, reiterado, concluyente y digno de crédito” y, además, está “corroborado por las pruebas documentales, periciales y testificales practicadas”. El condenado también fue sentenciado a la prohibición de comunicarse y aproximarse a la afectada durante 23 años y a abonarle una indemnización de 8.855 euros por los perjuicios personales y las secuelas y de 12.000 euros por el daño moral que le causó.

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