Tribunal Superior de Justicia de Galicia

El Juzgado absuelve al exedil de infraestructuras de Ourense acusado de prevaricación

Mié, 07/31/2019 - 14:00

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha absuelto a un exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense al que la Fiscalía acusaba de un delito continuado de prevaricación administrativa por la forma en la que en 2008, cuando ejercía de edil, se contrató la ejecución de las obras de acondicionamiento de espacios urbanos de la calle Bedoya y de la plaza Paz Novoa.

Los trabajos, financiados por la Xunta, fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad. “No ha quedado probado que el acusado tuviera conocimiento de que acudir a ese procedimiento contraviniera la normativa vigente”, destaca la jueza en la sentencia, en la que resalta que el valor de cada uno de los contratos de adjudicación de las obras “no supera el millón de euros”. Además, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense subraya que era necesaria “una pronta ejecución de las obras por causa no imputable al órgano de contratación”, ya que los plazos fueron fijados por la Xunta.

 

La Audiencia de A Coruña condena a un hombre por maltratar a su pareja a diez años de cárcel

Mié, 07/24/2019 - 08:00

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a diez años de cárcel a un hombre que maltrató física y psicológicamente a su pareja, la mayoría de las veces en presencia de la hija que tienen en común. También le ha impuesto veinticuatro años de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, así como de su hija durante veinte años, y 13 años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. El tribunal lo ha considerado culpable de un delito de maltrato habitual, en concurso real con un delito de malos tratos sobre la mujer, tres delitos de amenaza, dos de ellas leves, dos delitos de malos tratos sobre la mujer y dos delitos de coacciones, uno de ellos leve.

Los magistrados relatan que la relación se inició en octubre de 2006, cuando la víctima tenía 16 años, y la convivencia, que comenzó en 2008 a raíz de que la joven se quedó embarazada, terminó en 2009. “Desde el comienzo de la convivencia el acusado despliega sobre su pareja una conducta de dominación y desprecio, con uso de expresiones ofensivas, control de su persona y de su dinero, de forma constante y cotidiana”, relata el tribunal en la resolución, en la que especifica que “a menudo le escupía en la cara, le tapaba la boca con el edredón para no escuchar su llanto, le tiraba de los pelos, le decía calificativos como ‘inútil’, ‘guarra’, ‘puerca’ o frases como ‘no vales para nada’, además de dirigirle otras expresiones que le molestaban y humillaban”.

Los magistrados señalan que la obligaba a “despertarlo todas las mañanas, hacerle el desayuno, recoger la casa y fregar”. Los magistrados aseguran que “ante cualquier detalle le llamaba ‘guarra’, le reñía cuando la comida estaba sosa, y le recalcaba que no servía para nada, que era una inútil”. En la sentencia también consideran acreditado que la mujer le entregaba todo el dinero que le daba su padre y que el acusado “decidía su destino”.

Los jueces aseguran en el fallo que cuando varios parientes de la víctima intentaron comunicarse con ella para protegerla, el procesado “desplegó una conducta ofensiva, humillante y conminatoria, especialmente hacia el padre de la mujer, pero también hacia una tía de ella y hacia amigos de la familia”. Los jueces detallan en la sentencia todos los hechos que el condenado llevó a cabo “siempre con la finalidad de menoscabar la integridad psicofísica de la que era su pareja y denigrarla como mujer”.

El delito de maltrato habitual, según subraya el tribunal, ha sido constatado “por todos los hechos puntuales acreditados, los informes periciales y el informe psicológico del equipo psicosocial”. Además, añade que las consecuencias “son notorias” y que puede concluirse “la existencia de una huella psíquica relacionada con los hechos, con repercusiones en la víctima, tanto a nivel emocional como clínico, entre las que destacan: trastorno de estrés postraumático, baja autoestima, depresión y ansiedad”. Los jueces describen la relación como “tóxica” y señalan que estaba caracterizada por “el control, el desasosiego, la intranquilidad, la violencia permanente y la falta de igualdad, de lo más básico que debe regir e inspirar una relación de pareja”.

 

La Audiencia de Ourense impone 14 años de internamiento psiquiátrico a un hombre que asfixió a su mujer en O Carballiño

Vie, 07/19/2019 - 10:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha absuelto a un hombre que asfixió a su mujer, con la que llevaba casado 35 años, en enero de 2017 en O Carballiño tras discutir con ella porque no le dejaba las llaves para salir de casa.

A la hora de dictar la pena ha tenido en cuenta la eximente completa de alteración psíquica y ha ordenado su internamiento en un centro psiquiátrico dependiente de la Administración Penitenciaria por un tiempo máximo de catorce años, del cual no podría salir sin autorización del tribunal. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a cada uno de los padres de la víctima con 60.000 euros y, a su hermana, con 40.000.

La Audiencia ha tenido en cuenta para imponerle el tiempo máximo de internamiento que la pena con la que está castigado el delito es “una pena privativa de libertad”, así como “su gravedad y la violencia empleada”.

El jurado declaró acreditado que el sospechoso se encuentra “afectado por una demencia con un deterioro grande de las funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento y alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad, que provoca una grave afectación de sus facultades de comprensión y de actuación”. El Tribunal del Jurado descartó la presencia de un tercero como autor de los hechos al carecer de indicios de que otra persona se encontrase en la casa.

 

Un juzgado de Pontevedra rechaza incorporar a Fomento como demandado en el proceso por el cobro abusivo de peajes en Rande

Jue, 07/18/2019 - 13:50

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha desestimado la solicitud de la concesionaria de la AP-9, Audasa, para que incorporase como parte demandada al Ministerio de Fomento en el procedimiento abierto a raíz de la demanda presentada por la Fiscalía contra la empresa por cobrar los peajes íntegros durante las obras de ampliación de la autopista en el entorno del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018. Audasa exigió el llamamiento al proceso de la entidad pública al considerar que se vería “directamente afectada por una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de la Fiscalía”.

El juez subraya en el auto que el caso iniciado es “totalmente independiente de las condiciones de la concesión administrativa de la autopista, del sistema legal de fijación de peajes o de las potestades administrativas del Ministerio de Fomento”, pues de lo que se trata es “de evaluar la oportunidad de cobrar a los usuarios de la AP-9 la totalidad del peaje legalmente fijado, a pesar de que, debido a unas obras, supuestamente no se les estaban prestando los servicios propios de una autopista”.

“Se trata simplemente de la relación comercial entre la concesionaria, Audasa, y sus clientes, en la que el Ministerio no tiene más interés que el abstracto que pueda tener cualquier autoridad en que los servicios públicos funcionen correctamente”, asegura el magistrado. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra señala que la actividad de explotación de la AP-9 que realiza Audasa es “de carácter meramente comercial”, por lo que las relaciones que establece con sus usuarios son “de carácter estrictamente privado”. Por ello, concluye que “cualquier proceso en el que se discuta sobre los avatares de esas relaciones está perfectamente constituido con la sola intervención de Audasa y los usuarios o las entidades que puedan actuar defendiendo sus derechos”. Además, el juez indica en el auto que la pretensión de la concesionaria también debe ser rechazada “por una cuestión esencialmente procesal”. Así, destaca que Audasa “no ha sido capaz de mencionar en un escrito de 17 páginas qué norma la habilita para instar la intervención provocada de un tercero en el proceso”.

El Tribunal Supremo anula la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental a la regasificadora de Mugardos (A Coruña)

Jue, 07/18/2019 - 13:00

El Tribunal Supremo ha declarado nula la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental que acordó el Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2016 respecto a la regasificadora de Mugardos, en A Coruña. La Sala de lo Contencioso considera que la importancia de la planta desde la perspectiva ambiental no encaja en las razones de situación excepcional y de inmediata urgencia alegadas por el Consejo de Ministros para excluir el trámite de evaluación de impacto ambiental.

La Sección Quinta de la Sala de Lo Contencioso ha estimado parcialmente el recurso que presentó la Plataforma de Vecinos de la Parroquia de Mehá contra el citado Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declaraban excluidos del trámite de evaluación de impacto ambiental los proyectos de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos. La Sala anula el acuerdo pero rechaza la petición de los recurrentes de que se declararan también nulos todos aquellos actos y autorizaciones derivados del mismo.

La asociación de vecinos recurrente planteaba en primer lugar la nulidad del Acuerdo por haber sido adoptado por un gobierno en funciones y que, como tal, pudo extralimitarse en sus competencias. Sin embargo, la Sala considera que los recurrentes han olvidado la doctrina jurisprudencial que avala la decisión de exención del trámite de impacto ambiental porque “no constituye un acto de orientación política, ni condiciona, ni compromete, ni impide las decisiones que en el ejercicio de sus funciones deba adoptar el nuevo gobierno surgido de las elecciones generales, por cierto, de igual signo político que el anterior”.

El Gobierno justificó la exención por las consecuencias negativas que supondría para el sistema gasista español y portugués una eventual paralización de la planta si se tramitara la evaluación de impacto ambiental. También argumentó el incremento de circulación y la consiguiente peligrosidad que supondría el desplazamiento de camiones cisterna que se verían obligados a desplazarse a otras plantas para realizar la carga de gas.

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Juan Carlos Trillo, recuerda el contexto en el que se aprobó el Acuerdo impugnado, que responde a la necesidad de solventar la situación creada por dos sentencias de 2016 de la propia Sala, que anulaban las autorizaciones administrativas previas y de construcción de la regasificadora de Mugardos. Son precisamente esas sentencias, según el tribunal, las que “impiden observar la necesidad de acudir a un remedio de urgencia con el que atender a una situación extraordinaria y de imposible previsión”.

El tribunal concluye que no concurre la situación excepcional en cuanto que la situación creada tiene su origen en una actuación de la administración disconforme a derecho, como así lo establecieron las dos sentencias anteriores de la Sala. El tribunal estima que se debieron adoptar otros remedios procesales distintos a la exención, “y sin duda más acordes con el principio de proporcionalidad, o dicho de otro modo, con la importancia de la planta desde la perspectiva ambiental, máxime cuando por sentencia de esta Sala de 26 de julio de 2016 se anuló el Decreto 144/2007 de 9 de julio de la Junta de Galicia, por el que se aprobó el Plan de Emergencia Exterior en la planta litigiosa”.

La sentencia explica que no cabe acoger la extensión de la nulidad del Acuerdo a las actuaciones posteriores “no solo por la indefinición al respecto de la recurrente “sino también porque del único acto del que hay constancia es el que concede la autorización administrativa y aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Mugardos y está recurrido por la misma asociación y pendiente de sentencia.

La recurrente solicitaba también la paralización de la actividad de la planta, como consecuencia de las dos sentencias anteriores de la Sala. El tribunal lo rechaza y explica que en su caso se deberá plantear en el trámite de ejecución de esas sentencias.

El Tribunal Supremo confirma la condena a prisión permanente revisable a un padre que asesinó a su hijo de 11 años de edad en Oza (A Coruña)

Jue, 07/18/2019 - 08:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable impuesta a un padre que asesinó a su hijo de 11 años de edad, a quien golpeó varias veces en la cabeza con una pala, en una pista forestal de Oza (A Coruña) “con la intención de causar el mayor sufrimiento psíquico a su exmujer”. También tendrá que pagar a su expareja, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 180.000 euros, y no podrá aproximarse a ella a menos de 1.500 metros y a comunicarse con ella por cualquier medio hasta cinco años después de que cumpla la pena de prisión. 

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la pena que le impuso un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña como autor de un delito de asesinato cualificado con alevosía y agravado por el hecho de que la víctima era menor de dieciséis años, con las agravantes de parentesco y de género, en concurso medial con un delito de lesiones psíquicas a su exmujer. 

Los hechos probados relatan que el condenado recogió el viernes, día 5 de mayo de 2017, a su hijo en el punto de encuentro familiar, donde lo había dejado su exmujer, para pasar el fin de semana con él. El domingo día 7, que además era el día de la madre, con la intención de causar el mayor sufrimiento psíquico posible a su expareja, decidió acabar con la vida de su hijo.  Por la tarde, según los hechos probados, se dirigió con el niño en su vehículo a un lugar boscoso y apartado del término municipal de Oza-Cesuras, y en una pista forestal alejada de las casas asestó al niño con una pala de obra varios golpes en la cabeza que le provocaron heridas determinantes de la muerte.

El condenado intentó ocultar el cadáver del niño, arrastrándolo hacia un lugar aún más apartado donde empezó a excavar un hoyo para depositarlo allí, aunque finalmente desistió y lo dejó a la intemperie.  Después se fue a dormir al "Hotel Cristal II", donde previamente había reservado una habitación. Tras su detención el lunes día 8 de mayo, llevó a los agentes de policía hasta una pista forestal muy próxima al lugar donde había dejado el cadáver de su hijo.

No tenía limitada su capacidad de querer y/o conocer en el momento de los hechos

En su recurso, el condenado alegaba que los informes médicos acreditan que es un enfermo mental grave y que en el momento en que ocurrieron los hechos padecía un grave trastorno psíquico que afectó irremediablemente a sus capacidades de comprender y/o querer.

La Sala explica en su sentencia, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela, que el informe de los peritos judiciales y las declaraciones de los dos psiquiatras en el juicio oral pusieron de manifiesto que el acusado padece “un trastorno mixto de la personalidad que condiciona su forma de ser y de vivir, aunque no anula ni su libertad volitiva ni sus facultades cognoscitivas”. Añade que para llegar a esas conclusiones, los peritos examinaron la historia clínica del acusado, con el que además se entrevistaron durante dos horas y media, concluyendo que “es consciente de sus actos y que no está afectada su voluntad”. También dijeron que el propio acusado negó el consumo de alcohol en las horas previas a los hechos y que tampoco apreciaron en él síntomas psicóticos. El tribunal destaca que, de todos los informes médicos, el único que es contrario a estas conclusiones es el elaborado a propuesta de la defensa.

La Sala asegura que en la sentencia recurrida se detallan los motivos que deben llevar a considerar acertado el criterio de “los psiquiatras públicos” acogido por los Jurados que les lleva a la consideración de que “el acusado no tenía limitada su capacidad de querer y/o conocer en el momento de la comisión de los hechos, conclusión que no ha sido desvirtuada por la prueba pericial aportada por la defensa”.

En definitiva –afirma la Sala-, “el tribunal ha estudiado y valorado todos los informes que han sido realizados en relación al acusado, informes que además ha relacionado con otros elementos de prueba obtenidos en el acto del juicio oral en los términos que se razonan, primero en la sentencia de instancia y después en la sentencia de apelación, en condiciones que se ajustan a las reglas de la lógica y que son ajenas al error que se denuncia en el motivo examinado, que en consecuencia debe ser rechazado, careciendo los mencionados documentos de aptitud suficiente para modificar el fallo. El Tribunal no ha cometido error alguno al considerar el texto de los documentos, sino que, junto a las demás pruebas disponibles, ha valorado su significado de forma distinta a como lo hace el recurrente”.

No cabe aplicar atenuante de confesión o de reparación

La Sala rechaza aplicar la atenuante de confesión o de reparación, solicitada por el condenado en su recurso, por entender que la pretendida colaboración del acusado carece de entidad para considerar que se trató de una cooperación verdaderamente eficaz y, menos aún, reparadora de los “perjuicios” que causó con la comisión del delito de asesinato.

Así, señala que con su actuación -llevó a los agentes a la pista forestal próxima al lugar donde dejó el cadáver de su hijo- solo adelantó temporalmente el hallazgo del cadáver.  “Pero con un alto grado de probabilidad el cadáver hubiera sido encontrado de todos modos por los agentes, teniendo en cuenta que, tal y como señalan las acusaciones, el menor se encontraba a la intemperie al haber desistido el acusado de enterrarlo y el vehículo con el que se trasladó al lugar donde mató al menor, había sido captado por el servicio de la Dirección General de Tráfico DGT en dirección A Coruña en el kilómetro 567,65, a las 15:45 horas”. Por ello, “la actividad desplegada por el acusado en el sentido examinado únicamente supone un reconocimiento tardío, parcial e inevitable de los hechos. Además, el acusado no ha reconocido haber dado muerte voluntariamente a su hijo, escudándose en una pretendida inimputabilidad que, como ya hemos visto, carece de base probatoria en las actuaciones”, concluyen los magistrados.

El tribunal indica que “los jurados fueron claros a este respecto, al considerar, por los antecedentes y sucesión de los hechos, que la intención del acusado era la de provocar en su ex cónyuge y madre de su hijo el mayor sufrimiento posible, decidiendo para ello acabar con la vida de su hijo eligiendo, para llevar a efecto tal designio, el día de la madre. Por ello no estimaron relevante el hecho de conducir a los agentes al lugar de la ubicación del cadáver”.

“La atenuación pretendida no parece compatible con preparar meticulosamente el asesinato de su propio hijo con la única finalidad de hacer el mayor daño posible a su excónyuge. Tampoco tal hecho, huérfano de cualquier otra acción reparadora, tiene capacidad suficiente para aminorar el inconmensurable dolor provocado” a su expareja, subraya la Sala.

 

 

El TSXG confirma la condena de 26 años de cárcel al conductor que mató a un joven en el paseo marítimo de A Coruña

Mié, 07/17/2019 - 12:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que condena, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, a 26 años de cárcel como autor de tres delitos de homicidio, dos de ellos intentados, al conductor de 19 años que durante la madrugada del sábado 28 de octubre de 2017 atropelló a propósito a tres jóvenes en el paseo marítimo de A Coruña.

El acusado, según consta en el fallo de la Audiencia, se había peleado con los afectados en un pub del Orzán y, al verlos cruzar la vía por un lugar no habilitado para peatones, invadió el sentido contrario de la marcha y dirigió su coche contra ellos. Como consecuencia del impacto, el joven de 24 años que caminaba adelantado salió despedido hacia las vías del tranvía y falleció unos 45 minutos después, mientras que uno de sus acompañantes sufrió lesiones leves. La tercera persona no fue alcanzada por el vehículo.

El alto tribunal gallego ha desestimado los recursos presentados por la Fiscalía y por el acusado. El Ministerio Público reclamaba que el sospechoso fuese considerado culpable de tres delitos de asesinato, dos de ellos en grado de tentativa, porque sostiene que las víctimas carecieron de posibilidad de defensa debido a lo sorpresivo del ataque. “El jurado no da por probado que los jóvenes nada pudiesen hacer para tratar de protegerse o, lo que es lo mismo, no descarta la posibilidad de defensa o elusión del vehículo que hacia ellos se dirigía”, afirman los magistrados, al tiempo que recalcan que “no es posible sostener la existencia de alevosía”. El TSXG también ha rechazado la nueva valoración de una grabación del paseo marítimo demandada por el fiscal. “De ser admisible, que no lo es, no podría dar lugar a una resolución agravatoria de la sentencia de instancia sino, en su caso, a su anulación y la necesidad de dictar nueva resolución”.

En cuanto al recurso del condenado, los magistrados manifiestan que “no puede sostenerse que el tribunal no haya dispuesto de prueba de cargo válidamente practicada y de vigor persuasivo”. Así, subrayan que de las manifestaciones de los testigos y del propio sospechoso “se desprende ese propósito homicida que es apreciado por el jurado”.

“La intención era acabar con ellos y fue el modo y manera en que se desarrollaron los hechos lo que determinó que el fallecimiento solo fuera de un joven y no de sus dos acompañantes o de los tres. Por ello, no podemos compartir la apreciación que hace la defensa cuando afirma que no tenía intención ni ánimo de matar o lesionar a los otros dos jóvenes, pues las pruebas anteriores permiten afirmar lo contrario”, asegura el TSXG en la sentencia, en la que reitera que “ese ánimo de matar resulta de las manifestaciones que el condenado espontáneamente realizó a los agentes”.

La Audiencia condena a cuatro años de cárcel al autor de un incendio que calcinó 180 hectáreas en Ribeira (A Coruña)

Mar, 07/16/2019 - 08:10

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a cuatro años de cárcel como autor de un delito de incendio a un cazador que había participado en la extinción de varios fuegos como voluntario de Protección Civil cuando en agosto de 2013 provocó un incendio próximo a núcleos urbanos de Ribeira.

El tribunal también le impuso el abono de una indemnización a la Xunta de 85.203 euros por los gastos de extinción y de 79.062 euros a la Consellería de Medio Rural y a los tres propietarios de terreno afectados por los daños originados en la madera. El fuego, cuya extinción duró unas 60 horas, calcinó 180 hectáreas, de las cuales 130 eran de monte arbolado, atravesó la autovía de O Barbanza y se propagó hasta un polígono industrial y las cercanías del hospital. El tribunal destaca que la Dirección Xeral de Montes de la Xunta lo calificó de nivel 1 debido “a su grave riesgo”.

Los magistrados indican en la resolución que el imputado conocía “el monte incendiado, sus caminos y las condiciones medioambientales que provocan la propagación del fuego” y concluyen que fue originado “de forma intencionada, no por una negligencia”. Así, sostienen que el condenado “provocó voluntariamente, al menos, dos focos de fuego prácticamente simultáneos en la proximidad de dos núcleos rurales”.

El tribunal recalca que el incendio “ha repercutido muy negativamente, tanto en los valores recreativos y sociales de la zona como en el deterioro del patrimonio medioambiental y arqueológico”, además de causar “cuantiosas pérdidas económicas”, tal y como figura en un informe de la Xunta.

La Audiencia de A Coruña absuelve a los acusados de malversar fondos de la Fundación Cela

Jue, 07/11/2019 - 18:00

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto del delito de malversación de caudales públicos a la expresidenta de la Fundación Camilo José Cela, a un exconselleiro y expatrono de la entidad y a su hija, que ejercía de subdirectora, así como al exdirector gerente.

Las acusaciones sostuvieron que los sospechosos fingieron el despido del director gerente de la Fundación en 2010, por el que cobró una indemnización de 150.000 euros. “Los indicios no son suficientes para inferir con certeza, más allá de toda duda razonable, que el despido fue una simulación. Esto es, que tal despido no existió, que todo fue consecuencia de un acuerdo o connivencia entre los acusados para dar al director gerente un dinero sin que hubiese razón para ello, puesto que tenía la intención de marcharse voluntariamente de la Fundación”, argumenta el tribunal.

Los jueces inciden en que la interpretación conjunta de los indicios “no permite considerar que la única inferencia posible sea la existencia de un despido simulado”. Así, señalan que esa interpretación “hace plausible una alternativa, un despido real con pago de una indemnización de 150.000 euros con la que estuvieron conformes el Patronato y la Xunta”. La Audiencia recuerda que para absolver a los acusados “no es necesario afirmar que el gerente nunca tuvo intención de irse y fue despedido contra su voluntad”, sino que es suficiente “con que esa alternativa exista y sea plausible, que lo es, al menos tanto como la de las acusaciones”.

“La tesis de la simulación que mantienen las acusaciones es una entre las varias que cabe inferir de los indicios y del resultado de la prueba. Ni siquiera es la más plausible. Por eso no se puede declarar probada la existencia de la simulación, hecho nuclear del que las acusaciones hacían depender la existencia del delito. En consecuencia, los acusados deben ser absueltos del delito por el que fueron acusados”, indican los magistrados en el fallo, en el que también subrayan que los fondos con los que se pagó la indemnización eran “públicos en su origen”, pero privados en el momento en que se entregaron porque se integraron en el patrimonio de la Fundación, por lo que “no podían ser objeto del delito de malversación”.

La Audiencia de Pontevedra condena a seis meses de cárcel a una pareja que ahorcó a un gato en Tomiño

Mar, 07/09/2019 - 12:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con la conformidad alcanzada por todas las partes personadas en el procedimiento, ha condenado a seis meses de cárcel como autores de un delito de maltrato animal a cada uno de los miembros de una pareja que en octubre de 2017 ahorcaron con una cuerda a un gato que deambulaba por su finca, situada en Tomiño (Pontevedra). El tribunal también les impuso dos años de inhabilitación para la tenencia de animales o el ejercicio de cualquier profesión relacionada con ellos.

Los acusados reconocieron que se encontraban en su domicilio cuando divisaron a un gato en su terreno, por lo que decidieron atraparlo y ahorcarlo. Después, introdujeron el cuerpo en una bolsa plástica. El sospechoso, según la sentencia, se dirigió “en repetidas ocasiones” a los agentes de la Guardia Civil que se personaron en el lugar de los hechos “con la clara intención de que omitieran su actuación profesional”. Así, les dijo frases como: “si hacéis desaparecer el gato y me solucionáis el problema, podéis coger lo que queráis”. Los magistrados señalan que, de esta forma, hacía “alusión a un objeto de cierto valor que se hallaban en el interior del domicilio”. El imputado admitió los hechos, por lo que además de por un delito de maltrato animal fue condenado por cohecho a un año y medio de cárcel y al pago de una multa de 1.080 euros.

La Audiencia aceptó la suspensión de la pena de prisión de los dos sospechosos durante dos años condicionada a que durante ese periodo no vuelvan a delinquir.

La Audiencia de Pontevedra condena a tres años de cárcel un funcionario que cobró por tramitar permisos de residencia

Mar, 07/09/2019 - 08:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a tres años de cárcel como autor de un delito continuado de soborno a un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que en 2016 recibió pagos por la tramitación de permisos de residencia. El tribunal también le impuso el pago de una multa de 5.400 euros y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La sentencia señala que el Tribunal del Jurado consideró que el sospechoso, “durante la realización de funciones propias de su trabajo y sin ningún derecho, solicitó y recibió de las mujeres intervinientes en los expedientes dinero para su tramitación”. En concreto, una de las afectadas le entregó 150 euros; y, la otra, 50. La Audiencia, que ha denegado la suspensión de la pena privativa de libertad, también condenó al imputado a devolver a las dos mujeres el dinero que le entregaron.

Un juzgado de Ourense considera apto en la prueba de atletismo a un candidato a Policía Local porque el Ayuntamiento no especificó las centésimas

Mar, 07/02/2019 - 12:30

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ourense ha estimado el recurso interpuesto por un aspirante a Policía Local contra su exclusión en el examen físico en las oposiciones correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 2013. El juez ha anulado la resolución y ha reconocido el derecho del recurrente a ser declarado apto en la prueba de resistencia de 1.000 metros, por lo que ha condenado al Ayuntamiento de Ourense a que le realice las pruebas restantes “en idénticas condiciones en las que se las realizó a los demás aspirantes, con los efectos que esto tenga como, en su caso, su inclusión en la relación de aspirantes que superaron el procedimiento selectivo y, por lo tanto, a ser nombrado funcionario en prácticas”.

El fallo indica que las bases de las oposiciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia establecían que el límite máximo para cumplimentar la prueba de 1.000 metros era de 3 minutos y 30 segundos, “sin referencia alguna a centésimas”. El candidato recorrió la distancia en 3 minutos, 30 segundos y 40 centésimas, por lo que, según concluye el juez, debió ser declarado apto.

La Administración alegó que es misión del Tribunal Calificador el interpretar las bases y, en este caso, consideró que había superado el tiempo máximo permitido en 40 centésimas. El juez, sin embargo, apunta que era facultad de la Administración el haber “establecido una mayor precisión”, pero optó “por limitar el tiempo que se debe comprobar a minutos y segundos, de forma que en el momento en el que el actor cruzó la meta el reloj marcaba 3 minutos y 30 segundos y, por ello, estaba dentro del límite máximo permitido, el cual no había sido rebasado”.

El TSJ de Galicia mantiene la nulidad del voto que le da la victoria a Independientes por Monterroso en las municipales

Mié, 06/26/2019 - 15:10

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha desestimado el recurso contencioso electoral interpuesto por el PSOE de Monterroso en el que reclamaba que una papeleta de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo declarada nula fuese validada a su favor. Por tanto, el alto tribunal gallego ha declarado la validez de la elección y de la proclamación de electos realizada. Al mantener la nulidad, el resultado de las elecciones da la victoria por un voto a la candidatura de Independientes por Monterroso, mientras que si se hubiese declarado la validez del voto sería de empate con el PSOE.

El TSXG indica que “no resulta procedente el cómputo como válido del voto que fue declarado nulo” porque entre la documentación electoral “no figura ni siquiera la papeleta a la que se refiere el recurrente, y solo se podría considerar existente por lo que han manifestado en la declaración jurada como testigos los miembros de la mesa electoral, lo que entrañaría sustituir la relevancia de la documentación del expediente por la prueba testifical practicada”. Los magistrados, además, subrayan que el testimonio de los componentes de la mesa “no coincide con lo que se desprende de los documentos que figuran en el expediente electoral”.

Así, aseguran que hicieron constar en el acta de la mesa que se introdujo en la urna un voto en sobre azul que contenía la papeleta de la candidatura del PSdeG-PSOE. Sin embargo, los jueces resaltan que “nada de ello figura en el acta de la sesión de la mesa correspondiente”. Los miembros de la mesa también manifiestan que el voto considerado nulo fue incorporado al sobre remitido a la Junta Electoral de Zona, pero la papeleta “no figura entre la documentación que la junta recibió”.

Los magistrados recalcan que, aunque se diese “por bueno y veraz todo lo dicho por los miembros de la mesa electoral”, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es “tajante” a la hora de imponer la invalidez del voto introducido en un sobre diferente al oficial. “Ha de introducirse la papeleta de las elecciones locales en el sobre de las propias elecciones municipales para depositarlo en la urna de dichos comicios, de modo que no es válido el voto si la papeleta se incluye en sobre oficial correspondiente a otro proceso electoral, en este caso de las europeas, aunque se celebre el mismo día”, subraya el TSXG.

Los magistrados explican en la sentencia que cada proceso electoral es autónomo y destacan que, si se diese validez a la papeleta introducida en un sobre de un proceso electoral distinto, se estaría “propiciando la conculcación de la exigencia del secreto del voto porque llamaría la atención que en la urna en la que todos los sobres son de un determinado color existiese uno de color distinto, resultando perfectamente identificable el votante a quien en la mesa se le permitió tal anomalía”.

La Audiencia de Ourense absuelve a los sospechosos de defraudar fondos europeos destinados a proyectos en Arnoia

Mar, 06/25/2019 - 08:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a los once acusados de defraudar subvenciones de la Unión Europea destinadas a la construcción de una planta de biomasa y la puesta en marcha de cinco talleres de artesanos en el municipio de Arnoia. Entre los sospechosos figuraba el exalcalde del municipio, quien también fue absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, al igual que el exsecretario del Concello de Arnoia y el gerente del Centro de Iniciativas para el desarrollo del Val do Miño (Ceivam), creado para la captación de fondos comunitarios. 

El tribunal destaca que carece de pruebas de que los investigados tuviesen conocimiento “de la disfunción existente entre la realidad que acreditaban los documentos presentados y las obras realmente ejecutadas”. 

“Ninguna de las pruebas practicadas en instrucción, tampoco las verificadas en el plenario, han evidenciado que los miembros de órgano de gestión de Ceivam se hayan apropiado de cantidad alguna derivada de la subvención”, subrayan los jueces. ​

 

La Audiencia de Lugo condena a tres años y medio al expárroco que se apropió de decenas de objetos religiosos

Vie, 06/21/2019 - 08:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al que fue párroco entre 2008 y 2012 de lugares situados en los términos municipales de Ribadeo y Trabada a tres años y medio de cárcel como autor de un delito continuado de apropiación indebida. El tribunal también sentenció a un año y tres meses de cárcel, como autor de un delito de receptación, al hombre que permutó algunos de los objetos que le entregó el religioso. El expárroco deberá indemnizar al Obispado de Mondoñedo-Ferrol por los efectos no recuperados en la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia.

Los jueces relatan en la resolución que el sospechoso se apoderó e incorporó a su patrimonio “decenas de objetos religiosos y de culto e imágenes religiosas, así como muebles y otros objetos pertenecientes a las parroquias”. Algunos estaban recogidos en el inventario artístico de Lugo y su provincia y otros figuraban en la lista de bienes de la Iglesia católica y el Ministerio de Cultura.

Los magistrados consideran acreditado en el fallo que el expárroco, que era el encargado de custodiar los bienes pertenecientes a la Iglesia, se apropió de parte de ellos y, otros, se los dio al otro acusado, “además de arrogarse la potestad -de la que no disponía- de decidir qué bienes tenían valor y cuáles no”. El tribunal también asegura que el hombre condenado por receptación tenía “conocimiento de la ilícita procedencia de los bienes y objetos que le eran entregados”.

El TSJ de Galicia obliga al Sergas a indemnizar a una paciente a la que le quedó una mano inútil tras una operación en A Coruña

Vie, 06/14/2019 - 11:00

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de primera instancia que condena al Sergas a indemnizar con 90.000 euros a una paciente del servicio de cirugía plástica del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) a la que le quedó la mano derecha en garra, inutilizada e irreversible, después de someterse a una cirugía de destechamiento del túnel carpiano y a nueve intervenciones quirúrgicas posteriores. La herida comenzó a supurar a los pocos días de la primera operación, realizada en febrero de 2013.

“No puede calificarse sino de resultado inusualmente grave y desproporcionado el producido tras la intervención, en cuyo supuesto la jurisprudencia hace responder a la Administración porque se trata de un efecto dañoso que normalmente no se produce más que cuando media una conducta negligente, salvo que se acredite que la causa ha estado fuera de la esfera de actuación de los servicios sanitarios o se debe a una causa de fuerza mayor, lo cual no han logrado las demandadas”, indican los magistrados en la sentencia.

El TSXG señala que, si el resultado dañoso es “anormal o inusualmente grave en relación con los riesgos que comporta la intervención”, como sucede en este caso, “se presume que la Administración sanitaria no se ha acomodado a los estándares de actuación exigibles o no ha puesto a disposición del paciente los medios y conocimientos de la ciencia y de la técnica”. La doctrina del daño desproporcionado, según destacan los magistrados, no se aplica cuando el resultado se presenta como una opción posible, cuando constituye un riesgo propio de la intervención en un porcentaje considerable y cuando existe actividad probatoria que llega a convencer al órgano judicial respecto a cómo se ha producido ese resultado.

“En el caso presente resulta incuestionable que se ha producido un resultado desproporcionado en el tratamiento de una cirugía tan simple -en palabras del cirujano plástico-, pues ha quedado inutilizada la mano derecha de la paciente para cualquier tipo de actividad, aparte del perjuicio estético, moral, laboral, familiar y de ocio que le ocasiona, además de una patología psiquiátrica asociada”, subraya el tribunal.

El TSXG indica que la Administración “no ha sido capaz de ofrecer una explicación científica razonable” sobre las causas, si bien asegura que “la más probable” fue una infección de la herida. Sobre el consentimiento informado firmado por la paciente al que hace referencia el Sergas, el tribunal recuerda que determina que asume los “riesgos habituales” de la asistencia médica. “Sin embargo, una apreciación racional de las cosas no permite erigir el consentimiento prestado en excusa incondicionada ante cualquier evento adverso”, advierten los jueces.

Un juzgado de Pontevedra rechaza la petición de Audasa de que el caso sobre el presunto cobro abusivo de peajes sea competencia del orden contencioso-administrativo

Lun, 06/10/2019 - 15:00

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha desestimado la declinatoria de jurisdicción presentada por Audasa, quien defiende que corresponde al orden contencioso-administrativo, no al civil, el caso abierto a raíz de la demanda colectiva presentada por la Fiscalía por las presuntas prácticas abusivas en el cobro del peaje de Rande durante las obras de ampliación del puente. El juez confirma, por tanto, que el conocimiento del litigio planteado corresponde a la jurisdicción civil y que es competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra. “Podemos hacer ver a Audasa lo poco acertado de su postura simplemente poniendo de manifiesto el hecho de que no ha sido capaz de mencionar en una extensa declinatoria de 40 páginas ni una sola sentencia o auto de un solo juzgado o tribunal que hubiese puesto en duda la competencia del orden civil para conocer de este tipo de demandas”, destaca el juez.

Además, indica que la Fiscalía “no discute la regularidad de las tarifas o peajes, sino la oportunidad de cobrárselos a los conductores cuando, supuestamente, Audasa no está cumpliendo las obligaciones legales que le competen en cuanto concesionaria de la gestión de una autopista”. El Juzgado recalca que la actividad como concesionaria de una autopista en relación con los conductores que pagan sus peajes queda “muy alejada de lo que se puede considerar como ejercicio de potestades administrativas”.

“La propia norma a la que apela Audasa reconoce que su actividad de explotación de la autopista es de carácter comercial. Ello implica, necesariamente, que las relaciones que establece con los usuarios de esa autopista son de carácter estrictamente privado, por lo que las incidencias habidas en esa relación se ciñen a la esfera civil y, por tanto, han de ser discutidas ante los órganos de la jurisdicción civil, no ante los de la jurisdicción contencioso-administrativa”, argumenta el magistrado. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.

El TSJ de Galicia declara revocada la condición de heredero en un testamento por estar separados los cónyuges

Mié, 05/29/2019 - 13:18

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha emitido una sentencia en la que declara que los testamentos a favor de los cónyuges son ineficaces cuando en el momento de fallecer estén separados o divorciados, legalmente o de hecho. En el fallo, cuyo ponente es el magistrado Pablo A. Sande García, se explica que en el caso concreto sobre el que se pronuncia, el fallecido nombró heredera en 2010 a su entonces esposa, de quien posteriormente se separó.

En el testamento, según el TSXG, el marido “reveló la razón por la que la nombraba como su heredera, sin que nada haga concluir que, de no ser su esposa, la hubiera instituido heredera universal”. Así, los magistrados destacan que, una vez que los cónyuges se separaron de hecho, en 2012, esa disposición testamentaria “quedó privada de causa o motivo”. En el momento de la apertura de la sucesión del testador, cuando falleció, en 2015, “persistía la separación, sin que haya sido acreditada reconciliación alguna entre ambos”, indican.

El TSXG precisa en la sentencia, interpretando el artículo 208 de la Ley de Derecho Civil de Galicia que, salvo que se especifique en el testamento que aún en los supuestos de ruptura o crisis matrimonial el cónyuge es el heredero, esta disposición quedará sin efecto en esos casos. La Sala subraya que la ineficacia “no exige ni requiere declaración alguna de voluntad del testador que la complete o ratifique al tiempo de su fallecimiento” y concluye que el legislador gallego parte del entendimiento de que las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge se efectúan “en su condición de tal y en tanto en cuanto lo sea”, de manera que quedarán sin efecto si al fallecer los cónyuges se encontraran, entre otros supuestos, divorciados o separados, legalmente o de hecho.

El TSXG reconoce como trabajado el periodo en el que una interina de listas fue llamada durante el tiempo de descanso por maternidad

Mar, 05/14/2019 - 14:00

La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha decretado que el Sergas reconozca como tiempo trabajado a efectos administrativos el periodo de tiempo durante el cual fue llamada para trabajar una mujer de baja por maternidad que estaba incluida en las listas temporales de la categoría de ATS/DUE. El alto tribunal gallego ha revocado la sentencia dictada en noviembre de 2018 por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña y ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución dictada por la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña en diciembre de 2017 relacionada con la suspensión de llamamientos durante su baja por maternidad.

“La situación de maternidad no puede asimilarse a la falta de capacidad funcional necesaria para desempeñar las funciones propias de un puesto de trabajo, sino que ha de serlo a un período de descanso que se disfruta por tal situación”, indica el TSXG en la resolución, en la que subraya que “la discriminación existe”, pues destaca que “eliminada la situación de maternidad los servicios se hubiesen prestado y, por tanto, deben de reconocerse como tales aunque no se puedan prestar por encontrarse la trabajadora en una situación que está protegida por la ley”.

La sala indica en el fallo que el reconocimiento debe quedar limitado al periodo de tiempo para el que la trabajadora es llamada de las listas, es decir, “el comprendido desde la fecha de llamamiento, el día 27 de enero de 2017, hasta el día 3 de abril de 2017, en que se formalizó el contrato después de la baja de maternidad”. El periodo anterior, desde el 26 de diciembre de 2016, día siguiente a la finalización del contrato, hasta el 27 de enero de 2017, fecha en la que se produjo el llamamiento, “no se puede reconocer a los efectos pretendidos, pues implicaría privilegiar a la apelante en relación con los demás integrantes de las listas de vinculaciones temporales”.

La Audiencia de Lugo condena a cuatro años de cárcel a un hombre que estafó a una mujer a la que conoció por internet

Lun, 05/13/2019 - 09:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a cuatro años de cárcel como autor de un delito continuado de estafa con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas a un hombre que consiguió que una mujer a la que conoció a través de una página de contactos de internet le entregase 127.000 euros. El tribunal considera acreditado que el sospechoso entabló con la víctima “una relación de amistad y confianza” de la que se aprovechó “a sabiendas de la difícil situación anímica que atravesaba la afectada, pues en fechas recientes había perdido a su madre en un accidente y a su pareja sentimental por una grave enfermedad”.

El condenado, según la sentencia, se hizo pasar por ingeniero de telecomunicaciones y exhibió “un pretendido conocimiento respecto a subastas y operaciones bursátiles”. Así, convenció a la afectada para que invirtiese la indemnización que iba a recibir por la muerte de su madre en la adquisición de viviendas que saldrían en subastas judiciales. El tribunal considera probado que la “persuadió” para que le entregase diversas cantidades de dinero que supuestamente iba a invertir en comprar viviendas.

“El acusado no llevó a cabo ninguna gestión para la adquisición de ningún inmueble ni concurrió a ninguna subasta, apropiándose de las cantidades entregadas”, subrayan los magistrados, quienes destacan que al día siguiente de la última entrega de dinero, simuló padecer una grave enfermedad de la que debía operarse en Estados Unidos.

“La sala estima que existe un engaño urdido por el acusado para ganarse la confianza de la víctima y poder disponer de las cantidades de dinero, que, al ver la facilidad en la obtención de las mismas, fue incrementando hasta observar las dificultades económicas que ya evidenciaba en la última entrega, lo que lo llevó a fingir una enfermedad cuasi terminal que relató con todo género de detalles, incluso fotográficos por wasap, lo que evidencia una vez más la falta de escrúpulos a la hora de atormentar a su víctima a fin de evitar reclamaciones”, indican los jueces en la sentencia.

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