Tribunal Superior de Justicia de Galicia

El TSXG rechaza rebajar la pena al extesorero de Lousame condenado por malversación

Jue, 10/10/2019 - 08:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el extesorero del Ayuntamiento de Lousame (A Coruña) condenado por la Audiencia Provincial a dos años y nueve meses de prisión y a la inhabilitación absoluta durante ocho años por cometer un delito de malversación de caudales públicos. Además, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, la Audiencia le impuso el abono de una indemnización de 154.565 euros.

Los otros dos acusados, la mujer del que fuera tesorero y el que era administrador de una empresa a la que el sentenciado desvió fondos, fueron absueltos de los delitos de malversación de caudales públicos que les imputaban. La sentencia de primera instancia considera acreditado que el condenado, entre los años 2010 y 2012, aprovechó el acceso que tenía a las cuentas bancarias de la Administración local para desviar dinero “en numerosas ocasiones y utilizando diferentes técnicas”. De esta forma, consiguió apoderarse de 290.564 euros.

La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado apreció la concurrencia de las circunstancias atenuantes de disminución de los efectos del delito y analógica de confesión. Los jurados, sin embargo, descartaron que el acusado colaborase activamente para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el esclarecimiento completo de los hechos delictivos y que el tiempo transcurrido durante la tramitación del procedimiento se considerase una dilación indebida. El imputado solicitó en su recurso ante el TSXG que tuviese en cuenta estas dos últimas circunstancias atenuantes de la condena –confesión y dilaciones indebidas-, pero el Superior ha rechazado sus alegaciones.

Así, los magistrados destacan en el fallo que “no identificó las cuentas a las que había transferido el dinero que desvió del Ayuntamiento, no precisó cada una de las operaciones fraudulentas y no cuantificó la cantidad real distraída”. Todo ello, tal y como refleja la sentencia de la Audiencia, “determinó la necesidad de una compleja indagación por parte del personal del Ayuntamiento de Lousame, de una auditoría externa y de una dilatada instrucción en la que hubo de recabar de cada una de las empresas proveedoras del Ayuntamiento su situación en relación con los créditos”.

“Tal y como declaró el Jurado, no hubo una efectiva colaboración del acusado, lo que descarta de todo punto la aplicación del tipo atenuado del delito de malversación”, subraya el alto tribunal gallego. Además, el TSXG rechaza tener en cuenta la atenuante cualificada de confesión porque “el acusado se limitó a reconocer haber distraído dinero de las arcas municipales cuando ya no existía posibilidad de ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento, una vez que el Concello tenía constancia de la malversación, pero sin que en ningún momento el reconocimiento del acusado hubiera alcanzado los niveles necesarios para apreciar por sí solo y por sí mismo esa atenuante”.

El TSXG condena al Estado como responsable civil del pago de una indemnización de 11.650 euros a un recluso agredido en Teixeiro

Mar, 10/08/2019 - 11:30

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha estimado en parte el recurso interpuesto por un interno del centro penitenciario de Teixeiro que fue agredido por otro recluso en 2016, por lo que ha condenado al Estado, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, como responsable civil subsidiario del abono de la indemnización de 11.640 euros que fijó en su sentencia la Audiencia Provincial de A Coruña. En el fallo de primera instancia el sospechoso fue castigado con tres años de prisión por propinar un “fortísimo puñetazo” en la cara a su compañero cuando le exigió “de malos modos” que le dejase sitio en un banco. La víctima sufrió como consecuencia del golpe una fractura en la mandíbula y la pérdida de varias piezas dentales, por lo que el procesado fue condenado a indemnizarla con 11.640 euros. La Audiencia absolvió a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de responder subsidiariamente de esa suma.

El TSXG, sin embargo, considera que el acusado, en el momento de la comisión de los hechos, presentaba “un trastorno explosivo intermitente de la personalidad y un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento”, una circunstancia que sostiene que “debió ser debidamente detectada por los servicios penitenciarios correspondientes”, pues “entraña inequívocamente una situación de riesgo”.

“La Administración sí quebrantó los especiales deberes impuestos por la normativa, pues la debida observación del interno, la constatación de su especial condición psíquica y, en definitiva, el riesgo que la anterior crea, debieron ser oportunamente ponderadas para, o bien determinar un mayor aislamiento o bien establecer unas medidas de seguridad de tal relevancia que conjuraran el peligro que el interno presentaba”, destaca el alto tribunal gallego. Los jueces concluyen que la agresión se produjo “por la omisión de las medidas adecuadas que la observación y calificación del agresor merecía”, por lo que “puede hablarse de infracción reglamentaria”.

El TSXG ha rechazado el segundo motivo del recurso presentado por la acusación particular, que demandaba una mayor indemnización, porque asegura que la sentencia apelada “valora adecuadamente las lesiones y secuelas que afectan a la víctima de los hechos enjuiciados”.

La Audiencia de A Coruña condena a doce años de cárcel a un hombre que intentó matar a su expareja en Santiago

Mar, 10/08/2019 - 08:00

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a doce años de cárcel a un hombre que acuchilló a su pareja en julio de 2017 en el interior de un coche estacionado en Santiago de Compostela, cerca de la catedral, porque se negó a retomar la relación con él. Los jueces consideran acreditado que la intención del sospechoso era “acabar con su vida” cuando le clavó una navaja “varias veces con fuerza”, sin que la víctima ni su cuñada, que estaba dentro del turismo, pudiesen detener los golpes. Finalmente, un agente de la Policía Nacional de paisano consiguió sacarlo fuera del vehículo. El condenado y su expareja se encontraron en Santiago de Compostela porque habían acudido a la ciudad, cada uno por su cuenta, para vender productos en puestos callejeros.

El tribunal lo ha considerado culpable de un delito de homicidio en grado de tentativa con las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género, así como de un delito de maltrato habitual sobre la mujer y de otro continuado de amenazas leves de género. Además, le ha impuesto ocho años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 20 años. El condenado también deberá indemnizar a la afectada con 120.000 euros por las lesiones, incapacidad, secuelas y daño moral que le causó.

Los magistrados relatan en la sentencia que el imputado y la víctima mantuvieron una relación sentimental entre 2015 y 2017. “Pocos meses después de iniciada la vida en común, el acusado desarrolló una conducta intimidatoria consolidada tendente a someter a la mujer y dominarla”, indica el tribunal en el fallo, en el que destaca que le decía que prefería matarla “que verla con otro” y que le exigía que le entregase el dinero que obtenía por mendigar o de la venta ambulante de globos en ferias. Ese trato “violento”, según la Audiencia, “podía llegar a alcanzar lo físico”. La víctima rompió la relación “en junio o primeros de julio de 2017” debido a ese clima de “insultos, menosprecio y humillaciones” y, unos días después, el procesado intentó matarla cuando se encontró con ella en Santiago.

El Juzgado que investiga el accidente de O Marisquiño cita como investigados a técnicos del Puerto y del Concello

Vie, 10/04/2019 - 14:25

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, encargado de investigar el derrumbe del muelle de As Avenidas en agosto de 2018, durante la celebración de un concierto de O Marisquiño, ha concluido de forma indiciaria, tras examinar los informes periciales y la documentación de la causa, que “a día de hoy no consta que ni el Puerto, como titular de dicho paseo sobre el mar, ni el Ayuntamiento, como firmante del acta de entrega de las obras y del convenio en el que se hace cargo del mantenimiento, hayan realizado ninguna actuación ni inspección para el mantenimiento y conservación de dichas obras ni se hayan requerido uno al otro para ello, a pesar de los muchos años transcurridos desde su construcción inicial y su remodelación con el proyecto Abrir Vigo al Mar”.

La jueza recuerda que la estructura se construyó hace más de 30 años y, desde entonces, según las diligencias practicadas, “no se ha llevado a cabo por ninguna de las entidades titulares, cesionarias o usuarias de dicha construcción sobre el borde marítimo actividad alguna de conservación o mantenimiento, a pesar de que los paneles prefabricados se encontraban a poca altura sobre el nivel del mar y en la zona de salpicaduras, que es donde el ambiente marítimo ha causado mayores daños sobre los paneles de hormigón y acero”. Todo ello, según consta en el auto, “provocó la rotura de la estructura por colapso como consecuencia del avanzado estado de corrosión del armazón de acero de los paneles prefabricados que la sostenían durante la celebración del evento”.

El Juzgado de Instrucción número 3 destaca que tanto el Puerto como el Ayuntamiento, a pesar de la falta de mantenimiento, concedieron autorizaciones para el evento. La jueza señala que, por ello, se “deduce indiciariamente” la posible comisión de un delito de lesiones por imprudencia, por lo que considera procedente solicitar al Real Club Náutico, al Puerto y al Ayuntamiento que aporten diversa documentación.

Además, en el auto emplaza a la Autoridad Portuaria como responsable civil, “dada la cesión de uso sobre el terreno de su titularidad realizada sin tener constancia de la existencia de revisiones o inspecciones llevadas a cabo por cualquier cesionario desde que se construyó la estructura colapsada” y cita a la directora del Puerto, B.C.F., en calidad de responsable civil para que aclare las circunstancias de la firma del contrato de cesión de uso de dicho terreno a la empresa que celebraba O Marisquiño.

El Juzgado también pide al Puerto que informe sobre la identidad del director técnico o del técnico encargado del control y supervisión del estado de las infraestructuras de su titularidad en agosto de 2018 a los efectos de, una vez identificado, tomarle declaración como investigado. Además, cita en calidad de investigado al ingeniero jefe de Vías y Obras del Ayuntamiento (J.C.C.), así como al jefe de Urbanización e Infraestructuras (J.A.G.), quienes deberán aportar justificaciones documentales en caso de haber realizado obras de mantenimiento y conservación antes del desplome.

El TSXG anula la sentencia absolutoria de la funcionaria del Sergas que accedió al historial de su hija y ordena repetir el juicio

Vie, 10/04/2019 - 08:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado la repetición del juicio a la trabajadora del Sergas acusada de acceder al historial clínico electrónico de su hija sin su consentimiento.

La mujer realizó, entre junio de 2012 y abril de 2014, 68 entradas, pero fue absuelta por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, porque no se acreditó que careciera de consentimiento. “Entendemos que este proceder de la Audiencia vulnera flagrantemente las reglas de la distribución de la carga de la prueba y los parámetros de su valoración, entre los que se encuentran el de racionalidad probatoria y el de acatamiento de las máximas de experiencia”, subrayan los jueces.

Así, indican que si bien “el alcance exculpatorio de las alegaciones, excusas o coartadas afirmadas por la acusada pertenece al ámbito de la valoración de la prueba que compete en exclusiva al tribunal que la presencia”, en este caso la “necesaria explicación razonada brilla por su ausencia, seguramente porque no se produjo tal versión exculpatoria o porque la que fue tenida por tal (la acusada se limitó a afirmar que los accesos fueron consentidos por la víctima) se agota en sí misma”.

El Superior ha estimado, de esta forma, el recurso de apelación presentado por la denunciante, en el que asegura que “aporta razones convincentes de los vicios en los que incurre la sentencia apelada”, determinantes de su nulidad “por error en la valoración de la prueba y, en particular, por el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, con vulneración de las reglas de distribución de la carga probatoria, y por la omisión de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas”.

Los jueces advierten de que la Audiencia “no se percata de que la propia presunción de inocencia de la acusada en absoluto obliga a dar por sentada la veracidad de sus afirmaciones, pues la carga de la prueba de los hechos exculpatorios naturalmente que recae sobre la defensa”.

El TSXG, además, asegura que el tribunal de primera instancia “orilló por completo al menos una corroboración periférica significativa de carácter objetivo de la declaración de la víctima” como es “la constatable falta de correspondencia entre el considerable número de accesos realizados por la acusada a la historia clínica electrónica de su hija y las puntuales asistencias médicas que esta requirió del Sergas”.

El juzgado archiva la investigación sobre un parto en casa porque el bebé falleció antes de nacer

Jue, 10/03/2019 - 08:00

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de la actuaciones en las que se investigó el fallecimiento de un bebé durante un parto en casa el 10 de diciembre de 2018. “Los resultados de las pruebas indican que la muerte se produce de forma previa a la expulsión del feto”, subraya en el auto el magistrado, quien explica que, por lo tanto, “los hechos solo podrían integrar un delito de aborto imprudente”, sin responsabilidad penal de la embarazada.

El juez destaca en la resolución el “conocimiento” que tenía la mujer de que se trataba de un parto podálico. “Los riesgos consecuentes de ello hubieran requerido la asistencia hospitalaria, por lo que la decisión de la embarazada, en este caso, ha de considerarse moralmente reprobable, por más que el Código Penal considere que su acción no merece reproche penal alguno”, manifiesta el instructor.

El magistrado asegura que “resulta llamativo” que la embarazada haya asumido “con pasmosa naturalidad” que asistió con regularidad a las revisiones en el servicio de ginecología del Hospital Álvaro Cunqueiro hasta la semana 36, cuando dejó de acudir a los controles. La mujer, según el auto, testificó que en el complejo hospitalario le informaron de que el feto ofrecía una presentación podálica, por lo que deberían practicarle una cesárea. Fue entonces, según su relato, cuando buscó información en internet y preguntó a la matrona y a varias doulas “cómo podía tener un parto de nalgas” porque estaba “en contra” de que le hiciesen una cesárea.

El juez también señala que las diligencias practicadas han tratado de determinar si durante el embarazo y en el momento del parto fue asistida por una doula por si a esta persona se le pudiera imputar algún tipo de responsabilidad por imprudencia profesional. La causa, sin embargo, ha sido sobreseída porque la madre negó la presencia de ninguna doula en el momento del parto y “no existe otra prueba adicional que pudiera acreditar tal circunstancia”.

Un juzgado condena al ayuntamiento de A Coruña a pagar a la Autoridad Portuaria 1,6 millones por la urbanización de O Parrote

Mié, 09/18/2019 - 08:00

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 ha condenado al ayuntamiento de A Coruña a pagar a la Autoridad Portuaria de A Coruña 1.605.244 euros correspondientes a la urbanización de O Parrote. La magistrada estima, de esta forma, el recurso interpuesto por el Puerto contra la resolución de la administración municipal de julio de 2017 en la que le denegaba el pago. La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación, explica que la entidad portuaria y el ayuntamiento acordaron en 2012 modificar y ampliar el modelo de urbanización de la superficie de O Parrote pactado anteriormente en el convenio de ejecución de las obras del vial subterráneo y del aparcamiento de la zona.

El cambio fue debido a que en el primer convenio los trabajos de la superficie que debía de afrontar Copasa, la concesionaria de las obras del túnel y del parking, consistían únicamente en la reposición de los pavimentos existentes antes de iniciar los trabajos. La juez recalca que la administración local, al modificar el convenio original, se comprometió “a abonar los gastos de los trabajos, dentro del importe que se había pactado, 16.500.000 euros, siempre que existiese conformidad de la Comisión de Seguimiento de las Obras”.

“El ayuntamiento, en la adenda segunda añadida al convenio, aprobó la redefinición de la superficie y la variación de las obras a ejecutar para que formaran una unidad de superficie con la Marina, Puerta Real y el acceso a los muelles de trasatlánticos, asumiendo el gasto que ello conllevaba. De lo contrario, habría un enriquecimiento injusto del ayuntamiento, que exige una variación en lo pactado en un primer momento, pero no quiere asumir el incremento del gasto que ello supone y a cuyo gasto se había comprometido”, destaca la magistrada en la sentencia.

La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 también subraya que la ejecución y la medición de la obra fue comprobada por la Comisión de Seguimiento del Convenio a través de una inspección realizada por una asistencia técnica externa. “En cuanto a la afirmación del ayuntamiento relativa a que se desconoce si los gastos reclamados pertenecen únicamente al reformado de la urbanización de la superficie o puede contener gastos del vial o del aparcamiento, en el expediente constan los presupuestos de los tres elementos con el proyecto aprobado, el final y la diferencia, y dichos presupuestos no han sido desvirtuados por el ayuntamiento”, señala la juez, quien advierte a la administración local de que “no cabe mantener que no existe justificación de las obras ejecutadas por la concesionaria”.

El juzgado admite la adhesión de la Xunta y del Ayuntamiento de Sada a la demanda para recuperar el pazo de Meirás

Mié, 09/11/2019 - 15:20

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado en un auto emitido hoy aceptar las solicitudes del Ayuntamiento de Sada y de la Xunta de Galicia para intervenir en el proceso iniciado por el Estado el pasado mes de julio para reclamarle a la familia Franco la propiedad del pazo de Meirás. Las administraciones se adhieren de esta forma al procedimiento judicial, pero no tienen carácter autónomo, pues su legitimación para intervenir está subordinada a la parte demandante, es decir, al Estado. Tanto el Ayuntamiento como la Xunta, por tanto, intervendrán en el proceso en calidad de parte coadyuvante adhesiva simple del demandante.

La magistrada considera en el auto que las dos administraciones tienen un interés directo y legítimo en la causa y estima los argumentos que presentaron en sus solicitudes. A la hora de acordar su intervención en el proceso ha tenido en cuenta el papel relevante del Ayuntamiento de Sada en las acciones tendentes a recuperar el pazo, así como que, según el Concello, no solo se pretende la recuperación del patrimonio, sino darle un uso público. En cuanto a la Xunta, la resolución señala que el Parlamento de Galicia fue quien inició las acciones para recuperar el bien, que ha sido declarado en 2008 por la comunidad autónoma bien de interés cultural, con la categoría de sitio histórico. Además, indica que el Gobierno autonómico ostenta las competencias respecto a la protección del patrimonio.

La Audiencia Provincial de A Coruña prohíbe la divulgación del vídeo de la reconstrucción de la muerte de Diana Quer

Mar, 09/10/2019 - 16:00

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido hoy un auto en el que acuerda prohibir la divulgación por los medios de comunicación, en su totalidad o en fragmentos, del vídeo de la grabación de la reconstrucción de hechos practicada durante la investigación de la muerte de Diana Quer. La Audiencia subraya que “la restricción de la publicidad” de esta diligencia está justificada para preservar la imparcialidad de los candidatos a jurado. El magistrado presidente ha tomado esta decisión tras la solicitud de la acusación particular, a la que se han adherido la defensa y el Ministerio Fiscal, de suspensión de la emisión del vídeo.

“La eventual exposición prematura de los candidatos a contenidos que no deberían conocer hasta el acto del juicio supone un riesgo para su imparcialidad y carencia de prejuicios”, destaca el presidente del Tribunal del Jurado, quien incide en que “el peligro que deriva de este contacto anticipado con un elemento del material probatorio se agudiza al brindarse el conocimiento de la prueba fuera del ámbito garantista del plenario”. Así, hace referencia a la “eventual, y no improbable, difusión segmentada y no íntegra de la prueba y su eventual y no improbable presentación en un entorno de comentarios, explicaciones o valoraciones, expresas o implícitas, que pueden afectar negativamente a las condiciones para el debido desarrollo de la función atribuida legalmente a los jurados”.

Al estimar el argumento expuesto, el magistrado entiende que ya resulta innecesario aclarar qué partes del vídeo afectan a la dignidad o intimidad de las víctimas. Se refiere, en concreto, a la recreación del suceso con un maniquí, “que hace que las imágenes resulten en determinados momentos de cierta crudeza y penosidad”, lo que, en opinión del juez, ya justificaría “una restricción de su publicidad masiva e indiscriminada”.

Un juzgado confirma la multa de 60.177 euros a un club de alterne por dar empleo a extranjeras sin permiso de residencia

Vie, 09/06/2019 - 12:30

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha confirmado la sanción de 60.177 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra a una empresa por emplear a seis extranjeras carentes de autorización de residencia y trabajo en un club de alterne situado en las inmediaciones del aeropuerto de Peinador, en Vigo. El magistrado indica en la sentencia que tres subinspectoras de trabajo “pusieron en evidencia” que las seis mujeres extranjeras en situación irregular detectadas “en la fase de alterne”, es decir, de seducción e incitación al consumo de bebidas, trabajaban con días y horarios fijos desde hacía, como mínimo, entre una semana y un mes.

La empresa, según consta en el fallo, registraba sus identidades y horarios de trabajo, controlaba sus vestimentas y fijaba el precio y las condiciones de sus servicios. Además, les facilitaba el alojamiento o les proporcionaba un lugar en el que cambiarse. El juez destaca que en el registro de habitaciones “solo figuraban mujeres”.

“Con toda evidencia trabajaban para la empresa. Sin su presencia, junto con la de las otras 18 mujeres identificadas, el local no podría funcionar, pues constituyen el único reclamo de su clientela. Sin ellas la actora no obtendría su beneficio. Son la esencia del negocio”, subraya el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra. El juez insiste en que, desde la perspectiva del Derecho Administrativo de Extranjería, “no cabe duda de que estas mujeres han sido contratadas verbalmente por la empresa sin haber obtenido con carácter previo las preceptivas autorizaciones de residencia y trabajo”. Esta situación, según la sentencia, era “perfectamente conocida por la empresa, porque las tenía identificadas y registradas, habiéndolas aceptado para trabajar en su local con pleno conocimiento de su nacionalidad”.

El magistrado recuerda que el 30 de diciembre de 2013 se le impuso a la misma sociedad una sanción de 100.271 euros por el empleo de diez extranjeras sin permiso de residencia y trabajo. “Ese precedente pone de manifiesto su mala fe, persistiendo en su práctica ilegal con pleno conocimiento de causa. En este contexto no deja de sorprender que la Administración en este nuevo expediente haya baremado la sanción en su grado mínimo, cuando la norma le habilitaba para la imposición de sanciones de hasta 100.000 euros por extranjera, más la clausura del local por entre seis meses y cinco años”, indica el juez, quien explica en la sentencia que la autoridad laboral y la Seguridad Social han decidido “deslindar la actividad de alterne (incitación al consumo de bebidas) de la de prostitución (relación sexual remunerada) desarrolladas en estos locales, exigiendo el alta y cotización de las mujeres por la primera fase de alterne para que tengan una mínima protección”.

El TSXG condena al Sergas a pagar 40.000 euros por no informar a una mujer del riesgo de transmitir una enfermedad a sus hijos

Jue, 09/05/2019 - 14:45

La sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha condenado al Sergas a indemnizar con 40.000 euros a un matrimonio por los daños y perjuicios causados al no haber sido informado del riesgo de transmitir a sus hijos una enfermedad genética hereditaria conocida como displasia ectodérmica hipohidrótica (DEH) que padece la mujer y, por tanto, haberles privado de la oportunidad de “valorar ese dato a la hora de decidir tener descendencia o no”.

El tribunal indica en la sentencia que cuando en el año 2009 la paciente se quedó embarazada de su primer hijo, que nació “sano”, en la historia clínica de control del embarazo “no aparece ningún dato que hiciera referencia a la enfermedad de DEH”, que consiste en un trastorno genético caracterizado por la malformación de estructuras ectodérmicas (piel, pelo, dientes, etc.). Del segundo embarazo, que transcurrió entre los años 2012 y 2013, nació su hija, quien sufre unas malformaciones en las extremidades tipo ectrodactilia debido a la enfermedad que heredó de su madre.

El TSXG descarta en el fallo la existencia de una mala praxis de los facultativos del servicio de ginecología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruñaa (CHUAC) que asistieron a la mujer durante sus dos embarazos y partos, pero destaca que “no se puede decir lo mismo de la asistencia sanitaria previa”. El alto tribunal gallego subraya que la demandante había sido diagnosticada de DEH en los años 2004, 2011 y 2012, por lo que a los embarazos “debería de haberles precedido un estudio y consejo genético una vez que el servicio de dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en el año 2004 sospechó y diagnosticó la enfermedad”. Los magistrados especifican en la resolución que “no corresponde indemnizar por el daño patrimonial causado, sino por el daño moral que representa la pérdida de oportunidad de los demandantes de decidir evitar futuros embarazos”.

El Juzgado absuelve al exedil de infraestructuras de Ourense acusado de prevaricación

Mié, 07/31/2019 - 14:00

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha absuelto a un exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense al que la Fiscalía acusaba de un delito continuado de prevaricación administrativa por la forma en la que en 2008, cuando ejercía de edil, se contrató la ejecución de las obras de acondicionamiento de espacios urbanos de la calle Bedoya y de la plaza Paz Novoa.

Los trabajos, financiados por la Xunta, fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad. “No ha quedado probado que el acusado tuviera conocimiento de que acudir a ese procedimiento contraviniera la normativa vigente”, destaca la jueza en la sentencia, en la que resalta que el valor de cada uno de los contratos de adjudicación de las obras “no supera el millón de euros”. Además, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense subraya que era necesaria “una pronta ejecución de las obras por causa no imputable al órgano de contratación”, ya que los plazos fueron fijados por la Xunta.

 

La Audiencia de A Coruña condena a un hombre por maltratar a su pareja a diez años de cárcel

Mié, 07/24/2019 - 08:00

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a diez años de cárcel a un hombre que maltrató física y psicológicamente a su pareja, la mayoría de las veces en presencia de la hija que tienen en común. También le ha impuesto veinticuatro años de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, así como de su hija durante veinte años, y 13 años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. El tribunal lo ha considerado culpable de un delito de maltrato habitual, en concurso real con un delito de malos tratos sobre la mujer, tres delitos de amenaza, dos de ellas leves, dos delitos de malos tratos sobre la mujer y dos delitos de coacciones, uno de ellos leve.

Los magistrados relatan que la relación se inició en octubre de 2006, cuando la víctima tenía 16 años, y la convivencia, que comenzó en 2008 a raíz de que la joven se quedó embarazada, terminó en 2009. “Desde el comienzo de la convivencia el acusado despliega sobre su pareja una conducta de dominación y desprecio, con uso de expresiones ofensivas, control de su persona y de su dinero, de forma constante y cotidiana”, relata el tribunal en la resolución, en la que especifica que “a menudo le escupía en la cara, le tapaba la boca con el edredón para no escuchar su llanto, le tiraba de los pelos, le decía calificativos como ‘inútil’, ‘guarra’, ‘puerca’ o frases como ‘no vales para nada’, además de dirigirle otras expresiones que le molestaban y humillaban”.

Los magistrados señalan que la obligaba a “despertarlo todas las mañanas, hacerle el desayuno, recoger la casa y fregar”. Los magistrados aseguran que “ante cualquier detalle le llamaba ‘guarra’, le reñía cuando la comida estaba sosa, y le recalcaba que no servía para nada, que era una inútil”. En la sentencia también consideran acreditado que la mujer le entregaba todo el dinero que le daba su padre y que el acusado “decidía su destino”.

Los jueces aseguran en el fallo que cuando varios parientes de la víctima intentaron comunicarse con ella para protegerla, el procesado “desplegó una conducta ofensiva, humillante y conminatoria, especialmente hacia el padre de la mujer, pero también hacia una tía de ella y hacia amigos de la familia”. Los jueces detallan en la sentencia todos los hechos que el condenado llevó a cabo “siempre con la finalidad de menoscabar la integridad psicofísica de la que era su pareja y denigrarla como mujer”.

El delito de maltrato habitual, según subraya el tribunal, ha sido constatado “por todos los hechos puntuales acreditados, los informes periciales y el informe psicológico del equipo psicosocial”. Además, añade que las consecuencias “son notorias” y que puede concluirse “la existencia de una huella psíquica relacionada con los hechos, con repercusiones en la víctima, tanto a nivel emocional como clínico, entre las que destacan: trastorno de estrés postraumático, baja autoestima, depresión y ansiedad”. Los jueces describen la relación como “tóxica” y señalan que estaba caracterizada por “el control, el desasosiego, la intranquilidad, la violencia permanente y la falta de igualdad, de lo más básico que debe regir e inspirar una relación de pareja”.

 

La Audiencia de Ourense impone 14 años de internamiento psiquiátrico a un hombre que asfixió a su mujer en O Carballiño

Vie, 07/19/2019 - 10:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha absuelto a un hombre que asfixió a su mujer, con la que llevaba casado 35 años, en enero de 2017 en O Carballiño tras discutir con ella porque no le dejaba las llaves para salir de casa.

A la hora de dictar la pena ha tenido en cuenta la eximente completa de alteración psíquica y ha ordenado su internamiento en un centro psiquiátrico dependiente de la Administración Penitenciaria por un tiempo máximo de catorce años, del cual no podría salir sin autorización del tribunal. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a cada uno de los padres de la víctima con 60.000 euros y, a su hermana, con 40.000.

La Audiencia ha tenido en cuenta para imponerle el tiempo máximo de internamiento que la pena con la que está castigado el delito es “una pena privativa de libertad”, así como “su gravedad y la violencia empleada”.

El jurado declaró acreditado que el sospechoso se encuentra “afectado por una demencia con un deterioro grande de las funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento y alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad, que provoca una grave afectación de sus facultades de comprensión y de actuación”. El Tribunal del Jurado descartó la presencia de un tercero como autor de los hechos al carecer de indicios de que otra persona se encontrase en la casa.

 

Un juzgado de Pontevedra rechaza incorporar a Fomento como demandado en el proceso por el cobro abusivo de peajes en Rande

Jue, 07/18/2019 - 13:50

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha desestimado la solicitud de la concesionaria de la AP-9, Audasa, para que incorporase como parte demandada al Ministerio de Fomento en el procedimiento abierto a raíz de la demanda presentada por la Fiscalía contra la empresa por cobrar los peajes íntegros durante las obras de ampliación de la autopista en el entorno del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018. Audasa exigió el llamamiento al proceso de la entidad pública al considerar que se vería “directamente afectada por una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de la Fiscalía”.

El juez subraya en el auto que el caso iniciado es “totalmente independiente de las condiciones de la concesión administrativa de la autopista, del sistema legal de fijación de peajes o de las potestades administrativas del Ministerio de Fomento”, pues de lo que se trata es “de evaluar la oportunidad de cobrar a los usuarios de la AP-9 la totalidad del peaje legalmente fijado, a pesar de que, debido a unas obras, supuestamente no se les estaban prestando los servicios propios de una autopista”.

“Se trata simplemente de la relación comercial entre la concesionaria, Audasa, y sus clientes, en la que el Ministerio no tiene más interés que el abstracto que pueda tener cualquier autoridad en que los servicios públicos funcionen correctamente”, asegura el magistrado. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra señala que la actividad de explotación de la AP-9 que realiza Audasa es “de carácter meramente comercial”, por lo que las relaciones que establece con sus usuarios son “de carácter estrictamente privado”. Por ello, concluye que “cualquier proceso en el que se discuta sobre los avatares de esas relaciones está perfectamente constituido con la sola intervención de Audasa y los usuarios o las entidades que puedan actuar defendiendo sus derechos”. Además, el juez indica en el auto que la pretensión de la concesionaria también debe ser rechazada “por una cuestión esencialmente procesal”. Así, destaca que Audasa “no ha sido capaz de mencionar en un escrito de 17 páginas qué norma la habilita para instar la intervención provocada de un tercero en el proceso”.

El Tribunal Supremo anula la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental a la regasificadora de Mugardos (A Coruña)

Jue, 07/18/2019 - 13:00

El Tribunal Supremo ha declarado nula la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental que acordó el Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2016 respecto a la regasificadora de Mugardos, en A Coruña. La Sala de lo Contencioso considera que la importancia de la planta desde la perspectiva ambiental no encaja en las razones de situación excepcional y de inmediata urgencia alegadas por el Consejo de Ministros para excluir el trámite de evaluación de impacto ambiental.

La Sección Quinta de la Sala de Lo Contencioso ha estimado parcialmente el recurso que presentó la Plataforma de Vecinos de la Parroquia de Mehá contra el citado Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declaraban excluidos del trámite de evaluación de impacto ambiental los proyectos de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos. La Sala anula el acuerdo pero rechaza la petición de los recurrentes de que se declararan también nulos todos aquellos actos y autorizaciones derivados del mismo.

La asociación de vecinos recurrente planteaba en primer lugar la nulidad del Acuerdo por haber sido adoptado por un gobierno en funciones y que, como tal, pudo extralimitarse en sus competencias. Sin embargo, la Sala considera que los recurrentes han olvidado la doctrina jurisprudencial que avala la decisión de exención del trámite de impacto ambiental porque “no constituye un acto de orientación política, ni condiciona, ni compromete, ni impide las decisiones que en el ejercicio de sus funciones deba adoptar el nuevo gobierno surgido de las elecciones generales, por cierto, de igual signo político que el anterior”.

El Gobierno justificó la exención por las consecuencias negativas que supondría para el sistema gasista español y portugués una eventual paralización de la planta si se tramitara la evaluación de impacto ambiental. También argumentó el incremento de circulación y la consiguiente peligrosidad que supondría el desplazamiento de camiones cisterna que se verían obligados a desplazarse a otras plantas para realizar la carga de gas.

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Juan Carlos Trillo, recuerda el contexto en el que se aprobó el Acuerdo impugnado, que responde a la necesidad de solventar la situación creada por dos sentencias de 2016 de la propia Sala, que anulaban las autorizaciones administrativas previas y de construcción de la regasificadora de Mugardos. Son precisamente esas sentencias, según el tribunal, las que “impiden observar la necesidad de acudir a un remedio de urgencia con el que atender a una situación extraordinaria y de imposible previsión”.

El tribunal concluye que no concurre la situación excepcional en cuanto que la situación creada tiene su origen en una actuación de la administración disconforme a derecho, como así lo establecieron las dos sentencias anteriores de la Sala. El tribunal estima que se debieron adoptar otros remedios procesales distintos a la exención, “y sin duda más acordes con el principio de proporcionalidad, o dicho de otro modo, con la importancia de la planta desde la perspectiva ambiental, máxime cuando por sentencia de esta Sala de 26 de julio de 2016 se anuló el Decreto 144/2007 de 9 de julio de la Junta de Galicia, por el que se aprobó el Plan de Emergencia Exterior en la planta litigiosa”.

La sentencia explica que no cabe acoger la extensión de la nulidad del Acuerdo a las actuaciones posteriores “no solo por la indefinición al respecto de la recurrente “sino también porque del único acto del que hay constancia es el que concede la autorización administrativa y aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Mugardos y está recurrido por la misma asociación y pendiente de sentencia.

La recurrente solicitaba también la paralización de la actividad de la planta, como consecuencia de las dos sentencias anteriores de la Sala. El tribunal lo rechaza y explica que en su caso se deberá plantear en el trámite de ejecución de esas sentencias.

El Tribunal Supremo confirma la condena a prisión permanente revisable a un padre que asesinó a su hijo de 11 años de edad en Oza (A Coruña)

Jue, 07/18/2019 - 08:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable impuesta a un padre que asesinó a su hijo de 11 años de edad, a quien golpeó varias veces en la cabeza con una pala, en una pista forestal de Oza (A Coruña) “con la intención de causar el mayor sufrimiento psíquico a su exmujer”. También tendrá que pagar a su expareja, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 180.000 euros, y no podrá aproximarse a ella a menos de 1.500 metros y a comunicarse con ella por cualquier medio hasta cinco años después de que cumpla la pena de prisión. 

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la pena que le impuso un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña como autor de un delito de asesinato cualificado con alevosía y agravado por el hecho de que la víctima era menor de dieciséis años, con las agravantes de parentesco y de género, en concurso medial con un delito de lesiones psíquicas a su exmujer. 

Los hechos probados relatan que el condenado recogió el viernes, día 5 de mayo de 2017, a su hijo en el punto de encuentro familiar, donde lo había dejado su exmujer, para pasar el fin de semana con él. El domingo día 7, que además era el día de la madre, con la intención de causar el mayor sufrimiento psíquico posible a su expareja, decidió acabar con la vida de su hijo.  Por la tarde, según los hechos probados, se dirigió con el niño en su vehículo a un lugar boscoso y apartado del término municipal de Oza-Cesuras, y en una pista forestal alejada de las casas asestó al niño con una pala de obra varios golpes en la cabeza que le provocaron heridas determinantes de la muerte.

El condenado intentó ocultar el cadáver del niño, arrastrándolo hacia un lugar aún más apartado donde empezó a excavar un hoyo para depositarlo allí, aunque finalmente desistió y lo dejó a la intemperie.  Después se fue a dormir al "Hotel Cristal II", donde previamente había reservado una habitación. Tras su detención el lunes día 8 de mayo, llevó a los agentes de policía hasta una pista forestal muy próxima al lugar donde había dejado el cadáver de su hijo.

No tenía limitada su capacidad de querer y/o conocer en el momento de los hechos

En su recurso, el condenado alegaba que los informes médicos acreditan que es un enfermo mental grave y que en el momento en que ocurrieron los hechos padecía un grave trastorno psíquico que afectó irremediablemente a sus capacidades de comprender y/o querer.

La Sala explica en su sentencia, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela, que el informe de los peritos judiciales y las declaraciones de los dos psiquiatras en el juicio oral pusieron de manifiesto que el acusado padece “un trastorno mixto de la personalidad que condiciona su forma de ser y de vivir, aunque no anula ni su libertad volitiva ni sus facultades cognoscitivas”. Añade que para llegar a esas conclusiones, los peritos examinaron la historia clínica del acusado, con el que además se entrevistaron durante dos horas y media, concluyendo que “es consciente de sus actos y que no está afectada su voluntad”. También dijeron que el propio acusado negó el consumo de alcohol en las horas previas a los hechos y que tampoco apreciaron en él síntomas psicóticos. El tribunal destaca que, de todos los informes médicos, el único que es contrario a estas conclusiones es el elaborado a propuesta de la defensa.

La Sala asegura que en la sentencia recurrida se detallan los motivos que deben llevar a considerar acertado el criterio de “los psiquiatras públicos” acogido por los Jurados que les lleva a la consideración de que “el acusado no tenía limitada su capacidad de querer y/o conocer en el momento de la comisión de los hechos, conclusión que no ha sido desvirtuada por la prueba pericial aportada por la defensa”.

En definitiva –afirma la Sala-, “el tribunal ha estudiado y valorado todos los informes que han sido realizados en relación al acusado, informes que además ha relacionado con otros elementos de prueba obtenidos en el acto del juicio oral en los términos que se razonan, primero en la sentencia de instancia y después en la sentencia de apelación, en condiciones que se ajustan a las reglas de la lógica y que son ajenas al error que se denuncia en el motivo examinado, que en consecuencia debe ser rechazado, careciendo los mencionados documentos de aptitud suficiente para modificar el fallo. El Tribunal no ha cometido error alguno al considerar el texto de los documentos, sino que, junto a las demás pruebas disponibles, ha valorado su significado de forma distinta a como lo hace el recurrente”.

No cabe aplicar atenuante de confesión o de reparación

La Sala rechaza aplicar la atenuante de confesión o de reparación, solicitada por el condenado en su recurso, por entender que la pretendida colaboración del acusado carece de entidad para considerar que se trató de una cooperación verdaderamente eficaz y, menos aún, reparadora de los “perjuicios” que causó con la comisión del delito de asesinato.

Así, señala que con su actuación -llevó a los agentes a la pista forestal próxima al lugar donde dejó el cadáver de su hijo- solo adelantó temporalmente el hallazgo del cadáver.  “Pero con un alto grado de probabilidad el cadáver hubiera sido encontrado de todos modos por los agentes, teniendo en cuenta que, tal y como señalan las acusaciones, el menor se encontraba a la intemperie al haber desistido el acusado de enterrarlo y el vehículo con el que se trasladó al lugar donde mató al menor, había sido captado por el servicio de la Dirección General de Tráfico DGT en dirección A Coruña en el kilómetro 567,65, a las 15:45 horas”. Por ello, “la actividad desplegada por el acusado en el sentido examinado únicamente supone un reconocimiento tardío, parcial e inevitable de los hechos. Además, el acusado no ha reconocido haber dado muerte voluntariamente a su hijo, escudándose en una pretendida inimputabilidad que, como ya hemos visto, carece de base probatoria en las actuaciones”, concluyen los magistrados.

El tribunal indica que “los jurados fueron claros a este respecto, al considerar, por los antecedentes y sucesión de los hechos, que la intención del acusado era la de provocar en su ex cónyuge y madre de su hijo el mayor sufrimiento posible, decidiendo para ello acabar con la vida de su hijo eligiendo, para llevar a efecto tal designio, el día de la madre. Por ello no estimaron relevante el hecho de conducir a los agentes al lugar de la ubicación del cadáver”.

“La atenuación pretendida no parece compatible con preparar meticulosamente el asesinato de su propio hijo con la única finalidad de hacer el mayor daño posible a su excónyuge. Tampoco tal hecho, huérfano de cualquier otra acción reparadora, tiene capacidad suficiente para aminorar el inconmensurable dolor provocado” a su expareja, subraya la Sala.

 

 

El TSXG confirma la condena de 26 años de cárcel al conductor que mató a un joven en el paseo marítimo de A Coruña

Mié, 07/17/2019 - 12:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que condena, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, a 26 años de cárcel como autor de tres delitos de homicidio, dos de ellos intentados, al conductor de 19 años que durante la madrugada del sábado 28 de octubre de 2017 atropelló a propósito a tres jóvenes en el paseo marítimo de A Coruña.

El acusado, según consta en el fallo de la Audiencia, se había peleado con los afectados en un pub del Orzán y, al verlos cruzar la vía por un lugar no habilitado para peatones, invadió el sentido contrario de la marcha y dirigió su coche contra ellos. Como consecuencia del impacto, el joven de 24 años que caminaba adelantado salió despedido hacia las vías del tranvía y falleció unos 45 minutos después, mientras que uno de sus acompañantes sufrió lesiones leves. La tercera persona no fue alcanzada por el vehículo.

El alto tribunal gallego ha desestimado los recursos presentados por la Fiscalía y por el acusado. El Ministerio Público reclamaba que el sospechoso fuese considerado culpable de tres delitos de asesinato, dos de ellos en grado de tentativa, porque sostiene que las víctimas carecieron de posibilidad de defensa debido a lo sorpresivo del ataque. “El jurado no da por probado que los jóvenes nada pudiesen hacer para tratar de protegerse o, lo que es lo mismo, no descarta la posibilidad de defensa o elusión del vehículo que hacia ellos se dirigía”, afirman los magistrados, al tiempo que recalcan que “no es posible sostener la existencia de alevosía”. El TSXG también ha rechazado la nueva valoración de una grabación del paseo marítimo demandada por el fiscal. “De ser admisible, que no lo es, no podría dar lugar a una resolución agravatoria de la sentencia de instancia sino, en su caso, a su anulación y la necesidad de dictar nueva resolución”.

En cuanto al recurso del condenado, los magistrados manifiestan que “no puede sostenerse que el tribunal no haya dispuesto de prueba de cargo válidamente practicada y de vigor persuasivo”. Así, subrayan que de las manifestaciones de los testigos y del propio sospechoso “se desprende ese propósito homicida que es apreciado por el jurado”.

“La intención era acabar con ellos y fue el modo y manera en que se desarrollaron los hechos lo que determinó que el fallecimiento solo fuera de un joven y no de sus dos acompañantes o de los tres. Por ello, no podemos compartir la apreciación que hace la defensa cuando afirma que no tenía intención ni ánimo de matar o lesionar a los otros dos jóvenes, pues las pruebas anteriores permiten afirmar lo contrario”, asegura el TSXG en la sentencia, en la que reitera que “ese ánimo de matar resulta de las manifestaciones que el condenado espontáneamente realizó a los agentes”.

La Audiencia condena a cuatro años de cárcel al autor de un incendio que calcinó 180 hectáreas en Ribeira (A Coruña)

Mar, 07/16/2019 - 08:10

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a cuatro años de cárcel como autor de un delito de incendio a un cazador que había participado en la extinción de varios fuegos como voluntario de Protección Civil cuando en agosto de 2013 provocó un incendio próximo a núcleos urbanos de Ribeira.

El tribunal también le impuso el abono de una indemnización a la Xunta de 85.203 euros por los gastos de extinción y de 79.062 euros a la Consellería de Medio Rural y a los tres propietarios de terreno afectados por los daños originados en la madera. El fuego, cuya extinción duró unas 60 horas, calcinó 180 hectáreas, de las cuales 130 eran de monte arbolado, atravesó la autovía de O Barbanza y se propagó hasta un polígono industrial y las cercanías del hospital. El tribunal destaca que la Dirección Xeral de Montes de la Xunta lo calificó de nivel 1 debido “a su grave riesgo”.

Los magistrados indican en la resolución que el imputado conocía “el monte incendiado, sus caminos y las condiciones medioambientales que provocan la propagación del fuego” y concluyen que fue originado “de forma intencionada, no por una negligencia”. Así, sostienen que el condenado “provocó voluntariamente, al menos, dos focos de fuego prácticamente simultáneos en la proximidad de dos núcleos rurales”.

El tribunal recalca que el incendio “ha repercutido muy negativamente, tanto en los valores recreativos y sociales de la zona como en el deterioro del patrimonio medioambiental y arqueológico”, además de causar “cuantiosas pérdidas económicas”, tal y como figura en un informe de la Xunta.

La Audiencia de A Coruña absuelve a los acusados de malversar fondos de la Fundación Cela

Jue, 07/11/2019 - 18:00

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto del delito de malversación de caudales públicos a la expresidenta de la Fundación Camilo José Cela, a un exconselleiro y expatrono de la entidad y a su hija, que ejercía de subdirectora, así como al exdirector gerente.

Las acusaciones sostuvieron que los sospechosos fingieron el despido del director gerente de la Fundación en 2010, por el que cobró una indemnización de 150.000 euros. “Los indicios no son suficientes para inferir con certeza, más allá de toda duda razonable, que el despido fue una simulación. Esto es, que tal despido no existió, que todo fue consecuencia de un acuerdo o connivencia entre los acusados para dar al director gerente un dinero sin que hubiese razón para ello, puesto que tenía la intención de marcharse voluntariamente de la Fundación”, argumenta el tribunal.

Los jueces inciden en que la interpretación conjunta de los indicios “no permite considerar que la única inferencia posible sea la existencia de un despido simulado”. Así, señalan que esa interpretación “hace plausible una alternativa, un despido real con pago de una indemnización de 150.000 euros con la que estuvieron conformes el Patronato y la Xunta”. La Audiencia recuerda que para absolver a los acusados “no es necesario afirmar que el gerente nunca tuvo intención de irse y fue despedido contra su voluntad”, sino que es suficiente “con que esa alternativa exista y sea plausible, que lo es, al menos tanto como la de las acusaciones”.

“La tesis de la simulación que mantienen las acusaciones es una entre las varias que cabe inferir de los indicios y del resultado de la prueba. Ni siquiera es la más plausible. Por eso no se puede declarar probada la existencia de la simulación, hecho nuclear del que las acusaciones hacían depender la existencia del delito. En consecuencia, los acusados deben ser absueltos del delito por el que fueron acusados”, indican los magistrados en el fallo, en el que también subrayan que los fondos con los que se pagó la indemnización eran “públicos en su origen”, pero privados en el momento en que se entregaron porque se integraron en el patrimonio de la Fundación, por lo que “no podían ser objeto del delito de malversación”.

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