Tribunal Superior de Justicia de Galicia

El juzgado de guardia de Carballo multa a dos hombres por desobediencia grave al incumplir el confinamiento

Hace 15 horas 54 mins

El Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo, en funciones de guardia, ha condenado hoy al pago de una multa de 360 euros, como autor de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, a un hombre que incumplió el estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.

El sospechoso, que se mostró conforme con la pena, al igual que la Fiscalía, reconoció haber acudido al cuartel de la Guardia Civil de Carballo en varias ocasiones los días 27 y 28 de marzo para exigir la devolución de un perro que no era de su propiedad. El día 28 los agentes le advirtieron, al igual que el día anterior, que debía de abandonar el lugar porque otra vez incumplía el estado de alarma, pero hizo caso omiso, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo también condenó esta semana al pago de una multa de 480 euros a otro hombre que cometió un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad. El pasado 24 de marzo sobre las nueve de la mañana se encontraba apoyado en una pared del Centro Comercial Bergantiños fumando un pitillo en la vía pública, a pesar de que ya había sido advertido el día anterior por agentes de la Guardia Civil de que debía permanecer en su domicilio.

Al reincidir, el acusado fue identificado por los funcionarios, quienes lo sancionaron administrativamente y lo conminó a volver a su casa. El sospechoso, sin embargo, se negó repetidamente, por lo que fue arrestado y puesto a disposición del juzgado de guardia. El vecino de Carballo se mostró conforme con la condena impuesta, por lo que no recurrirá la sentencia.

El juzgado de guardia de Betanzos envía a prisión provisional a una investigada por incumplir el confinamiento y lesionar a un agente

Sáb, 03/28/2020 - 15:00

El Juzgado de Instrucción número 4 de Betanzos, en funciones de guardia, ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza de una mujer investigada por incumplir el confinamiento derivado del estado de alarma en varias ocasiones y, ayer, protagonizar un incidente con efectivos de la Guardia Civil de Sada, durante el cual presuntamente le causó a uno de ellos “importantes lesiones”. La juez ha tomado esta medida, según especifica en el auto, “dada la gravedad de los delitos reseñados y el claro peligro de reiteración delictiva”.

De las diligencias practicadas hasta el momento, según consta en la resolución, se desprende que, desde el inicio del estado de alarma, se instó a la mujer “en numerosas ocasiones” a la obediencia de la orden de confinamiento. Sin embargo, hizo “caso omiso” y se mostró “en todo momento desafiante, insultando a los agentes, llegando a escupirles y entorpeciendo gravemente su labor”. En concreto, constan requerimientos de los agentes los días 21, 23 (en dos ocasiones), 24 y 25 de marzo, tras los cuales le abrieron diligencias policiales por desobediencia. “Sin perjuicio de llevar a cabo una posterior calificación más amplia, se puede afirmar que los hechos por los que se siguen las presentes actuaciones revisten los caracteres de un delito de atentado para el que figura prevista la pena de prisión de 6 meses a 3 años”, indica la jueza.

En el auto destaca que es “evidente la gravedad de esta presunta conducta ilícita, que crea una gran intranquilidad y desasosiego”, al tiempo que advierte que “se podría repetir de no adoptarse medidas”.

Todas las partes implicadas en el procedimiento intervinieron, por primera vez en Betanzos, por videoconferencia, a excepción de la jueza y del letrado, que se encontraban en el juzgado de guardia. Tanto la abogada de la detenida, como la propia arrestada y la fiscal participaron en la vista sin necesidad de desplazarse al edificio judicial.

La instructora de la causa del narcosubmarino se pronuncia sobre la prisión provisional de tres investigados

Vie, 03/27/2020 - 21:00

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas ha acordado mantener en prisión provisional a dos de los detenidos dentro de la operación en la que se interceptó a un narcosubmarino con más de 3.000 kilos de cocaína en la ría de Aldán. Uno de los investigados es un presunto tripulante y, el otro, es sospechoso de haber tenido una “activa participación en la operación de narcotráfico”.

La jueza ha decretado la puesta en libertad provisional, bajo fianza de 50.000 euros, de un tercer sospechoso. En este caso, está investigado por colaborar personal y materialmente “para que la singladura concluyera exitosamente”. La instructora le ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado con periodicidad semanal y la retirada del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas indica que, si bien el tiempo transcurrido desde que se acordó su prisión provisional “no es significativo en relación con la gravedad de las penas que lleva aparejado el ilícito penal que se le imputa”, durante ese tiempo “se han practicado una serie de diligencias que han permitido avanzar en la instrucción de forma significativa, minorando el riesgo de fuga y de obstrucción a la acción de la justicia”.

Respecto al presunto tripulante del narcosubmarino al que le ha denegado la puesta en libertad, la jueza relata en el auto que el sospechoso se dio a la fuga tras ser interceptado en la madrugada del día 24 de noviembre, junto con otras dos personas, y permaneció oculto hasta su detención en una casa del lugar de Hío. La magistrada subraya que concurre “no solo un riesgo cierto de fuga, derivado de la mera amenaza de imposición de una pena tan grave como la prevista en el Código Penal para los delitos por los que es investigado, sino que concurre un riesgo cierto de reiteración delictiva, fundamentado en el carácter organizado de su actividad criminal”.

En el auto insiste en que el tiempo transcurrido en prisión provisional es “insignificante” si se tienen en consideración “las penas asociadas al delito, las evidencias acumuladas que lo incriminan y la necesidad de prevenir su fuga”.

En cuanto al otro sospechoso que permanecerá en prisión provisional, la jueza subraya que, a la vista de los indicios existentes “no cabe hablar, tal y como se dice en el recurso, de un mero encubrimiento por parte del investigado y, menos aún, de un desistimiento, sino, por el contrario, de una participación directa en la organización de narcotráfico internacional investigada”. La instructora, al igual que en el caso anterior, considera que existe riesgo de fuga, que deriva “de la importancia de las penas con las que podría resultar castigado el recurrente”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas recalca en todos los autos que ninguna circunstancia sanitaria “impone una alteración del régimen de los centros penitenciarios”. La instructora indica que solo en casos “de una gravedad muy inferior a la del presente, en relación con el cumplimiento de medidas personales mucho más livianas, se ha podido indicar la toma de otro tipo de decisiones, siguiendo las indicaciones de la OMS”.

La magistrada destaca, además, que las decisiones sobre la situación personal de cada investigado obedecen “a sus circunstancias particulares”, por lo que advierte que “no ha de extrañar que las decisiones a adoptar respecto de los investigados que estén más cerca del núcleo de la actividad investigada, como quienes guiaban el semisumergible incautado o coordinaban su singladura en comunicación directa con estos, no sean las mismas que respecto de otros investigados”.

Condenado a cien días de prisión un vecino de Villagarcía de Arosa por incumplir el confinamiento

Vie, 03/27/2020 - 20:00

El Juzgado de Instrucción número 3 de Villagarcía de Arosa (Pontevedra) ha condenado a cien días de prisión a un hombre por abandonar ayer a las 18.30 horas su domicilio sin motivo aparente. La jueza ha decretado la suspensión de la pena impuesta al investigado durante tres años, condicionada a que no delinca durante ese periodo. El sospechoso se mostró conforme con la pena, por lo que no recurrirá la resolución.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Villagarcía de Arosa, que lo considera responsable de un delito de desobediencia, indica en la sentencia que actuó “a sabiendas de la vigencia del estado de alarma en el territorio nacional, con absoluto menosprecio a la limitación de la libertad de circulación que había sido impuesta y sin causa justificada”. El condenado fue interceptado por cuatro agentes de la Policía Nacional cuando salía del portal del inmueble en el que reside.

El acusado, según consta en la sentencia, ya había sido denunciado administrativamente los días 16, 21 y 23 de marzo por incumplir el confinamiento y salir a la calle sin motivo aparente.

El TSXG aplaza la vista de apelación del caso Diana Quer al 28 de abril por la crisis sanitaria del Covid-19

Mié, 03/25/2020 - 12:10

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado aplazar la vista de apelación por el crimen de Diana Quer prevista para el próximo 31 de marzo al 28 de abril a las 11 horas. Los magistrados indican en la providencia que toman la decisión bajo la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma debido a la crisis sanitaria del Covid-19. El tribunal ha considerado “decisivo” a la hora de decretar la suspensión de la vista que la fecha de vencimiento de la prisión provisional decretada para el sospechoso “no es cercana en el tiempo”, pues vence en diciembre de 2032. La Sala de lo Civil y Penal también destaca que existen “dificultades técnicas” para la celebración por videoconferencia de la vista y resaltan los “riesgos para la salud” que supondría para las personas que necesariamente estarían implicadas en ella.

La abogada del acusado recurrió ante el TSXG la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, lo condenó como autor de la muerte de Diana Quer a la pena de prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por cometer un asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión. Además, lo condenó, como autor responsable de un delito de detención ilegal y de un delito de agresión sexual, en concurso medial, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de cuatro años de prisión y a cinco años libertad vigilada.

El TSJ de Galicia reconoce a una mujer el derecho a percibir prestación de riesgo por lactancia natural por trabajar por turnos y por la noche

Vie, 03/13/2020 - 12:20

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido el derecho de una trabajadora a percibir la prestación de riesgo por lactancia natural debido a los peligros que conlleva la turnicidad y la nocturnidad en la lactancia.

El tribunal ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por la demandante, que trabajaba como ayudante de conductor y camillera para una empresa de ambulancias. Así, ha revocado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Vigo y ha declarado que tiene derecho a la prestación de riesgo por lactancia natural.

La afectada, tras trabajar un día 24 horas, tenía tres de descanso. Los magistrados subrayan en el fallo que “no solo influyen los turnos para poder llevar a cabo la extracción de leche y su conservación, sino también el horario de 24 horas durante el que la actora podría, o no, llevar a cabo las extracciones, dependiendo del cúmulo de llamadas y salidas con la ambulancia”. Además, recalcan que los “efectos negativos” de los turnos de noche son “evidentes” porque “alteran el equilibrio biológico por el desfase de los ritmos corporales y los cambios de hábitos alimentarios”. El TSXG recuerda que, al alterarse ese ciclo vital, “se altera la producción de prolactina y, con ello, la producción de leche”.

El Superior recuerda en la sentencia los criterios de la Asociación Española de Pediatría, en los que indica que cuando concurren turnos de doce horas “se producen alteraciones en el ritmo de sueño del trabajo nocturno que alteran el ciclo de la secreción de leche, incidiendo en la lactancia”. Además, la Sala de lo Social señala que están acreditados los riesgos del puesto de trabajo que desempeña, tales como la exposición a agentes biológicos “nocivos y tóxicos”.

El Juzgado absuelve a un exjefe de planta de un centro comercial de Santiago acusado de acoso

Vie, 03/13/2020 - 08:00

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago ha absuelto a un exjefe de planta de un centro comercial de la ciudad de los delitos de acoso sexual, abusos sexuales y acoso laboral de los que estaba acusado. El juez considera probado en la sentencia que, entre 2012 y 2016, en el lugar y horario de trabajo, el sospechoso “con cierta frecuencia”, dirigió a la denunciante “comentarios relativos a su físico o forma de vestir” y que le mostró “algunos vídeos o fotos jocosos de contenido sexual”. Excepcionalmente, según el fallo, le tocó la cintura o las piernas por encima de la ropa “de forma fugaz y cauta, sin aproximarse a zonas erógenas” y le realizó insinuaciones y proposiciones de carácter sexual. Estas conductas, sin embargo, se enmarcan dentro del ámbito de protección propio del ordenamiento laboral, no dentro de la tipificación del acoso sexual y laboral del Código Penal, según consta en la sentencia. 

El juez subraya que “la pura solicitud de favores de naturaleza sexual en el ámbito laboral no es delictiva”, pues esa petición debe tener una consecuencia que provoque a la víctima “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”. Ese factor, según explica el juez, permite “deslindar el auténtico acoso sexual del ataque contra la libertad sexual, que por realizado en un determinado contexto (laboral o docente) no se eleva, automáticamente, a la categoría de acoso”. En este caso, según el juez “no existe prueba concluyente de presión laboral excesiva sobre la denunciante ni de trato discriminatorio”. 

“No basta que la solicitud sitúe a la víctima en un contexto sexual no deseado o no querido, sino que ha de generar un contexto que objetivamente sea gravemente irrespetuoso con su dignidad, honor o intimidad o un contexto gravemente hostil”, recalca el magistrado, quien concluye que la denunciante no era objeto de una conducta del acusado frente a los demás compañeros “tan brutal, cruel, humillante u hostil susceptible de ser calificada de una intensidad lesiva para la dignidad humana suficiente para su encuadre en el acoso moral penal”. 

 

 

El juez absuelve del delito de acoso al dueño de una empresa de autobuses de Santiago

Jue, 03/12/2020 - 18:00

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago ha absuelto al propietario de una empresa de autobuses y a su hija, administradora jurídica de la compañía, del delito de acoso laboral del que les acusaba una trabajadora. El magistrado indica en la sentencia que los hechos, que sí han sido castigados en el ámbito social, no son constitutivos de un delito penal.

El juez asegura en la resolución que los despidos de la empleada, en febrero de 2010 y enero de 2017, fueron “dos graves actos hostiles imputables al empresario”, pero subraya que, a lo largo de esos siete años, “no existen otros actos del mismo carácter imputables a los acusados que permitan afirmar que crearon una sistemática situación de hostilidad o humillación frente a la denunciante generadora de un grave acoso, que es lo que caracteriza el acoso laboral penal”. El magistrado recalca que “no puede pretenderse, según lo probado y razonado” que la denunciante haya sido objeto “de una conducta invariable por parte de los acusados tan hostil o atroz como para enmarcarla en el acoso moral penal”.

La Audiencia de Pontevedra condena a once años y cuatro meses de cárcel al hombre que intentó asesinar a su mujer en un hotel de Vigo

Jue, 03/12/2020 - 12:58

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a once años y cuatro meses de cárcel como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa al hombre que el 2 de mayo de 2016 golpeó con una maza en la cabeza a su mujer en el interior de la habitación de un hotel de Vigo. El tribunal considera probado que el imputado pretendía acabar con la vida de la víctima al atacarla “por sorpresa y por detrás” cuando estaba “desprevenida” en el baño.

“Su intención era matarla, no simplemente causarle lesiones”, subrayan los jueces en la sentencia, en la que argumentan que el condenado utilizó un instrumento “capaz de causarle la muerte, de peso importante” y que dirigió su ataque, que fue “reiterado”, a una zona vital del cuerpo, la cabeza.

Los magistrados indican que se trata de un caso de alevosía súbita, pues la víctima “no podía defenderse por la relación de confianza que existía con el acusado y las circunstancias en las que se produjo el ataque: cuando estaba despreocupada echándose crema y de espaldas a su marido”.

El tribunal tuvo en cuenta a la hora de dictar la pena la agravante de parentesco y también le impuso al acusado la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 18 años. Además, deberá abonarle una indemnización de 22.000 euros.

La Audiencia ha condenado al sospechoso a la misma pena de cárcel que en el primer juicio, que fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras estimar el recurso en el que cuestionaba la imparcialidad de las magistradas que lo habían enjuiciado porque habían ratificado hasta en dos ocasiones su situación de prisión provisional.

La Audiencia condena a 32 años y medio de cárcel a un hombre que hizo tocamientos a doce menores en A Coruña

Mié, 03/11/2020 - 15:00

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 32 años y medio de cárcel a un hombre por hacer tocamientos a menores en el interior de los portales de sus viviendas. Los jueces lo han considerado autor de catorce delitos de abuso sexual, dos de ellos intentados, sobre menores de dieciséis años.

El tribunal indica en la sentencia que el sospechoso se desplazaba desde Santiago hasta A Coruña, donde cometió los hechos entre junio de 2018 y enero de 2019. El modus operandi, según el fallo, era siempre el mismo: esperaba a sus víctimas, a las que seleccionaba al azar, en las inmediaciones de los centros escolares, las seguía hasta sus domicilios y entraba con ellas en los portales. Una vez en el interior, les tocaba en las piernas o las nalgas y huía.

La Audiencia, que tuvo en cuenta a la hora de establecer las condenas la atenuante de confesión, también le ha impuesto ocho años de libertad vigilada, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio y de acercarse a menos de 500 metros de cada una de las víctimas, a su domicilio o a su lugar de estudios o de trabajo durante siete años.

El condenado, además, ha sido inhabilitado para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante siete años. En concepto de responsabilidad civil, deberá abonar un total de 23.000 euros, que serán repartidos entre las víctimas.

La Audiencia de Pontevedra condena a un año y medio de cárcel al excontable de la Cofradía de Pescadores de O Grove

Mié, 03/11/2020 - 09:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a un año y medio de cárcel al excontable de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove por cometer un delito de malversación de caudales públicos.

La Audiencia tuvo en cuenta las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y ludopatía, así como la agravante de abuso de confianza. Además, le impuso tres años de inhabilitación y el pago de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la entidad con 28.000 euros y, a una aseguradora, con 7.000.

El sospechoso, según consta en la sentencia, ideó a principios de 2009 un plan para ir haciendo suyas diversas cantidades de dinero propiedad de la Cofradía de Pescadores que tenía a su cargo y disposición. La Audiencia destaca que el condenado admitió que hizo diversas transferencias de las cuentas de la entidad a las suyas.

La Audiencia de Pontevedra condena a cinco años de cárcel a dos guardias civiles por la trama de contrabando de tabaco en el puerto de Marín

Mar, 03/10/2020 - 14:30

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a cuatro de los seis implicados en la trama que simulaba el avituallamiento para buques en el puerto de Marín de cartones de tabaco exentos de aranceles e impuestos. “Idearon un plan para disponer de tabaco que poner en circulación sin satisfacer ninguna clase de aranceles ni impuestos, consistente en fingir inexistentes operaciones de avituallamiento en las que hacían figurar como destinatarios de la mercancía buques que no lo eran en realidad y que, en muchos casos, estaban lejos de Marín o ya habían sido desguazados en fecha anterior a la supuesta entrega del tabaco”, relatan los jueces en la sentencia.

El tribunal ha impuesto cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante seis años a dos guardias civiles implicados, quienes en el momento de los hechos estaban destinados en el puerto de Marín. La Audiencia los ha considerado autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, en relación de concurso medial con un delito continuado de contrabando.

La Audiencia también ha condenado a un comercial jubilado y a su hija, quienes trabajaron en empresas dedicadas al suministro de mercancía libre de impuestos a buques, a seis años y medio de cárcel y al pago de una multa de 2.237.954 euros por cometer un delito continuado de falsedad en documento oficial, en relación de concurso medial con un delito continuado de contrabando de tabaco en la modalidad agravada.

 

El TSJ de Galicia avala la exigencia de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a efectos de tributación en el impuesto de sucesiones

Mar, 03/10/2020 - 10:00

El TSJ de Galicia (TSXG) ha denegado a una mujer que convivía en pareja obtener beneficios fiscales a la hora de recibir la herencia que le dejó su compañero sentimental porque no estaban inscritos en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia. La demandante, por tanto, debe abonar el impuesto de sucesiones y donaciones íntegro, sin ninguna bonificación, al no equipararse al matrimonio su unión con el fallecido.

El alto tribunal rechaza plantear una cuestión de inconstitucionalidad de la ley de la comunidad autónoma de Galicia que en materia de tributos dispone que solo se equiparan al matrimonio “las uniones de dos personas mayores de edad, capaces, que convivan con la intención o vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia”.

No cabría hacer la objeción de inconstitucionalidad, ya que Galicia sí tiene competencias para legislar en materia civil, sostiene la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG en el fallo, en el que recuerda que el Tribunal Constitucional no opone reparo alguno de constitucionalidad a la creación de los Registros de Parejas de Hecho.

“Entendemos que la exigencia legal que supedita la equiparación de las uniones al matrimonio, esto es, la inscripción de dicha unión en el Registro de Parejas de Hecho, se ajusta plenamente a derecho, toda vez que en la ley gallega esa inscripción tiene carácter constitutivo”, indican los magistrados en la sentencia. “En este contexto, no podemos dar amparo a la pretensión de la demandante, toda vez que se trata de un requisito indispensable para que se produzca la equiparación a los efectos del tratamiento fiscal en el impuesto sobre sucesiones y donaciones”, argumentan.

Este es el criterio del TSXG, aunque en una sentencia anterior y reciente llegó a una solución contraria, resultado de analizar las circunstancias particulares de un caso que afectó a la pareja de una persona declarada incapaz. En esa resolución, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo eximió a una mujer de la obligación de inscribirse en el registro de parejas de hecho para justificar la relación con su compañero sentimental, que fue incapacitado en 2006.

Los magistrados indicaban que el registro fue creado en diciembre de 2007, por lo que con anterioridad a esa fecha “la ley no podía exigir la inscripción y se podría acreditar la unión por otros medios de prueba admisibles en Derecho”. Por ello, estimó el recurso interpuesto por la afectada y la liberó de abonar los 130.024 euros que le reclamaban por el impuesto de sucesiones y donaciones de bienes heredados de su pareja, fallecida en 2010.

La Audiencia condena a 17 años de cárcel a un hombre que mató a golpes a su padre en Lugo

Jue, 03/05/2020 - 15:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a 17 años de cárcel, como autor de un delito de homicidio, al hombre que en marzo de 2018 mató a golpes a su padre, de 79 años, en Monterroso (Lugo). La Audiencia, que tuvo en cuenta la agravante de parentesco, también le impuso cinco años de libertad vigilada y el abono de una indemnización de 2.500 euros a su hijo, nieto del fallecido, por el daño moral que le causó.

El presidente del tribunal indica en la sentencia que el jurado consideró probado que el acusado le propinó a la víctima patadas y puñetazos “de forma voluntaria y siendo consciente de que tales golpes podían causarle la muerte”. El condenado, según el fallo, le pegó a su padre “un número indeterminado, pero considerable, de patadas en la cabeza, cuando ya estaba en el suelo”. El tribunal del jurado basa estas conclusiones en las pruebas practicadas y, en particular, en el testimonio del médico forense, quien excluyó la posibilidad de que el fallecido hubiese recibido un golpe fortuito aislado, como indicó el acusado.

El jurado llegó a la convicción de que el sospechoso carecía de intención previa de acabar con la vida de su padre, pero consideró que debía de ser consciente de que propinándole golpes con los puños y dándole patadas en todo el cuerpo y en la cabeza podía matarlo. Además, tuvo en cuenta el testimonio de la psicóloga del Imelga para considerar acreditado que el condenado, en el momento de los hechos, era “consciente de sus actos”, pese a haber ingerido alcohol.

El TSJ de Galicia avala la integración del transporte de la Xunta previa a la aprobación del plan definitivo

Mié, 03/04/2020 - 08:00

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso interpuesto por dos empresas contra el acuerdo del Consello de la Xunta de 24 de mayo de 2017, que autorizó la integración de distintas modalidades de transporte, y el de 6 de julio de 2017, en el que se fijaron los criterios relacionados con el proceso de integración. Ambas resoluciones provocaron la adjudicación directa de 41 nuevas concesiones de transporte zonales, que engloban más de 570 líneas de bus. El TSXG mantiene el mismo criterio en las resoluciones del resto de recursos contra estos acuerdos presentados por otras compañías de transporte.

Los magistrados subrayan que el Consello de la Xunta de Galicia “estaba habilitado” para adoptar la decisión de autorizar la integración de las modalidades de transporte. “Se trata de una adjudicación directa y necesaria para evitar el riesgo de interrupción del servicio, habida cuenta la conjunción de tres elementos: el vencimiento de los plazos de las concesiones, la renuncia masiva de los concesionarios a continuar en la prestación del servicio y el tiempo necesario para proceder a la licitación por el procedimiento abierto, muy superior al plazo anual de mantenimiento en la prestación del servicio como obligación de servicio público”. El tribunal indica en el fallo que se produjo “una renuncia masiva por parte de los concesionarios (69 concesiones), que afectó a toda la provincia de Ourense y Lugo, así como a gran parte de la provincia de Pontevedra, y que determinó la aplicación de las medidas de emergencia previstas”.

La situación de riesgo de interrupción del servicio, según el fallo, “no es atribuible a una actuación deliberada de la Xunta”, sino que es “el resultado de una determinada decisión judicial previa –al anular la prórroga de las concesiones primitivas de transporte- y de una conducta de los concesionarios –al renunciar a la continuación de los servicios-“. Todo ello, según el Superior, determinaba “un riesgo cierto de interrupción de los servicios en un breve plazo de doce meses, insuficiente para tramitar la licitación por el procedimiento abierto”.

La adjudicación directa, por tanto, estaba “justificada”, según el alto tribunal gallego. La sala, además, destaca que los acontecimientos posteriores “han corroborado la efectiva necesidad de tal medida transitoria para garantizar la continuidad del servicio”, ya que la Xunta, una vez que adjudicó los 41 lotes a los que se refieren los pliegos y proyectos impugnados, “realizó las actuaciones precisas para aprobar el plan de transporte público de Galicia y poder licitar los nuevos contratos de servicio público”.

Los magistrados explican que se trata de un proceso de integración de modalidades de transporte “que se ha hecho efectivo, con cobertura legal, antes de la aprobación del instrumento que de forma definitiva y estable planifica el sistema de transporte público de viajeros en Galicia”. Los acuerdos recurridos, por lo tanto, tuvieron “una dimensión temporal limitada”.

La Audiencia de Lugo condena a 21 años y 9 meses de cárcel a un hombre que intentó asesinar a su expareja y a su hijo en Foz

Mar, 03/03/2020 - 14:05

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a 21 años y nueve meses de cárcel a un hombre que en marzo de 2018 intentó asesinar a su expareja y al hijo de la mujer. Además, fue sentenciado a la prohibición de residir o acudir a la localidad de Foz durante 27 años.

El imputado, según consta en la sentencia, “no aceptaba la separación” de su compañera sentimental y “con ánimo de acabar con su vida y la de su hijo menor de edad”, accedió al domicilio de Foz en el que residían. Una vez allí, abrió las bombonas de gas butano y los cuatro fogones de la cocina, el calentador y la estufa de gas, “con conocimiento y con voluntad de que con su actuación les produciría la muerte cuando llegasen a la vivienda”.

El tribunal destaca que el sospechoso no consiguió su propósito porque cuando su expareja llegó al inmueble percibió el fuerte olor a gas, por lo que “no accionó la llave de la luz ni encendió el cigarrillo que tenía por costumbre al entrar en la cocina”. Ese día el menor no se encontraba en la vivienda porque se había quedado con sus abuelos. El tribunal, además de las penas de prisión, ha prohibido al sospechoso comunicarse y aproximarse a su exnovia durante 18 años; y, al hijo de la mujer, durante 9 años.

Además de por dos intentos de asesinato, el hombre fue sentenciado como autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada, daños y quebrantamiento de condena. Los magistrados consideran acreditado que el acusado se apoderó y rompió diversos objetos del interior del domicilio de su expareja. Entre los daños que causó figuran la fractura de un televisor y el cristal de una foto de su expareja, de la que tenía órdenes de alejamiento.

El TSJ de Galicia obliga a Hacienda a retribuir a médicos mayores de 55 años un módulo de atención continuada como 12 horas de guardia

Lun, 03/02/2020 - 15:00

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso interpuesto por tres médicos del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que tienen reconocida la exención de guardias por razón de edad, al ser mayores de 55 años, contra la Consellería de Facenda (Hacienda) por las instrucciones que dictó en enero de 2019 para la confección de nóminas. Los magistrados han anulado el apartado relativo a los módulos de atención continuada de médicos exentos de guardias. Además, han condenado a la Administración a dictar una nueva norma, en sustitución de la anulada, en la que se recoja, a efectos retributivos, la equivalencia entre 12 horas de guardia de presencia física y un módulo de atención continuada.

“Debe estimarse la petición de que en la orden de confección de nóminas se respete lo que en su día expresamente se pactó, es decir, que cada módulo de atención continuada, para los profesionales que estén exentos de guardias por razón de edad, equivalga a 12 horas de guardia de presencia física”, subraya el tribunal en la sentencia, en la que recuerda que en la mesa sectorial de sanidad celebrada el 22 de enero de 1998, Administración y sindicatos acordaron regular un sistema de exención de guardias médicas por razones de edad a favor de los facultativos mayores de 55 años.

Los jueces destacan que, aunque se trata de dos actividades distintas, ambas se retribuyen a través del complemento de atención continuada porque “una y otra remuneran la atención a los usuarios de manera permanente y continuada: una, a través del sistema de guardias y, la otra, por vía de unos módulos fijados tras la finalización de la jornada ordinaria”.

El Superior señala en la resolución que la orden impugnada por los tres médicos fue publicada en el Diario Oficial de Galicia en enero de 2019, lo que -aseguran- es “ilustrativo” de la necesidad de darle conocimiento, pues “no se limitaba a la organización interna, sino que tenía efectos y debía ser comunicada más allá del ámbito de quienes han de confeccionar las nóminas”.

El TSJ de Galicia avala la legalidad de los rellenos del puerto de Marín

Mié, 02/26/2020 - 15:00

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha resuelto en un auto que no debe retirarse ningún relleno del puerto de Marín como consecuencia de la anulación del Plan Especial del año 2000, tal y como reclamaba la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres.

“El motivo de la anulación del Plan Especial fue la falta de sometimiento a la evaluación ambiental, no la inadecuación para legitimar actuaciones de ampliación del espacio portuario”, indica el tribunal.

Los magistrados, además, destacan en la resolución las conclusiones del informe realizado por un ingeniero de caminos, canales y puertos designado por el TSXG. El perito concluye en el documento que ninguna de las siete actuaciones llevadas a cabo en el puerto de Marín “se ampara de forma exclusiva” en el Plan Especial anulado, sino que “han sido definidas en sus respectivos proyectos o proyectos modificados”. El técnico también señala que la tramitación ambiental de cada una de las actuaciones se realizó “de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su ejecución”. El TSXG, por lo tanto, ha declarado “completamente ejecutada la sentencia” emitida por el Tribunal Supremo en 2009. Contra el auto cabe presentar recurso de casación.

El Juzgado declara en concurso voluntario de acreedores a un colegio de Lalín (Pontevedra)

Lun, 02/24/2020 - 12:40

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra ha declarado en concurso voluntario de acreedores por haber acreditado su insolvencia al colegio Sagrado Corazón do Deza, situado en Lalín. Por lo tanto, las facultades de administración y disposición del centro sobre su patrimonio han quedado intervenidas por la administración concursal. El deudor, según consta en el auto, no ha solicitado la liquidación de su patrimonio ni presentado propuesta anticipada de convenio.

El centro, según el auto, alegó que se encuentra en estado de insolvencia actual y que no ha podido lograr adhesiones a una propuesta anticipada de convenio ni un acuerdo de refinanciación. Para acreditarlo, presentó al juzgado, junto con otros documentos, una memoria de su historia jurídica y económica, un inventario de bienes y derechos y la relación nominal de sus acreedores. La solicitante también señaló en la documentación que su activo y pasivo, estimados inicialmente, no superan los cinco millones de euros.

Un juzgado de Pontevedra condena a Audasa a devolver los peajes cobrados a usuarios de la AP-9 afectados por 81 incidencias

Lun, 02/24/2020 - 12:16

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal, a la que se han adherido las asociaciones Adicae y En Colectivo, así como particulares, contra Autopistas del Atlántico Concesionaria Española (Audasa).

Así, ha acordado condenar a la concesionaria a cesar en la práctica abusiva consistente en cobrar los peajes de manera íntegra a los usuarios de la autopista en los casos en que se produzcan incidencias que se puedan calificar, por parte de la DGT, con el color negro (circulación interrumpida con carretera cortada), con el rojo (circulación difícil, muy lenta con paradas frecuentes y prolongadas) o amarillo (circulación irregular, lenta con paradas esporádicas), siempre que a los usuarios no se les haya facilitado información sobre el estado de la vía (que comprenda el punto kilométrico en que se sitúa la incidencia, la demora estimada derivada de la misma o, incluso, una breve referencia a su causa) con la antelación suficiente como para que pudiesen optar, en condiciones de seguridad, por no incorporarse a la autopista o por abandonarla antes de llegar al tramo afectado.

El magistrado ha declarado la nulidad de esas prácticas abusivas consistentes en cobrar peajes íntegros cuando se produjeron, entre el 27 de febrero de 2015 y el mes de junio de 2018, un total de 81 incidencias en el tramo del puente de Rande y ha condenado a Audasa a restituir el importe cobrado en concepto de peaje.

La empresa, además, deberá asumir el coste de la publicación del fallo de la sentencia, junto con la lista de las 81 incidencias, en el diario de mayor difusión de España (Marca). Los usuarios que hayan sido afectados por alguna de las 81 incidencias referidas en la sentencia, podrán instar a que se les reconozca como beneficiarios de la condena. Para ello deberán acreditar su condición de consumidores, que circularon por tramos de la AP-9 afectados durante las fechas y franjas horarias señaladas y las cantidades concretas abonadas por peajes.

El juez considera “indiferente” que las incidencias hayan sido motivadas directamente por las obras o por otras circunstancias, tales como accidentes, vehículos averiados, incendios o desprendimientos de tierras. “Lo relevante no es la causa, sino el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio y al que no se le ha proporcionado la información necesaria para que pudiese tomar su decisión”, subraya. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra recalca que “no consta en modo alguno que hubiese alguna causa de fuerza mayor que impidiese a Audasa informar a los conductores con la suficiencia y antelación oportunas”.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha decretado que “no resulta procedente” la demanda del Ministerio Fiscal de establecer los criterios a seguir por Audasa para garantizar el cese de las prácticas abusivas ni la exigencia de que la entidad presente al Juzgado un criterio de eliminación del precio del peaje en determinados casos. “No le corresponde a este juzgado regular las condiciones de la prestación del servicio de autopista por parte de una entidad concesionaria de una obra pública”, recalca el juez.

El magistrado también ha descartado considerar como un daño o perjuicio que merezca una compensación superior a la restitución del precio abonado en concepto de peaje “el hecho de haber tardado 10 minutos más de lo habitual en cubrir los tramos afectados por las 81 incidencias mencionadas”. No ha resultado acreditado, según la sentencia, que las incidencias hubiesen causado demoras superiores a 17 minutos.

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