Tribunal Superior de Justicia de Galicia

La Audiencia de A Coruña confirma la inhabilitación del alcalde de Cerceda durante ocho años por prevaricar

Jue, 01/09/2020 - 08:00

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde y el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Cerceda contra la resolución del Juzgado de lo Penal nº2 de A Coruña que los condenó por irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico.

El tribunal, por tanto, confirma íntegramente la sentencia dictada en julio de 2019 en la que el regidor municipal fue condenado a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa. El arquitecto, por su parte, fue castigado como cooperador necesario con cuatro años de inhabilitación, además de con nueve meses de suspensión del cargo por cometer de un delito de falsedad. Contra la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña no cabe la presentación de recurso ordinario.

El tribunal destaca que el juez de primera instancia ha fundamentado su sentencia “en la valoración de las pruebas practicadas en el juicio, con todas las garantías de inmediación, contradicción y oralidad”, al tiempo que advierte que los apelantes pretenden “sustituir el criterio judicial, objetivo e imparcial, por el suyo propio, legítimo, pero subjetivo e interesado en la idea de la absolución”.

“No se habrá demostrado que la tramitación del expediente merezca sanción penal, pero de ahí a elevarlo a la categoría de lo correcto, media un trecho que la prueba no avala”, subrayan los magistrados en la sentencia, en la que indican que la obra “empezó al menos el 31 de marzo de 2015 por una contratación verbal, sin que el expediente administrativo hubiese alcanzado la fase de adjudicación”. Por ello, concluyen que es “delito de prevaricación”.

Los jueces recalcan que es “inimaginable” que la empresa realizase esos trabajos “por su cuenta y riesgo, sin encomienda directa del alcalde y sin la cooperación directa del arquitecto municipal”. El examen de las fotografías aportadas por el denunciante, según la Audiencia, “lleva a apreciaciones en línea con las la instancia: las obras de autos no se corresponden con un drenaje menor junto a un camino”. Así, los jueces sostienen que son “amplios movimientos circulares de tierras, a un nivel superficial, lo que se cohonesta con la naturaleza de lo que se pretendía construir: dos lagunas superficiales”.

La Audiencia condena a 30 años de cárcel al hombre que asesinó a su exnovia en Vigo

Mié, 01/08/2020 - 13:00

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, a 30 años y cuatro meses de cárcel al autor del asesinato de una joven de 25 años con la que había mantenido una relación sentimental. Los hechos sucedieron durante la madrugada del 16 al 17 de diciembre de 2016 en el portal de la vivienda de Vigo en la que residía la víctima, quien había coincidido esa noche con el acusado en la cena de Navidad de la empresa de O Porriño en la que ambos trabajaban. El Tribunal del Jurado ha considerado acreditado que el sospechoso acabó con la vida de su exnovia a cuchilladas “por su sentimiento de machismo y de dominación sobre ella, mujer que, si no iba a estar con él, no estaría con ningún otro”.

El imputado ha sido sentenciado como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, concurriendo las agravantes de género y de parentesco, a la pena de 25 años de prisión; como autor de un delito de acoso, concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 20 meses de cárcel; y como autor de un delito de vulneración de la intimidad, con la agravante de parentesco, a tres años y ocho meses de prisión.

Además, la Audiencia le ha impuesto la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de los padres y el hermano de la víctima durante un período superior de 10 años a la pena de prisión impuesta. En la sentencia también acuerda, para el caso en el que se interponga recurso, prorrogar la prisión preventiva del acusado hasta la mitad de la pena impuesta por el delito más grave objeto de condena, es decir, 12 años y 6 meses de prisión, a contar desde el día 21 de diciembre de 2016.

El acusado, además, deberá abonar las costas procesales causadas, incluidas las de las acusaciones particular y popular, e indemnizar a cada uno de los padres de la víctima con 87.900; y, a su hermano, con 25.400 euros. La presente resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El magistrado presidente del Tribunal del Jurado recuerda la compatibilidad de la aplicación de la agravante por razón de género y la de parentesco. "La de género debe aplicarse en todos aquellos casos en que haya quedado acreditado que el autor ha cometido los hechos contra la víctima mujer por el mero hecho de serlo y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la misma. Por el contrario, la circunstancia mixta de parentesco responde a parámetros objetivables relacionados directa o indirectamente con la convivencia”, subraya.

El magistrado indica que, tal y como aseguró el Jurado, el acusado “ejecutó la muerte de la víctima, a la que había cosificado, por así decirlo, a la que consideraba suya y de nadie más”. Para la aplicación de la agravante de género considera significativas las manifestaciones del condenado a su exnovia, a la que advertía de que si no iba a estar con él, tampoco iba a estar con otro joven. “De ello debe inferirse el empoderamiento con el que se sentía el acusado sobre su víctima”, recalca el juez.

El Tribunal del Jurado consideró probado que el condenado atacó a su excompañera sentimental dentro del portal con un cuchillo y que actuó “de una manera particularmente perversa, al comportarse de una forma alevosa y con la intención de causarle un particular e innecesario daño”.

“No solo concurren móvil y ocasión para matar a su exnovia, sino una pluralidad de indicios y datos que lo viene a situar como el autor material de la muerte de la misma”, insiste el magistrado presidente, quien recuerda en el fallo la “situación de indefensión en la que se encontraba la víctima frente a su agresor”. Así, hace referencia a su superioridad física, a la confianza de la víctima, “que no esperaba tal reacción”, a que hizo uso de un arma y a que la joven “carecía de posibilidades de defenderse”.

“Siguiendo la convicción del Tribunal del Jurado concurre ese especial temperamento del acusado de deleitarse en el sufrimiento de la víctima que iba a matar”, señala el juez, quien destaca que el cadáver presentaba lesiones deslizantes sobre la piel, en el tórax, que se califican como “lesiones de amenaza o tanteo”. Esta forma de actuar, según consta en el fallo, refleja que el condenado, además de perseguir acabar con la vida de la joven, quería “causarle, de una forma deliberada, un dolor que iba más allá del que acompaña a una muerte violenta, implicando una especie de tortura, comportamiento más que impropio de un ser humano, y ello como consecuencia de la negativa de la víctima a mantener una relación con el acusado”.

En cuanto al delito de acoso, el Tribunal del Jurado señala que, a raíz de la ruptura, en julio de 2016, el sospechoso “desplegó toda una conducta de hostigamiento hacia la joven” para intentar conseguir que reanudase la relación con él.

 

La Audiencia condena a prisión permanente revisable al autor del asesinato de Diana Quer

Mar, 12/17/2019 - 14:47

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado al autor de la muerte de Diana Quer a la pena de prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por cometer un asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión.

También le ha impuesto la prohibición de aproximarse a los padres y a la hermana de la víctima, a sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, a una distancia inferior a mil metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio durante la duración de la pena y, en todo caso, desde el inicio de cumplimiento de la misma y hasta que transcurran diez años desde la conclusión.

Además, lo ha condenado, como autor responsable de un delito de detención ilegal y de un delito de agresión sexual, en concurso medial, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de 4 años de prisión y a cinco años libertad vigilada. La Audiencia también le ha impuesto el abono de una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los progenitores y de 40.000 a la hermana de la víctima, además del pago de las costas de proceso judicial.

El Tribunal del Jurado consideró probado que el acusado mató a la víctima “con la finalidad de ocultar los hechos constitutivos del delito contra la libertad sexual que había cometido”. El móvil sexual, según indica el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, “aparece como completamente coherente con las circunstancias y con que un examen racional de otras posibles motivaciones alternativas no permite vislumbrar ninguna otra dotada de una mínima solidez y verosimilitud que pueda oponerse a la conclusión expresada por el jurado”.

“El jurado menciona como razones de la decisión de estimar probados un ánimo de índole sexual y la realización de actos de tal naturaleza a los dos elementos que, según también entiende este juzgador, son las únicas pruebas que podrían permitir llegar a tal conclusión, consistentes en la ausencia de cualquier otra explicación mínimamente razonable sobre la decisión de transportar a la víctima a la nave; y en la desnudez del cadáver”, subraya el magistrado en la sentencia. En el fallo también indica que el intento de agresión sexual a otra joven en Boiro, por el que el sospechoso fue condenado, “encaja en la escala de valores y forma de actuar del acusado y dota de credibilidad a la demostración de la tesis acusatoria, ya obtenida por otros medios probatorios, y aumenta el poder de convicción de la prueba de signo incriminatorio”.

El jurado rechazó que la intención del acusado fuera impedir que la víctima le delatase por haberle visto robando gasoil, pues la situación del móvil de la fallecida “descarta que la abordase en el lugar en el que dice que la abordó”. Tampoco otorga credibilidad a que el móvil fuese el robo, pues “no se quedó con las pertenencias de la víctima”.
En cuanto a la fijación de la pena, el presidente del Tribunal del Jurado rechaza la imposición de una pena única de prisión permanente revisable por los tres delitos, que es la que legalmente corresponde a un asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido sobre la víctima. “Se ha de rechazar que la imposición de la pena de prisión permanente revisable a uno de los delitos objeto de enjuiciamiento determine legalmente que los otros delitos también condenados en la misma sentencia queden sin sanción penal específica”, argumenta.

El juez resalta los efectos que las penas de los otros delitos generan respecto de los plazos para acceder al tercer grado, “lo que evidencia que tal supuesto de sanción de otros delitos es jurídicamente viable y que incluso es necesaria esta individualización de las penas para poder atender a las exigencias de los referidos preceptos en la eventual ejecución de la pena de prisión permanente”.

El magistrado, por tanto, estima procedente “el criterio de que el legislador no ha regulado un delito complejo de asesinato y contra la libertad sexual, sino que ambos delitos mantienen su independencia típica y han de ser objeto de sanción por separado, sin perjuicio de lo que posteriormente pueda resultar en la fase de ejecución”.

 

La Audiencia condena a prisión permanente revisable al autor del asesinato de Diana Quer

Mar, 12/17/2019 - 14:47

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado al autor de la muerte de Diana Quer a la pena de prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por cometer un asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión.

También le ha impuesto la prohibición de aproximarse a los padres y a la hermana de la víctima, a sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, a una distancia inferior a mil metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio durante la duración de la pena y, en todo caso, desde el inicio de cumplimiento de la misma y hasta que transcurran diez años desde la conclusión.

Además, lo ha condenado, como autor responsable de un delito de detención ilegal y de un delito de agresión sexual, en concurso medial, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de 4 años de prisión y a cinco años libertad vigilada. La Audiencia también le ha impuesto el abono de una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los progenitores y de 40.000 a la hermana de la víctima, además del pago de las costas de proceso judicial.

El Tribunal del Jurado consideró probado que el acusado mató a la víctima “con la finalidad de ocultar los hechos constitutivos del delito contra la libertad sexual que había cometido”. El móvil sexual, según indica el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, “aparece como completamente coherente con las circunstancias y con que un examen racional de otras posibles motivaciones alternativas no permite vislumbrar ninguna otra dotada de una mínima solidez y verosimilitud que pueda oponerse a la conclusión expresada por el jurado”.

“El jurado menciona como razones de la decisión de estimar probados un ánimo de índole sexual y la realización de actos de tal naturaleza a los dos elementos que, según también entiende este juzgador, son las únicas pruebas que podrían permitir llegar a tal conclusión, consistentes en la ausencia de cualquier otra explicación mínimamente razonable sobre la decisión de transportar a la víctima a la nave; y en la desnudez del cadáver”, subraya el magistrado en la sentencia. En el fallo también indica que el intento de agresión sexual a otra joven en Boiro, por el que el sospechoso fue condenado, “encaja en la escala de valores y forma de actuar del acusado y dota de credibilidad a la demostración de la tesis acusatoria, ya obtenida por otros medios probatorios, y aumenta el poder de convicción de la prueba de signo incriminatorio”.

El jurado rechazó que la intención del acusado fuera impedir que la víctima le delatase por haberle visto robando gasoil, pues la situación del móvil de la fallecida “descarta que la abordase en el lugar en el que dice que la abordó”. Tampoco otorga credibilidad a que el móvil fuese el robo, pues “no se quedó con las pertenencias de la víctima”.
En cuanto a la fijación de la pena, el presidente del Tribunal del Jurado rechaza la imposición de una pena única de prisión permanente revisable por los tres delitos, que es la que legalmente corresponde a un asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido sobre la víctima. “Se ha de rechazar que la imposición de la pena de prisión permanente revisable a uno de los delitos objeto de enjuiciamiento determine legalmente que los otros delitos también condenados en la misma sentencia queden sin sanción penal específica”, argumenta.

El juez resalta los efectos que las penas de los otros delitos generan respecto de los plazos para acceder al tercer grado, “lo que evidencia que tal supuesto de sanción de otros delitos es jurídicamente viable y que incluso es necesaria esta individualización de las penas para poder atender a las exigencias de los referidos preceptos en la eventual ejecución de la pena de prisión permanente”.

El magistrado, por tanto, estima procedente “el criterio de que el legislador no ha regulado un delito complejo de asesinato y contra la libertad sexual, sino que ambos delitos mantienen su independencia típica y han de ser objeto de sanción por separado, sin perjuicio de lo que posteriormente pueda resultar en la fase de ejecución”.

 

Confirman la condena de 16 años de cárcel para los dos acusados de asesinar a un joven en Ourense arrojándolo a un canal

Mié, 12/04/2019 - 14:46

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la condena de 16 años de cárcel impuesta a cada uno de los dos acusados de propinarle una paliza a un joven en diciembre de 2014 y arrojarlo vivo a un canal, lo que provocó que fuese arrastrado por la corriente y falleciese en el agua. El Tribunal del Jurado consideró culpables de asesinato a los acusados del conocido como crimen de A Esmorga. El Superior indica en la resolución que “ni existen defectos en la proposición del objeto del veredicto ni hay motivos que pudieran haber dado lugar a la devolución del acta al jurado”.

Además, los magistrados del alto tribunal gallego destacan que la sentencia “razona adecuadamente” la conclusión de que “en ningún momento hubo una parada en aquel lugar de manera accidental, sino que obedecía al desarrollo del plan que ambos acusados previamente habían tramado”. El TSXG hace referencia a las palabras de la mujer de uno de los condenados, quien atribuyó “de manera inmediata” una muerte, en principio de persona no identificada, a la actuación conjunta de ambos acusados. “Evidentemente, esas palabras carecen de sentido si previamente no hubiera tenido conocimiento de tal acuerdo, de la intención conjunta de ambos de acabar con la vida de la víctima”, recalcan los jueces.

“La conclusión alcanzada, por consiguiente, es perfectamente razonable, se acomoda a elementales reglas de la experiencia y en modo alguno puede ser tildada de absurda o arbitraria desde la consideración del testimonio de referencia”, argumentan los jueces de la Sala de lo Civil y Penal, quienes insisten en que “no hay tacha alguna a las conclusiones obtenidas por el tribunal, al margen de que pudieran existir o no otras versiones igualmente posibles”.

“Es parecer de la Sala que el tribunal ha contado con suficiente prueba de cargo, la ha valorado debidamente, ha sido practicada con respeto a los principios legales y constitucionales del proceso y, en definitiva, todo el razonamiento se encuentra acomodado a la lógica y a las máximas de la experiencia”, señala el TSXG.

Sobre las alegaciones del acusado considerado cooperador necesario para cometer el crimen, el alto tribunal gallego recalca que “nada hizo para impedir que la víctima fuera fatalmente arrojada al canal del río Viñao”. La sentencia recurrida considera que el otro condenado es el único que agredió al fallecido y lo tiró al río, pero ello “no eclipsa la responsabilidad del recurrente a título de autor”, argumentan los magistrados del TSXG, quienes recuerdan que “para fundamentar esta afirmación el tribunal se apoya en la existencia del acuerdo previo y en la conducción del vehículo, por lo que realiza una aportación objetiva y causal para la ejecución del plan criminal”. Por ello, inciden en que la “contribución causal” del condenado es “absolutamente relevante”.

Confirman la condena de 16 años de cárcel para los dos acusados de asesinar a un joven en Ourense arrojándolo a un canal

Mié, 12/04/2019 - 14:46

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la condena de 16 años de cárcel impuesta a cada uno de los dos acusados de propinarle una paliza a un joven en diciembre de 2014 y arrojarlo vivo a un canal, lo que provocó que fuese arrastrado por la corriente y falleciese en el agua. El Tribunal del Jurado consideró culpables de asesinato a los acusados del conocido como crimen de A Esmorga. El Superior indica en la resolución que “ni existen defectos en la proposición del objeto del veredicto ni hay motivos que pudieran haber dado lugar a la devolución del acta al jurado”.

Además, los magistrados del alto tribunal gallego destacan que la sentencia “razona adecuadamente” la conclusión de que “en ningún momento hubo una parada en aquel lugar de manera accidental, sino que obedecía al desarrollo del plan que ambos acusados previamente habían tramado”. El TSXG hace referencia a las palabras de la mujer de uno de los condenados, quien atribuyó “de manera inmediata” una muerte, en principio de persona no identificada, a la actuación conjunta de ambos acusados. “Evidentemente, esas palabras carecen de sentido si previamente no hubiera tenido conocimiento de tal acuerdo, de la intención conjunta de ambos de acabar con la vida de la víctima”, recalcan los jueces.

“La conclusión alcanzada, por consiguiente, es perfectamente razonable, se acomoda a elementales reglas de la experiencia y en modo alguno puede ser tildada de absurda o arbitraria desde la consideración del testimonio de referencia”, argumentan los jueces de la Sala de lo Civil y Penal, quienes insisten en que “no hay tacha alguna a las conclusiones obtenidas por el tribunal, al margen de que pudieran existir o no otras versiones igualmente posibles”.

“Es parecer de la Sala que el tribunal ha contado con suficiente prueba de cargo, la ha valorado debidamente, ha sido practicada con respeto a los principios legales y constitucionales del proceso y, en definitiva, todo el razonamiento se encuentra acomodado a la lógica y a las máximas de la experiencia”, señala el TSXG.

Sobre las alegaciones del acusado considerado cooperador necesario para cometer el crimen, el alto tribunal gallego recalca que “nada hizo para impedir que la víctima fuera fatalmente arrojada al canal del río Viñao”. La sentencia recurrida considera que el otro condenado es el único que agredió al fallecido y lo tiró al río, pero ello “no eclipsa la responsabilidad del recurrente a título de autor”, argumentan los magistrados del TSXG, quienes recuerdan que “para fundamentar esta afirmación el tribunal se apoya en la existencia del acuerdo previo y en la conducción del vehículo, por lo que realiza una aportación objetiva y causal para la ejecución del plan criminal”. Por ello, inciden en que la “contribución causal” del condenado es “absolutamente relevante”.

Condenado un octogenario que abusó de una menor en un bar de O Rosal (Pontevedra)

Mié, 12/04/2019 - 14:38

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel a un octogenario por abusar de forma continuada de una menor en la zona de recreo infantil de un restaurante de O Rosal (Pontevedra) en agosto de 2017. Los magistrados argumentan que el acusado no puede denunciar el quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva por la denegación de la práctica de alguna prueba porque “no ha articulado su pretensión a través de todos los medios que la norma legal determina para ello”. Además, el tribunal del TSXG destaca que el testimonio de la víctima “ha sido coherente y persistente, y adecuadamente valorado por la sala de instancia”, por lo que ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia.

“Lo pretendido por el apelante es la modificación del grado de credibilidad otorgado por la sala de instancia a los testimonios”, indica el Superior, al tiempo que califica de “coherente y racional” la valoración de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. “Ese proceso lógico deductivo, basado en la percepción de las pruebas personales, no queda en modo alguno desvirtuado por los alegatos defensivos, que no pasan de ofrecer unas versiones alternativas con un menor apoyo probatorio”, recalcan los jueces, quienes señalan que también “se cuenta con una prueba pericial que muestra la credibilidad del testimonio de la víctima”.

El TSXG confirma la delimitación del Camino de Santiago cerca de Lavacolla

Mié, 12/04/2019 - 08:00

La sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha desestimado el recurso interpuesto contra el decreto de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria en el que aprobó la delimitación de la ruta principal del Camino de Santiago, en concreto, del Camino Francés, en el límite del aeropuerto de Lavacolla, en el Ayuntamiento de O Pino. 

Los magistrados subrayan que el demandante “no acredita suficientemente la falta de rigor histórico de la delimitación realizada en el decreto”. Además, aseguran que “sigue un concepto puramente historicista y estático del Camino de Santiago, conforme al cual todo lugar por el que se produjo durante un tiempo el paso de quienes peregrinaban a Santiago de Compostela tiene que ser considerado traza del camino y recuperada y protegida como tal, aunque actualmente no pueda, en razón de su estado, utilizarse como lugar de tránsito”. El tribunal, además, destaca que el Camino, “más que pertenecer al patrimonio de bienes materiales, forma parte del patrimonio inmaterial, que es vivo, dinámico y sujeto a los cambios de la cultura que lo sostiene". 

La decisión de la Xunta, según la sentencia, es “motivada y no vulnera la normativa”. En cuanto a la delimitación efectuada, el fallo señala que “respeta los criterios de historicidad y autenticidad, y no deja desprotegida la traza con vestigios”. El tribunal asegura que de la prueba practicada resulta probado que la identificación del Camino es “conforme a Derecho, combinando dicha delimitación con la adecuada protección de los elementos vinculados al camino en desuso”. 

El tribunal también recuerda que en la ley de protección de los Caminos de Santiago “no se establece de forma precisa la metodología de delimitación a emplear, lo cual ocurre en todas las comunidades autónomas, ni se refiere a la necesidad de llevarla a cabo, exclusivamente, en base a momentos históricos concretos ni a trazas originarias, configurando el legislador el Camino de forma viva y dinámica”. 

El TSXG insiste en que las variaciones en las rutas del camino “han sido constantes a lo largo de la historia y han estado motivadas por distintas circunstancias: dar continuidad funcional al trazado, seguridad, infraestructuras públicas, etc.”. La sala, además, argumenta que de la prueba pericial resulta probada “la dificultad de recuperar de forma exacta el trazado de los caminos medievales, salvo en puntos esenciales y muy concretos, habiendo de partir, como ocurre en este caso, de la motivación de las decisiones de la Administración y la composición del equipo técnico encargado de esa tarea”. 

La Audiencia de Ourense condena a cuatro años de cárcel al exdirector de una sucursal bancaria por apropiarse de fondos de clientes

Jue, 11/28/2019 - 08:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a cuatro años de cárcel al que entre 1998 y 2015 fue director de una sucursal bancaria de la localidad de Entrimo por apropiarse de fondos de clientes. El tribunal lo considera autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de apropiación indebida. Además, en concepto de responsabilidad civil debe abonar a la entidad bancaria 1.494.249 euros, mientras que a uno de los perjudicados tendrá que pagarle 31.000 euros. El tribunal considera probado que el sospechoso realizó disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas de los clientes “sin el consentimiento ni la autorización de éstos”.

La Audiencia asegura que se apoderó de cantidades entregadas en efectivo por los clientes y que realizó pagos de extratipos por los fondos depositados por los clientes al margen de los contabilizados por la entidad bancaria. “El acusado les entregaba como soporte documental de su inversión o depósitos cartillas originales de la entidad bancaria en las que realizaba, valiéndose de una máquina de escribir, diferentes apuntes contables de la inversión inicial y el posterior abono de intereses”, relata el tribunal. Estas libretas, según la sentencia, “reflejaban contabilizaciones que no coincidían con la contabilidad del banco”. El tribunal indica que el acusado también expidió “documentos sellados justificativos de la comercialización de productos de inversión o de ingresos bancarios efectuados por clientes que no se correspondían con la realidad de las situaciones registradas en la entidad bancaria”.

El juzgado archiva la causa contra los altos cargos del Sergas investigados por la muerte de pacientes de hepatitis C

Mié, 11/27/2019 - 12:50

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia del Servizo Galego de Saúde (Sergas), quienes fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C.

“No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes sea imputable causalmente a los investigados”, indica el magistrado, quien subraya que “el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos”. El juez destaca que los medicamentos “se hallaban todavía en fase casi experimental y con unos resultados que todavía eran inciertos, de ahí la necesidad de que las autoridades sanitarias diseñasen mecanismos o procedimientos destinados a precisar con sumo cuidado aquellos casos en los que estaría indicada su aplicación”.

El auto, que puede ser recurrido, señala que tampoco se puede concluir que, de haberse aplicado a los pacientes los nuevos fármacos, se hubiese evitado su fallecimiento. “Si analizamos el exhaustivo informe que ha sido emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la conclusión que se extrae es que el fallecimiento de los pacientes se produjo por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos”, recalca el juez, quien añade que del informe forense se infiere que los nuevos tratamientos antivirales “lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la hepatitis C, pero ello no quiere decir que los pacientes se curaran”.

El procedimiento diseñado por el Sergas para garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos de la hepatitis C, según el auto, es “muy similar al aplicado en otras comunidades autónomas”. El magistrado señala que en la fecha de los hechos los nuevos tratamientos “ni siquiera se hallaban plenamente admitidos por la Agencia Europea del Medicamento, de modo que su acceso solo podría hacerse de modo extraordinario como uso compasivo para aquellos pacientes en una situación de especial gravedad”. Además, indica que las autoridades sanitarias debían “ceñirse a las exigencias del titular de la patente, en este caso Gilead, único laboratorio que los fabricaba”.

La Audiencia de A Coruña distribuye 51.742 millones consignados por la catástrofe del Prestige

Mar, 11/26/2019 - 14:25

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido una providencia en la que acuerda distribuir las cantidades depositadas en el órgano judicial entre los 265 afectados por la catástrofe del Prestige. En concreto, la Audiencia reparte 51.742.034 euros, de los que 27.199.464 fueron depositados por el FIDAC. El resto, 24.542.570 euros, proceden en su mayoría ¬(22.777.986)¬ de la aseguradora del buque, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) y, el resto, de la venta del fuel recuperado del petrolero.

Los fondos se reparten proporcionalmente, según las indemnizaciones reconocidas, entre el Estado español -¬como principal perjudicado-¬, que recibirá 40.671.748 euros, el francés (9.265.515 euros), la Xunta de Galicia (202.472 euros) y otros 262 afectados por el vertido que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades. La Audiencia estableció el principal de ejecución de sentencia en 1.441.562.943 (sin contar los 392.923.977 de intereses moratorios; 87.144.811 de intereses procesales; y 573.797.973 de intereses, costas y gastos de ejecución).

La Audiencia de A Coruña condena a un sindicalista por agredir a un policía durante una protesta por un acto electoral del PP en Ferrol

Lun, 11/25/2019 - 09:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado al que en octubre de 2012 era secretario comarcal de la CIG en Ferrol a seis meses de prisión por agredir a un agente de la Policía Nacional durante una protesta delante de un hotel de Ferrol en el que el PP realizaba un acto de campaña electoral. El tribunal lo ha considerado culpable de un delito de atentado a agente de la autoridad, concurriendo la agravante de reincidencia y la atenuante de dilaciones indebidas. Además, la Audiencia le ha impuesto el pago de 840 euros al agente y lo ha absuelto de las faltas de coacciones y lesiones que le imputaban. Respecto al funcionario del 091, los magistrados han decretado su absolución de los delitos de tortura, contra la integridad moral y lesiones por los que fue acusado.

Los jueces relatan en la sentencia que cuando se produjo un enfrentamiento entre unos manifestantes y los agentes que formaban parte del cordón policial, el acusado “agarró con una mano a uno de los policías de la camisa y, con la otra, le golpeó varias veces en el casco”. La Audiencia señala que el agente “intentó sujetarlo para meterlo detrás del cordón policial y reducirlo, pero no fue capaz, porque el acusado lo intentaba evitar físicamente, hasta que un compañero que se encontraba a su lado lo ayudó”.

“Los testigos que declaran a instancia del acusado pueden desde un plano teórico reforzar su versión, en cuanto a la actitud pacífica de los manifestantes, a la violenta de los policías, a la búsqueda del detenido, a la paliza sádica. Pero el problema es que estas declaraciones no es que no concuerden, sino que quedan desvirtuadas por los elementos de prueba más objetivos”, recalca la Audiencia, quien considera probado que se produjo “una agresión, un acometimiento, a un agente de la autoridad cuando desempeñaba su función, proteger la evacuación de unos cargos públicos, en unas condiciones que en absoluto permiten pensar en una menor entidad ni en el ánimo defensivo”.

Un juzgado rechaza que el control de las cuotas de pesca en aguas exteriores le corresponda a la Xunta de Galicia

Vie, 11/22/2019 - 15:15

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha estimado el recurso contra la incautación de 475 kilos de caballa y la multa de 351 euros que la Consellería do Mar le impuso al patrón de una embarcación con base en O Grove por la comisión de una infracción grave en materia de pesca. El magistrado, por tanto, ha revocado y dejado sin efecto las resoluciones de la Xunta, que deberá reintegrarle al recurrente el importe de la multa más el precio que hubiese obtenido por la venta del pescado. La sentencia es firme, pues contra ella no cabe recurso.

El juez argumenta que la competencia para sancionar la descarga de pesca realizada en aguas exteriores que supera los topes máximos de captura de especies pelágicas le corresponde “con carácter exclusivo y excluyente” al Estado. La Xunta, según la sentencia, “puede colaborar con la Administración estatal en la fase de inspección (denunciando la infracción detectada en la descarga del buque), pero no puede sustituirla ni subrogarse en la competencia del Estado sancionando directamente al infractor”. El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra subraya que la potestad sancionadora de la Xunta “se circunscribe a las infracciones por superación de topes de captura en aguas interiores de Galicia”.

En el fallo el recurrente alega que toda la caballa capturada esa semana del mes de marzo de 2017 se pescó en aguas exteriores. Para acreditarlo aportó el seguimiento de la caja azul del pesquero y el listado de posición expedido por la Secretaría General de Pesca. Además, la descarga se produjo en el puerto de Burela, que es uno de los habilitados para la inspección de especies pelágicas capturadas en aguas exteriores. “La Xunta no ha propuesto prueba alguna para rebatir este hecho”, señala el juez, quien también concluye, tal y como solicitaba el recurrente, que la resolución de 24 de marzo de 2017 que implantó el límite de los 10.000 kilos semanales “no había entrado en vigor en las fechas en las que se realizó la pesca porque no se había publicado en diarios oficiales”.

En cuanto al argumento de la falta de acreditación objetiva del supuesto exceso de capturas denunciada por el recurrente, el magistrado también lo estima, pues destaca que el patrón solicitó los certificados de calibración de la báscula utilizada por los inspectores guardacostas, pero, “inexplicablemente”, la Xunta no se los facilitó. “Por tanto, se desconoce si la báscula utilizada por los agentes denunciantes está bien calibrada, si ha superado los controles reglamentariamente establecidos, etc.”, recalca el magistrado.

El Juzgado de Pontevedra decreta el archivo de la investigación del accidente del Nuevo Marcos

Mar, 11/12/2019 - 17:00

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra ha decretado en un auto el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias relacionadas con el naufragio del Nuevo Marcos, en el que fallecieron tres personas. La magistrada indica en la resolución que el accidente, sucedido el 26 de abril de 2017 en la ría de Pontevedra, no es atribuible al presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y de la Ría de Pontevedra y al presidente de Portos de Galicia, tal y como demandaban las acusaciones particulares. La Fiscalía, por su parte, solicitaba el sobreseimiento provisional del caso. La jueza, por tanto, descarta la existencia de tres delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra explica que el informe de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) concluye que los factores que contribuyeron al hundimiento del barco fueron “que el polígono de bateas no disponía de balizamiento, que era una noche oscura que no permitía ver las bateas, a no ser que estuvieran vigilando el radar, que la vigilancia no fue eficaz ni se evaluó correctamente la situación por la tripulación y, como factor más importante, que la conciencia de seguridad de la tripulación no era la adecuada”.

La jueza señala en el auto que la embarcación, sin estar obligada, disponía de un radar y de dispositivos de salvamento y protección individual, así como de una radiobaliza de localización. “No obstante, una vez colisiona con la batea, no se detuvo ni aminoró la velocidad, sino que continuó la marcha hacia el puerto de Combarro, que se encontraba a apenas cuatro minutos, sin efectuar ninguna llamada de socorro ni realizar una valoración de daños ni de las consecuencias de seguir navegando”, indica la magistrada, quien subraya que “tampoco prepararon el abandono de la embarcación ni el uso de los dispositivos de salvamento y protección individual de los que sí disponía la embarcación, que se hundió apenas unos minutos después del choque”.

El informe de la CIAIM confirma que la posición del polígono de bateas “no se ajusta a lo que indica la orden que lo regula”, pero considera que “no contribuyó al accidente porque los patrones de pesca conocen la zona y navegan a la vista”. La CIAM subraya que el gobierno de una embarcación requiere “mantener en todo momento una vigilancia del entorno para evaluar continuamente la posición del buque y el riesgo de colisión” y que en la ruta que debía seguir el Nuevo Marcos “existía un cierto riesgo de colisión por la presencia del polígono de bateas, algo que la tripulación debía conocer por ser de la zona y por faenar con regularidad en ella”.

Un Juzgado ordena que se siga la causa contra el alcalde de Vilanova de Arousa por un delito leve de falta de respeto a la autoridad

Mar, 11/12/2019 - 17:00

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra ha emitido un auto en el que decreta el fin de la instrucción del caso en el que se investiga al alcalde de Vilanova de Arousa por presuntamente llamar “chacha para todo” a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

La magistrada indica que hay indicios suficientes para que el procedimiento se siga contra el regidor por un delito leve de falta de respeto y consideración debida a la autoridad.

La Audiencia de A Coruña reabre la instrucción sobre el accidente del Alvia

Mar, 11/12/2019 - 14:27

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha emitido un auto en el que, en virtud de la aparición de datos sobrevenidos expuestos por la Plataforma Víctimas Alvia 04155, acuerda dejar sin efecto los autos apelados emitidos por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, entre ellos el que ponía fin a la instrucción y acordaba que la causa se siguiese contra el maquinista del tren y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea.

La Audiencia, por lo tanto, ha decretado el retorno del proceso a la fase de diligencias previas de investigación para la averiguación de los hechos expuestos por la Plataforma Víctimas Alvia 04155. La resolución es firme, por lo que contra ella no cabe recurso.

El tribunal considera “ineludible” investigar los hechos expuestos por la plataforma, “tanto por lo que se refiere a la supuesta destrucción de pruebas como a la situación en que se hallaba el tren y su posible relación con el accidente, que ha sido uno de los objetos principales de la investigación”. Los magistrados señalan que todo ello “determina necesariamente la vuelta de las actuaciones a la fase de diligencias previas para que, con la máxima celeridad posible, se depuren estos hechos”. El retorno de la causa a la fase de instrucción determina la revocación de las decisiones que fueron adoptadas en su conclusión.

La Audiencia de Pontevedra condena a 18 años y medio de cárcel al hombre que mató en Ponte Caldelas al marido de la mujer con la que mantuvo una relación

Vie, 11/08/2019 - 13:00

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a 18 años y medio de cárcel y a ocho años de libertad vigilada como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento al hombre que en noviembre de 2015 apuñaló en su casa de Ponte Caldelas al marido de la mujer con la que mantuvo “una relación intermitente”.

A la hora de dictar la pena tuvieron en cuenta las atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas. El acusado también ha sido condenado a la prohibición de comunicarse y aproximarse a la esposa del fallecido durante 23 años y a abonar una indemnización a cada uno de los padres de la víctima de 40.000 euros; y, a la mujer, de 30.000 euros.

El Tribunal del Jurado consideró probado que el acusado acudió al domicilio de la víctima y que cuando supo que seguía viviendo con su esposa “lo tiró al suelo y le asestó diversas puñaladas en distintas partes del cuerpo” que le ocasionaron la muerte. El ataque, según el Tribunal del Jurado, fue “sorpresivo e inesperado”, por lo que el fallecido careció de oportunidad de defensa.

Condenado a dos años y tres meses de cárcel un hombre que estafó 200.000 euros a una familiar

Mié, 11/06/2019 - 15:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a dos años y medio de cárcel a un hombre que estafó a una prima de su madre, con la que llegó a inscribirse como pareja de hecho, 200.000 euros. El acusado, según considera probado el tribunal, se ganó la confianza de la mujer, quien no tiene familiares directos en Ferrol, tras viajar a Galicia desde Madrid.

Los magistrados indican que, después de conocer las circunstancias económicas de la víctima, decidió “aprovechar su situación de soledad, su falta de conocimientos para la gestión de negocios y la debilidad de su carácter para realizar una serie de maniobras encaminadas a hacerse con su dinero”. Así, la convenció para que abriese una cuenta de banca electrónica “pese a que no tenía conocimientos de informática ni de uso de internet” y que transfiriese a ella 200.000 euros. En esta cuenta el condenado figuraba como autorizado y disponía de las claves necesarias para poder operar con ella.

Los magistrados aseguran que para aparentar que estaba gestionando de forma adecuada el dinero, comenzó a realizar transferencias mensuales, por importe de 300 euros, a la cuenta de la afectada. “Al objeto de buscar una cobertura frente a posibles reclamaciones, la convenció para inscribirse como pareja de hecho en Ferrol y para que le otorgara ante notario un poder general de representación, a partir de lo cual dejó de transferir los 300 euros mensuales”, relatan los jueces.

La Audiencia de A Coruña condena a nueve años y tres meses de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hija

Mié, 11/06/2019 - 15:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años y tres meses de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hija, nacida en 2005, durante un periodo de tiempo indeterminado, pero al menos entre 2013 y 2016, con una frecuencia “prácticamente semanal”. La Fiscalía también acusaba a la abuela y a la madre de la menor. El tribunal, sin embargo, considera que no ha quedado acreditado que la abuela “tuviera constancia de que la niña era abusada, agredida” y destaca que también sufría la violencia de su hijo. La mujer, según el fallo, “tenía como prioridad, dada su simpleza, la defensa de la fama de la familia, de su propio hijo”.

Respecto a la madre, los jueces concluyen que “carecía de capacidad real para actuar en cumplimiento del deber del garante”, pues padece una discapacidad intelectual leve, “lo que favorecía que su capacidad de decisión, de opinión, dentro de la familia, fuera inapreciable”. El tribunal sostiene que “no supo reaccionar” debido “a su discapacidad y por el ambiente familiar en el que se encontraba, de absoluta anulación”. La Audiencia también le impuso al acusado diez años de libertad vigilada, la privación de la patria potestad respecto de sus tres hijos menores y la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a ellos durante quince años.

Los jueces relatan que la convivencia del núcleo familiar “estuvo presidida por los comportamientos violentos del condenado con los demás miembros de la familia, por las condiciones económicas precarias, por la mínima capacidad de los adultos para la solución de los conflictos, por la simpleza de sus caracteres y por el aislamiento social”. Todos estos problemas, según el tribunal, estuvieron “acuciados por el habitual consumo, abusivo, de alcohol por parte de esos adultos, de los tres, quienes llegaban, con frecuencia, a la borrachera”.

El TSXG considera suficientes las obras ejecutadas en O Piricoto para adaptarlo al entorno y rechaza su demolición

Jue, 10/31/2019 - 14:00

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado en un auto ejecutada la sentencia de 1994 que declaraba nula la licencia de obra del edificio de Vigo conocido como O Piricoto. El alto tribunal gallego ha decretado, por tanto, el archivo del procedimiento una vez que el auto sea firme, pues contra él cabe presentar recurso de reposición ante la misma sala del TSXG.

“Todas las pruebas permiten concluir con suficiente grado de certeza que las actuaciones de adaptación al ambiente previstas, incluidas las demoliciones parciales ejecutadas, son suficientes para tener por ejecutada completamente la sentencia, ya que la edificación se ha adaptado al ambiente de la actualidad”, indican los magistrados en el auto, en el que subrayan que se han eliminado “los impactos paisajísticos que determinaron la anulación de la licencia original”.

El Superior subraya que la demolición total solicitada por la parte ejecutante “acabaría generando un resultado disonante con el entorno actual, profundamente urbanizado y radicalmente transformado respecto a la realidad paisajística existente en el momento en que se dictó la sentencia”. El alto tribunal explica que la demolición total “no puede ser la actuación exigida para la ejecución de la sentencia” y recuerda que el propio Tribunal Supremo indicó que era necesario acometer “bien el derribo del edificio o bien su modificación externa para adaptarlo, en lo básico, al ambiente en el que está situado”.

El TSXG destaca en la resolución que “todos los informes técnicos y periciales acreditan que la edificación actual se adapta al ambiente”, pues es “similar a los edificios de su entorno”. Los magistrados insisten en que los incumplimientos apreciados en la sentencia de 1994 “se han subsanado con las actuaciones ejecutadas, tendentes a minimizar el impacto visual y a eliminar la perspectiva de pantalla generada por la sensación de continuidad entre los bloques que conforman la urbanización”. Las demoliciones parciales ejecutadas han conseguido eliminar, según el Superior, “la perspectiva de pantalla”, mientras que la adaptación ambiental se ha realizado mediante “la eliminación de disonancias en la cubierta, la desaparición de los casetones y la reducción de altura y volumen en esa cubierta, así como la utilización de técnicas cromáticas y de apantallamiento vegetal”.

“La modificación de la configuración externa del edificio determina su adaptación al entorno actual, profundamente transformado desde la sentencia y que poco tiene que ver con el entorno paisajístico que pudo valorar el tribunal sentenciador cuando en 1994 consideró que la edificación no armonizaba con el entorno”, recalca el TSXG, al tiempo que señala que se trata “de un área profundamente urbanizada, a raíz de la creación de viales estructurantes, a partir de los cuales se ha ido compactando la malla urbana”. O Piricoto, subrayan los jueces, se sitúa “fuera del área de protección del bien de interés cultural e incluso fuera del área de amortiguamiento prevista en la legislación sectorial de protección del Patrimonio”.

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