Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Un juzgado de Ourense absuelve a los exalcaldes y exconcejales de O Carballiño acusados de prevaricar

Vie, 01/15/2021 - 10:30

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense ha absuelto al exlíder del PSdeG y exalcalde de O Carballiño, P.V., y a otros cuatro exediles del municipio ourensano que ejercieron, en diferentes épocas, entre los años 1995 y 2011, del delito de prevaricación en la contratación de 60 personas que les imputaba el Ministerio Fiscal.

“Ni hemos podido concluir que en la contratación de los trabajadores se hubiera prescindido totalmente de un procedimiento de selección que intentase respetar los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, ni tampoco que los acusados hubiesen actuado con conciencia de arbitrariedad en las resoluciones que llegaron a dictar en el ejercicio de sus cargos”, destaca la jueza en la sentencia, en la que asegura que “tampoco en relación con las prórrogas o a la declaración de indefinición podríamos apreciar la existencia del delito de prevaricación”.

Durante el período enjuiciado, según la magistrada, “no hay la más mínima advertencia escrita de la Secretaria del Ayuntamiento de O Carballiño acerca de la ausencia de los procedimientos de selección que deberían observarse”. Además, insiste en que “no ha podido probarse que los acusados, en el ejercicio de sus cargos en el Concello de O Carballiño y en relación con la contratación del personal laboral temporal, hubieran dictado resoluciones arbitrarias y con conocimiento de su ilegalidad".

Un Juzgado ordena investigar un posible delito de prevaricación en la Diputación de Ourense por la compra de mobiliario urbano en 2011

Jue, 01/14/2021 - 15:25

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ourense ha condenado a la Diputación Provincial a abonar 193.093 euros a un particular que le suministró bancos y marquesinas en 2011. La Administración reconoció que recibió el mobiliario urbano, pero alegó que no lo pagó porque el presupuesto no había sido aceptado previamente. El juez, sin embargo, estima el recurso “a fin de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Diputación, que ha percibido los bancos y marquesinas y, sin embargo, no ha abonado su precio”.

El magistrado, debido a la forma en la que fue adquirido el mobiliario urbano, ha ordenado en la sentencia la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal con el objetivo de que se practiquen “las diligencias que considere necesarias para determinar si procede el ejercicio de la acción penal por la posible comisión de un delito de prevaricación cometido por el/los responsables del encargo de los suministros de bancos y marquesinas, sin perjuicio de otros en los que hubiesen podido incurrir”.

El juez advierte en la resolución que la parte recurrente “se ha beneficiado de una forma grosera de unos suministros encargados a dedo, sin presupuesto, contrato o formalidad alguna y, lo que es más grave, saltándose la normativa en materia de contratación, impidiendo que otras empresas pudiesen presentar sus propuestas, de modo que finalmente se encargasen los suministros a la que mejor oferta hiciese, con el consiguiente beneficio para los administrados y para las arcas públicas”. El magistrado destaca que “ni siquiera se ha tratado de eludir la aplicación de la normativa acudiendo a sucesivos contratos inferiores al mínimo legal para esquivar, en fraude de ley, la aplicación de la normativa contractual, sino que no se hizo contrato alguno, pese a que los suministros encargados han supuesto para el erario público cientos de miles de euros”. Por todo ello, concluye que procede deducir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si, en el caso de que no se estimase prescrito, se pudiese apreciar la comisión de un delito de prevaricación.

La juez finaliza la investigación sobre el sacerdote y profesor de un colegio de Vigo denunciado por abusar de menores

Jue, 01/14/2021 - 14:21

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados ha concluido la investigación sobre los presuntos abusos sexuales cometidos en 2019 por un sacerdote que ejercía como profesor de religión en el Colegio Salesianos de Vigo. La instructora considera que existen “indicios de criminalidad bastantes” contra el encausado y ordena que se sigan los trámites de preparación para el juicio por si los hechos fuesen constitutivos de seis delitos de abusos sexuales sobre menores de dieciséis años, tres de ellos continuados. La jueza ha ordenado dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusación particular, para que en el plazo de diez días formulen sus escritos de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan pedir la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para realizar sus escritos.

El sospechoso presuntamente cometió los hechos entre el 15 y el 23 de julio de 2019, durante unas convivencias que él mismo dirigía y que estaban organizadas por el colegio, a través de la asociación Abertal, en las instalaciones de los Salesianos situadas en Cambados. La jueza subraya en el auto que “existen indicios” de que el encausado, “obrando con la finalidad de satisfacer su apetito sexual y de vulnerar la libertad e indemnidad sexuales de personas menores de dieciséis años que tenía a su cargo”, llevó a cabo “actos libidinosos consistentes en tocamientos en el pene y genitales” de los menores. La instructora destaca que se prevalió “de una situación de superioridad jerárquica, derivada del hecho de ser sacerdote del colegio de los menores, profesor en el mismo y director del campamento juvenil”.

El cura, según el auto, también abusó de dos menores durante una peregrinación a Santiago de Compostela organizada por el colegio Salesianos de Vigo en abril de 2019. A uno de ellos supuestamente volvió a realizarle tocamientos en el campamento de Cambados. En junio de 2019, según relata la instructora, el sacerdote presuntamente abusó de un menor que acudió a la asociación juvenil Abertal, dependiente del Colegio Salesianos, a ver la final de la Champions League.

El TSXG declara nulo el ERE de Alcoa al entender que la empresa actuó con mala fe en las negociaciones

Jue, 12/17/2020 - 18:00

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nulo el ERE de Alcoa y ha condenado a la empresa a reincorporar a los empleados afectados a su puesto de trabajo y a abonarles los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su efectiva readmisión. El alto tribunal, por tanto, ha estimado la demanda presentada por los sindicatos CCOO, CIG y UGT frente al despido colectivo planteado por la multinacional del aluminio, con sede en San Cibrao (Lugo), que afectaría a 524 trabajadores de la planta. La Sala aprecia mala fe en las negociaciones por parte de la empresa, pues asegura que su posición sobre los despidos y sus compensaciones “no ha variado ni un ápice” desde su propuesta inicial.

Los magistrados concluyen que la intención de la compañía es “paralizar las cubas electrolíticas de la fábrica para su posterior cierre” y entienden que con la oferta de ERE que realizó al comité de empresa pretendía “vestir lo mismo, pero de una manera diferente”. Así, destacan que ese Expediente de Regulación Temporal de Empleo “no privaría a la empresa de la posibilidad de extinguir los contratos de trabajo una vez rematada su vigencia”.

Los jueces consideran “sumamente significativo” el número de trabajadores afectados por los despidos, pues destacan que su porcentaje “se aproxima, sin superarlo, a aquel que, según las normas regulatorias, le permite a la empresa consolidar las ayudas recibidas de las administraciones públicas sin tener que devolverlas y, a la vez, sin impedirle el cierre de las cubas”. Además, insisten en que los trabajadores mantenidos en plantilla podrían ser despedidos una vez superados los plazos de garantía de las ayudas. Todo ello permite a la Sala deducir, según explica en la sentencia, que “el fin único y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”.

El TSXG asegura que “todas las supuestas concesiones” realizadas por Alcoa durante la negociación se produjeron “con la finalidad de evitar la calificación de nulidad del despido, única que le impediría llevar a cabo la decisión estratégica de paralización de las cubas y el cierre de la fábrica”. Así, indica que la Xunta le advirtió hasta en diez ocasiones sobre la necesidad de prolongar el periodo de consultas, algo que la compañía realizó “siempre en el último momento y con resistencias, arguyendo empecinadamente el elevado coste de mantener las cubas electrolíticas en funcionamiento”.

El ofrecimiento del ERE se produjo, según los magistrados, tras una advertencia de la Xunta, como autoridad laboral competente, y “en un momento muy avanzado de la negociación”. Además, concluyen que se prolongó “no con la finalidad de discutir sobre el despido colectivo, sino para dejar tiempo para negociar la venta con un tercero”. “La pobreza de las negociaciones es tal que se ha limitado prácticamente a dos cuestiones acerca de las posibilidades reales de la venta de la planta de aluminio a un tercero y los efectos de la parada y rearranque de las cubas de electrolisis”, subraya la Sala.

Los jueces afirman en el fallo que los diálogos de Alcoa con una empresa para vender la planta “permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica”, pues sostienen que la multinacional entró en la negociación “con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final”.

La Sala de lo Social del TSXG se declara incompetente para juzgar las nuevas normas de la Xunta sobre limpieza en centros educativos

Mié, 12/16/2020 - 15:00

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado, al apreciar falta de jurisdicción, la demanda presentada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra la Xunta, a la que acusaba de haber realizado una “modificación sustancial” de las condiciones de trabajo del personal de limpieza de los centros educativos como consecuencia de la crisis de la COVID-19. “Consideramos que no somos competentes para conocer una demanda como la presente, pues en ella se trata de impugnar una norma de eficacia general”, destacan los jueces en la sentencia, en la que explican que las medidas relativas a la limpieza de los centros se han adoptado “como ejercicio del poder administrativo/ejecutivo, no como reflejo del poder de un empleador”.

La Sala entiende que con ellas la Xunta busca “establecer unos parámetros de sanidad, al regular no las condiciones laborales del personal de limpieza, sino las condiciones de limpieza e higiene en los centros educativos”. El tribunal asegura, por lo tanto, que las órdenes contenidas en las resoluciones de la Xunta impugnadas “no son disposiciones empresariales, sino disposiciones normativas, esto es, normas de obligatorio cumplimiento”. Además, añade que se dirigen “no solo a los propios trabajadores de la Consellería de Educación, sino también a los de los centros concertados, a las empresas concesionarias adjudicatarias del servicio de limpieza en centros públicos y a los de los ayuntamientos”. Para los magistrados, todo ello “pone de relieve que las resoluciones impugnadas, por su vocación y aplicación generalizada, son producto de la consellería como autoridad educativa-sanitaria y, por ende, normas y no meras decisiones empresariales”.

El TSJ de Galicia anula el acuerdo para modificar el parque eólico Serra do Oribio

Mar, 12/15/2020 - 17:00

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado y dejado sin efecto, por no ser conforme a Derecho, el acuerdo aprobado por el Consello de la Xunta el 27 de junio de 2019 para la modificación del proyecto del parque eólico Serra do Oribio, situado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Os Ancares-O Courel, en Lugo. El alto tribunal estima en tres sentencias los recursos interpuestos por la Asociación Ecoloxista Verdegaia; la Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo; y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Fundación Oso Pardo (FOP) e Sociedade Galega de Ornitoloxia (SEO).

Los magistrados argumentan en las resoluciones que el plan 2007-2009 del parque estaba caducado. “El proyecto autorizado por la resolución de 31 de mayo de 2007, con la Declaración de Impacto ambiental (DIA) aprobada el 12 de agosto de 2005, no fue construido, ni instalado. La resolución que lo autorizaba indicaba que el promotor tendría un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de ocupación de los terrenos para la puesta en marcha de la instalación”, indican los jueces.

La DIA de 2005, según el alto tribunal, resulta “obsoleta para amparar la evaluación ambiental del proyecto modificado de 2018, por los múltiples y variados cambios legislativos y de catalogaciones de especial protección del terreno, no pudiendo entenderse validada por una prospección vía informes gubernativos”.

El terreno, según consta en las resoluciones, tiene la calificación de espacio natural protegido como zona de conservación de la ZEC Os Ancares-O Courel, Zona de Especial Protección de Valores Naturales y zona de Rede Natura 2000. El TSXG recuerda que en esas áreas “no están permitidos los parques eólicos, excepto la repotenciación de los ya existentes, conforme al Plan Director da Rede Natura”.

El tribunal entiende que el parque eólico de Oribio no se puede considerar “existente” para su excepcional autorización, ya que “no se había comenzado a ejecutar el proyecto de 2007-2009, no estando en explotación, ni instalados aerogeneradores”. Por ello, concluye que no puede “modificarse lo que no existe”.

Las sentencias, con las que discrepa uno de los magistrados, quien ha emitido un voto particular, pueden ser recurridas en casación.

La Audiencia de Pontevedra condena a doce años y nueve meses de cárcel al conductor que intentó asesinar a su mujer empotrando su coche contra otro en Rande

Mar, 12/15/2020 - 08:00

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a doce años y nueve meses de cárcel a un acusado de intentar matar a su mujer, con la que se encontraba en trámites de divorcio, empotrando contra otro vehículo el coche en el que viajaban, a la altura de Rande. El tribunal lo ha sentenciado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa y de otro de intento de homicidio respecto al conductor del turismo contra el que colisionó a propósito.

El tribunal indica que carece de “duda alguna” respecto a que el accidente fue “intencionado”. Así, relata en la sentencia que el sospechoso dirigió el coche contra otro vehículo “a gran velocidad” y sin accionar el freno en ningún momento. “Con ello pretendía atentar contra la vida de su mujer”, subrayan las juezas, que entienden que el condenado cometió los hechos con alevosía, pues la mujer careció “de capacidad alguna de reacción o defensa”.

La Audiencia condena a doce años de cárcel a un acusado de intentar asesinar a cuchilladas su mujer en Vigo

Lun, 12/14/2020 - 14:19

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a doce años de prisión a un hombre que intentó asesinar a su pareja en Vigo en noviembre de 2019. El tribunal relata en la sentencia que tras mantener una discusión en la vivienda de la víctima, la mujer se fue a dormir y el sospechoso se quedó en el salón de la casa. Durante la madrugada, cogió un cuchillo y se dirigió al dormitorio de su compañera sentimental, donde la atacó con él, clavándoselo en el cuello. En un momento de distracción, la mujer consiguió huir de su domicilio hasta la calle, donde fue auxiliada.

“Ha de tenerse en cuenta que, aunque no se produjo el resultado de muerte buscado, por parte del procesado se llevaron a cabo todos los hechos que deberían de haberlo causado”, destaca el tribunal, al tiempo que subraya que el condenado utilizó “los medios adecuados para ocasionar el resultado de muerte, que si no se produjo fue por causas ajenas a su voluntad”. Las magistradas entienden que existe ánimo homicida debido “al arma empleada, a la zona del cuerpo agredida y a las características e intensidad de la agresión”. Debido a lo inesperado del ataque, la víctima careció de capacidad de reacción, pues se encontraba “en la confianza de la vivienda y dormida”.

Un Juzgado de Ourense suspende cautelarmente la asamblea en la que fueron expulsados tres concejales del grupo de Democracia Ourensana

Mié, 12/09/2020 - 15:00

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense ha suspendido cautelarmente el acuerdo adoptado el 18 de octubre de 2020 por la asamblea general extraordinaria de Democracia Ourensana por el que fueron expulsados del grupo municipal tres concejales. De esta forma, ha estimado la solicitud de medida cautelar presentada por los tres ediles.

La juez indica en el auto que la formación política “no parece que tuviera facultades para expulsar del grupo municipal a los actores, toda vez que grupo municipal y partido son entidades diferentes”.

El juzgado nombra al Estado depositario de los bienes de Meirás y mantiene la fecha de entrega del pazo

Vie, 12/04/2020 - 13:20

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha designado al Estado depositario de todos los bienes muebles y elementos accesorios que conforman el complejo del pazo de Meirás, sin perjuicio de que se pueda permitir la retirada de aquellos objetos “de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural y cuya retirada en nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo”.

El Juzgado, que ha aceptado las alegaciones del Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial, mantiene la fecha de entrega del inmueble el día 10 de diciembre a las 11.00 horas. En relación a los guardeses, atendiendo al ofrecimiento del Estado para que se les confiera un plazo mayor para abandonar la casa que habitan, ha fijado como fecha máxima el 15 de enero de 2021.

La magistrada Marta Canales ha rechazado en el auto, contra el que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, la oposición efectuada por la familia Franco respecto a la prohibición de retirar bienes del pazo y a su fecha de entrega al Estado. “La literalidad del auto es clara. En consecuencia, yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron veinte días para retirar todos sus bienes. Sus actos fueron los de cumplir voluntariamente el fallo y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario”, explica la jueza.
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña destaca que la decisión de prohibir retirar bienes del recinto sin informar previamente a la parte demandada responde “a una situación de urgencia patente”, pues los Franco habían contratado vehículos para llevárselos. “La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el pazo, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué”, señala. La magistrada insiste en que era “necesario saber qué existía en Meirás” antes de permitir “trasladar todo tipo de bienes desconocidos”.

“De no haber adoptado las medidas cautelares nunca sería posible acoger una decisión futura, nunca podría debatirse si, por ejemplo, un escudo se integra o no en la ejecución y propiedad del Estado, porque los bienes habrían, simple y llanamente, desaparecido. Por eso, las medidas son cautelares, urgentes y sin audiencia”, argumenta la jueza, quien explica que, una vez realizado el inventario, el Estado tendrá que plantear “qué bienes entiende que han de ser entregados o no”.

Así, asegura que “no tiene sentido abrir ahora el debate acerca de qué bienes se integran o no en el pazo” porque la sentencia no es firme. La solicitud de depósito efectuada por el Estado, según afirma en el auto, resulta aceptable porque es “congruente con la finalidad de poder entrar a debatir qué forma parte de la ejecución, todo, nada o parte”.

La Audiencia de A Coruña decreta el archivo de la causa contra los dos altos cargos del Sergas investigados por la muerte de pacientes de hepatitis C

Jue, 12/03/2020 - 11:30

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Asociación de Afectados pola Hepatite C frente al auto de noviembre de 2019 en el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela decretó el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en el momento de los hechos, quienes fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento a pacientes de hepatitis C.

Los jueces, al igual que el instructor, consideran inexistente la relación de causalidad entre los fallecimientos de los pacientes y los actos imputables a los investigados, pues sostienen que “no se aprecia indiciariamente la omisión de un deber de cuidado”. Así, indican que carecen de indicios de que la eliminación de la demora en la autorización del fármaco hubiera tenido algún efecto en los pacientes.

“Debe reiterarse que desde que el médico que trata al paciente decide solicitar el fármaco hasta que le es administrado al enfermo hay un largo camino en el que la actuación de los investigados se ciñe al tramo entre la recepción de la solicitud en la subdirección general de farmacia y la aprobación del dictamen de la subcomisión”, indica el tribunal, al tiempo que subraya que a los investigados no se les puede responsabilizar “de las situaciones previas o posteriores a tal entrada”.

La Audiencia indica que la priorización de los pacientes y las restricciones sobre las solicitudes del medicamento se produjeron “desde la perspectiva de que era próxima la cristalización de las gestiones sobre la financiación e inclusión del fármaco en la oferta del sistema de salud”. Por ello, entiende que “no era una denegación, sino una posposición de la solicitud y eventual autorización hasta que concluyese el programa para el cual se había establecido la prioridad, con criterios técnicos, de un determinado grupo de pacientes”. Los jueces, por tanto, concluyen que “no cabe estimar como constitutivo de prevaricación que la tramitación de las solicitudes tuviera como referencia esas pautas progresivamente más amplias, reiterándose que en todo caso estaríamos ante una posposición en la tramitación y no ante una denegación de la autorización del tratamiento”.

El TSXG confirma la condena de 21 años y 9 meses de cárcel impuesta al hombre que intentó asesinar a su expareja y a su hijo en Lugo

Mié, 12/02/2020 - 18:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de 21 años y nueve meses de cárcel que la Audiencia Provincial de Lugo le impuso al hombre que en marzo de 2018 intentó asesinar a su expareja y al hijo de la mujer en Foz. Además, fue sentenciado a la prohibición de residir o acudir a la localidad en la que sucedieron los hechos durante 27 años.

El imputado, según consta en la sentencia, "no aceptaba la separación" de su compañera sentimental y "con ánimo de acabar con su vida y la de su hijo menor de edad", accedió al domicilio de Foz en el que residían. Una vez allí, abrió las bombonas de gas butano y los cuatro fogones de la cocina, el calentador y la estufa de gas, "con conocimiento y con voluntad de que con su actuación les produciría la muerte cuando llegasen a la vivienda". El tribunal destaca que el sospechoso no consiguió su propósito porque cuando su expareja llegó al inmueble percibió el fuerte olor a gas, por lo que "no accionó la llave de la luz ni encendió el cigarrillo que tenía por costumbre al entrar en la cocina". Ese día el menor no se encontraba en la vivienda porque se había quedado con sus abuelos.

Los magistrados del TSXG consideran “intrascendente” la vulneración de la presunción de inocencia que alega el sospechoso porque aseguran que el tribunal de primera instancia “no expresa en ninguno de sus razonamientos que tenga dudas –otra cosa es que el recurrente conjeture que hubo de tenerlas- sobre la verificación probatoria de los hechos que integran los tipos penales aplicados”. El TSXG ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, al que se adhirió la acusación particular y, en consecuencia, ordena la aplicación de la concurrencia de la agravante de parentesco, además de la de género, en el delito de tentativa de asesinato respecto a la expareja del sospechoso. La concurrencia de ambas agravantes, sin embargo, no conlleva la modificación de la pena impuesta.

El TSXG considera “imprescindible” prohibir a Alcoa parar las cubas para garantizar la readmisión de los trabajadores si sus despidos fuesen nulos

Lun, 11/30/2020 - 13:50

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Alcoa Inespal frente al auto dictado el 4 de noviembre por la misma Sala en el que ordena a la empresa “abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas”. El TSXG, por lo tanto, confirma esta resolución. Los magistrados subrayan en el auto, contra el que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que la medida cautelar adoptada tiene “un componente principalmente de anticipación”, ya que la consideran “imprescindible” para el caso de que, en una hipotética declaración de nulidad del despido colectivo, se pudiese readmitir de manera inmediata a los trabajadores. La Sala recalca que el apagado de las cubas electrolíticas “aun no siendo un proceso irreversible, se ofrece complejo, costoso y dilatado en el tiempo”, lo que acarrearía “graves perjuicios a los trabajadores”.

Los magistrados señalan que “la instrumentalidad” de la medida cautelar solicitada por los sindicatos está dirigida a que no se frustre la posibilidad de una readmisión para el caso, reiteran que “hipotético”, de que recayese una resolución favorable a una pretensión de nulidad del despido. Los jueces entienden que la prohibición de parar las cubas era “no solo necesaria, sino la medida más proporcionada y menos lesiva o gravosa”, al tiempo que subrayan que si se declarase la nulidad de los despidos sería “imprescindible para la reanudación inmediata de la actividad y la readmisión del personal, de manera que lo que se ha acordado no ostentaría ya naturaleza de medida cautelar, sino de ejecución del pronunciamiento judicial”.

Sobre la falta de legitimación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Consellería de Economía, Emprego e Industria para intervenir en el procedimiento, los magistrados indican que en el incidente de medidas cautelares se solicitaba una administración o intervención pública de Alcoa, personificándolo en la SEPI, pero que también “podría afectar” a las dos administraciones. “Consideramos que, aun cuando los terceros llamados a juicio no son partes en el contrato de trabajo o relación laboral, ostentan, en el caso de este procedimiento de medidas cautelares, un interés legítimo”, destaca el TSXG, al tiempo que subraya que la empresa interpelada es “una industria estratégica cuyo cierre o reducción de empleo produciría un innegable e importante impacto social dada la trascendencia que, para la comarca de A Mariña, supondría el cierre total o parcial de la empresa”, lo que determina “la existencia de un interés de las administraciones”.

Los jueces también avalan la retransmisión de la vista en directo a través de streaming, ya que recuerdan que ha de facilitarse “el acceso a los medios de comunicación de las actuaciones procesales públicas”, sobre todo en la situación actual de pandemia. De esta forma, la Sala defiende que tomó la decisión para “permitir y garantizar a las personas afectadas por el conflicto laboral, que en otra situación en que las condiciones sanitarias fuesen de normalidad podrían tener acceso a la sala de vistas con los obvios límites del aforo de la misma, la posibilidad de conocer de manera directa lo que acontece en el desarrollo de la vista de la comparecencia judicial”.

La Audiencia de Pontevedra absuelve a un acusado de abusar de su pareja menor de edad

Vie, 11/27/2020 - 15:00

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un acusado de un delito de abuso sexual por iniciar, cuando tenía 20 años, una relación sentimental con una mujer de 13. El tribunal considera acreditado que el sospechoso tiene “una capacidad intelectual inferior al promedio que corresponde a su edad” y concluye que tanto el sospechoso como su pareja presentan “un grado de madurez semejante para determinarse en el ámbito sexual”.

“Ningún dato existe que permita concluir que el consentimiento estuviese viciado o que las facultades de la menor se encontrasen anuladas, disminuidas o afectadas de alguna manera relevante o que concurriese alguna circunstancia que le impidiese otorgar el consentimiento de manera libre y voluntaria”, subrayan las juezas en la sentencia, en la que indican que “tampoco consta que el consentimiento estuviese viciado por la superioridad o influencia ejercida por el acusado sobre la menor, que no muestra ningún atisbo de temor hacia él”. El tribunal también recalca que “las posiciones del acusado y de la menor en las relaciones sexuales mantenidas son próximas en cuanto al grado de desarrollo o madurez” y, por lo tanto, concluye que no existe delito de abuso sexual.

Dos juzgados de Pontevedra anulan seis multas por incumplir el confinamiento

Jue, 11/26/2020 - 15:00

Dos juzgados de Pontevedra, siguiendo el criterio del resto de sentencias dictadas en Galicia sobre las multas que las subdelegaciones del Gobierno impusieron por infringir el confinamiento derivado del primer estado de alarma, han anulado seis sanciones de 601 euros cada una. Ambos coinciden con los criterios ya esgrimidos por otros juzgados de la comunidad y explican que la anulación de las multas se produce porque las subdelegaciones del Gobierno aplicaron un tipo infractor, el de "desobediencia a la autoridad", que consideran incorrecto. Para la concurrencia de esa infracción, la persona sancionada debe incumplir “una orden directa, inmediata y particularizada de la autoridad o de sus agentes, impartida en el momento en el que es identificada”. En ningún caso, por tanto, “permite sancionar, de manera genérica, el incumplimiento de disposiciones normativas de carácter general”.

Los jueces y juezas gallegos entienden que las restricciones son de naturaleza sanitaria y que, por lo tanto, su incumplimiento debe ser sancionado por la Xunta, no por el Gobierno. Este motivo de anulación afecta a todas las multas interpuestas durante el primer estado de alarma, es decir, entre marzo y junio. En la actualidad, los incumplimientos de las restricciones impuestas por la Consellería de Sanidade ya están siendo sancionados por la Xunta y los Ayuntamientos.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra, en base a este criterio, ha anulado las multas a cinco trabajadores que el 26 de marzo acudieron en el mismo vehículo desde la sede de su empresa a realizar unas reparaciones en la zona portuaria de Guixar, en Vigo. Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra ha estimado el recurso contra la sanción impuesta el 23 de marzo a un hombre que se encontraba en la vía pública.

Un juzgado anula una multa impuesta durante el confinamiento a un vecino de Vigo que se dirigía a una farmacia

Mié, 11/25/2020 - 14:20

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo ha anulado otra multa impuesta durante el confinamiento derivado del estado de alarma por estar en la vía pública. En este caso, el denunciado fue un hombre que caminaba el 28 de marzo sobre las tres y media de la tarde por la calle Camelias. Al ser interceptado por agentes de la Policía Local, les informó de que se dirigía a una farmacia porque las más cercanas a su vivienda estaban cerradas.

El juez subraya que “no hay rastro de que por parte de los policías se le hubiese dirigido requerimiento alguno al denunciado que hubiese sido cuestionado”, por lo que concluye que no existe delito de desobediencia y, por tanto, decreta la anulación de la sanción de 601 euros. “No vamos a entrar en el debate referente a las distancias de las farmacias que se hallaran abiertas más próximas al punto en el que se efectúa la denuncia, so pena de alcanzar resultados tan absurdos como que se valide una actuación sancionadora porque la farmacia a la que se ha acudido estaba a un kilómetro del domicilio del sujeto cuando disponía de otra a ochocientos metros”, explica el magistrado.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo, no obstante, señala que el vecino de Vigo acreditó una compra en la farmacia de la Ronda de Don Bosco, que es a la que le conminaron a ir los agentes por ser la más próxima a su domicilio. “Aunque no hubiese acudido a esa farmacia, sino a otra, no detectamos delito en su conducta”, recalca el juez, al tiempo que señala que el justificante de la compra “solo sirve para corroborar la plena obediencia del recurrente al mandato de los agentes que lo han denunciado, su total colaboración y disposición a aceptar su requerimiento y, en suma, la ausencia de cualquier renuencia a acatar sus órdenes”.

Un Juzgado anula una multa a un conductor que circulaba por Lugo durante el estado de alarma sin causa justificada

Lun, 11/23/2020 - 14:00

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Lugo ha anulado una multa impuesta a un conductor que el pasado 29 de marzo, durante el estado de alarma, circulaba en un vehículo sin causa justificada. La jueza explica en la sentencia que no consta que el recurrente “hubiese incumplido mandato u orden alguna de los agentes de la Policía Local” que lo interceptaron cuando se dirigía hacia Friol a dejar un remolque. La magistrada, por tanto, ha condenado a la Subdelegación del Gobierno en Lugo a devolverle los 300,5 euros que había abonado en el periodo voluntario de pago de la sanción, que ascendía a 601 euros.

“El ilícito administrativo de desobediencia requiere una negativa o resistencia del ciudadano a cumplir una concreta, clara y precisa orden o mandato de los agentes de la autoridad o de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”, destaca la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Lugo. En este caso, según resalta la jueza, “no ha existido una orden dictada por los agentes de la autoridad que impusiera al recurrente una conducta activa, como podría ser que regresara a su domicilio en el momento en que fue interceptado”.

El TSXG rechaza la paralización de Reganosa solicitada por una plataforma vecinal

Vie, 11/20/2020 - 14:32

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado ordenar la paralización inmediata de las actividades de recepción, almacenamiento, regasificación y expedición de gas natural licuado de la empresa Reganosa solicitada por la Plataforma de Vecinos de O Cruceiro de Mehá en su petición de ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en julio de 2016.

La entidad advertía en su solicitud de los “los peligros inherentes de la carencia del plan de emergencia exterior”, que fue anulado por la sentencia del Supremo. Los magistrados, sin embargo, indican que “si bien es cierto que se anulaba el plan con base a un decreto de 2007, posteriormente a ese año, y antes del fallo judicial de 2016, se dictó el Decreto 156/2013, de 27 de septiembre, por el que se aprobaron las actualizaciones de planes de emergencia exterior de determinadas empresas químicas situadas en la comunidad autónoma de Galicia”. En concreto, “actualizaba el de Reganosa”, según consta en el auto del TSXG. Por ello, los jueces concluyen que la empresa “tenía y tiene la necesaria cobertura para contingencias de emergencia derivadas de ese plan”.

Además, el TSXG destaca que en la sentencia de 2016 “no se contemplaba una paralización futura de la planta, sino que la anulación fue como resultado de una valoración de encuadre urbanístico en atención a la cobertura del planeamiento de la zona en donde se situaba la empresa”. Esa falta de cobertura, según destaca la Sala, fue “objeto de subsanación posterior a través de una modificación puntual aprobada en junio de 2012”.

El TSXG confirma la condena de 26 años y medio de cárcel a un hombre que asesinó a su mujer en Cabana de Bergantiños (A Coruña)

Vie, 11/20/2020 - 14:20

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de 26 años y medio de cárcel que la Audiencia Provincial de A Coruña, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, le impuso al hombre que asesinó a su mujer en Cabana de Bergantiños. El alto tribunal gallego ha desestimado el recurso contra el fallo interpuesto por el sospechoso y ha avalado la concurrencia de las agravantes de género y de parentesco.

Los magistrados destacan que el recurrente pretende “la sustitución” de los hechos considerados probados por el jurado por su propio relato, “sin llegar a cuestionar las pruebas y su valoración, sino ofreciendo otras y dándoles un sentido diferente”. El TSXG rechaza, como solicitaba el sospechoso, que se tuviesen en cuenta las atenuantes de arrebato u obcecación, embriaguez y reparación del daño. Los jueces consideran “sorprendente” que la defensa pretenda que se excluya el ánimo de matar porque la víctima y el agresor entraron juntos en la casa. Así, subrayan que el condenado realizó “tres disparos por la espalda”, que impactaron en la cabeza, en el pulmón y en el riñón, es decir, “con dirección a espacios vitales”.

Respecto a la agravante de género, los magistrados destacan que de los hechos probados en la sentencia se induce que el acusado “asumió esa situación de desigualdad” respecto a su mujer, tal y como demuestra “la situación de maltrato psicológico continuada y los desprecios” a los que la sometía. El tribunal recalca que, tal y como consta en el fallo de la Audiencia, el condenado mató a su mujer “para evitar que rehiciera su vida”. La frase, según los jueces, “describe perfectamente ese sentimiento de superioridad, de dominación, de poder, hasta de sentimiento de dominio asimilado a una suerte de propiedad aniquiladora de la personalidad de la víctima, hasta el punto de cercenarle cualquier ápice de libertad en el desarrollo de la propia vida”.

 

Una juez condena a la secretaria general del PSOE de Ferrol por cometer un delito de injurias

Lun, 11/16/2020 - 16:00

Un Juzgado ha condenado a la secretaria general del PSOE de Ferrol, Beatriz Sestayo, al pago de una multa de 2.100 euros por cometer un delito de injurias con publicidad al insertar en sus redes sociales comentarios sobre el que en ese momento, mayo de 2017, era titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Ferrol. Además, le ha impuesto el abono de una indemnización al afectado de 500 euros por los daños morales causados. La denunciada también deberá publicar la sentencia, una vez sea firme, en su perfil de Facebook.

La juez de Penal número 2 de Ferrol indica en el fallo que la condenada “emitió un juicio de valor sobre el magistrado, tachándolo de machista, -expresión de evidente carga ofensiva-, sin exponer fundamento alguno que lo avale”. Todo ello, según la jueza, convierte esa acusación “en un puro insulto que no solo guarda relación con el desempeño profesional del juez, sino también con su vida privada o familiar, pues se supone que el varón machista lo es tanto en lo personal como en lo profesional”.

“No se juzga aquí un improperio cualquiera, ni una crítica a las resoluciones del juez que pudieran considerarse más o menos acertadas, sino que se acusa de machista al magistrado que conocía en este partido judicial de las denuncias por violencia de género”, advierte la jueza, quien señala que, esa acusación carece de “base fáctica ni argumentos que la respalden” y que pone en duda la capacidad profesional del denunciante. Además, destaca en la resolución que la acusación se realizó “con la publicidad que proporciona una red social como Facebook” y que fue formulada “por una persona muy conocida en Ferrol por su dedicación a la política y con responsabilidades públicas en temas de mujer”.

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