Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente un apartado de la Orden por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos por el Estado de alarma

Mar, 09/29/2020 - 16:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado la petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) y ha suspendido de forma cautelar el apartado segundo de la Orden SND 413/2010, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por el Estado de alarma.

El apartado suspendido dispone que “una vez realizadas las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos cuyos certificados hayan sido objeto de prórroga automática, para la cumplimentación de la fecha hasta la que es válida la inspección en las tarjetas ITV y los certificados de inspección técnica de los vehículos a los que se refieren los artículos 10 y 18 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas”.

La Sala concluye que procede la suspensión cautelar de dicho artículo ya que lo contrario hace perder su finalidad legítima al recurso, y que en este caso “están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino solo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos”.

FENADISMER argumentaba en su petición que la medida le causa no solo un perjuicio económico, pagar dos veces la tasa con apenas días de diferencia, sino también la pérdida de productividad por tener que acudir dos veces seguidas. Además, alegaba en su petición que, en contra de cómo se ha hecho hasta ahora y así establece en su normativa reguladora, sea cual sea el día en que el vehículo pase la revisión en la estación ITV no se consignará como fecha de la próxima revisión la que le corresponda a partir de dicha fecha de realización de la revisión, sino desde la fecha límite en que durante el estado de alarma le correspondía pasarla, sin que exista ninguna razón que lo justifique.

En su auto, la Sala afirma que coincide con el contenido del punto 7 de la resolución del Defensor del Pueblo, al que se refiere el recurrente en su petición, que pone de relieve que “al descontar el periodo de prórroga está acortando (la Administración) el periodo de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de lo previsto”.

El Tribunal Supremo suspende cautelarmente un apartado de la Orden por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos por el Estado de alarma

Mar, 09/29/2020 - 16:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado la petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) y ha suspendido de forma cautelar el apartado segundo de la Orden SND 413/2010, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por el Estado de alarma.

El apartado suspendido dispone que “una vez realizadas las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos cuyos certificados hayan sido objeto de prórroga automática, para la cumplimentación de la fecha hasta la que es válida la inspección en las tarjetas ITV y los certificados de inspección técnica de los vehículos a los que se refieren los artículos 10 y 18 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas”.

La Sala concluye que procede la suspensión cautelar de dicho artículo ya que lo contrario hace perder su finalidad legítima al recurso, y que en este caso “están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino solo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos”.

FENADISMER argumentaba en su petición que la medida le causa no solo un perjuicio económico, pagar dos veces la tasa con apenas días de diferencia, sino también la pérdida de productividad por tener que acudir dos veces seguidas. Además, alegaba en su petición que, en contra de cómo se ha hecho hasta ahora y así establece en su normativa reguladora, sea cual sea el día en que el vehículo pase la revisión en la estación ITV no se consignará como fecha de la próxima revisión la que le corresponda a partir de dicha fecha de realización de la revisión, sino desde la fecha límite en que durante el estado de alarma le correspondía pasarla, sin que exista ninguna razón que lo justifique.

En su auto, la Sala afirma que coincide con el contenido del punto 7 de la resolución del Defensor del Pueblo, al que se refiere el recurrente en su petición, que pone de relieve que “al descontar el periodo de prórroga está acortando (la Administración) el periodo de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de lo previsto”.

El Tribunal Supremo abre causa a un diputado de Unidas Podemos por un caso remitido desde un juzgado de La Laguna

Lun, 09/28/2020 - 15:30

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al diputado de Unidas Podemos Alberto R.R. al considerar que existen indicios de la comisión de un hecho delictivo, y ha designado instructor al magistrado Antonio del Moral.

El juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de La Laguna remitió en diciembre de 2019 al Tribunal Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Sobre estos hechos, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta. El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos de un delito de atentados y lesiones, pero al acreditar su condición de Diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

El Tribunal Supremo abre causa a un diputado de Unidas Podemos por un caso remitido desde un juzgado de La Laguna

Lun, 09/28/2020 - 15:30

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al diputado de Unidas Podemos Alberto R.R. al considerar que existen indicios de la comisión de un hecho delictivo, y ha designado instructor al magistrado Antonio del Moral.

El juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de La Laguna remitió en diciembre de 2019 al Tribunal Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Sobre estos hechos, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta. El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos de un delito de atentados y lesiones, pero al acreditar su condición de Diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

El Tribunal Supremo desestima los incidentes de nulidad planteados por el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra las decisiones de la Junta Electoral Central sobre el acatamiento a la Constitución

Lun, 09/28/2020 - 14:32

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado los incidentes de nulidad planteados por el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra las sentencias de la misma Sala, de 10 de junio de 2020, que rechazaron sus recursos contra los acuerdos de la Junta Electoral Central, de junio de 2019, en los que se comunicó al Parlamento Europeo que no habían adquirido la plenitud de su condición de eurodiputados electos al no haber prestado acatamiento a la Constitución española, y se denegó su inclusión en la lista de electos remitida a la Cámara europea.

En dos autos, la Sala reitera la inexistencia de preceptos y de jurisprudencia europeos que consideren incompatible con el Derecho de la Unión el requisito de acatar la Constitución que establece el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Así, recuerdan que sus sentencias pusieron de manifiesto que “no hay ningún pronunciamiento jurisdiccional europeo sobre el requisito exigido por ese precepto, no sólo antes, como tiene que reconocer el propio escrito de promoción del incidente, sino tampoco después de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, porque no se ocupa de él sino del momento en que se adquiere la inmunidad prevista en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7 sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea. Es decir, de la que asiste al candidato electo para dirigirse al lugar de reunión del Parlamento Europeo y regresar de él, que es una cuestión distinta a la aquí debatida”.

Asimismo, los magistrados destacan que las sentencias explicaron por qué no era relevante someter al Tribunal de Justicia de la UE la pregunta de si es compatible o no con el Derecho de la Unión el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una vez que los recurrentes ya han sido admitidos como diputados del Parlamento Europeo, y ello porque la respuesta no llevaría, cualquiera que fuera, a que la sentencia a dictar modificara tal hecho.

*La segunda resolución está disponible en el Fondo de Jurisprudencia con el código: ECLI:ES:TS:2020:7033A

El Tribunal Supremo desestima los incidentes de nulidad planteados por el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra las decisiones de la Junta Electoral Central sobre el acatamiento a la Constitución

Lun, 09/28/2020 - 14:32

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado los incidentes de nulidad planteados por el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín contra las sentencias de la misma Sala, de 10 de junio de 2020, que rechazaron sus recursos contra los acuerdos de la Junta Electoral Central, de junio de 2019, en los que se comunicó al Parlamento Europeo que no habían adquirido la plenitud de su condición de eurodiputados electos al no haber prestado acatamiento a la Constitución española, y se denegó su inclusión en la lista de electos remitida a la Cámara europea.

En dos autos, la Sala reitera la inexistencia de preceptos y de jurisprudencia europeos que consideren incompatible con el Derecho de la Unión el requisito de acatar la Constitución que establece el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Así, recuerdan que sus sentencias pusieron de manifiesto que “no hay ningún pronunciamiento jurisdiccional europeo sobre el requisito exigido por ese precepto, no sólo antes, como tiene que reconocer el propio escrito de promoción del incidente, sino tampoco después de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, porque no se ocupa de él sino del momento en que se adquiere la inmunidad prevista en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7 sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea. Es decir, de la que asiste al candidato electo para dirigirse al lugar de reunión del Parlamento Europeo y regresar de él, que es una cuestión distinta a la aquí debatida”.

Asimismo, los magistrados destacan que las sentencias explicaron por qué no era relevante someter al Tribunal de Justicia de la UE la pregunta de si es compatible o no con el Derecho de la Unión el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una vez que los recurrentes ya han sido admitidos como diputados del Parlamento Europeo, y ello porque la respuesta no llevaría, cualquiera que fuera, a que la sentencia a dictar modificara tal hecho.

El Tribunal Supremo condena a dos años de prisión a un profesor de un colegio de Vizcaya por abusos sexuales a un alumno

Lun, 09/28/2020 - 14:00

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión al profesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya) por un delito continuado de abusos sexuales a un alumno menor de edad entre 2009 y 2011. También ha sido condenado a la pena de prohibición de acercarse a la víctima durante 4 años y a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó al docente a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales por cinco episodios fácticos de abusos sexuales cometidos por el acusado en su despacho. La Audiencia dio credibilidad a la víctima, basándose en el testimonio aportado por los peritos de la acusación.

La Sala estima de forma parcial el recurso del profesor –vulneración del derecho a la presunción de inocencia- y excluye de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena –haber instado al alumno a masturbarse en su presencia y a introducirse un bolígrafo en el ano-, al apreciar “una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo que no podemos avalar”.

El tribunal, integrado por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que es el ponente de la sentencia, y por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Susana Polo, explica que la víctima describió los tres primeros episodios, consistentes en tocamientos, desde el momento en que decidió contar lo sucedido a sus padres, pero que los dos hechos citados no se los contó ni a ellos ni a los diferentes profesionales que le trataron a partir de mayo de 2011, ni a la Fiscalía de Menores en el año en que se siguieron diligencias por acoso escolar, ni ante el fiscal superior del País Vasco en 2013, haciéndolo en fecha próxima al 2015 a un psiquiatra, y a partir de ahí los narró en su totalidad en la querella y posterior declaración judicial.

En su sentencia, dictada por unanimidad, la Sala agrega que “no se trata de un hecho inicial que luego va siendo objeto de matizaciones, incluso retractaciones, por parte de quien lo narra. Estamos en presencia de un menor de edad que sufre abusos sexuales de su preceptor, que narra su realidad y existencia a sus padres y a los profesionales que le asisten cuando ya ha cumplido 15 años y que, finalmente, cuando ya ha alcanzado los 19 años de edad, enriquece su relato con dos hechos de una gran trascendencia penológica, silenciados hasta entonces y que tienen una presencia sobrevenida en la querella criminal que interpone en el año 2015”.

La Sala afirma que la razón de la omisión inicial y la falta de continuidad en el relato de la víctima la obtiene la Audiencia de Vizcaya de las declaraciones del menor, que explicó la vergüenza y la culpa que sintió por lo ocurrido, y en el dictamen de los peritos que atribuyen el silencio a esos mismos sentimientos.

Falta de persistencia en la incriminación

Sin embargo, la Sala advierte que la falta de persistencia en la incriminación quiebra el apoyo probatorio de esos dos hechos y recuerda que fue también la razón que llevó al fiscal a no incluirlos en sus conclusiones definitivas durante el juicio.

Añade que no se vulnera el derecho a la presunción de inocencia por atribuir valor probatorio a la declaración de la víctima que se enriquece con detalles no incluidos en el relato inicial, pero “lo que resulta decisivo, en fin, es la coincidencia en aquellos aspectos nucleares de la narración, sin la cual, el significado incriminatorio de la declaración de la víctima se desvanece”. En este caso –razona la Sala- esos dos hechos “son algo más que un añadido llamado a completar el relato”.

La sentencia destaca que es perfectamente posible que un hecho determinante del juicio histórico sea conocido años después de la denuncia inicial. Afirma que “la verdad no prescribe”, y en delitos contra la indemnidad de la víctima es perfectamente posible que el proceso de maduración del menor vaya aportando la entereza precisa para el recuerdo de una lacerante vivencia que se ha querido arrinconar en la evocación de lo vivido años atrás. “Pero lo que resulta indispensable es que esa secuencia añadida muchos años después, cuando la víctima ya ha alcanzado la mayor edad, quede absolutamente probada. Tan probada como el hecho inicial. Y la prueba de ese hecho no puede hacerse descansar en una percepción intuitiva de los Magistrados ante quienes se ha desarrollado la prueba. No basta la mera convicción de que aquello tuvo que haber pasado para sustentar una condena que asciende a 11 años de privación de libertad”, indica la Sala.

El tribunal mantiene que para la fundamentación del juicio de autoría no es suficiente un acto de fe del órgano de enjuiciamiento. “No basta con que la versión de la víctima inspire credibilidad. La realidad de los hechos imputados y su atribución al acusado tienen que ser el resultado de un proceso de valoración probatoria que no reserva espacio para intuiciones voluntaristas”, subraya el tribunal.

Asimismo, afirma que “la reprochabilidad que es inherente a cualquier acción penal se hace más intensa cuando se proyecta sobre un niño”, pero “ni siquiera en esas circunstancias puede rebajarse el canon impuesto por el derecho constitucional a la presunción de inocencia”. Por ello considera que “la indignación y la repulsa por unos hechos, por más justificada que esté su compartida extensión, nunca puede actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo”.

Para el Supremo, “cuando el Tribunal (la Audiencia de Vizcaya) reconoce que falta el detalle de la vivencia traumática, cuando afirma que ello es así porque el impacto emocional hace explicable hasta que se carezca del recuerdo de esa vivencia y cuando, en fin, los hechos de especial gravedad son narrados muchos años después de la fecha en la que se sitúa su acaecimiento, proclamar sin fisuras que existe persistencia en la incriminación y aceptar la íntegra verosimilitud del relato, es un ejercicio de voluntarismo incompatible con el canon constitucional de valoración probatoria”.

El Tribunal Supremo condena a dos años de prisión a un profesor de un colegio de Vizcaya por abusos sexuales a un alumno

Lun, 09/28/2020 - 14:00

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión al profesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya) por un delito continuado de abusos sexuales a un alumno menor de edad entre 2009 y 2011. También ha sido condenado a la pena de prohibición de acercarse a la víctima durante 4 años y a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó al docente a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales por cinco episodios fácticos de abusos sexuales cometidos por el acusado en su despacho. La Audiencia dio credibilidad a la víctima, basándose en el testimonio aportado por los peritos de la acusación.

La Sala estima de forma parcial el recurso del profesor –vulneración del derecho a la presunción de inocencia- y excluye de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena –haber instado al alumno a masturbarse en su presencia y a introducirse un bolígrafo en el ano-, al apreciar “una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo que no podemos avalar”.

El tribunal, integrado por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que es el ponente de la sentencia, y por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Susana Polo, explica que la víctima describió los tres primeros episodios, consistentes en tocamientos, desde el momento en que decidió contar lo sucedido a sus padres, pero que los dos hechos citados no se los contó ni a ellos ni a los diferentes profesionales que le trataron a partir de mayo de 2011, ni a la Fiscalía de Menores en el año en que se siguieron diligencias por acoso escolar, ni ante el fiscal superior del País Vasco en 2013, haciéndolo en fecha próxima al 2015 a un psiquiatra, y a partir de ahí los narró en su totalidad en la querella y posterior declaración judicial.

En su sentencia, dictada por unanimidad, la Sala agrega que “no se trata de un hecho inicial que luego va siendo objeto de matizaciones, incluso retractaciones, por parte de quien lo narra. Estamos en presencia de un menor de edad que sufre abusos sexuales de su preceptor, que narra su realidad y existencia a sus padres y a los profesionales que le asisten cuando ya ha cumplido 15 años y que, finalmente, cuando ya ha alcanzado los 19 años de edad, enriquece su relato con dos hechos de una gran trascendencia penológica, silenciados hasta entonces y que tienen una presencia sobrevenida en la querella criminal que interpone en el año 2015”.

La Sala afirma que la razón de la omisión inicial y la falta de continuidad en el relato de la víctima la obtiene la Audiencia de Vizcaya de las declaraciones del menor, que explicó la vergüenza y la culpa que sintió por lo ocurrido, y en el dictamen de los peritos que atribuyen el silencio a esos mismos sentimientos.

Falta de persistencia en la incriminación

Sin embargo, la Sala advierte que la falta de persistencia en la incriminación quiebra el apoyo probatorio de esos dos hechos y recuerda que fue también la razón que llevó al fiscal a no incluirlos en sus conclusiones definitivas durante el juicio.

Añade que no se vulnera el derecho a la presunción de inocencia por atribuir valor probatorio a la declaración de la víctima que se enriquece con detalles no incluidos en el relato inicial, pero “lo que resulta decisivo, en fin, es la coincidencia en aquellos aspectos nucleares de la narración, sin la cual, el significado incriminatorio de la declaración de la víctima se desvanece”. En este caso –razona la Sala- esos dos hechos “son algo más que un añadido llamado a completar el relato”.

La sentencia destaca que es perfectamente posible que un hecho determinante del juicio histórico sea conocido años después de la denuncia inicial. Afirma que “la verdad no prescribe”, y en delitos contra la indemnidad de la víctima es perfectamente posible que el proceso de maduración del menor vaya aportando la entereza precisa para el recuerdo de una lacerante vivencia que se ha querido arrinconar en la evocación de lo vivido años atrás. “Pero lo que resulta indispensable es que esa secuencia añadida muchos años después, cuando la víctima ya ha alcanzado la mayor edad, quede absolutamente probada. Tan probada como el hecho inicial. Y la prueba de ese hecho no puede hacerse descansar en una percepción intuitiva de los Magistrados ante quienes se ha desarrollado la prueba. No basta la mera convicción de que aquello tuvo que haber pasado para sustentar una condena que asciende a 11 años de privación de libertad”, indica la Sala.

El tribunal mantiene que para la fundamentación del juicio de autoría no es suficiente un acto de fe del órgano de enjuiciamiento. “No basta con que la versión de la víctima inspire credibilidad. La realidad de los hechos imputados y su atribución al acusado tienen que ser el resultado de un proceso de valoración probatoria que no reserva espacio para intuiciones voluntaristas”, subraya el tribunal.

Asimismo, afirma que “la reprochabilidad que es inherente a cualquier acción penal se hace más intensa cuando se proyecta sobre un niño”, pero “ni siquiera en esas circunstancias puede rebajarse el canon impuesto por el derecho constitucional a la presunción de inocencia”. Por ello considera que “la indignación y la repulsa por unos hechos, por más justificada que esté su compartida extensión, nunca puede actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo”.

Para el Supremo, “cuando el Tribunal (la Audiencia de Vizcaya) reconoce que falta el detalle de la vivencia traumática, cuando afirma que ello es así porque el impacto emocional hace explicable hasta que se carezca del recuerdo de esa vivencia y cuando, en fin, los hechos de especial gravedad son narrados muchos años después de la fecha en la que se sitúa su acaecimiento, proclamar sin fisuras que existe persistencia en la incriminación y aceptar la íntegra verosimilitud del relato, es un ejercicio de voluntarismo incompatible con el canon constitucional de valoración probatoria”.

El Tribunal Supremo confirma la condena de un año y medio de inhabilitación al president de la Generalitat, Joaquim Torra, por delito de desobediencia

Lun, 09/28/2020 - 13:20

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al presidente de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, a 1 año y 6 meses de inhabilitación especial y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, al considerar que desobedeció de forma reiterada y contumaz las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirase determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat durante el proceso electoral de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril de 2019, al estimar la Junta que vulneraban la neutralidad exigida a las administraciones públicas en esos procesos.

El Supremo, en sentencia dictada por unanimidad, desestima el recurso de Torra y confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 19 de diciembre de 2019. La sentencia ratificada condenó a 1 año y medio de inhabilitación especial tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno, en los ámbitos local, autonómico y del Estado.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo destaca que el ámbito del recurso “no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral”.

No es libertad de expresión

En ese sentido, la Sala subraya que los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión de Torra. El alto tribunal insiste en que “el objeto del proceso no es analizar la condena del recurrente desde la perspectiva de la libertad de expresión, pues como ciudadano es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política. El objeto es la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas”.

Añade que “la exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los períodos electorales”, y cita su jurisprudencia para remarcar que el “sufragio libre” “significa proclamar como un esencial designio de verdadera democracia el establecer un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política”.

Torra ha admitido su negativa a cumplir las órdenes de la JEC

Para descartar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el Supremo parte de que Torra “en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral, no ha negado la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalitat, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central”, aunque el recurrente alegara que se trataba de órdenes ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión.

La Sala indica al respecto que las resoluciones de la Junta Electoral Central “fueron dictadas con arreglo a Derecho, y el mandato contenido en los Acuerdos de 11 y 18 de marzo era claro y perfectamente comprensible, tanto en el fondo como en los plazos establecidos para su cumplimiento”.

Contumaz y obstinada resistencia

En conclusión, el Supremo constata, a la vista de todo lo analizado, “la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad”.

La Sala considera que además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, el recurrente tuvo una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención. La sentencia detalla que el dolo exigible no consiste en querer cometer un delito de desobediencia, sino en querer incumplir la orden de una autoridad superior.

El tribunal recuerda que el recurrente es Presidente de la Generalitat y además escritor y abogado, con una preparación y conocimientos jurídicos superiores a la media, lo que unido a los distintos informes remitidos por los Servicios jurídicos de la propia Generalitat, en fechas anteriores , sobre la exhibición de simbología en las sedes de la administración autonómica, hacen concluir, según la Sala, “ que el hoy recurrente disponía de los suficientes elementos sobre la obligación de acatar los mandatos de la JEC no solo por el propio contenido de estos sino por los términos de los informes de los Servicios Jurídicos que despejan cualquier duda acerca de la plena conciencia que el acusado tenía sobre los efectos asociados a los acuerdos de la JEC, sin que pueda hablarse de error alguno”

Alcance de la inhabilitación y proporcionalidad de las penas

Asimismo, la Sala avala la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y añade que el recurrente ha sido condenado en su condición de autoridad pública- que ejercía en su cargo de naturaleza política- por negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a una orden emanada de autoridad superior, “imponiendo de esta forma su voluntad frente al mandato de los acuerdos de la JEC de 11 y 18-3-2019. En este sentido, el tribunal considera que la pena de inhabilitación – que se prevé como principal para el delito citado- debe abarcar a cualquier ámbito en que se comete el delito.

La sentencia explica que es obvio que cuando el delito de desobediencia del artículo 410.1 del Código Penal se comete en un cargo público de naturaleza política, como lo es el de Presidente de una Comunidad Autónoma, “constituiría una burla al respeto que los citados ciudadanos deben al buen funcionamiento de los Poderes Públicos que la pena de inhabilitación se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito, y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro cargo análogo, fruto directo o indirecto de unas elecciones políticas, por el mero hecho de trasladarse de un cargo de representación política a otro similar en el propio gobierno autonómico, o de la Nación, en el Parlamento Autonómico, del Estado o de la Unión Europea, o en el ámbito municipal”.

En línea con la doctrina del TC, la Sala considera que condenar por un delito contra la Administración Pública del artículo 410.1 CP y poder mantenerse en su propio puesto de Presidente de la Generalitat o la posibilidad de ser elegido como representante de los ciudadanos en un órgano legislativo o de gobierno de cualquier otro ámbito, mientras cumple la pena de inhabilitación especial impuesta, “contradice la propia naturaleza de la pena principal establecida por el legislador para aquel delito”.

La Sala también entiende que es proporcional la pena impuesta, frente al argumento del recurrente de que se había vulnerado el principio de igualdad en relación con otros casos de desobediencia en los que la JEC sólo impuso sanciones económicas. Después de analizar su propia doctrina, el tribunal concluye que la no imposición de sanciones en otros casos en nada afecta a la corrección de las sanciones efectivamente impuestas, pues a estos efectos solo importa si la conducta sancionada era o no merecedora de dicha sanción. El tribunal concluye que en el caso concreto “no puede hablarse de una reacción penal desproporcionada e innecesaria que se aparte del principio de intervención mínima y de última ratio que en toda sociedad democrática tiene que tener el recurso al derecho penal”.

La Junta Electoral Central es el órgano competente

En relación con la alegación relativa a la falta de competencia de la Junta Electoral Central para dictar los acuerdos que dieron lugar a la condena por el delito de desobediencia, la Sala afirma que la competencia de este órgano “se ajusta al ordenamiento electoral” y que la orden “fue dictada por órgano competente”.

El tribunal señala que comparte el criterio tanto de la sentencia recurrida como del Ministerio Fiscal en este punto, y subraya que el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General atribuye a la Junta Electoral Central durante el periodo electoral "resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se dirijan de acuerdo a la presente ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia".
Agrega que los hechos inciden en el periodo electoral de unas elecciones generales, y se inician cuando el representante de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía se dirige a la Junta Electoral Central invocando acuerdos anteriores de la Junta Electoral Central de 2017 sobre la exhibición de lazos amarillos, pancartas sobre Presos Políticos y esteladas que entienden que suponían una vulneración de la neutralidad política.

“El partido político se dirige a la JEC de conformidad con el art. 20 de la LOREG. En la tramitación del expediente, en las alegaciones del Presidente de la Generalitat no se invoca la falta de competencia de la Junta Electoral Central”, recuerda la sentencia.

Queja por trato inadecuado del tribunal

En cuanto a la queja del recurrente por lo que entiende trato inadecuado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya hacia su persona en el desarrollo del juicio oral, al no referirse a él en el juicio con los honores y tratamientos propios de un cargo como Presidente de la Generalitat, la Sala concluye que “en modo alguno puede entenderse como signo de parcialidad y anticipo de una decisión de condena ya tomada”.

El Reglamento 2/2005, de 23-11, de Honores, Tratamientos y Protocolo en los actos judiciales solemnes considera en su Preámbulo que se ha procurado evitar que su aplicación alcance al desarrollo de los actos estrictamente jurisdiccionales, por tratarse de un ámbito en el que, en propiedad, no rige norma protocolaria alguna sino las leyes procesales, tal como recoge en su art. 2.

Por tanto, los tratamientos son protocolarios y el juicio oral no está sometido a ese protocolo. Todo acusado -no solo el recurrente- debe ser tratado con respeto, como así sucedió, por lo que la queja del recurrente resulta infundada.

 

El Tribunal Supremo confirma la condena a un periodista canario a indemnizar con 25.000 euros al fiscal Ignacio Stampa por intromisión en su honor

Vie, 09/25/2020 - 12:00

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al periodista Francisco Javier C.S. a indemnizar con 25.000 euros al fiscal Ignacio Stampa Fuente por intromisión ilegítima en su derecho al honor en intervenciones en la radio y en artículos de prensa, en el año 2014, donde comentó la actuación del citado fiscal en los casos conocidos como ‘Unión’ y ‘Stratus’. El Supremo ratifica que las informaciones transmitidas por el periodista no eran veraces.

El Supremo estima que la cuantía de la indemnización de 25.000 euros que impuso la Audiencia Provincial de Las Palmas es proporcionada, por lo que no atiende la reclamación de elevarla realizada por el fiscal Stampa, que la consideraba escasa, ni la de rebajarla por excesiva, que pedía el periodista. El Juzgado de Primera Instancia de Arrecife, que vio el caso inicialmente, cifró la indemnización en 50.000 euros, posteriormente rebajada por la Audiencia de Las Palmas.

En su sentencia, el alto tribunal rechaza el recurso del periodista y expone que en sus artículos y programas de radio “ha expresado opiniones y valoraciones personales, pero también ha transmitido información y ha propagado simples rumores insidiosos. Y mientras que a las primeras no se les puede aplicar el canon de veracidad, cuando se transmite información sí es exigible el requisito de la veracidad, en los términos en que ha sido configurado por el Tribunal Constitucional”.

Añade que “ese requisito, que la información transmitida sea veraz, ha sido incumplido por el Sr. puesto que, de acuerdo con lo fijado en la instancia, las informaciones transmitidas respecto del demandante se han revelado falsas y no existe prueba de que el recurrente hubiera intentado comprobarlas conforme a cánones de diligencia profesional”.

“Se trató, por tanto, -indican los magistrados- de la difusión de rumores e infundios sobre la actuación del demandante como fiscal. De las manifestaciones del periodista demandado se desprende que el demandante habría obtenido favores (no cobrarle el alquiler del piso, facilitarle un vehículo de alta gama, enchufar a su exesposa en el Ayuntamiento de Arrecife) de una determinada persona contra la que no había dirigido acusación pese a estar implicada en tramas corruptas. Asimismo, el citado periodista se hizo eco de un supuesto rumor según el cual el bufete en el que trabajaba la pareja del fiscal tenía un altísimo porcentaje de eficacia en la consecución de la libertad condicional de los investigados en asuntos de inmigración y tráfico de drogas”.

Para el Supremo, son hechos que “suponían un grave desprestigio para el demandante, que cuestionaban su integridad moral y su rectitud profesional, y le atribuían la comisión de hechos ilícitos, cuando no directamente delitos y, por tanto, constituían una intromisión en su derecho al honor. Al no ser veraces, puesto que no consta que el demandado actuara diligentemente para comprobar que sus afirmaciones se correspondían con la realidad, la intromisión en el honor del demandante es ilegítima”.

El alto tribunal solo varía un aspecto de la sentencia del caso dictada por la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, y es que la responsabilidad solidaria de la productora del programa de radio donde hizo sus comentarios el periodista, “El Espejo Canario”, será respecto a 20.000 euros de la indemnización, mientras que Informaciones Canarias, SA, editora de ‘Canarias 7’, el periódico que publicó los artículos, será responsable solidaria del pago de los restantes 5.000 euros. Ello porque la intromisión más grave se produjo en la radio.

El Tribunal Supremo avala el Plan de Ordenación Urbana de Madrid que afecta al estadio Wanda Metropolitano

Jue, 09/24/2020 - 14:12

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso del Ayuntamiento, la Comunidad autónoma de Madrid y el club Atlético de Madrid y ha considerado ajustado a derecho el Plan de Ordenación de Urbana de Madrid, aprobado en 2016, que afecta al estadio Wanda Metropolitano.

La Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo ha concluido las deliberaciones correspondientes al Recurso de Casación 6895/2018 interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Club Atlético de Madrid S. A. D., contra la sentencia 593/2018, de 17 de julio (ECLI: ES:TSJM:2018:5519, RCA 227/2017), dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Recurso Contencioso-administrativo 227/2017, que había sido seguido, a instancia de la Asociación Señales de Humo, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, adoptado en su sesión de 30 de diciembre de 2016, por el que llevó a cabo la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa al Área de Ordenación Especial 00.08 "Parque Olímpico-Sector Oeste" y el Área de Planeamiento Específico 20.14 "Estadio de la Peineta", Distrito de San Blas-Canillejas.

La Sala ha decidido declarar haber lugar al citado recurso de casación, anulando la sentencia 593/2018, de 17 de julio, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el citado Recurso Contencioso administrativo 227/2017. En consecuencia, el Tribunal Supremo ha procedido a anular la sentencia.

Conociendo sobre el Recurso Contencioso administrativo 227/2017 seguido, a instancia de la Asociación Señales de Huno, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid impugnado, la Sala ha procedido a la desestimación del mismo y a declarar que el citado Acuerdo, adoptado en sesión de 30 de diciembre de 2016 (por el que llevó a cabo la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa al Área de Ordenación Especial 00.08 "Parque Olímpico-Sector Oeste" y el Área de Planeamiento Específico 20.14 "Estadio de la Peineta", Distrito de San Blas-Canillejas), se encontraba ajustado al Ordenamiento jurídico.

La Sala no ha procedido a la imposición de las costas causadas en la instancia y en casación.

La sentencia se notificará a la mayor brevedad a las partes intervinientes en el recurso, a las cuales se ha notificado el fallo.

El Tribunal de Conflictos de la Jurisdicción desestima el conflicto planteado por la Generalitat catalana frente al Juzgado de Barbastro por la devolución de 111 obras de arte

Jue, 09/24/2020 - 12:30

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha desestimado el conflicto positivo de jurisdicción planteado por la Generalitat de Cataluña frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbastro (Huesca) en relación con la devolución de 111 obras de arte desde el Museo de Lleida a la Diócesis de Barbastro.

El Tribunal ha declarado que corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbastro la competencia para seguir conociendo del asunto que la Generalitat de Cataluña le discutía.

En concreto, según lo decidido por el Tribunal de Conflictos, el Juzgado de Barbastro debe resolver las solicitudes de aclaración y complemento de la sentencia que dictó dicho Juzgado el 10 de diciembre de 2019, que declaró que los bienes eran propiedad de distintas parroquias aragonesas de las que procedían, y que debían ser devueltos de forma inmediata a las mismas. Asimismo, el Juzgado deberá ocuparse de la tramitación, en su caso, del recurso de apelación contra su sentencia. El Juzgado suspendió el procedimiento en enero de 2020 a efectos de recurso de apelación y de las solicitudes de aclaración y complemento de sentencia al plantear la Generalitat catalana el conflicto de jurisdicción tras dictarse la sentencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se  encarga de resolver los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración, y está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, que la preside, y por cinco vocales, de los que dos son magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y los otros tres son Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Alto Tribunal.

La sentencia se notificará en los próximos días.

 

El Tribunal Supremo declara la existencia de la relación laboral entre Glovo y un repartidor

Mié, 09/23/2020 - 14:46

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha declarado que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal rechaza elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estima el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.

Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador.

La parte recurrente formuló un segundo motivo de casación que se desestima por el incumplimiento de requisitos formales.

El Tribunal Supremo cita para el 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés y al resto de testigos del caso

Mié, 09/23/2020 - 14:24

El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha citado a declarar como investigado el próximo 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés dentro de la causa abierta contra él por un presunto delito de maltrato que habría ocurrido el pasado mes de agosto en su domicilio en Majadahonda (Madrid).

Martínez Arrieta, que fue designado instructor del caso la semana pasada por la Sala de lo Penal del Supremo, ha citado también para el 1 de octubre a los testigos del caso: la esposa del magistrado Valdés, cinco guardias civiles destinados en el puesto de Majadahonda, dos particulares, un médico del SUMMA (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid), y los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente.

Todos ellos han sido citados durante la mañana del 1 de octubre, a partir de las 9 horas, para comparecer y declarar en el Supremo.

El pasado 15 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo abrió una causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés al apreciar indicios de la comisión de un delito del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, y designó al magistrado Andrés Martínez Arrieta instructor de la causa.

En su auto, la Sala afirmó que en la exposición razonada sobre los hechos elevada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Majadahonda, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito; criterio que fue asumido por la Fiscalía.

Añadió el auto que la Sala también comparte esa valoración y que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal”.

El Tribunal Supremo impone a una entidad financiera el pago de las costas en caso de estimación total de la demanda del consumidor en litigios sobre cláusulas abusivas

Mar, 09/22/2020 - 15:00

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina sobre el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, para excluir, en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, la aplicación de la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas basada en la existencia de serias dudas de derecho.

En este caso, los consumidores solicitaron en una demanda de 2016 la nulidad de determinadas cláusulas de un préstamo multidivisa que habían concertado para la adquisición de su vivienda, alegando su carácter de producto financiero complejo y, de forma subsidiaria, la normativa sobre defensa de consumidores y usuarios.

En primera instancia se desestimó la demanda, pero la Audiencia Provincial aplicó la nueva jurisprudencia establecida por la Sala 1ª a partir de la STS 608/2017, de 15 de noviembre, y declaró la nulidad de las cláusulas debatidas por no superar el control de transparencia.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo confirma la condena de 14 años de prisión a un entrenador de fútbol de Don Benito por abuso de menores

Mar, 09/22/2020 - 14:20

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 14 años de prisión a un entrenador de fútbol infantil y agente de la Policía Local de Don Benito (Badajoz) por abusar sexualmente de tres menores en su domicilio.

El tribunal desestima los tres motivos del recurso de casación planteado por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que confirmó la pena dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz por tres delitos de abusos sexuales cometidos sobre menores de dieciséis años, subtipo agravado de prevalerse de una relación de superioridad.

Además de la citada pena de prisión, le impuso el pago de una indemnización de 40.000 euros a las víctimas, en concepto de responsabilidad civil, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio por un tiempo superior en dos años al de la duración de las penas de prisión impuestas y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 18 años.

La Sala concluye que las pruebas corroboran sin lugar a duda los testimonios de los menores y destruyen la credibilidad del recurrente. En este sentido, afirma que la sentencia recurrida desgrana con detalle la prueba practicada ante el tribunal de instancia, prueba que considera suficiente y racionalmente valorada, particularmente, en lo que se refiere a las declaraciones de las víctimas, de las cuales “no halló elemento alguno que permitiera cuestionar su credibilidad”.

Destaca, además, dos pruebas de especial relevancia, a las que el recurrente –según la sentencia- no hace ninguna referencia en su recurso: la prueba videográfica y de los mensajes que enviaba el acusado a los menores a través de la aplicación WhatsApp y la descripción del vídeo en el que quedó grabada la agresión de uno de los tres menores.

El tribunal asegura que el testimonio que pudieran ofrecer otros menores y sus progenitores lo único que podría acreditar es que no ha realizado con ellos actos semejantes a los que son objeto de enjuiciamiento en esta causa.

Por otra parte, la Sala rechaza la alegación relativa a la vulneración de derechos fundamentales durante el registro practicado en el domicilio del condenado. Considera que se llevó a cabo con todas las garantías legales, ya que este dio su consentimiento libre y voluntario tras el necesario asesoramiento de letrado, por lo que fue válido.

En relación con las dilaciones indebidas, el tribunal afirma que no se puede apreciar que la causa haya sufrido una dilación extraordinaria, puesto que transcurrieron algo más de dos años desde que el recurrente fuera detenido y prestara declaración como investigado hasta la celebración del juicio oral y el dictado de la sentencia por la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo inadmite una querella del PSOE contra una diputada de VOX por un delito de calumnias contra el Gobierno

Lun, 09/21/2020 - 14:38

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra la diputada de VOX Macarena Olona Choclán por un presunto delito de injurias, calumnias y coacciones graves contra el Gobierno y las Instituciones del Estado por relacionar en un programa de televisión el fallecimiento de ancianos durante la pandemia del Covid-19 con los proyectos del ejecutivo sobre la eutanasia.

La Sala no aprecia indicios de delito y pone de manifiesto, al igual que el fiscal en su informe, que “es comprensible la queja de la parte querellante, pero no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de una entrevista en relación con la gestión de la pandemia”. Añade que “sería deseable que las expresiones y los tonos en el debate público fueran más correctos, pero el exceso (en estos contextos de análisis de un debate relevante de interés general) no es suficiente para cubrir las exigencias del Derecho penal”.

El Tribunal Supremo desestima la demanda de un hombre que impugnó la paternidad establecida por una sentencia penal firme

Vie, 09/18/2020 - 12:00

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se pronuncia sobre la interpretación de la disposición transitoria 6.ª de la Ley 11/1981, de 13 de mayo («las sentencias firmes sobre filiación no impedirán que pueda ejercitarse de nuevo la acción que se funde en pruebas o hechos sólo previstos por la legislación nueva») en un litigio en el que la demanda, presentada en 2017, pretendía impugnar la paternidad del demandante, que había sido declarada en 1968 por una sentencia penal firme que le condenó por estupro y determinó la filiación de la hija nacida de la víctima del delito.

Dicha demanda fue desestimada en las dos instancias y el Pleno ha desestimado ahora los recursos interpuestos por el actor.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo abre causa a un magistrado del Tribunal Constitucional por un posible delito de maltrato

Mar, 09/15/2020 - 13:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional F. V. al apreciar indicios de la comisión de un delito del artículo 153.1 y 3 del Código Penal. La Sala ha designado instructor de esta causa al magistrado Andrés Martínez Arrieta.

En un auto, notificado hoy, la Sala afirma que en la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Majadahonda, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito; criterio que es asumido por la Fiscalía.

Añade que la Sala comparte esa valoración y que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal Penal”.

El Tribunal Supremo inadmite por falta de legitimación los recursos del PP y de diputados de VOX contra la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión del CNI

Mié, 09/09/2020 - 13:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión de los recursos interpuestos por el Partido Popular y 52 diputados de Vox contra el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, respecto de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, por falta de legitimación activa de los recurrentes.

La Sala recuerda su jurisprudencia sobre la falta de legitimación activa de los partidos políticos, grupos parlamentarios y diputados que recurren de manera individual para impugnar actos y disposiciones generales cuando no se esgrime la titularidad de un derecho ni interés legítimo.

Añade que “no se trata de un supuesto relativo al ejercicio de una acción popular y que no puede invocarse el mero interés por la legalidad o la infracción de la jerarquía normativa para justificar la legitimación activa, como en este caso al aducir la vulneración de una norma con rango de ley. Tampoco resulta relevante, en los términos en los que se invoca, que el recurso se interponga por el primer partido de la oposición”.

La Sala explica que ello no significa que los partidos políticos no puedan interponer recursos, pero siempre que concurra esa conexión específica con su actuación o funcionamiento, como sucede en los casos de impugnaciones respecto de actos de la Junta Electoral o cualesquiera otros que afecten a su propia esfera delimitada por la defensa de sus propios derechos o intereses legítimos, pero no cuando se trate de intereses que únicamente proyecten sus efectos, como es el caso, en la esfera política.

En su auto explica que la solución contraria, es decir, reconocer la legitimación de los partidos políticos y de los diputados a título individual para impugnar cualquier actuación del gobierno y de la administración (y también en los de ámbitos local y autonómicos) “equivaldría a reconocerles una suerte de acción popular encubierta, que no tienen atribuida por nuestro ordenamiento jurídico”.

Como ejemplo, se refiere a sentencias de su propia Sala en las que se ha declarado la citada falta de legitimación activa de otros partidos políticos: Compromís para impugnar el acuerdo de un pleno municipal que aprobó su presupuesto anual, Izquierda Unida para impugnar un real decreto sobre enseñanza o el otorgamiento de permisos de investigación, Partido Socialista Obrero Español para impugnar una orden ministerial, y partido político Familia y Vida para impugnar el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

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