Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo rechaza el recurso contra la inactividad del Ministerio de Sanidad pero estima que los profesionales sanitarios carecieron de medios de protección necesarios al inicio de la pandemia

Jue, 10/08/2020 - 12:34

Nota de la sala III sobre la sentencia 1271/2020, de 8 de octubre

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) recurrió por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales la inactividad del Ministerio de Sanidad en el cumplimiento del artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, por no poner a disposición de los profesionales sanitarios los equipos de protección individual necesarios, con la consecuencia de haber puesto en riesgo sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud.

La sentencia rechaza el recurso en tanto se dirige contra la inactividad administrativa porque CESM no ha cumplido los requisitos exigidos por el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción. No obstante, en la medida en que también plantea el recurso la infracción del artículo 12.4 por no haberse satisfecho el objetivo perseguido por este precepto de lograr la mejor distribución de medios técnicos, estima en parte el recurso. La razón de la estimación reside en el hecho notorio, ya apreciado por la Sala en sus autos de 31 de marzo y 20 de abril de 2020, de la falta inicial de medios de protección individual con el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales de esos profesionales. Por eso, el fallo así lo declara.

Explica la sentencia que su declaración no supone ningún juicio de culpabilidad ni imputación de responsabilidad sino la constatación de dicha circunstancia. Además, precisa que la carencia de equipos que afectó inicialmente a los profesionales sanitarios se debió a la incapacidad de suministrárselos del Sistema Nacional de Salud, el que según el artículo 44 de la Ley General de Sanidad integra el conjunto de servicios de salud del Estado y de las Comunidades Autónomas y no solamente de la Administración General del Estado o del Ministerio de Sanidad. No obstante, dirigiéndose la demanda contra el Ministerio de Sanidad, el pronunciamiento no puede extenderse más allá.

Por último, no constando que falten actualmente esos medios, la sentencia desestima las pretensiones de CESM de que se ordene al Ministerio de Sanidad que cese en el incumplimiento denunciado y que suministre equipos de protección. Además, observa que, expirado el estado de alarma el 21 de junio de 2020, ha decaído la dirección del Ministerio de Sanidad sobre los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas por lo que deberían, en su caso, dirigirse a ellos.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso contra la inactividad del Ministerio de Sanidad pero estima que los profesionales sanitarios carecieron de medios de protección necesarios al inicio de la pandemia

Jue, 10/08/2020 - 12:34

Nota de la sala III sobre la sentencia 1271/2020, de 8 de octubre

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) recurrió por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales la inactividad del Ministerio de Sanidad en el cumplimiento del artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, por no poner a disposición de los profesionales sanitarios los equipos de protección individual necesarios, con la consecuencia de haber puesto en riesgo sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud.

La sentencia rechaza el recurso en tanto se dirige contra la inactividad administrativa porque CESM no ha cumplido los requisitos exigidos por el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción. No obstante, en la medida en que también plantea el recurso la infracción del artículo 12.4 por no haberse satisfecho el objetivo perseguido por este precepto de lograr la mejor distribución de medios técnicos, estima en parte el recurso. La razón de la estimación reside en el hecho notorio, ya apreciado por la Sala en sus autos de 31 de marzo y 20 de abril de 2020, de la falta inicial de medios de protección individual con el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales de esos profesionales. Por eso, el fallo así lo declara.

Explica la sentencia que su declaración no supone ningún juicio de culpabilidad ni imputación de responsabilidad sino la constatación de dicha circunstancia. Además, precisa que la carencia de equipos que afectó inicialmente a los profesionales sanitarios se debió a la incapacidad de suministrárselos del Sistema Nacional de Salud, el que según el artículo 44 de la Ley General de Sanidad integra el conjunto de servicios de salud del Estado y de las Comunidades Autónomas y no solamente de la Administración General del Estado o del Ministerio de Sanidad. No obstante, dirigiéndose la demanda contra el Ministerio de Sanidad, el pronunciamiento no puede extenderse más allá.

Por último, no constando que falten actualmente esos medios, la sentencia desestima las pretensiones de CESM de que se ordene al Ministerio de Sanidad que cese en el incumplimiento denunciado y que suministre equipos de protección. Además, observa que, expirado el estado de alarma el 21 de junio de 2020, ha decaído la dirección del Ministerio de Sanidad sobre los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas por lo que deberían, en su caso, dirigirse a ellos.

El Tribunal Supremo advierte que Hacienda no puede pedir registrar un domicilio o empresa sin un motivo debidamente justificado

Mié, 10/07/2020 - 14:35

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas.

La Sala afirma que “la corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta, ni para establecer una relación causal o esquema que desemboque en ese fraude –ni siquiera en la presunción de deberes incumplidos, que deberán ser esclarecidos a través del procedimiento correspondiente, con ulterior control judicial-, ni menos aún para anclar en tal circunstancia la necesidad de entrada en el domicilio para el cotejo de datos que respalden o desmientan la sospecha albergada por la Administración”.

Añade que cuando la sospecha se funda en una fuente de ciencia “tan evanescente y laxa, de origen tan arcano, con base estadística o comparativa no contrastada ni, que se sepa, publicada, deben quedar firmemente establecidos, al menos, como punto de partida, cuáles son los criterios que llevan a la administración a aferrarse a esa rotunda conclusión, si se tiene en cuenta que la desviación de la media puede alcanzar distintos niveles de intensidad y no suponer, con tal dato aislado, presunción de fraude alguno”.

El tribunal subraya que “no se puede acceder al domicilio definido en el artículo 18.2 de la Constitución española con un propósito meramente prospectivo o indeterminado, por si acaso, ya que la naturaleza fundamental del derecho que la Constitución ampara y permite excepcionalmente sacrificar o excluir, lo debe ser en presencia de un bien constitucionalmente protegido –y el deber de contribuir del artículo 31.1 de la Constitución es uno de ellos, expresado en términos generales”.

Sin embargo, según la sentencia, “del cotejo de la situación hipotética, sospechada o derivada de una información meramente fragmentaria, nacida de la proyección de datos genéricos obrantes en documentos o cuadros estadísticos y cuya fiabilidad, a falta de más sólidos elementos de convicción, hemos de poner por fuerza en duda, no es base suficiente para servir de título habilitante a la Administración –para pedir- y al juez –para otorgar- la entrada en el domicilio”.

No cabe autorización “para ver qué se encuentra”

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, establece los requisitos que deben reunir tanto la solicitud de entrada y registro en el domicilio o en la sede social de una empresa, formulada por la Agencia Tributaria, como el auto judicial que autorice la misma.

“No cabe, según la sentencia, la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, “para ver qué se encuentra”, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener, por lo que no proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado”.

Asimismo, la autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos que afectan las pesquisas, como exigen los artículos 113 y 142 de la Ley General Tributaria (LGT). Añade que “sin la existencia de ese acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributarias, por falta de competencia.

Agrega que la posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita parte se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a su práctica. “Tal situación, de rigurosa excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, sin que quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio”, subraya la Sala.

Respecto al auto judicial, razona que “es preciso que motive y justifique –esto es, formal y materialmente- la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es admisible una autorización por auto tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno”.

Para autorizar la entrada –aclara la Sala- no pueden servir de base los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes.

“Tal análisis –según la sentencia- de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las circunstancias concurrentes y, muy en particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos –verificado su origen, seriedad y la situación concreta del interesado respecto a ellos- sea rigurosamente necesaria la entrada, lo que exige valorar la existencia de otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración”.

El Tribunal Supremo advierte que Hacienda no puede pedir registrar un domicilio o empresa sin un motivo debidamente justificado

Mié, 10/07/2020 - 14:35

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas.

La Sala afirma que “la corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta, ni para establecer una relación causal o esquema que desemboque en ese fraude –ni siquiera en la presunción de deberes incumplidos, que deberán ser esclarecidos a través del procedimiento correspondiente, con ulterior control judicial-, ni menos aún para anclar en tal circunstancia la necesidad de entrada en el domicilio para el cotejo de datos que respalden o desmientan la sospecha albergada por la Administración”.

Añade que cuando la sospecha se funda en una fuente de ciencia “tan evanescente y laxa, de origen tan arcano, con base estadística o comparativa no contrastada ni, que se sepa, publicada, deben quedar firmemente establecidos, al menos, como punto de partida, cuáles son los criterios que llevan a la administración a aferrarse a esa rotunda conclusión, si se tiene en cuenta que la desviación de la media puede alcanzar distintos niveles de intensidad y no suponer, con tal dato aislado, presunción de fraude alguno”.

El tribunal subraya que “no se puede acceder al domicilio definido en el artículo 18.2 de la Constitución española con un propósito meramente prospectivo o indeterminado, por si acaso, ya que la naturaleza fundamental del derecho que la Constitución ampara y permite excepcionalmente sacrificar o excluir, lo debe ser en presencia de un bien constitucionalmente protegido –y el deber de contribuir del artículo 31.1 de la Constitución es uno de ellos, expresado en términos generales”.

Sin embargo, según la sentencia, “del cotejo de la situación hipotética, sospechada o derivada de una información meramente fragmentaria, nacida de la proyección de datos genéricos obrantes en documentos o cuadros estadísticos y cuya fiabilidad, a falta de más sólidos elementos de convicción, hemos de poner por fuerza en duda, no es base suficiente para servir de título habilitante a la Administración –para pedir- y al juez –para otorgar- la entrada en el domicilio”.

No cabe autorización “para ver qué se encuentra”

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, establece los requisitos que deben reunir tanto la solicitud de entrada y registro en el domicilio o en la sede social de una empresa, formulada por la Agencia Tributaria, como el auto judicial que autorice la misma.

“No cabe, según la sentencia, la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, “para ver qué se encuentra”, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener, por lo que no proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado”.

Asimismo, la autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos que afectan las pesquisas, como exigen los artículos 113 y 142 de la Ley General Tributaria (LGT). Añade que “sin la existencia de ese acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributarias, por falta de competencia.

Agrega que la posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita parte se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a su práctica. “Tal situación, de rigurosa excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, sin que quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio”, subraya la Sala.

Respecto al auto judicial, razona que “es preciso que motive y justifique –esto es, formal y materialmente- la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es admisible una autorización por auto tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno”.

Para autorizar la entrada –aclara la Sala- no pueden servir de base los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes.

“Tal análisis –según la sentencia- de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las circunstancias concurrentes y, muy en particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos –verificado su origen, seriedad y la situación concreta del interesado respecto a ellos- sea rigurosamente necesaria la entrada, lo que exige valorar la existencia de otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración”.

El instructor del Tribunal Supremo tramita como procedimiento abreviado las diligencias contra el magistrado del Tribunal Constitucional investigado por maltrato

Mié, 10/07/2020 - 13:45

El magistrado instructor de la causa abierta por un presunto delito de maltrato al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando V. ha dictado hoy auto en el que acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas por los cauces del procedimiento abreviado, dando traslado a la Fiscalía por plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

El auto del magistrado de la Sala Segunda Andrés Martínez Arrieta, instructor de la causa, explica en el auto que procede así a la preparación del juicio oral por los hechos recogidos en la resolución y con la calificación contenida en la misma, que es la del artículo 153 del Código Penal, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica.

En los hechos del auto, se recoge entre otros puntos que, en la tarde del 10 de agosto de 2020, el magistrado mantuvo una discusión con su esposa, y, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda, en la localidad madrileña de Majadahonda, introdujo a la mujer de forma violenta al interior de la casa, donde siguió la discusión.

“Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer”, añade los hechos reseñados por el instructor.

El instructor del Tribunal Supremo tramita como procedimiento abreviado las diligencias contra el magistrado del Tribunal Constitucional investigado por maltrato

Mié, 10/07/2020 - 13:45

El magistrado instructor de la causa abierta por un presunto delito de maltrato al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando V. ha dictado hoy auto en el que acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas por los cauces del procedimiento abreviado, dando traslado a la Fiscalía por plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

El auto del magistrado de la Sala Segunda Andrés Martínez Arrieta, instructor de la causa, explica en el auto que procede así a la preparación del juicio oral por los hechos recogidos en la resolución y con la calificación contenida en la misma, que es la del artículo 153 del Código Penal, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica.

En los hechos del auto, se recoge entre otros puntos que, en la tarde del 10 de agosto de 2020, el magistrado mantuvo una discusión con su esposa, y, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda, en la localidad madrileña de Majadahonda, introdujo a la mujer de forma violenta al interior de la casa, donde siguió la discusión.

“Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer”, añade los hechos reseñados por el instructor.

El Tribunal Supremo considera lícitos los datos del geolocalizador GPS en un vehículo de empresa si el trabajador está informado de su instalación

Lun, 10/05/2020 - 13:10

La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha señalado en una sentencia que el uso de los datos obtenidos por un geolocalizador GPS instalado en el vehículo de empresa es lícito en los casos en los que el trabajador esté informado de la instalación del dispositivo, tenga restringida la utilización del coche a la actividad laboral y sólo recojan información sobre el movimiento y localización del vehículo.

El Supremo estima el recurso de una empresa dedicada al comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones y considera procedente el despido disciplinario de una supervisora, acordado por la compañía ante la “utilización intensa” del coche de empresa que tenía asignado en un periodo en que ella estaba de baja médica y el fin de semana inmediatamente anterior, pese a la prohibición del uso del vehículo para fines ajenos a la actividad laboral. Dicho uso fue registrado por el sistema de localización por GPS del coche, de cuya instalación fue informada en su día la trabajadora.

En sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Lourdes Arastey, el Supremo destaca que “la trabajadora conocía que el vehículo no podía ser utilizado fuera de la jornada laboral y, junto a ello, que el mismo estaba localizable a través del receptor GPS. De ahí que no apreciamos ninguna invasión en sus derechos fundamentales con la constatación de los datos de geolocalización que permiten ver que el indicado vehículo es utilizado desobedeciendo las instrucciones de la empresa en momentos en que no existía prestación de servicios”, subraya.

Indica que “no se aprecia invasión de la esfera privada de la trabajadora, al afectar exclusivamente a la ubicación y movimiento del vehículo del que, eso sí, ella era responsable y debía utilizar con arreglo a lo pactado”.

Así, recuerda el tribunal que la utilización de los datos de localización del vehículo en los términos indicados en la carta de despido de la empresa “no refleja –ni tiene capacidad para ello- ninguna circunstancia personal de la trabajadora. Lo que pone de relieve es que ésta lo utilizó –o pudo permitir que otros lo hicieran- con incumplimiento manifiesto de las instrucciones al respecto, dado que, en los periodos de descanso laboral de la actora, así como durante su situación de baja el GPS debería haber reflejado la inmovilización del vehículo”.

Por ello, estima el recurso de la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que consideró nulo el despido por entender que no era correcto usar los datos del GPS que correspondían a tramos horarios ajenos a la jornada laboral, y confirma íntegramente la sentencia inicial dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Almería, que desestimó la demanda de la trabajadora al entender procedente el despido.

La empresa presentó un recurso de unificación de doctrina contra la decisión del TSJ andaluz planteando como sentencia contradictoria una dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró procedente el despido de una trabajadora de Cruz Roja cuya función consistía en la observación y tratamiento de tuberculosis y VIH, para lo cual se desplazaba en una unidad móvil de la empresa a atender a los usuarios asignados en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. El vehículo estaba dotado con GPS, lo que la trabajadora conocía. La empresa detectó que el mismo se hallaba detenido durante la jornada laboral y ello sirve de justificación a la decisión extintiva por razones disciplinarias.

La Sala de Madrid valoró también la licitud de ese medio de prueba y, a continuación, señaló que no estaba afectado el derecho a la intimidad de la trabajadora, dado que conocía la permanente transmisión de datos sobre su posición en las rutas de trabajo y limitándose ese dato a constatar únicamente cuándo arrancaba y se detenía el vehículo así como cuál era su localización.

El Tribunal Supremo considera lícitos los datos del geolocalizador GPS en un vehículo de empresa si el trabajador está informado de su instalación

Lun, 10/05/2020 - 13:10

La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha señalado en una sentencia que el uso de los datos obtenidos por un geolocalizador GPS instalado en el vehículo de empresa es lícito en los casos en los que el trabajador esté informado de la instalación del dispositivo, tenga restringida la utilización del coche a la actividad laboral y sólo recojan información sobre el movimiento y localización del vehículo.

El Supremo estima el recurso de una empresa dedicada al comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones y considera procedente el despido disciplinario de una supervisora, acordado por la compañía ante la “utilización intensa” del coche de empresa que tenía asignado en un periodo en que ella estaba de baja médica y el fin de semana inmediatamente anterior, pese a la prohibición del uso del vehículo para fines ajenos a la actividad laboral. Dicho uso fue registrado por el sistema de localización por GPS del coche, de cuya instalación fue informada en su día la trabajadora.

En sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Lourdes Arastey, el Supremo destaca que “la trabajadora conocía que el vehículo no podía ser utilizado fuera de la jornada laboral y, junto a ello, que el mismo estaba localizable a través del receptor GPS. De ahí que no apreciamos ninguna invasión en sus derechos fundamentales con la constatación de los datos de geolocalización que permiten ver que el indicado vehículo es utilizado desobedeciendo las instrucciones de la empresa en momentos en que no existía prestación de servicios”, subraya.

Indica que “no se aprecia invasión de la esfera privada de la trabajadora, al afectar exclusivamente a la ubicación y movimiento del vehículo del que, eso sí, ella era responsable y debía utilizar con arreglo a lo pactado”.

Así, recuerda el tribunal que la utilización de los datos de localización del vehículo en los términos indicados en la carta de despido de la empresa “no refleja –ni tiene capacidad para ello- ninguna circunstancia personal de la trabajadora. Lo que pone de relieve es que ésta lo utilizó –o pudo permitir que otros lo hicieran- con incumplimiento manifiesto de las instrucciones al respecto, dado que, en los periodos de descanso laboral de la actora, así como durante su situación de baja el GPS debería haber reflejado la inmovilización del vehículo”.

Por ello, estima el recurso de la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que consideró nulo el despido por entender que no era correcto usar los datos del GPS que correspondían a tramos horarios ajenos a la jornada laboral, y confirma íntegramente la sentencia inicial dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Almería, que desestimó la demanda de la trabajadora al entender procedente el despido.

La empresa presentó un recurso de unificación de doctrina contra la decisión del TSJ andaluz planteando como sentencia contradictoria una dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró procedente el despido de una trabajadora de Cruz Roja cuya función consistía en la observación y tratamiento de tuberculosis y VIH, para lo cual se desplazaba en una unidad móvil de la empresa a atender a los usuarios asignados en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. El vehículo estaba dotado con GPS, lo que la trabajadora conocía. La empresa detectó que el mismo se hallaba detenido durante la jornada laboral y ello sirve de justificación a la decisión extintiva por razones disciplinarias.

La Sala de Madrid valoró también la licitud de ese medio de prueba y, a continuación, señaló que no estaba afectado el derecho a la intimidad de la trabajadora, dado que conocía la permanente transmisión de datos sobre su posición en las rutas de trabajo y limitándose ese dato a constatar únicamente cuándo arrancaba y se detenía el vehículo así como cuál era su localización.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad del acuerdo de la Junta de Castilla-La Mancha de la ampliación del espacio protegido que afectaba al almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca)

Vie, 10/02/2020 - 16:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma, de 30 de julio de 2018, que anuló íntegramente el acuerdo y posterior Decreto del Gobierno regional, de los años 2015 y 2016 respectivamente, para ampliar de 1.000 a 23.000 hectáreas la superficie del Espacio Protegido Laguna de Hito, afectando a la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), cuyo emplazamiento fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2011. 

El TSJ de Castilla-La Mancha acordó la nulidad de los acuerdos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y destacó que, al aprobarlos, conocía el emplazamiento y extensión del proyectado ATC de Villar de Cañas, incurriendo en desviación de poder. 

El Supremo comparte la decisión y subraya: “Nos encontramos con el previo ejercicio de una competencia estatal, sobre cuyo interés general no pueden existir dudas -y que, en todo caso, ya han sido resueltas en litigios anteriores-, la cual fue desarrollada y decidida con la aquiescencia y el beneplácito técnico y científico de la Administración recurrente; ejercicio y desarrollo que -después, y sin acreditación científica suficiente, adecuada y razonada- no podría verse contradicha a posteriori por la propia Administración mediante una considerable ampliación supuestamente protectora, pues ello equivaldría a sustraer, dicho ámbito de ampliación, del destino que le fue señalado en el ejercicio legítimo de una competencia estatal, con desconocimiento de tal competencia y con la vulneración consiguiente del citado precepto constitucional”. 

“El Estado -agregan los magistrados-, cuando adoptó su decisión de ubicación del depósito nuclear, procedió a la ponderación de todos los intereses públicos concurrentes -en decisión que fue ratificada por este Tribunal Supremo- y, en especial, los intereses públicos medioambientales”. 

Añade la Sala que un cambio de criterio es posible en la actuación administrativa, “pero los mismos han de venir avalados -en supuestos como el de autos- por un soporte científico y técnico que (…) no ha sido percibido por la Sala de instancia, en una modélica valoración probatoria, respecto de la que carecemos de argumentos para variar. Lo cierto es que, hasta el momento de la adopción del Acuerdo y Decreto impugnado, la Administración recurrente no había expresado la necesidad de proceder a la ampliación decidida, ni consta actuación alguna en tal sentido, habiendo conocido -sin oposición alguna- a las evaluaciones ambientales realizadas con anterioridad.”

Por todo ello, el Supremo indica que “la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en realidad, no pretendía ampliar el hábitat de las especies mencionadas en el anexo I de la Directiva AVES, ni la adopción de medidas de conservación especiales en cuanto a citado hábitat, ni tampoco asegurar la supervivencia y su reproducción de la grulla común en su invernada en la Laguna del Hito, sino,  como señala la sentencia de instancia, ‘perseguir una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal, amparándose en la apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de espacios naturales, por muy loable que pueda resultar tal propósito’”. 

Además, recuerda que las obligaciones medioambientales que para los Estados miembros impone el artículo 4 de la Directiva Aves “han de cumplirse en el marco del Ordenamiento jurídico en su conjunto, dictando resoluciones suficientemente motivadas -sobre todo si la Administración procede a un cambio de criterio en su política medioambiental-, siguiendo el procedimiento establecido, ajenas a la desviación de poder y de conformidad con el principio de buena administración”. 

Por todo lo expuesto, el tribunal concluye que “lo decidido, motivado y razonado por la sentencia de instancia se ajusta a toda la jurisprudencia”, “por cuanto la finalidad perseguida por la Administración recurrente, en realidad, no ha sido -o no se ha acreditado- el cumplimiento de los mandatos medioambientales contenidos en el artículo 4 de la Directiva Aves, pues tal cumplimiento ha de realizarse con la finalidad protectora que de la norma europea se deduce y (…) en el adecuado marco de ejercicio de todas las competencias concurrentes, y con respeto de las correspondientes a todas las Administraciones públicas titulares de las mismas”. 

La sentencia confirmada del TSJ castellanomanchego estimó recursos del Ayuntamiento de Villar de Cañas y de la Administración General del Estado y anuló el acuerdo de 2015 del Gobierno regional, que aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del Espacio Protegido Laguna de Hito, y el Decreto de 2016 que amplió la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Laguna de El Hito, y realizó propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

 

 

 

 

El Tribunal Supremo confirma la nulidad del acuerdo de la Junta de Castilla-La Mancha de la ampliación del espacio protegido que afectaba al almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca)

Vie, 10/02/2020 - 16:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma, de 30 de julio de 2018, que anuló íntegramente el acuerdo y posterior Decreto del Gobierno regional, de los años 2015 y 2016 respectivamente, para ampliar de 1.000 a 23.000 hectáreas la superficie del Espacio Protegido Laguna de Hito, afectando a la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), cuyo emplazamiento fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2011. 

El TSJ de Castilla-La Mancha acordó la nulidad de los acuerdos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y destacó que, al aprobarlos, conocía el emplazamiento y extensión del proyectado ATC de Villar de Cañas, incurriendo en desviación de poder. 

El Supremo comparte la decisión y subraya: “Nos encontramos con el previo ejercicio de una competencia estatal, sobre cuyo interés general no pueden existir dudas -y que, en todo caso, ya han sido resueltas en litigios anteriores-, la cual fue desarrollada y decidida con la aquiescencia y el beneplácito técnico y científico de la Administración recurrente; ejercicio y desarrollo que -después, y sin acreditación científica suficiente, adecuada y razonada- no podría verse contradicha a posteriori por la propia Administración mediante una considerable ampliación supuestamente protectora, pues ello equivaldría a sustraer, dicho ámbito de ampliación, del destino que le fue señalado en el ejercicio legítimo de una competencia estatal, con desconocimiento de tal competencia y con la vulneración consiguiente del citado precepto constitucional”. 

“El Estado -agregan los magistrados-, cuando adoptó su decisión de ubicación del depósito nuclear, procedió a la ponderación de todos los intereses públicos concurrentes -en decisión que fue ratificada por este Tribunal Supremo- y, en especial, los intereses públicos medioambientales”. 

Añade la Sala que un cambio de criterio es posible en la actuación administrativa, “pero los mismos han de venir avalados -en supuestos como el de autos- por un soporte científico y técnico que (…) no ha sido percibido por la Sala de instancia, en una modélica valoración probatoria, respecto de la que carecemos de argumentos para variar. Lo cierto es que, hasta el momento de la adopción del Acuerdo y Decreto impugnado, la Administración recurrente no había expresado la necesidad de proceder a la ampliación decidida, ni consta actuación alguna en tal sentido, habiendo conocido -sin oposición alguna- a las evaluaciones ambientales realizadas con anterioridad.”

Por todo ello, el Supremo indica que “la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en realidad, no pretendía ampliar el hábitat de las especies mencionadas en el anexo I de la Directiva AVES, ni la adopción de medidas de conservación especiales en cuanto a citado hábitat, ni tampoco asegurar la supervivencia y su reproducción de la grulla común en su invernada en la Laguna del Hito, sino,  como señala la sentencia de instancia, ‘perseguir una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal, amparándose en la apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de espacios naturales, por muy loable que pueda resultar tal propósito’”. 

Además, recuerda que las obligaciones medioambientales que para los Estados miembros impone el artículo 4 de la Directiva Aves “han de cumplirse en el marco del Ordenamiento jurídico en su conjunto, dictando resoluciones suficientemente motivadas -sobre todo si la Administración procede a un cambio de criterio en su política medioambiental-, siguiendo el procedimiento establecido, ajenas a la desviación de poder y de conformidad con el principio de buena administración”. 

Por todo lo expuesto, el tribunal concluye que “lo decidido, motivado y razonado por la sentencia de instancia se ajusta a toda la jurisprudencia”, “por cuanto la finalidad perseguida por la Administración recurrente, en realidad, no ha sido -o no se ha acreditado- el cumplimiento de los mandatos medioambientales contenidos en el artículo 4 de la Directiva Aves, pues tal cumplimiento ha de realizarse con la finalidad protectora que de la norma europea se deduce y (…) en el adecuado marco de ejercicio de todas las competencias concurrentes, y con respeto de las correspondientes a todas las Administraciones públicas titulares de las mismas”. 

La sentencia confirmada del TSJ castellanomanchego estimó recursos del Ayuntamiento de Villar de Cañas y de la Administración General del Estado y anuló el acuerdo de 2015 del Gobierno regional, que aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del Espacio Protegido Laguna de Hito, y el Decreto de 2016 que amplió la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Laguna de El Hito, y realizó propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

 

 

 

 

El Tribunal Supremo considera que una directora de departamento de la Universidad de Murcia vulneró el honor de una profesora por consentir la difusión de valoraciones sobre su expediente

Vie, 10/02/2020 - 13:40

La Sala de lo Civil del Tribunal supremo considera que una directora del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) vulneró el derecho al honor de una profesora ayudante por consentir la publicación fuera de los cauces legalmente previstos -tablón de anuncios y página web UMU- de una carta crítica y un informe negativo sobre reputación profesional de la docente, y por tardar más de un día en ordenar su retirada pese a las instrucciones del Rector.

El tribunal estima parcialmente el recurso de casación de la directora del departamento al confirmar la vulneración del derecho al honor de la profesora, pero no la del derecho a la intimidad. Asimismo, rebaja de 12.000 a 10.000 euros la fianza que le impuso la Audiencia Provincial de Murcia, que sí apreció la vulneración de los dos citados derechos. La sentencia recurrida concluyó que la publicación del informe negativo en la web carecía de interés público y afectaba gravemente a la reputación profesional de la demandante, la carta atacaba el prestigio y su honor y, por último, basaba la responsabilidad de la directora del departamento en que no debió consentir la publicación de los documentos y ser más diligente en su retirada.

Con motivo de la segunda renovación de la profesora ayudante, el departamento emitió por mayoría un informe negativo, redactado y firmado por la directora, que hizo constar en el mismo que ella se había abstenido en la votación. Pese al informe negativo, el Rector prorrogó el contrato laboral de la docente y, en respuesta a dicha renovación, la directora y otros diez profesores de Ciencias Políticas elaboraron un documento –Carta abierta a la comunidad universitaria- en el que mostraban su apoyo al informe negativo del departamento, se quejaban de la vulneración de la autonomía y responsabilizaban al Consejo de Gobierno de los perjuicios para la comunidad universitaria y para los alumnos que pudiera tener la renovación. La carta abierta fue expuesta en los tablones de anuncios del Departamento de Ciencias Políticas y en la página web de la UMU, donde además se colgó el informe negativo. El Rector ordenó su retirada inmediata, pero la directora del departamento tardó más de un día en indicar que la información se quitara del tablón de anuncios y de la página web.

La Sala afirma que solamente los interesados en la obtención de la plaza de profesor podrían tener acceso a un documento interno del expediente como es un informe negativo sobre el desempeño profesional de la aspirante que pretende la renovación de su contrato. Añade que “lo que podría ser público, en todo caso, sería la resolución del expediente, es decir, la renovación o su denegación, pero no un informe que, por su propia naturaleza, debe ser reservado, al contener valoraciones y opiniones sobre la idoneidad profesional de la demandante”.

“Como bien dice la Audiencia Provincial, -razona la Sala- unas valoraciones muy críticas sobre la reputación profesional de la profesora, que debían haber quedado reservadas al ámbito académico interno en que se emitieron, pasaron a ser de dominio público, fácilmente accesibles para una generalidad de personas, que podían descargarlas, imprimirlas, distribuirlas por correo electrónico, etc.”

“En el seno del expediente y en las reuniones de las autoridades y funcionarios encargados de emitir los correspondientes informes o dictámenes, son lícitas las menciones a la competencia profesional de los aspirantes, por crítica o desfavorables que puedan ser. Pero deben quedar reservadas para terceros no interesados”, subraya la Sala.

Respecto a la publicación de la carta abierta, asegura que no se trata solo de una queja de carácter profesional, pues para ello hubiera bastado con citar el caso y la falta de atención del rector a la opinión de la mayoría de los profesores del departamento, sin necesidad de dar los datos personales de la afectada, sobre la que se vertían sombras de incompetencia profesional.

En todo caso, prosigue la sentencia, “el ámbito natural de conocimiento de esa carta hubiera sido el de los organismos universitarios competentes (rectorado, decanato de la facultad, claustro de profesores, comité de contratación, etc.), pero carecía de sentido que se colgara en la página web o en los tablones de anuncios. Una cosa es la transparencia en la gestión de los nombramientos de profesores y otra la divulgación indiscriminada de datos que puedan afectar a su reputación y buen nombre profesional”.

Por tanto, “la publicación fuera de los cauces legalmente previstos de valoraciones de orden interno gravemente afectantes a la reputación profesional de la demandante constituye una vulneración de su derecho al honor”.

Para la Sala es una cuestión distinta lo referente a la afectación del derecho a la intimidad, puesto que “la simple divulgación de la identidad de la demandante (nombre y apellidos) no supone per se vulneración del mencionado derecho fundamental. No todos los datos son íntimos. Por ello, que la Agencia de Protección de Datos sancionara a la UMU por vulneración de la normativa sobre protección de datos no implica necesariamente que hubiera una violación del derecho a la intimidad de la persona afectada, pues la protección de datos y el derecho a la intimidad, aunque tengan zonas comunes o tangentes, no son la misma cosa”.

El Tribunal Supremo considera que una directora de departamento de la Universidad de Murcia vulneró el honor de una profesora por consentir la difusión de valoraciones sobre su expediente

Vie, 10/02/2020 - 13:40

La Sala de lo Civil del Tribunal supremo considera que una directora del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) vulneró el derecho al honor de una profesora ayudante por consentir la publicación fuera de los cauces legalmente previstos -tablón de anuncios y página web UMU- de una carta crítica y un informe negativo sobre reputación profesional de la docente, y por tardar más de un día en ordenar su retirada pese a las instrucciones del Rector.

El tribunal estima parcialmente el recurso de casación de la directora del departamento al confirmar la vulneración del derecho al honor de la profesora, pero no la del derecho a la intimidad. Asimismo, rebaja de 12.000 a 10.000 euros la fianza que le impuso la Audiencia Provincial de Murcia, que sí apreció la vulneración de los dos citados derechos. La sentencia recurrida concluyó que la publicación del informe negativo en la web carecía de interés público y afectaba gravemente a la reputación profesional de la demandante, la carta atacaba el prestigio y su honor y, por último, basaba la responsabilidad de la directora del departamento en que no debió consentir la publicación de los documentos y ser más diligente en su retirada.

Con motivo de la segunda renovación de la profesora ayudante, el departamento emitió por mayoría un informe negativo, redactado y firmado por la directora, que hizo constar en el mismo que ella se había abstenido en la votación. Pese al informe negativo, el Rector prorrogó el contrato laboral de la docente y, en respuesta a dicha renovación, la directora y otros diez profesores de Ciencias Políticas elaboraron un documento –Carta abierta a la comunidad universitaria- en el que mostraban su apoyo al informe negativo del departamento, se quejaban de la vulneración de la autonomía y responsabilizaban al Consejo de Gobierno de los perjuicios para la comunidad universitaria y para los alumnos que pudiera tener la renovación. La carta abierta fue expuesta en los tablones de anuncios del Departamento de Ciencias Políticas y en la página web de la UMU, donde además se colgó el informe negativo. El Rector ordenó su retirada inmediata, pero la directora del departamento tardó más de un día en indicar que la información se quitara del tablón de anuncios y de la página web.

La Sala afirma que solamente los interesados en la obtención de la plaza de profesor podrían tener acceso a un documento interno del expediente como es un informe negativo sobre el desempeño profesional de la aspirante que pretende la renovación de su contrato. Añade que “lo que podría ser público, en todo caso, sería la resolución del expediente, es decir, la renovación o su denegación, pero no un informe que, por su propia naturaleza, debe ser reservado, al contener valoraciones y opiniones sobre la idoneidad profesional de la demandante”.

“Como bien dice la Audiencia Provincial, -razona la Sala- unas valoraciones muy críticas sobre la reputación profesional de la profesora, que debían haber quedado reservadas al ámbito académico interno en que se emitieron, pasaron a ser de dominio público, fácilmente accesibles para una generalidad de personas, que podían descargarlas, imprimirlas, distribuirlas por correo electrónico, etc.”

“En el seno del expediente y en las reuniones de las autoridades y funcionarios encargados de emitir los correspondientes informes o dictámenes, son lícitas las menciones a la competencia profesional de los aspirantes, por crítica o desfavorables que puedan ser. Pero deben quedar reservadas para terceros no interesados”, subraya la Sala.

Respecto a la publicación de la carta abierta, asegura que no se trata solo de una queja de carácter profesional, pues para ello hubiera bastado con citar el caso y la falta de atención del rector a la opinión de la mayoría de los profesores del departamento, sin necesidad de dar los datos personales de la afectada, sobre la que se vertían sombras de incompetencia profesional.

En todo caso, prosigue la sentencia, “el ámbito natural de conocimiento de esa carta hubiera sido el de los organismos universitarios competentes (rectorado, decanato de la facultad, claustro de profesores, comité de contratación, etc.), pero carecía de sentido que se colgara en la página web o en los tablones de anuncios. Una cosa es la transparencia en la gestión de los nombramientos de profesores y otra la divulgación indiscriminada de datos que puedan afectar a su reputación y buen nombre profesional”.

Por tanto, “la publicación fuera de los cauces legalmente previstos de valoraciones de orden interno gravemente afectantes a la reputación profesional de la demandante constituye una vulneración de su derecho al honor”.

Para la Sala es una cuestión distinta lo referente a la afectación del derecho a la intimidad, puesto que “la simple divulgación de la identidad de la demandante (nombre y apellidos) no supone per se vulneración del mencionado derecho fundamental. No todos los datos son íntimos. Por ello, que la Agencia de Protección de Datos sancionara a la UMU por vulneración de la normativa sobre protección de datos no implica necesariamente que hubiera una violación del derecho a la intimidad de la persona afectada, pues la protección de datos y el derecho a la intimidad, aunque tengan zonas comunes o tangentes, no son la misma cosa”.

El Tribunal Supremo estima un recurso de la SGAE y anula la distribución de la compensación por copia privada en fonogramas y otros soportes sonoros

Vie, 10/02/2020 - 09:00

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado por infracción de las reglas procedimentales el artículo 4.1.a) del Real Decreto 1398/2018 que estableció una distribución de la compensación por copia privada respecto de los fonogramas y demás soportes sonoros de un 40% para los autores, un 30% para los artistas intérpretes o ejecutantes y el 30% para los productores.

La Sala estima en parte el recurso contencioso-administrativo planteado por la Sociedad General de Autores y Editores contra dicho Real Decreto, por el que se desarrolla el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), en el que alegaba que el texto de dicho artículo finalmente aprobado difiere del primero de los borradores, que fue sobre el que se realizaron alegaciones e informes y en el que se mantenían los porcentajes de distribución vigentes de un 50 % para los autores, un 25 % para los artistas intérpretes o ejecutantes y un 25% para los productores.

El tribunal considera que el cambio de redacción de dicho artículo 4.1.a) desde el primer borrador -50-25-25- al texto definitivo -40-30-30- “fue sustancial”, y explica que el cambio de criterio se hace sin contar con el parecer del Consejo de Consumidores y Usuarios y, muy especialmente, sin recabar el parecer de la Sección Primera de la Comisión Propiedad Intelectual, cuyo informe es preceptivo.

“Por tanto, se ignora qué habrían informado tales instancias, así como el resto de los que concurrieron a los trámites de consulta, alegaciones e informes, así como los Ministerios que emitieron informes a la primera de las versiones; incógnita que se extiende a AIE, ADEPI y UFI que, al fin y al cabo, defendía una distribución por tercios y no 40-30-30”, subraya la Sala.

Añade que el cambio de redacción afecta a los intereses que legitiman a la SGAE al reducir el porcentaje de lo debido al grupo acreedor de los autores; y que la opción final era controvertida debía saberse, ya que en su día el Real Decreto 1434/1992 fue impugnado por la distribución 50-25-25, recurso desestimado por la sentencia de la Sección Tercera, de 11 de junio de 1996.

El tribunal recuerda que a lo largo del procedimiento de elaboración de un reglamento es frecuente que vaya cambiando la redacción del texto proyectado y que, al no aplicarse el principio contradictorio, la regla general es que no es exigible reiniciar una y otra vez los trámites de audiencia, información o recabar informes a medida que en ese proceso de elaboración va cambiándose el proyecto que se gesta. Sin embargo, afirma que esta regla general tiene como excepción aquellos casos, como el planteado, en que los que en una nueva versión del proyecto se introducen cambios sustanciales que afectan a los aspectos nucleares de lo proyectado.

El Tribunal Supremo estima un recurso de la SGAE y anula la distribución de la compensación por copia privada en fonogramas y otros soportes sonoros

Vie, 10/02/2020 - 09:00

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado por infracción de las reglas procedimentales el artículo 4.1.a) del Real Decreto 1398/2018 que estableció una distribución de la compensación por copia privada respecto de los fonogramas y demás soportes sonoros de un 40% para los autores, un 30% para los artistas intérpretes o ejecutantes y el 30% para los productores.

La Sala estima en parte el recurso contencioso-administrativo planteado por la Sociedad General de Autores y Editores contra dicho Real Decreto, por el que se desarrolla el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), en el que alegaba que el texto de dicho artículo finalmente aprobado difiere del primero de los borradores, que fue sobre el que se realizaron alegaciones e informes y en el que se mantenían los porcentajes de distribución vigentes de un 50 % para los autores, un 25 % para los artistas intérpretes o ejecutantes y un 25% para los productores.

El tribunal considera que el cambio de redacción de dicho artículo 4.1.a) desde el primer borrador -50-25-25- al texto definitivo -40-30-30- “fue sustancial”, y explica que el cambio de criterio se hace sin contar con el parecer del Consejo de Consumidores y Usuarios y, muy especialmente, sin recabar el parecer de la Sección Primera de la Comisión Propiedad Intelectual, cuyo informe es preceptivo.

“Por tanto, se ignora qué habrían informado tales instancias, así como el resto de los que concurrieron a los trámites de consulta, alegaciones e informes, así como los Ministerios que emitieron informes a la primera de las versiones; incógnita que se extiende a AIE, ADEPI y UFI que, al fin y al cabo, defendía una distribución por tercios y no 40-30-30”, subraya la Sala.

Añade que el cambio de redacción afecta a los intereses que legitiman a la SGAE al reducir el porcentaje de lo debido al grupo acreedor de los autores; y que la opción final era controvertida debía saberse, ya que en su día el Real Decreto 1434/1992 fue impugnado por la distribución 50-25-25, recurso desestimado por la sentencia de la Sección Tercera, de 11 de junio de 1996.

El tribunal recuerda que a lo largo del procedimiento de elaboración de un reglamento es frecuente que vaya cambiando la redacción del texto proyectado y que, al no aplicarse el principio contradictorio, la regla general es que no es exigible reiniciar una y otra vez los trámites de audiencia, información o recabar informes a medida que en ese proceso de elaboración va cambiándose el proyecto que se gesta. Sin embargo, afirma que esta regla general tiene como excepción aquellos casos, como el planteado, en que los que en una nueva versión del proyecto se introducen cambios sustanciales que afectan a los aspectos nucleares de lo proyectado.

El Tribunal Supremo declara la competencia de la Audiencia Nacional para resolver un recurso contra el acuerdo del Consejo Interterritorial Salud de julio de 2020

Jue, 10/01/2020 - 13:55

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara la competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de un recurso planteado por una asociación de consumidores contra un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 16 de julio de 2020 sobre actuaciones coordinadas frente a la pandemia del coronavirus.

El Supremo establece que no se trata de actuaciones del Consejo de Ministros ni de Comisiones Delegadas del Gobierno en que sí sería competente este órgano judicial.

Razona que en la Conferencia Sectorial participa un miembro del Gobierno, esto es un Ministro, así como representantes de todas las comunidades autónomas, por lo que lo adecuado es atribuir la competencia a la Audiencia Nacional de acuerdo al artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Añade que esa conclusión no resulta novedosa. Así, la Sala III ha conocido en el pasado de varios recursos de casación contra sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en que diversas comunidades autónomas requirieron al titular del Ministerio de Sanidad y Consumo, en su condición de Presidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que procediera a la convocatoria de un Pleno solicitado por más de la tercera parte de sus miembros.

El Tribunal Supremo declara la competencia de la Audiencia Nacional para resolver un recurso contra el acuerdo del Consejo Interterritorial Salud de julio de 2020

Jue, 10/01/2020 - 13:55

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara la competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de un recurso planteado por una asociación de consumidores contra un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 16 de julio de 2020 sobre actuaciones coordinadas frente a la pandemia del coronavirus.

El Supremo establece que no se trata de actuaciones del Consejo de Ministros ni de Comisiones Delegadas del Gobierno en que sí sería competente este órgano judicial.

Razona que en la Conferencia Sectorial participa un miembro del Gobierno, esto es un Ministro, así como representantes de todas las comunidades autónomas, por lo que lo adecuado es atribuir la competencia a la Audiencia Nacional de acuerdo al artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Añade que esa conclusión no resulta novedosa. Así, la Sala III ha conocido en el pasado de varios recursos de casación contra sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en que diversas comunidades autónomas requirieron al titular del Ministerio de Sanidad y Consumo, en su condición de Presidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que procediera a la convocatoria de un Pleno solicitado por más de la tercera parte de sus miembros.

Condenado un sargento a cuatro años y medio prisión por abuso sexual a una soldado en estado de embriaguez

Mié, 09/30/2020 - 17:20

La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha condenado a 4 años y medio de prisión a un sargento, y a 8 meses de prisión a una soldado, por abuso sexual a otra soldado que se encontraba en estado de embriaguez, en diciembre de 2016, cuando los tres formaban parte de un destacamento de un Grupo de Artillería de Campaña del Ejército de Tierra en el Peñón de Alhucemas.

El Supremo estima el recurso de la acusación particular, en nombre de la soldado denunciante de los hechos, y revoca la absolución de los dos militares dictada en octubre de 2019 por el Tribunal Militar Territorial Segundo. El alto tribunal también les condena a indemnizar conjuntamente a la víctima en la cantidad de 50.927 euros por daños morales.

La sentencia del alto tribunal entiende que la privación de sentido producida por la situación de embriaguez de la víctima de abusos sexuales “no exige, para que tales abusos se consideren no consentidos, que dicha situación de embriaguez anule las facultades intelectivas y volitivas de la víctima”.

Agrega que “la incuestionada situación de embriaguez en que se hallaba la víctima ahora recurrente al momento de ocurrir los hechos, aun no anulando, como afirma la Sala de instancia, sus facultades intelecto-volitivas y su capacidad de discernir, y no provocándole inconsciencia ni coma etílico, afectó a aquellas facultades en un grado e intensidad tal que las mermaba”, lo que comportó que “no pudiera emitir un consentimiento válido, o cuanto menos no viciado, para llevar a cabo las prácticas sexuales que realizó o que sobre ella se llevaron a cabo”.

En los hechos probados se señala que el suceso ocurrió en la habitación de la soldado denunciante y de la soldado acusada, después de que ambas junto al sargento y otros compañeros hubieran estado brindando con anís. Las dos mujeres comenzaron solas a mantener relaciones sexuales, y posteriormente se unió el sargento que acudió a ver si estaban bien tras decirle otro soldado que las dos estaban bebidas, siempre según los hechos probados de la sentencia.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pignatelli, recuerda que el artículo 181 del Código Penal, que se les aplica a ambos acusados en relación con delitos del Código Penal Militar, considera abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre “personas que se hallen privadas de sentido”.

Insiste al respecto en que la ahora recurrente “se encontraba privada de sentido, pues aun cuando no se encontraba totalmente inconsciente, dentro de la expresión «privadas de sentido» del tipo legal se pueden integrar también aquellos supuestos factuales, como es el caso, en los que existe una disminución apreciable e intensa de las facultades anímicas que haga a la víctima realmente inerme a los requerimientos sexuales, al quedar prácticamente anulados sus frenos inhibitorios, por lo que la correcta interpretación de la dicha frase «privadas de sentido» que utiliza el apartado 2 del art. 181 del CP abarca aquellos supuestos en que la perdida de conciencia no es total pero afecta de manera intensa a la capacidad de reacción activa de la víctima frente a fuerzas externas que pretenden aprovecharse de su debilidad”.

Por estos motivos, y partiendo de los mismos hechos probados, el Supremo cree que los hechos deben subsumirse en el delito de abuso de autoridad en su modalidad de realizar actos de abuso sexual sobre un subordinado (en el caso del sargento), y el delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, en su modalidad de realizar actos de abuso sexual sobre otro militar en lugar afecto a las Fuerzas Armadas (en el caso de la soldado acusada), los dos en relación con el artículo 181.1 del Código Penal que castiga los abusos sexuales.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de 2 de los 5 magistrados que la firman, José Alberto Fernández Rodera y Francisco Javier de Mendoza, que consideran que debió confirmarse la absolución de ambos acusados, desestimándose el recurso de la acusación particular. Así recuerdan que los hechos probados destacan que “no ha quedado probado el acceso carnal como tipo de relación sexual mantenida entre el Sargento y las artilleros; ni que actos sexuales concretos se han mantenido entre los citados”, y que “tampoco ha quedado probado el grado e intensidad del estado de embriaguez” de las dos soldados

Ante ello, argumentan que la sentencia absolutoria recurrida contenía una racional, lógica y coherente valoración de los elementos de juicio a disposición del Tribunal, “con el corolario de que no se puede probar que las relaciones sexuales que motivan el proceso se produjeron con ausencia de consentimiento por parte de la denunciante”, y que existen “serias dudas razonables para considerar plenamente probado que la víctima sufriera una pérdida o inhibición de sus facultades intelectivas y volitivas en grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la relevancia de sus determinaciones al menos en lo que atañe a los impulsos sexuales trascendentes, lo que conduce al ‘in dubio pro reo’”.

Condenado un sargento a cuatro años y medio prisión por abuso sexual a una soldado en estado de embriaguez

Mié, 09/30/2020 - 17:20

La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha condenado a 4 años y medio de prisión a un sargento, y a 8 meses de prisión a una soldado, por abuso sexual a otra soldado que se encontraba en estado de embriaguez, en diciembre de 2016, cuando los tres formaban parte de un destacamento de un Grupo de Artillería de Campaña del Ejército de Tierra en el Peñón de Alhucemas.

El Supremo estima el recurso de la acusación particular, en nombre de la soldado denunciante de los hechos, y revoca la absolución de los dos militares dictada en octubre de 2019 por el Tribunal Militar Territorial Segundo. El alto tribunal también les condena a indemnizar conjuntamente a la víctima en la cantidad de 50.927 euros por daños morales.

La sentencia del alto tribunal entiende que la privación de sentido producida por la situación de embriaguez de la víctima de abusos sexuales “no exige, para que tales abusos se consideren no consentidos, que dicha situación de embriaguez anule las facultades intelectivas y volitivas de la víctima”.

Agrega que “la incuestionada situación de embriaguez en que se hallaba la víctima ahora recurrente al momento de ocurrir los hechos, aun no anulando, como afirma la Sala de instancia, sus facultades intelecto-volitivas y su capacidad de discernir, y no provocándole inconsciencia ni coma etílico, afectó a aquellas facultades en un grado e intensidad tal que las mermaba”, lo que comportó que “no pudiera emitir un consentimiento válido, o cuanto menos no viciado, para llevar a cabo las prácticas sexuales que realizó o que sobre ella se llevaron a cabo”.

En los hechos probados se señala que el suceso ocurrió en la habitación de la soldado denunciante y de la soldado acusada, después de que ambas junto al sargento y otros compañeros hubieran estado brindando con anís. Las dos mujeres comenzaron solas a mantener relaciones sexuales, y posteriormente se unió el sargento que acudió a ver si estaban bien tras decirle otro soldado que las dos estaban bebidas, siempre según los hechos probados de la sentencia.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pignatelli, recuerda que el artículo 181 del Código Penal, que se les aplica a ambos acusados en relación con delitos del Código Penal Militar, considera abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre “personas que se hallen privadas de sentido”.

Insiste al respecto en que la ahora recurrente “se encontraba privada de sentido, pues aun cuando no se encontraba totalmente inconsciente, dentro de la expresión «privadas de sentido» del tipo legal se pueden integrar también aquellos supuestos factuales, como es el caso, en los que existe una disminución apreciable e intensa de las facultades anímicas que haga a la víctima realmente inerme a los requerimientos sexuales, al quedar prácticamente anulados sus frenos inhibitorios, por lo que la correcta interpretación de la dicha frase «privadas de sentido» que utiliza el apartado 2 del art. 181 del CP abarca aquellos supuestos en que la perdida de conciencia no es total pero afecta de manera intensa a la capacidad de reacción activa de la víctima frente a fuerzas externas que pretenden aprovecharse de su debilidad”.

Por estos motivos, y partiendo de los mismos hechos probados, el Supremo cree que los hechos deben subsumirse en el delito de abuso de autoridad en su modalidad de realizar actos de abuso sexual sobre un subordinado (en el caso del sargento), y el delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, en su modalidad de realizar actos de abuso sexual sobre otro militar en lugar afecto a las Fuerzas Armadas (en el caso de la soldado acusada), los dos en relación con el artículo 181.1 del Código Penal que castiga los abusos sexuales.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de 2 de los 5 magistrados que la firman, José Alberto Fernández Rodera y Francisco Javier de Mendoza, que consideran que debió confirmarse la absolución de ambos acusados, desestimándose el recurso de la acusación particular. Así recuerdan que los hechos probados destacan que “no ha quedado probado el acceso carnal como tipo de relación sexual mantenida entre el Sargento y las artilleros; ni que actos sexuales concretos se han mantenido entre los citados”, y que “tampoco ha quedado probado el grado e intensidad del estado de embriaguez” de las dos soldados

Ante ello, argumentan que la sentencia absolutoria recurrida contenía una racional, lógica y coherente valoración de los elementos de juicio a disposición del Tribunal, “con el corolario de que no se puede probar que las relaciones sexuales que motivan el proceso se produjeron con ausencia de consentimiento por parte de la denunciante”, y que existen “serias dudas razonables para considerar plenamente probado que la víctima sufriera una pérdida o inhibición de sus facultades intelectivas y volitivas en grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la relevancia de sus determinaciones al menos en lo que atañe a los impulsos sexuales trascendentes, lo que conduce al ‘in dubio pro reo’”.

El Tribunal Supremo anula el requisito de antigüedad máxima del vehículo para obtener la licencia de transporte público de mercancías

Mié, 09/30/2020 - 17:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado el artículo del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que establece el requisito de contar con al menos un vehículo que no supere la antigüedad de cinco meses para obtener una licencia de transporte público de mercancías. El tribunal ha tomado esta decisión al estimar un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Supremo concluye “que el requisito cuestionado supone una injustificada barrera de acceso a la actividad en el sector del transporte que, además, introduce una evidente distorsión en el mercado y afecta a la competencia efectiva, al exigir a quienes intenten convertirse en nuevos operadores los sobrecostes correspondientes a la adquisición de un vehículo de una antigüedad no superior a cinco meses, en claro beneficio de aquellos operadores ya instalados en el mercado y todo ello sin que se haya demostrado la existencia de una razón imperiosa de interés general que haga necesario introducir en la normativa reguladora la referida medida limitativa”.

La CNMC impugnó el primer inciso del artículo 2, apartado veintidós, del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y otras normas complementarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

El apartado anulado señala textualmente: “Quien pretenda obtener una autorización de transporte público de mercancías nueva deberá acreditar que dispone, en los términos previstos en el artículo 38, al menos de un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad de cinco meses, contados desde su primera matriculación”.

El Tribunal Supremo anula el requisito de antigüedad máxima del vehículo para obtener la licencia de transporte público de mercancías

Mié, 09/30/2020 - 17:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado el artículo del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que establece el requisito de contar con al menos un vehículo que no supere la antigüedad de cinco meses para obtener una licencia de transporte público de mercancías. El tribunal ha tomado esta decisión al estimar un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Supremo concluye “que el requisito cuestionado supone una injustificada barrera de acceso a la actividad en el sector del transporte que, además, introduce una evidente distorsión en el mercado y afecta a la competencia efectiva, al exigir a quienes intenten convertirse en nuevos operadores los sobrecostes correspondientes a la adquisición de un vehículo de una antigüedad no superior a cinco meses, en claro beneficio de aquellos operadores ya instalados en el mercado y todo ello sin que se haya demostrado la existencia de una razón imperiosa de interés general que haga necesario introducir en la normativa reguladora la referida medida limitativa”.

La CNMC impugnó el primer inciso del artículo 2, apartado veintidós, del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y otras normas complementarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

El apartado anulado señala textualmente: “Quien pretenda obtener una autorización de transporte público de mercancías nueva deberá acreditar que dispone, en los términos previstos en el artículo 38, al menos de un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad de cinco meses, contados desde su primera matriculación”.

Páginas