Tribunal Supremo

Condenada una mujer a 14 años de prisión por prostituir a su hija menor y con discapacidad en un pueblo de Ciudad Real

Vie, 12/13/2019 - 14:40

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 años de prisión impuesta por la Audiencia de Ciudad Real a una mujer por prostituir en un pueblo de dicha provincia a una de sus hijas, que tiene una discapacidad y que en el momento de los hechos contaba 15 años de edad. La misma pena de 14 años de cárcel es ratificada para cuatro hombres por abusar sexualmente de la menor.

El tribunal absuelve a un sexto acusado (que venía condenado por la Audiencia de Ciudad Real a 7 años de prisión) al no estar probado en su caso el abuso sexual, ya que la propia menor le exculpó en sus declaraciones diciendo que no le conocía.

La madre y los cuatro acusados a los que se ratifican las penas son condenados a 5 años de prisión por delito de prostitución y a otros 9 años de prisión por delito de abuso sexual con acceso carnal (en el caso de la madre, como cooperadora necesaria). Todos ellos tendrán que indemnizar conjuntamente con 50.000 euros a la víctima, y se decreta además la pérdida de la patria potestad de la madre respecto a la víctima.

El hombre que ahora es absuelto, de 83 años de edad, fue condenado en primera instancia a 5 años por delito de prostitución y a otros 2 por abuso sexual sin acceso carnal.

El Supremo destaca en su sentencia que en el caso de los otros 5 acusados hay prueba suficiente para fundar la condena, pero en el caso de esta persona, la víctima declaró textualmete: "Que no conoce a un señor llamado D. del pueblo. Que no ha visto a este señor". Y al final de la declaración: "que no le suena ningún D.". De modo que el TS entiende que no es posible mantener la condena.

Los hechos probados de la sentencia señalan que entre noviembre de 2013 y Febrero de 2014, M.A.E.G., aprovechando su vínculo materno-filial con la víctima, que entonces contaba quince años de edad y un grado de discapacidad del 51%, la obligó a realizar conductas de carácter sexual con acceso carnal por vía vaginal con los otros cuatro acusados varones. Tales encuentros se producían, bien en el domicilio familiar bien en el domicilio de los acusados; encuentros sexuales a cambio de los cuales recibía dinero o tabaco la madre de la menor.

Condenada una mujer a 14 años de prisión por prostituir a su hija menor y con discapacidad en un pueblo de Ciudad Real

Vie, 12/13/2019 - 14:40

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 años de prisión impuesta por la Audiencia de Ciudad Real a una mujer por prostituir en un pueblo de dicha provincia a una de sus hijas, que tiene una discapacidad y que en el momento de los hechos contaba 15 años de edad. La misma pena de 14 años de cárcel es ratificada para cuatro hombres por abusar sexualmente de la menor.

El tribunal absuelve a un sexto acusado (que venía condenado por la Audiencia de Ciudad Real a 7 años de prisión) al no estar probado en su caso el abuso sexual, ya que la propia menor le exculpó en sus declaraciones diciendo que no le conocía.

La madre y los cuatro acusados a los que se ratifican las penas son condenados a 5 años de prisión por delito de prostitución y a otros 9 años de prisión por delito de abuso sexual con acceso carnal (en el caso de la madre, como cooperadora necesaria). Todos ellos tendrán que indemnizar conjuntamente con 50.000 euros a la víctima, y se decreta además la pérdida de la patria potestad de la madre respecto a la víctima.

El hombre que ahora es absuelto, de 83 años de edad, fue condenado en primera instancia a 5 años por delito de prostitución y a otros 2 por abuso sexual sin acceso carnal.

El Supremo destaca en su sentencia que en el caso de los otros 5 acusados hay prueba suficiente para fundar la condena, pero en el caso de esta persona, la víctima declaró textualmete: "Que no conoce a un señor llamado D. del pueblo. Que no ha visto a este señor". Y al final de la declaración: "que no le suena ningún D.". De modo que el TS entiende que no es posible mantener la condena.

Los hechos probados de la sentencia señalan que entre noviembre de 2013 y Febrero de 2014, M.A.E.G., aprovechando su vínculo materno-filial con la víctima, que entonces contaba quince años de edad y un grado de discapacidad del 51%, la obligó a realizar conductas de carácter sexual con acceso carnal por vía vaginal con los otros cuatro acusados varones. Tales encuentros se producían, bien en el domicilio familiar bien en el domicilio de los acusados; encuentros sexuales a cambio de los cuales recibía dinero o tabaco la madre de la menor.

El Tribunal Supremo absuelve a una jugadora en grupo de lotería que no compartió el premio especial a la fracción

Vie, 12/13/2019 - 13:22

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer que había sido condenada a un año y medio de prisión por no repartir el premio extraordinario a la fracción de un número de lotería también premiado y que compartía con otras 5 personas. El Supremo le absuelve del delito de apropiación indebida al entender que la obligación asumida con el grupo era la de compartir el número, pero que no había un pacto de asignación de cuotas sobre el premio a la fracción. No obstante, la Sala considera que los perjudicados podrían acudir a la jurisdicción civil con una reclamación de cantidad.

La mujer, cuyo recurso ha sido estimado por la Sala, se encargaba desde hace 15 años de comprar varios décimos de Lotería Nacional que compartía con otras 5 personas en los sorteos de los jueves y los sábados. La acusada adquiría los billetes y los repartía entre los participantes con un recargo del 10%. De acuerdo con lo que tenían por costumbre, la recurrente adquirió en octubre de 2014 diez décimos de un número que resultó agraciado con 30.000 euros por cada uno de los décimos. Además, en uno de los diez décimos recayó el premio especial a la fracción por valor de 1.170.000 euros.

Antes del sorteo, celebrado el 24 de octubre de 2014, la acusada entregó aleatoriamente a dos personas del grupo sendos décimos del número 44.386 que, posteriormente, resultó premiado. Una vez celebrado el sorteo, repartió otros dos décimos a otras dos personas del grupo e informó del premio a otra, con la que jugaba el 50 por ciento de un décimo. Ella se quedó con el premio especial.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó a la mujer por un delito de apropiación indebida al entender que los tres participantes a los que no se les había repartido el décimo en el momento anterior sorteo tenían una cuota proporcional en los décimos no repartidos, incluido el que tenía el premio especial a la serie.

Sin embargo, la Sala Segunda en su sentencia considera que este argumento entra en colisión con el hecho declarado probado de la Audiencia, cuando precisa que “no se habían determinado las fracciones que correspondían a cada uno de ellos” y “sin que ninguno de ellos-los participantes en el juego tuvieran reservada en exclusiva una determinada fracción”.

La sentencia explica que hasta ahora la jurisprudencia de la Sala en relación con el delito de apropiación indebida en premios de lotería se refiere a la determinación de cuotas. La Sala indica que en el presente caso y de forma expresa, el hecho probado de la sentencia refiere que no se había determinado la asignación de cuotas respecto del premio especial a la fracción. “La recurrente cumplió con la obligación asumida, repartir los décimos de los números de la lotería adquiridos, trasmitiendo a cada uno de los jugadores la parte que había comprado, y lo hace incluso cuando sabe que está premiado. Consecuentemente, la acusada repartió los billetes premiados en la cuantía que cada uno jugaba, el contrato se cumplió”, explica la sentencia.

El tribunal descarta por tanto el delito de apropiación indebida aunque indica que los hechos podrían haber encajado como delito de estafa, del que acusó el fiscal en el juicio, aunque en casación ya no era objeto del caso. Además, la Sala considera que los hechos pueden encajar en una posible reclamación de cantidad ante la jurisdicción civil.

La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideran que debía mantenerse la condena. Según estos jueces, el hecho de que en este caso no se hubiera determinado una asignación de cuotas para la fracción demuestra “ que todos tenían una expectativa común sobre un eventual premio especial que correspondiera a los décimos comprados, en proporción a su parte en la serie adquirida, y no precisamente los contrario, esto es, que el objeto del juego estuviera radicado en una fracción específica que precisamente es determinada después de que se conoce el premio especial y que es repartida a su conveniencia por la acusada, una vez que le consta, naturalmente, la concreta fracción premiada con más de un millón de euros”.

Los dos magistrados discrepantes concluyen que el hecho de no existir asignación de cuotas no neutraliza el delito de apropiación indebida, según la propia jurisprudencia de la Sala sobre esta materia.

El Tribunal Supremo absuelve a una jugadora en grupo de lotería que no compartió el premio especial a la fracción

Vie, 12/13/2019 - 13:22

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer que había sido condenada a un año y medio de prisión por no repartir el premio extraordinario a la fracción de un número de lotería también premiado y que compartía con otras 5 personas. El Supremo le absuelve del delito de apropiación indebida al entender que la obligación asumida con el grupo era la de compartir el número, pero que no había un pacto de asignación de cuotas sobre el premio a la fracción. No obstante, la Sala considera que los perjudicados podrían acudir a la jurisdicción civil con una reclamación de cantidad.

La mujer, cuyo recurso ha sido estimado por la Sala, se encargaba desde hace 15 años de comprar varios décimos de Lotería Nacional que compartía con otras 5 personas en los sorteos de los jueves y los sábados. La acusada adquiría los billetes y los repartía entre los participantes con un recargo del 10%. De acuerdo con lo que tenían por costumbre, la recurrente adquirió en octubre de 2014 diez décimos de un número que resultó agraciado con 30.000 euros por cada uno de los décimos. Además, en uno de los diez décimos recayó el premio especial a la fracción por valor de 1.170.000 euros.

Antes del sorteo, celebrado el 24 de octubre de 2014, la acusada entregó aleatoriamente a dos personas del grupo sendos décimos del número 44.386 que, posteriormente, resultó premiado. Una vez celebrado el sorteo, repartió otros dos décimos a otras dos personas del grupo e informó del premio a otra, con la que jugaba el 50 por ciento de un décimo. Ella se quedó con el premio especial.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó a la mujer por un delito de apropiación indebida al entender que los tres participantes a los que no se les había repartido el décimo en el momento anterior sorteo tenían una cuota proporcional en los décimos no repartidos, incluido el que tenía el premio especial a la serie.

Sin embargo, la Sala Segunda en su sentencia considera que este argumento entra en colisión con el hecho declarado probado de la Audiencia, cuando precisa que “no se habían determinado las fracciones que correspondían a cada uno de ellos” y “sin que ninguno de ellos-los participantes en el juego tuvieran reservada en exclusiva una determinada fracción”.

La sentencia explica que hasta ahora la jurisprudencia de la Sala en relación con el delito de apropiación indebida en premios de lotería se refiere a la determinación de cuotas. La Sala indica que en el presente caso y de forma expresa, el hecho probado de la sentencia refiere que no se había determinado la asignación de cuotas respecto del premio especial a la fracción. “La recurrente cumplió con la obligación asumida, repartir los décimos de los números de la lotería adquiridos, trasmitiendo a cada uno de los jugadores la parte que había comprado, y lo hace incluso cuando sabe que está premiado. Consecuentemente, la acusada repartió los billetes premiados en la cuantía que cada uno jugaba, el contrato se cumplió”, explica la sentencia.

El tribunal descarta por tanto el delito de apropiación indebida aunque indica que los hechos podrían haber encajado como delito de estafa, del que acusó el fiscal en el juicio, aunque en casación ya no era objeto del caso. Además, la Sala considera que los hechos pueden encajar en una posible reclamación de cantidad ante la jurisdicción civil.

La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideran que debía mantenerse la condena. Según estos jueces, el hecho de que en este caso no se hubiera determinado una asignación de cuotas para la fracción demuestra “ que todos tenían una expectativa común sobre un eventual premio especial que correspondiera a los décimos comprados, en proporción a su parte en la serie adquirida, y no precisamente los contrario, esto es, que el objeto del juego estuviera radicado en una fracción específica que precisamente es determinada después de que se conoce el premio especial y que es repartida a su conveniencia por la acusada, una vez que le consta, naturalmente, la concreta fracción premiada con más de un millón de euros”.

Los dos magistrados discrepantes concluyen que el hecho de no existir asignación de cuotas no neutraliza el delito de apropiación indebida, según la propia jurisprudencia de la Sala sobre esta materia.

El Tribunal Supremo inadmite los recursos de la Comunidad de Madrid y de Azora contra la sentencia del TSJ de Madrid que anuló la venta de 32 promociones de viviendas en arrendamiento

Vie, 12/13/2019 - 08:50

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha notificado este jueves un auto en el qu inadmite los recursos de casación interpuestos por la Comunidad de Madrid y Azora Gestión S.L. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de 29 de agosto de 2013, y la posterior comunicación de dicho órgano, en relación con la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L.

El Tribunal Supremo inadmite los recursos de la Comunidad de Madrid y de Azora contra la sentencia del TSJ de Madrid que anuló la venta de 32 promociones de viviendas en arrendamiento

Vie, 12/13/2019 - 08:50

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha notificado este jueves un auto en el qu inadmite los recursos de casación interpuestos por la Comunidad de Madrid y Azora Gestión S.L. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de 29 de agosto de 2013, y la posterior comunicación de dicho órgano, en relación con la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Diego Torres contra su clasificación en segundo grado penitenciario

Jue, 12/12/2019 - 15:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Diego Torres Pérez contra el auto de la Audiencia Provincial de Palma Mallorca que confirmó las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria nº 2 de Cataluña que desestimaron a su vez los recursos interpuestos por dicha persona, que cumple condena por el ‘caso Noos’ en la cárcel barcelonesa de Brians 2, contra su clasificación en segundo grado penitenciario por la Dirección General de Serveis Penitenciaris.

La Sala considera que no existe contradicción entre el auto impugnado y otras resoluciones adoptadas en otros casos, como sostenía Diego Torres en su recurso, para unificar doctrina en materia penitenciaria. En el mismo, el recurrente alegaba que concurrían las variables favorables para su clasificación en tercer grado, y que la lejana fecha de los hechos y el esfuerzo y la voluntad de reparar el perjuicio causado aconsejaban la clasificación en dicho grado. Además, se refería a la aplicación de un sistema mixto de cumplimiento con apoyo en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

La Sala indica que del auto impugnado se desprende, de un lado, que la misma ausencia de datos sobre el penado debidos al escaso tiempo de observación sobre el mismo, junto al resto de los abundantes aspectos que se valoran expresamente en el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y en el de la Audiencia, no solo aconsejan la clasificación en segundo grado, sino que también impiden la configuración de un régimen mixto.

Añade que la argumentación del tribunal ha de entenderse en el sentido de que no solo no dispone de datos para establecer un régimen mixto, dado el escaso tiempo cumplido de la pena impuesta, sino que no puede pronunciarse sobre un programa específico de tratamiento inexistente”.

La Sala resume que en el auto impugnado, “el tribunal deniega la pretensión de aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, debido a la falta de información suficiente. De sus afirmaciones se desprende que ello es debido, por una parte, a la inexistencia de un periodo de observación que haya aportado datos bastantes y, por otra, a la inexistencia de una propuesta del Equipo Técnico en los términos previstos en el citado precepto. Propuesta que, de otro lado, no parece posible en este momento, teniendo en cuenta el escaso tiempo de estancia en el centro penitenciario”.

El Tribunal Supremo establece que la venta de oro de un particular a un profesional del sector está sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Jue, 12/12/2019 - 15:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que la transmisión de metales preciosos por un particular a un empresario o profesional del sector está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO).

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, examina la relación entre el Impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tenor de la normativa vigente, en relación a la venta de oro o metales preciosos efectuada por un particular a un comerciante, que adquiere el bien en el seno de su actividad empresarial.

El tribunal concluye que la operación ha de reputarse sujeta a TPO porque la misma debe ser analizada desde la perspectiva del transmitente (el particular), que es quien "realiza" el hecho imponible. Y ello a pesar de que la ley establezca que el sujeto pasivo del impuesto sea el adquirente del bien, pues esa misma ley no establece excepción alguna por el hecho de que dicho adquirente sea comerciante.

Los magistrados destacan que la cuestión de si la sujeción al impuesto de estas operaciones podría afectar a la neutralidad del IVA ha sido resuelta, en sentido negativo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver una cuestión prejudicial planteada por la misma Sección Segunda de la Sala III del Supremo, que ha dictado la sentencia notificada hoy.

En el caso concreto examinado, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la entidad Oro Efectivo, S.L,. contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Diego Torres contra su clasificación en segundo grado penitenciario

Jue, 12/12/2019 - 15:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Diego Torres Pérez contra el auto de la Audiencia Provincial de Palma Mallorca que confirmó las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria nº 2 de Cataluña que desestimaron a su vez los recursos interpuestos por dicha persona, que cumple condena por el ‘caso Noos’ en la cárcel barcelonesa de Brians 2, contra su clasificación en segundo grado penitenciario por la Dirección General de Serveis Penitenciaris.

La Sala considera que no existe contradicción entre el auto impugnado y otras resoluciones adoptadas en otros casos, como sostenía Diego Torres en su recurso, para unificar doctrina en materia penitenciaria. En el mismo, el recurrente alegaba que concurrían las variables favorables para su clasificación en tercer grado, y que la lejana fecha de los hechos y el esfuerzo y la voluntad de reparar el perjuicio causado aconsejaban la clasificación en dicho grado. Además, se refería a la aplicación de un sistema mixto de cumplimiento con apoyo en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

La Sala indica que del auto impugnado se desprende, de un lado, que la misma ausencia de datos sobre el penado debidos al escaso tiempo de observación sobre el mismo, junto al resto de los abundantes aspectos que se valoran expresamente en el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y en el de la Audiencia, no solo aconsejan la clasificación en segundo grado, sino que también impiden la configuración de un régimen mixto.

Añade que la argumentación del tribunal ha de entenderse en el sentido de que no solo no dispone de datos para establecer un régimen mixto, dado el escaso tiempo cumplido de la pena impuesta, sino que no puede pronunciarse sobre un programa específico de tratamiento inexistente”.

La Sala resume que en el auto impugnado, “el tribunal deniega la pretensión de aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, debido a la falta de información suficiente. De sus afirmaciones se desprende que ello es debido, por una parte, a la inexistencia de un periodo de observación que haya aportado datos bastantes y, por otra, a la inexistencia de una propuesta del Equipo Técnico en los términos previstos en el citado precepto. Propuesta que, de otro lado, no parece posible en este momento, teniendo en cuenta el escaso tiempo de estancia en el centro penitenciario”.

El Tribunal Supremo establece que la venta de oro de un particular a un profesional del sector está sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Jue, 12/12/2019 - 15:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que la transmisión de metales preciosos por un particular a un empresario o profesional del sector está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO).

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, examina la relación entre el Impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tenor de la normativa vigente, en relación a la venta de oro o metales preciosos efectuada por un particular a un comerciante, que adquiere el bien en el seno de su actividad empresarial.

El tribunal concluye que la operación ha de reputarse sujeta a TPO porque la misma debe ser analizada desde la perspectiva del transmitente (el particular), que es quien "realiza" el hecho imponible. Y ello a pesar de que la ley establezca que el sujeto pasivo del impuesto sea el adquirente del bien, pues esa misma ley no establece excepción alguna por el hecho de que dicho adquirente sea comerciante.

Los magistrados destacan que la cuestión de si la sujeción al impuesto de estas operaciones podría afectar a la neutralidad del IVA ha sido resuelta, en sentido negativo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver una cuestión prejudicial planteada por la misma Sección Segunda de la Sala III del Supremo, que ha dictado la sentencia notificada hoy.

En el caso concreto examinado, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la entidad Oro Efectivo, S.L,. contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

 

El Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial al TJUE en relación al litigio de Bankia con un inversor institucional por su salida a Bolsa

Mié, 12/11/2019 - 15:00

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que formula al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias peticiones de decisión prejudicial sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores. El Supremo señala que la respuesta del TJUE resulta determinante para el fallo que debe pronunciar en un recurso de Bankia contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó la responsabilidad del banco en relación a un inversor cualificado o del tramo institucional por el folleto sobre la emisión relativo a la oferta pública de suscripción de acciones (OPS) para su salida a Bolsa en el año 2011. 

Las preguntas que el Supremo formula al TJUE son las siguientes: 

“1.- Cuando una oferta pública de suscripción de acciones se dirige tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados, y se emite un folleto en atención a los minoristas, ¿la acción de responsabilidad por el folleto ampara a ambos tipos de inversores o solamente a los minoristas? 

2.- En el caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea que ampara también a los inversores cualificados, ¿es posible valorar su grado de conocimiento de la situación económica del emisor de la OPS al margen del folleto, en función de sus relaciones jurídicas o mercantiles con dicho emisor (formar parte de su accionariado, de sus órganos de administración, etc.)?” 

El pleito al que afectarán las respuestas del TJUE está planteado entre Bankia y la Unión Mutua Asistencial de Seguros, inversor cualificado o del tramo institucional en la oferta pública de suscripción de acciones para su salida a Bolsa realizada por Bankia en 2011, que se dividió en ese tramo institucional  y en el previsto para inversores minoristas y empleados y administradores. 

UMAS suscribió una orden de compra de 160.000 acciones de Bankia, a razón de 3,75 euros cada acción, lo que supuso un desembolso total de 600.000 euros. Según recuerda el auto, como consecuencia de una reformulación de las cuentas anuales de la entidad emisora, las acciones perdieron casi todo su valor en el mercado secundario y se suspendió su cotización. En procedimientos anteriores, seguidos a instancia de inversores minoristas, el Supremo ha concluido en diversas sentencias que el folleto de la emisión contenía graves inexactitudes en cuanto a la verdadera situación financiera de la entidad emisora. 

UMAS interpuso una demanda contra Bankia, en la que solicitó, con carácter principal, la nulidad por error en el consentimiento en la compra de las acciones. Y con carácter subsidiario, que se declarase la responsabilidad de Bankia por falta de veracidad en el folleto de la emisión. La sentencia de primera instancia estimó la demanda en su pretensión principal, declaró la nulidad de la adquisición de acciones por error vicio del consentimiento y ordenó la restitución de las prestaciones.

 Bankia interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, que fue estimado en parte por la Audiencia Provincial, que desestimó la acción de nulidad y estimó la de responsabilidad por la inexactitud del folleto, fijando una indemnización de la diferencia entre el valor de la adquisición -600.000 euros-, y el valor que tuvieran las acciones en el momento de la interposición de la demanda -22 mayo de 2015-.

 

El Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial al TJUE en relación al litigio de Bankia con un inversor institucional por su salida a Bolsa

Mié, 12/11/2019 - 15:00

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que formula al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias peticiones de decisión prejudicial sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores. El Supremo señala que la respuesta del TJUE resulta determinante para el fallo que debe pronunciar en un recurso de Bankia contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó la responsabilidad del banco en relación a un inversor cualificado o del tramo institucional por el folleto sobre la emisión relativo a la oferta pública de suscripción de acciones (OPS) para su salida a Bolsa en el año 2011. 

Las preguntas que el Supremo formula al TJUE son las siguientes: 

“1.- Cuando una oferta pública de suscripción de acciones se dirige tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados, y se emite un folleto en atención a los minoristas, ¿la acción de responsabilidad por el folleto ampara a ambos tipos de inversores o solamente a los minoristas? 

2.- En el caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea que ampara también a los inversores cualificados, ¿es posible valorar su grado de conocimiento de la situación económica del emisor de la OPS al margen del folleto, en función de sus relaciones jurídicas o mercantiles con dicho emisor (formar parte de su accionariado, de sus órganos de administración, etc.)?” 

El pleito al que afectarán las respuestas del TJUE está planteado entre Bankia y la Unión Mutua Asistencial de Seguros, inversor cualificado o del tramo institucional en la oferta pública de suscripción de acciones para su salida a Bolsa realizada por Bankia en 2011, que se dividió en ese tramo institucional  y en el previsto para inversores minoristas y empleados y administradores. 

UMAS suscribió una orden de compra de 160.000 acciones de Bankia, a razón de 3,75 euros cada acción, lo que supuso un desembolso total de 600.000 euros. Según recuerda el auto, como consecuencia de una reformulación de las cuentas anuales de la entidad emisora, las acciones perdieron casi todo su valor en el mercado secundario y se suspendió su cotización. En procedimientos anteriores, seguidos a instancia de inversores minoristas, el Supremo ha concluido en diversas sentencias que el folleto de la emisión contenía graves inexactitudes en cuanto a la verdadera situación financiera de la entidad emisora. 

UMAS interpuso una demanda contra Bankia, en la que solicitó, con carácter principal, la nulidad por error en el consentimiento en la compra de las acciones. Y con carácter subsidiario, que se declarase la responsabilidad de Bankia por falta de veracidad en el folleto de la emisión. La sentencia de primera instancia estimó la demanda en su pretensión principal, declaró la nulidad de la adquisición de acciones por error vicio del consentimiento y ordenó la restitución de las prestaciones.

 Bankia interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, que fue estimado en parte por la Audiencia Provincial, que desestimó la acción de nulidad y estimó la de responsabilidad por la inexactitud del folleto, fijando una indemnización de la diferencia entre el valor de la adquisición -600.000 euros-, y el valor que tuvieran las acciones en el momento de la interposición de la demanda -22 mayo de 2015-.

 

El Tribunal Supremo declara nulo el límite de 75 años para integrar el turno oficio en Madrid por ser discriminatorio por razón de edad

Dom, 12/08/2019 - 10:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el límite de 75 años establecido por el Colegio de Abogados de Madrid para integrarse en el turno de oficio al considerar que constituye una discriminación por razón de edad. La sentencia estima un recurso de la Asociación “Abogados y Juristas pro Estado de Derecho” y de un particular contra el artículo1.4.d) de las Normas Reguladoras del Turno de oficio, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Abogados de Madrid de 10 de octubre de 2016, en línea con las aprobadas el 24 de octubre de 2013.

Entre otros argumentos, el Supremo destaca que “establecer un límite máximo de edad en el turno de oficio, aunque ésta sea elevada –salvo para los recursos de casación y amparo-, por la disminución de condiciones físicas que van aparejadas a la edad, cuando no ha quedado justificado que inhabiliten o dificulten una satisfactoria prestación de la actividad a desarrollar por el abogado de turno de oficio, cuando la adscripción es voluntaria, así como la elección del área y del turno, (…) se compadece mal –aunque se trate de la prestación de un servicio público financiado con fondos públicos- con la inexistencia de límite de clase alguna para el ejercicio de la abogacía”.

“No hay un solo dato -añade el Supremo- que evidencie la defectuosa asistencia de los Abogados de más edad, ni las quejas que hayan podido recibirse en sede colegial por parte de los justiciables, extremos importantes que eliminarían toda sospecha de discriminación por razón de edad. Pero, además la actuación del Letrado, tanto en el ejercicio privado de la profesión como en el turno de oficio, lo que exige, básicamente, son facultades intelectuales, y, en mucho menor medida, físicas, no siendo éstas, desde luego determinantes, sin que, actualmente, pueda predicarse de la generalidad de los mayores de 75 años, ese menoscabo físico o intelectual que haga necesaria y razonable la medida. Si así fuera, debería establecerse el mismo límite para el ejercicio privado de la abogacía”.

El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Inés Huerta, entiende que el Colegio de Madrid no ha justificado las razones que le llevan a establecer ese límite máximo de edad, “ni la verdadera finalidad que se persigue, que podrá ser legítima, pero que no ha sido evidenciada, lo que nos lleva a considerar discriminatorio ese límite máximo de edad que se establece, con carácter general, para el turno de oficio cuando tal límite de edad no existe para el ejercicio privado de la profesión”.

La sentencia establece que los Colegios de Abogados sí son competentes para la regulación y organización del turno de oficio, y, por tanto, para el establecimiento de requisitos, entre ellos la fijación de límites máximos de edad, pero siempre que el objetivo perseguido sea legítimo y el límite proporcionado, lo que creen que no concurre en este caso.

El artículo 1.4.d. anulado establecía textualmente que no podían pertenecer al turno de oficio “los abogados mayores de 75 años, con excepción de los turnos especiales de casación y amparo. Cumplida esa edad se cursará su baja de forma automática, viniendo obligados a finalizar los asuntos designados hasta la fecha, siempre que mantengan su condición de letrados ejercientes”

La “justificación” de ese límite máximo se contenía en la exposición de Motivos de las Normas reguladoras del turno de oficio de 2013, que es cuando se estableció por vez primera y decía así: “Agradecemos públicamente la encomiable labor de los colegiados más veteranos que desearían seguir ejerciendo su labor en los diferentes turnos por encima de ese límite de edad, pero consideramos razonable establecer esa limitación temporal. Para ellos mantenemos la posibilidad de seguir dedicándose a los recursos de casación y amparo que no necesitan las condiciones que sí requieren, sin embargo, la asistencia a vistas y el desarrollo de las guardias>>.

El Tribunal Supremo declara nulo el límite de 75 años para integrar el turno oficio en Madrid por ser discriminatorio por razón de edad

Dom, 12/08/2019 - 10:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el límite de 75 años establecido por el Colegio de Abogados de Madrid para integrarse en el turno de oficio al considerar que constituye una discriminación por razón de edad. La sentencia estima un recurso de la Asociación “Abogados y Juristas pro Estado de Derecho” y de un particular contra el artículo1.4.d) de las Normas Reguladoras del Turno de oficio, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Abogados de Madrid de 10 de octubre de 2016, en línea con las aprobadas el 24 de octubre de 2013.

Entre otros argumentos, el Supremo destaca que “establecer un límite máximo de edad en el turno de oficio, aunque ésta sea elevada –salvo para los recursos de casación y amparo-, por la disminución de condiciones físicas que van aparejadas a la edad, cuando no ha quedado justificado que inhabiliten o dificulten una satisfactoria prestación de la actividad a desarrollar por el abogado de turno de oficio, cuando la adscripción es voluntaria, así como la elección del área y del turno, (…) se compadece mal –aunque se trate de la prestación de un servicio público financiado con fondos públicos- con la inexistencia de límite de clase alguna para el ejercicio de la abogacía”.

“No hay un solo dato -añade el Supremo- que evidencie la defectuosa asistencia de los Abogados de más edad, ni las quejas que hayan podido recibirse en sede colegial por parte de los justiciables, extremos importantes que eliminarían toda sospecha de discriminación por razón de edad. Pero, además la actuación del Letrado, tanto en el ejercicio privado de la profesión como en el turno de oficio, lo que exige, básicamente, son facultades intelectuales, y, en mucho menor medida, físicas, no siendo éstas, desde luego determinantes, sin que, actualmente, pueda predicarse de la generalidad de los mayores de 75 años, ese menoscabo físico o intelectual que haga necesaria y razonable la medida. Si así fuera, debería establecerse el mismo límite para el ejercicio privado de la abogacía”.

El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Inés Huerta, entiende que el Colegio de Madrid no ha justificado las razones que le llevan a establecer ese límite máximo de edad, “ni la verdadera finalidad que se persigue, que podrá ser legítima, pero que no ha sido evidenciada, lo que nos lleva a considerar discriminatorio ese límite máximo de edad que se establece, con carácter general, para el turno de oficio cuando tal límite de edad no existe para el ejercicio privado de la profesión”.

La sentencia establece que los Colegios de Abogados sí son competentes para la regulación y organización del turno de oficio, y, por tanto, para el establecimiento de requisitos, entre ellos la fijación de límites máximos de edad, pero siempre que el objetivo perseguido sea legítimo y el límite proporcionado, lo que creen que no concurre en este caso.

El artículo 1.4.d. anulado establecía textualmente que no podían pertenecer al turno de oficio “los abogados mayores de 75 años, con excepción de los turnos especiales de casación y amparo. Cumplida esa edad se cursará su baja de forma automática, viniendo obligados a finalizar los asuntos designados hasta la fecha, siempre que mantengan su condición de letrados ejercientes”

La “justificación” de ese límite máximo se contenía en la exposición de Motivos de las Normas reguladoras del turno de oficio de 2013, que es cuando se estableció por vez primera y decía así: “Agradecemos públicamente la encomiable labor de los colegiados más veteranos que desearían seguir ejerciendo su labor en los diferentes turnos por encima de ese límite de edad, pero consideramos razonable establecer esa limitación temporal. Para ellos mantenemos la posibilidad de seguir dedicándose a los recursos de casación y amparo que no necesitan las condiciones que sí requieren, sin embargo, la asistencia a vistas y el desarrollo de las guardias>>.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el control judicial del uso abusivo del poder general otorgado para la venta de inmuebles

Vie, 11/29/2019 - 12:50

El Pleno de la Sala primera del Tribunal Supremo ha analizado en una sentencia dos cuestiones: por una parte, la suficiencia de un poder con especificación de la facultad de vender o enajenar bienes inmuebles, sin designación de los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas; y por otra parte, si se ha producido un abuso del poder de representación y si los terceros tenían o podían tener conocimiento del carácter abusivo o desviado del acto de ejercicio del poder.

La Sala analiza un caso en el que el hijo de la demandante, utilizando un poder otorgado por su madre el mismo día y ante otro notario distinto, realizó una operación financiera consistente en un préstamo en el que se ofreció como garantía una opción de compra sobre la vivienda de la demandante, por un importe inferior al 50% de su valor de mercado.

Se adjunta nota y sentencia de la Sala de lo Civil.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el control judicial del uso abusivo del poder general otorgado para la venta de inmuebles

Vie, 11/29/2019 - 12:50

El Pleno de la Sala primera del Tribunal Supremo ha analizado en una sentencia dos cuestiones: por una parte, la suficiencia de un poder con especificación de la facultad de vender o enajenar bienes inmuebles, sin designación de los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas; y por otra parte, si se ha producido un abuso del poder de representación y si los terceros tenían o podían tener conocimiento del carácter abusivo o desviado del acto de ejercicio del poder.

La Sala analiza un caso en el que el hijo de la demandante, utilizando un poder otorgado por su madre el mismo día y ante otro notario distinto, realizó una operación financiera consistente en un préstamo en el que se ofreció como garantía una opción de compra sobre la vivienda de la demandante, por un importe inferior al 50% de su valor de mercado.

Se adjunta nota y sentencia de la Sala de lo Civil.

El Tribunal Supremo confirma la condena a un funcionario que se hizo con 239.000 euros de la Delegación de Agricultura de Almería con talones al portador

Jue, 11/28/2019 - 15:07

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 5 años y 3 meses de prisión por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos a un funcionario de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que sacó en talones al portador un total de 239.638,20 euros de una cuenta de dicha Delegación para su lucro personal.

El Supremo ratifica los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un tribunal del jurado de la Audiencia de Almería, al rechazar el recurso del funcionario acusado, Miguel Gallardo Lorenzo, que además de la pena de cárcel es condenado a 9 años de inhabilitación absoluta y a indemnizar con 239.638 a la Junta de Andalucía. Del pago de la indemnización hasta el importe de 105.338,20 euros responderá subsidiariamente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en la que estaba la cuenta de la Delegación a la que se cargaron los talones al portador.

Según los hechos probados, el funcionario acusado, “con la intención de obtener un lucro económico y siendo consciente de la falta de control sobre la cuenta, en la que tenía firma autorizada desde 1986, entre febrero y abril de 2009 extrajo de la misma un total de 134.300 euros haciendo uso para ello de 49 talones al portador”.

“Con la misma intención -añade la sentencia-, pese a que desde el 22 de junio de 2010 no figuraba como autorizado en la cuenta, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 extrajo de la misma un total de 105.338,20 euros haciendo uso para ello de 39 talones al portador en los que estampó una firma irreal. En los 7 últimos cheques, dado que los empleados del banco le exigieron que hiciera constar su DNI además de la firma si deseaba cobrar, el acusado consignó un número de DNI distinto al suyo cambiando alguno de los dígitos de la numeración correcta. A pesar de que el acusado no figuraba como autorizado, los empleados del BBVA abonaron los talones al no hacer las comprobaciones necesarias”.

El Tribunal Supremo confirma la condena a un funcionario que se hizo con 239.000 euros de la Delegación de Agricultura de Almería con talones al portador

Jue, 11/28/2019 - 15:07

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 5 años y 3 meses de prisión por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos a un funcionario de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que sacó en talones al portador un total de 239.638,20 euros de una cuenta de dicha Delegación para su lucro personal.

El Supremo ratifica los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un tribunal del jurado de la Audiencia de Almería, al rechazar el recurso del funcionario acusado, Miguel Gallardo Lorenzo, que además de la pena de cárcel es condenado a 9 años de inhabilitación absoluta y a indemnizar con 239.638 a la Junta de Andalucía. Del pago de la indemnización hasta el importe de 105.338,20 euros responderá subsidiariamente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en la que estaba la cuenta de la Delegación a la que se cargaron los talones al portador.

Según los hechos probados, el funcionario acusado, “con la intención de obtener un lucro económico y siendo consciente de la falta de control sobre la cuenta, en la que tenía firma autorizada desde 1986, entre febrero y abril de 2009 extrajo de la misma un total de 134.300 euros haciendo uso para ello de 49 talones al portador”.

“Con la misma intención -añade la sentencia-, pese a que desde el 22 de junio de 2010 no figuraba como autorizado en la cuenta, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 extrajo de la misma un total de 105.338,20 euros haciendo uso para ello de 39 talones al portador en los que estampó una firma irreal. En los 7 últimos cheques, dado que los empleados del banco le exigieron que hiciera constar su DNI además de la firma si deseaba cobrar, el acusado consignó un número de DNI distinto al suyo cambiando alguno de los dígitos de la numeración correcta. A pesar de que el acusado no figuraba como autorizado, los empleados del BBVA abonaron los talones al no hacer las comprobaciones necesarias”.

El Tribunal Supremo declara improcedente el despido de una limpiadora del Hospital Clínic de Barcelona que en 8 años firmó 242 contratos de interina para cubrir vacaciones

Jue, 11/28/2019 - 14:40

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que en ocho años firmó 242 contratos de interinidad por sustitución, como limpiadora en el Hospital Clínic de Barcelona, para cubrir vacaciones, descansos y permisos de otros empleados de la empresa.

El tribunal ha condenado a la empresa a que opte entre su readmisión, con abono de los salarios de tramitación, o el pago de una indemnización de 11.088 euros, al considerar que en este caso ni era válida la causa consignada en el contrato, ni concurren las circunstancias que habrían permitido validar una modalidad contractual distinta, como la del contrato eventual.

La Sala ha estimado el recurso de casación interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sostuvo que es ajustada a Derecho la utilización del contrato de interinidad para cubrir supuestos de vacaciones, descansos o permisos. La sentencia de instancia, dictada por el juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona, también desestimó la demanda de la empleada y concluyó que, pese al gran número de contratos, todos estaban justificados debidamente, por lo que no había fraude de ley en la contratación.

La trabajadora firmó contratos de interinidad por sustitución como limpiadora del Hospital Clínic de Barcelona desde diciembre de 2007 hasta enero de 2011, en que empezó a cobrar el desempleo. En marzo de ese mismo año volvió a trabajar para la misma empresa con la misma modalidad contractual. En total firmó 242 contratos, siempre con la misma categoría de limpiadora, en los que se indicaba el nombre de la persona a la que sustituía y la causa: asuntos propios, días de convenio, recuperación horaria, incapacidad temporal vacaciones, fiesta optativa de convenio, ausencia, permiso sindical, enfermedad familiar o boda familiar. El 8 de mayo de 2015, la empresa le notificó la extinción del contrato.

De acuerdo con su jurisprudencia, la Sala rechaza que la cobertura de las vacaciones pueda realizarse por la vía del contrato de interinidad por sustitución. Ese contrato –explica el tribunal- se define como aquel contrato de duración determinada que tiene por objeto sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, dependiendo su duración de la reincorporación del sustituido por finalizar el periodo de ejercicio de dicho derecho.

La Sala afirma que dicha definición “no permite la inclusión de otras circunstancias en las que no exista obligación de prestar servicios que difieran de aquellas en las que se produce el denominado derecho de reserva del puesto de trabajo”. Añade que “la ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a reserva de plaza, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de servicios que no genera vacante reservada propiamente dicha”.

La Sala considera que, “si bien un desequilibrio genérico del volumen de plantilla en circunstancias como la que concurren en la administración pública que precisa del seguimiento de procedimientos reglados de creación de plazas, podría justificar extraordinariamente la contratación temporal, “ésta sólo sería posible de acreditarse la concurrencia de los elementos que definen al contrato regulado en el artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, esto es, si concurren circunstancias no previsibles”.

El tribunal indica que la empresa es “plenamente conocedora de que la plantilla con la que cuenta disfruta de vacaciones y descansos con la regularidad propia de tales situaciones y, por consiguiente, la respuesta al volumen de actividad habitual debe contemplar las horas de efectiva prestación”.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Mª Lourdes Arastey, explica que el hecho de que “los trabajadores de la plantilla ejerciten sus derechos al descanso y a las vacaciones es una circunstancia previsible y, por consiguiente, no es, pues, ajustada a Derecho la cobertura temporal de sus funciones acudiendo a la vía de interinidad por sustitución. Tales ausencias al trabajo se producen dentro del normal desarrollo del contrato de trabajo y forman parte de la previsión organizativa que corresponde llevar a cabo al empleador, alejándose de la excepcionalidad que el contrato eventual viene a solventar”.

La Sala agrega que no puede olvidarse que en nuestro ordenamiento jurídico “el contrato indefinido constituye la regla general de la que se apartan los supuestos tasados y específicamente diseñados por el legislador, caracterizados todos ellos por la nota de causalidad”. En este punto, según la sentencia, “el contrato de interinidad obedece a la circunstancia extraordinaria en que pueda incurrir la plantilla de la empresa al no concurrir una causa de suspensión del contrato. Nada de extraordinario resulta el disfrute de los periodos de descanso y vacaciones, a los que tienen derecho todos los trabajadores de la empresa”.

El Tribunal Supremo declara improcedente el despido de una limpiadora del Hospital Clínic de Barcelona que en 8 años firmó 242 contratos de interina para cubrir vacaciones

Jue, 11/28/2019 - 14:40

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que en ocho años firmó 242 contratos de interinidad por sustitución, como limpiadora en el Hospital Clínic de Barcelona, para cubrir vacaciones, descansos y permisos de otros empleados de la empresa.

El tribunal ha condenado a la empresa a que opte entre su readmisión, con abono de los salarios de tramitación, o el pago de una indemnización de 11.088 euros, al considerar que en este caso ni era válida la causa consignada en el contrato, ni concurren las circunstancias que habrían permitido validar una modalidad contractual distinta, como la del contrato eventual.

La Sala ha estimado el recurso de casación interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sostuvo que es ajustada a Derecho la utilización del contrato de interinidad para cubrir supuestos de vacaciones, descansos o permisos. La sentencia de instancia, dictada por el juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona, también desestimó la demanda de la empleada y concluyó que, pese al gran número de contratos, todos estaban justificados debidamente, por lo que no había fraude de ley en la contratación.

La trabajadora firmó contratos de interinidad por sustitución como limpiadora del Hospital Clínic de Barcelona desde diciembre de 2007 hasta enero de 2011, en que empezó a cobrar el desempleo. En marzo de ese mismo año volvió a trabajar para la misma empresa con la misma modalidad contractual. En total firmó 242 contratos, siempre con la misma categoría de limpiadora, en los que se indicaba el nombre de la persona a la que sustituía y la causa: asuntos propios, días de convenio, recuperación horaria, incapacidad temporal vacaciones, fiesta optativa de convenio, ausencia, permiso sindical, enfermedad familiar o boda familiar. El 8 de mayo de 2015, la empresa le notificó la extinción del contrato.

De acuerdo con su jurisprudencia, la Sala rechaza que la cobertura de las vacaciones pueda realizarse por la vía del contrato de interinidad por sustitución. Ese contrato –explica el tribunal- se define como aquel contrato de duración determinada que tiene por objeto sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, dependiendo su duración de la reincorporación del sustituido por finalizar el periodo de ejercicio de dicho derecho.

La Sala afirma que dicha definición “no permite la inclusión de otras circunstancias en las que no exista obligación de prestar servicios que difieran de aquellas en las que se produce el denominado derecho de reserva del puesto de trabajo”. Añade que “la ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a reserva de plaza, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de servicios que no genera vacante reservada propiamente dicha”.

La Sala considera que, “si bien un desequilibrio genérico del volumen de plantilla en circunstancias como la que concurren en la administración pública que precisa del seguimiento de procedimientos reglados de creación de plazas, podría justificar extraordinariamente la contratación temporal, “ésta sólo sería posible de acreditarse la concurrencia de los elementos que definen al contrato regulado en el artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, esto es, si concurren circunstancias no previsibles”.

El tribunal indica que la empresa es “plenamente conocedora de que la plantilla con la que cuenta disfruta de vacaciones y descansos con la regularidad propia de tales situaciones y, por consiguiente, la respuesta al volumen de actividad habitual debe contemplar las horas de efectiva prestación”.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Mª Lourdes Arastey, explica que el hecho de que “los trabajadores de la plantilla ejerciten sus derechos al descanso y a las vacaciones es una circunstancia previsible y, por consiguiente, no es, pues, ajustada a Derecho la cobertura temporal de sus funciones acudiendo a la vía de interinidad por sustitución. Tales ausencias al trabajo se producen dentro del normal desarrollo del contrato de trabajo y forman parte de la previsión organizativa que corresponde llevar a cabo al empleador, alejándose de la excepcionalidad que el contrato eventual viene a solventar”.

La Sala agrega que no puede olvidarse que en nuestro ordenamiento jurídico “el contrato indefinido constituye la regla general de la que se apartan los supuestos tasados y específicamente diseñados por el legislador, caracterizados todos ellos por la nota de causalidad”. En este punto, según la sentencia, “el contrato de interinidad obedece a la circunstancia extraordinaria en que pueda incurrir la plantilla de la empresa al no concurrir una causa de suspensión del contrato. Nada de extraordinario resulta el disfrute de los periodos de descanso y vacaciones, a los que tienen derecho todos los trabajadores de la empresa”.

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