Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo deniega las medidas cautelarísimas solicitadas por Puigdemont y Comín contra el acuerdo de la Junta Electoral Central y declara vacantes sus escaños en el Parlamento Europeo

Vie, 06/28/2019 - 08:00

La Sala Tercera ha denegado las medidas “cautelarísimas” solicitadas por Carles Puigdemont y Antoni Comín reclamando la suspensión de inmediato del acuerdo de la Junta Electoral Central de 20 de junio de 2019 por el que se rechaza la promesa de acatamiento de la Constitución por imperativo legal efectuada por los dos diputados electos al Parlamento Europeo, así como el acuerdo de la misma fecha por el que se comunica a la Eurocámara que se declaran vacantes los escaños correspondientes a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comín, y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo.

En su recurso, alegaron como circunstancias de especial urgencia la celebración el próximo 2 de julio de 2019 de la sesión constitutiva del Parlamento Europeo y en que sin ellas podrían verse privados de su derecho a asistir a la misma y de su derecho a asistir al resto de sesiones parlamentarias hasta que se produzca sentencia estimatoria.

La Sala señala que debe llamar la atención, en primer lugar, sobre el hecho de que los acuerdos de la Junta Electoral Central impugnados fueron adoptados el 20 de junio pasado mientras que los recurrentes no han interpuesto este recurso hasta el 26 de junio.

Por otro parte, afirma que no aprecia las circunstancias de especial urgencia alegadas por los recurrentes para la adopción de dicha medida cautelar sin oír a la parte contraria, tal y como establece el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción.

Así, indica que “el mantenimiento de la efectividad de los acuerdos de la Junta Electoral Central recurridos no crea una situación irreversible que exija decidir ahora sobre las pretensiones cautelares presentadas, las cuales pueden ser examinadas y resueltas en el breve margen de tiempo previsto en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción. Por tanto, no se producirán perjuicios irreparables para los recurrentes, si debieran prosperar sus razones”.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de los padres de un niño con necesidades educativas especiales a elegir colegio en La Rioja

Jue, 06/27/2019 - 13:41

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha reconocido por las circunstancias del caso el derecho de unos padres de un niño con necesidades educativas especiales a elegir el colegio en el que desean escolarizar a su hijo, en la modalidad de integración, frente al que le había asignado la Consejería de Educación de La Rioja en 2017.

El tribunal considera que la Administración vulneró el derecho a la igualdad y a la educación del niño al adjudicarle un colegio en horario partido y no en otro, elegido por los padres, en jornada continua que permitía al alumno acceder por las tardes a programas de tratamiento extraescolar y descansar.

La Sala estima el recurso contencioso-administrativo por la vía especial del procedimiento para la protección de derechos fundamentales de la persona planteado por los padres que deseaban escolarizar a su hijo, que entonces tenía cuatro años, en el CEIP “La Estación” de Arnedo en lugar del CEIP “Antonio Delgado Calvete” de la misma ciudad, que le había adjudicado la Dirección General de Educación. En el primer colegio su madre era profesora, tenía jornada continua pero no contaba con un auxiliar técnico educativo (ATE), encargado de la atención directa al menor con el que sí contaba el centro que propuso la administración que, por el contrario, tenía jornada partida.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja inadmitió el recurso interpuesto por los progenitores contra la decisión administrativa, que fue confirmada al considerar la sentencia recurrida que no se trataba de un problema de educación inclusiva, sino de elección de centro por lo que no se vulneraba el derecho fundamental a la educación.

La inclusión del alumno en el colegio elegido no supone una “carga desproporcionada”

Tras analizar este caso, el Tribunal Supremo, además de anular el fallo de la sentencia recurrida, afirma que es cierto que no se ha producido una negativa absoluta de la administración a la pretensión ejercitada porque se reconoce la educación inclusiva pero no en el centro elegido por los padres. Agrega que “estamos ante exigencias cualificadas que exigen un tratamiento acorde con sus necesidades para desarrollar la personalidad del niño que exigen una valoración circunstanciada”.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y de la propia Sala, la sentencia  explica que tiene razón el fiscal cuando aduce que la delimitación del alcance del derecho de los padres a elegir un centro educativo es correlativa al contenido de la descripción de “ajustes razonables” que no conlleven carga desproporcionada, según la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, indica que no existen pruebas que evidencien la existencia de cargas desproporcionadas para el centro por la incorporación al mismo del hijo de los recurrentes”.

La Sala considera relevante que en el centro preferido por los padres trabaje como profesora la madre del niño cuya escolarización se pretende; un dato que, según los magistrados, no fue valorado por la sentencia recurrida.

Para la Sala también resulta relevante la copia de la sesión del claustro, celebrado el 16 de mayo de 2017, en que de los 35 asistentes, con una abstención, 34 votaron -individualmente y de manera anónima- estar dispuestos a admitir al alumno a pesar de no contar a priori con la Auxiliar Técnico Educativo que el alumno necesita tras la exposición por su madre de mejor compatibilización de horarios, descansos, y de los programas de neuromotor y de estimulación hemisferial basados en los nuevos conocimientos de neurociencia, aplicados en el colegio.

Elección del centro para conciliar los derechos del menor y de los padres

Por ello, concluye la Sala, “entendemos que, con la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, son las particularidades de cada caso las que deben tomarse en consideración en orden a la educación inclusiva”.

Frente a lo que sostenía la administración autonómica, que alegó que ahora todos los colegios de la Rioja tienen jornada continua, el tribunal afirma que hay que valorar la situación de origen para ver si se ha producido violación o no de derechos fundamentales. En este sentido, señala que la adjudicación del centro por parte de la administración infringió “el derecho a la educación y a la igualdad en relación con la tutela judicial efectiva al no haber reconocido el derecho de los recurrentes a la elección de centro, en este caso el CEIP “La Estación”, en las circunstancias del caso examinado”, concluye la Sala.

La Sala establece que “no cabe afirmar como regla general que la elección de centro educativo en un supuesto como el que nos ocupa sea cuestión de legalidad ordinaria, sino que entra en el ámbito del proceso especial de protección de los derechos fundamentales”. Por último, subraya que “las circunstancias personales del caso examinado en orden a la conciliación de los derechos del menor y de los padres permiten la elección del centro”.

 

El Tribunal Supremo activa el trámite para plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre el alcance de la inmunidad en relación con Oriol Junqueras

Mar, 06/25/2019 - 13:00

El Tribunal Supremo mantiene en prisión a Oriol Junqueras pero activa el trámite para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la inmunidad.

La Sala deja en suspenso la resolución del recurso de súplica planteado por la defensa de Junqueras contra el auto de la Sala del 14 de junio, que denegó un permiso extraordinario de salida de prisión a dicho acusado para acudir a la Junta Electoral Central a jurar o prometer su cargo de eurodiputado.

El tribunal habilita un plazo de tres días a las partes para que se pronuncien sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial.

El Tribunal Supremo confirma el procesamiento Antoni Comín y Meritxell Serret por la causa del ‘Procés’

Vie, 06/21/2019 - 15:50

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación y ha confirmado el auto de procesamiento dictado por el magistrado Pablo Llarena el pasado 21 de mayo de 2018 contra los procesados declarados en rebeldía Antoni Comín y Meritxell Serret. El primero por delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos. La segunda por delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos.

El tribunal afirma que en la causa existen indicios relevantes de que los máximos dirigentes del Procés “planificaron, organizaron e implementaron la ejecución del Referéndum, con conocimiento de los elevados riesgos de actos de violencia que conllevaba, a lo que ha de sumarse que no solo no lo suspendieron cuando se les recordó sus probables consecuencias, sino que el día de los hechos estaban en el espacio territorial catalán donde se estaba celebrando, es decir, en lo que se podía considerar el escenario de la fase de ejecución de la conducta ilícita e inconstitucional que habían proyectado y organizado”.

Añade que “si se hallaba en sus manos dejar sin efecto la situación de grave riesgo que generaba su celebración y eran conocedores de todos los factores que inevitablemente lo determinaban, resulta difícil concluir que no debían responder de unos hechos que podían evitar simplemente suspendiendo la convocatoria, tal como aconsejaban los mandos de la policía de la Comunidad. Su dominio de la situación de riesgo, dado que hasta el final estaba en sus manos evitarla y que además eran quienes la habían generado con la organización y materialización de su convocatoria, no parece fácilmente excluible. A no ser que, alterando el orden jurídico más razonable y legal, entendamos que la celebración del Referéndum era legítima y la oposición policial ilegítima”.

En relación con el delito de rebelión, la Sala considera que es un concepto de rebelión diferente al clásico en tanto que se produce desde una comunidad autónoma ya consolidada que busca desconectarse del Estado y “que tiene una estructura institucional muy sólida y asentada, y que para desagregarla institucional y políticamente del Estado contaba con una hoja de ruta en la que solo tuvo enfrente realmente la fuerza pública estatal el día de la celebración del Referéndum”.

La justicia alemana examinó la violencia “con ligereza y superficialidad”

En un auto, con ponencia del magistrado Alberto Jorge Barreiro, el tribunal rechaza el argumento de la defensa relativo a que es inviable mantener el procesamiento por el delito de rebelión tras el pronunciamiento del tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania). En este sentido, responde que el rechazo de las tesis del tribunal alemán “no es una cuestión de mero voluntarismo recalcitrante, sino que se basa en razones jurídicas de peso que nos impiden ubicar la calificación jurídica de los hechos en un escalón sustancialmente inferior al del tan traído y llevado caso de la manifestación pública de protesta realizada en un aeropuerto alemán”.

Respecto a la comparación que hizo la justicia alemana sobre los hechos ocurridos el 1-O con la ocupación de la pista del Aeropuerto de Fráncfort, los magistrados señalan que incluso se da la curiosidad de que en ese caso los tribunales alemanes “dictaron una sentencia condenatoria por un delito contra el orden público, mientras que en el que ahora se contempla, según la sentencia alemana traída a colación ni siquiera cabría subsumir la conducta en un delito contra el orden público”.

Por ello, considera que el tribunal alemán “examina con cierta ligereza y superficialidad el complejo elemento normativo de la violencia y alega que se habilitaron en toda la Comunidad de Cataluña 2.559 colegios electorales, y que el día del Referéndum solo resultaron lesionados 58 policías de un total de 6.000. Y añade que no se produjeron grandes disturbios callejeros ni saqueos desencadenados por la consulta”. Sin embargo, -añade- “que obvia que salieron a votar casi dos millones de personas en las diferentes zonas del territorio autonómico, una masa de ciudadanos que había sido convocada por los responsables del Procés contradiciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional, la normativa estatal en vigor y los requerimientos del Gobierno español”.

La Sala concluye que lo que hay que plantearse entonces es “cuántos policías serían necesarios para obligar a cumplir las normas y las resoluciones judiciales que se estaban infringiendo. Ante la actuación de una masa de personas que ha sido convocada a ejecutar una conducta incuestionablemente ilegal e inconstitucional, y que necesariamente iban a entrar en confrontación con los agentes que representaban la ley y el Estado de derecho y que tenían encomendado impedir su vulneración, es importante preguntarse por la fuerza pública que sería precisa para que la ley se cumpliera en el territorio autonómico. Ello nos daría una idea aproximada del nivel de fuerza legítima del Estado que se requería implementar para neutralizar y controlar la conducta ilícita planificada, dirigida y organizada presuntamente por los dirigentes del Procés”.

Comunicado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación 396/2019

Vie, 06/21/2019 - 15:00

El Tribunal Supremo, tras la vista pública celebrada en el día de hoy, ha acordado estimar los recursos de casación interpuestos por las acusaciones y condenar a los acusados por los hechos ocurridos en Pamplona el 6 de julio de 2016 como autores de un delito continuado de violación de los artículos 178 y 179 del Código Penal, con las agravaciones específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, a las penas de 15 años de prisión para cada uno de ellos.

El tribunal del ‘Procés’ desestima la petición de libertad provisional de los acusados tras fin del juicio

Vie, 06/21/2019 - 13:00

El tribunal de la causa del Procés ha desestimado hoy conceder la libertad provisional que fue solicitada por la mayoría de las defensas de los acusados en prisión durante la fase final del juicio o inmediatamente tras su conclusión. Los magistrados no aprecian razones sobrevenidas para levantar la medida cautelar una vez finalizado el juicio, por la necesidad de salvaguardar los fines del proceso, que está ya en el último tramo y con la deliberación que definirá su desenlace iniciada.

El tribunal reitera al respecto, como hizo en el auto del pasado 14 de junio que denegó la salida de Oriol Junqueras para jurar como eurodiputado, que este momento del proceso, una vez ‘visto para sentencia’ el juicio, “sitúa a la Sala en una posición privilegiada, hasta ahora inédita, para valorar la intensificación del ‘fumus boni iuris’ que ha venido sosteniendo las medidas cautelares acordadas por el Excmo. Sr. Magistrado instructor y ratificadas por la Sala de Recursos”.

Asimismo, el auto contesta a las alegaciones de los acusados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez en cuanto respaldaban su petición de libertad apoyándose en un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. La Sala reconoce la influencia de los Comités, Grupos de Trabajo y Relatores de Naciones Unidas en la consolidación de una cultura universal de respeto a los derechos humanos, que incluso han determinado recientes reformas del proceso penal español como, por ejemplo, la generalización de la doble instancia y han sido determinantes en nuestra jurisprudencia.

Sin embargo, el tribunal explica que ese reconocimiento general de esos grupos no le exonera de su deber de examinar algunas de las circunstancias que han estado presentes en la elaboración, contenido y modo de conocimiento del dictamen de este Grupo de Trabajo de la ONU.

Los magistrados destacan que el dictamen no tiene valor vinculante, en contra de lo sostenido por las defensas, y que no se refiere a los presupuestos que hacen imprescindible la medida cautelar de prisión, sino que hace una valoración de los elementos de los tipos penales objeto de acusación “a espaldas” de la actividad probatoria desarrollada durante cuatro meses en el Supremo. Los magistrados precisan, frente a lo sostenido por las defensas, que tampoco el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido el carácter vinculante de los dictámenes de este grupo de trabajo de la ONU

Para el tribunal, “mal puede reivindicarse la libertad de un acusado, por pérdida de vigencia de los presupuestos que llevaron a la adopción de una medida cautelar, cuando lo que se está pidiendo en ese dictamen es que el Gobierno” tome las medidas necesarias para remediar esa situación, lo que supone ignorar una de las notas esenciales de cualquier Estado de Derecho que es la que impide al poder ejecutivo dirigir instrucciones u órdenes a los tribunales de justicia.

El Supremo se apoya además en los informes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado en relación al dictamen del Grupo de Trabajo. Así, destaca que la Fiscalía tiene razón cuando lo califica de grupo puramente auxiliar e informativo de eventuales y futuros posicionamientos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en relación con la Abogacía del Estado, la Sala recuerda que ha solicitado la revisión del mencionado dictamen por falta de imparcialidad y objetividad en los miembros del Grupo de Trabajo, aludiendo entre otros extremos a la sospecha de filtración del informe por el abogado de Cuixart, Sánchez y Junqueras, que habría sido relator de Naciones Unidas hasta 2017 y habría desarrollado una actividad concomitante con dos miembros del Grupo de Trabajo.

Las ideas independentistas no solo no se persiguen sino que sostienen el actual gobierno de Cataluña

Sobre el fondo de lo señalado en el informe, el Supremo señala que “olvida (…) que el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 había sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, y contiene también inasumibles valoraciones probatorias acerca de la concurrencia de violencia como elemento típico del principal delito por el que se ha formulado acusación, incluyendo “una valoración a ciegas de elementos probatorios cuya verdadera realidad no ha podido ser apreciada por los redactores del informe”. El tribunal creo que “no faltan en el dictamen afirmaciones extravagantes, carentes de toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal”.

La Sala rechaza de plano la idea de que las acusaciones penales de esta causa tengan por objeto coaccionar a los acusados por sus opciones políticas en torno a la independencia de Cataluña: “Sólo a partir del desconocimiento de nuestra realidad política y jurídica, pueden suscribirse mensajes de esa naturaleza. El proceso penal no incluye entre sus fines coaccionar o inhibir a los líderes políticos que quieren llevar a cabo un programa independentista. Esta línea argumental prescinde del hecho de que las ideas políticas hechas valer por algunos de los acusados son las mismas que identifican a los partidos políticos que sostienen al actual gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña”.

“Se olvida, además –añade el auto-, que a lo largo del juicio han estado presentes, en todas las sesiones, representantes del gobierno autonómico con reconocida identidad ideológica respecto de unos u otros procesados. Todos ellos -más de un centenar- han recibido el trato protocolario que nuestra legislación dispensa a las autoridades autonómicas”.

El Tribunal Supremo confirma la condena al experidente del Govern Balear a devolver a la comunidad autónoma 1,2 millones euros que cobró el arquitecto Santiago Calatrava

Mar, 06/18/2019 - 13:30

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al expresidente balear Jaume Matas a 7 meses de prisión, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de una multa de 211.827 euros por delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el encargo en 2007 al arquitecto Santiago Calatrava del diseño de un teatro de la ópera en Palma de Mallorca. Además, Matas es condenado a abonar a la comunidad autónoma, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de 1,2 millones de euros que el arquitecto facturó en mayo de 2007 por el proyecto a la empresa pública balear IBISEC, ya que, según subraya el Supremo, dicho pago no lo debe soportar la Administración pública ni en definitiva “la ciudadanía”.

El tribunal desestima el recurso de Matas pero estima parcialmente el de la Fiscalía, y corrige la sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca en el sentido de condenar al expresidente balear, además de por prevaricación, por el delito de tráfico de influencias del que la Audiencia le había absuelto.

Frente a lo considerado por la Audiencia de Palma, el Supremo entiende que sí se cumplen los requisitos del delito de tráfico de influencias en la actuación de Matas, al reclamar a su consejero de Educación que hiciese la propuesta al Consell de Govern para hacer posible la contratación de Calatrava, que el entonces presidente autonómico previamente había acordado de forma verbal y unilateral con el arquitecto.

Así el tipo penal exige que la influencia ejercida se oriente a conseguir una resolución, pero también que pueda generar al autor un beneficio de naturaleza económica, segundo aspecto que no fue apreciado por la Audiencia, al entender que Matas buscó un beneficio electoral o político aunque sin contenido económico.

El TS destaca que Matas ideó la contratación de Calatrava como propuesta orientada a obtener un mejor resultado en las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007, mediante la presentación pública del proyecto, una presentación cuyos gastos correrían a cargo de la Administración pública y no de Matas o de su partido político. “Fueran los beneficios para el propio acusado Jaume Matas, o fueran para el partido político, el requisito del tipo se cumple. Además, dado que todas esas cantidades fueron efectivamente abonadas, ha de entenderse que el beneficio económico fue totalmente obtenido”, añade la sentencia.

Por otro lado, la Sala desestima íntegramente el recurso de Matas y confirma que cometió delito de prevaricación: “La resolución es arbitraria pues el contrato se efectuó verbalmente y de forma directa con el profesional, y tanto en ese momento como en el mismo expediente, se hizo sin que concurrieran las condiciones necesarias para acudir al procedimiento negociado sin publicidad, que tampoco se respetaron, ya que la confección del expediente se hizo en momento posterior al acuerdo y solo como forma de dotarlo de apariencia de legalidad. El precio, 1.200.000 euros, se acordó directamente entre el recurrente y el sr. Calatrava”.

El coste de la prevaricación no debe sufragarlo la ciudadanía

Tampoco estima el tribunal el intento de Matas de revocar la responsabilidad civil de 1,2 millones de euros por el delito de prevaricación, alegando que la Comunidad de Baleares renunció a la acción civil al solicitar el sobreseimiento en la causa, en la que estaba personada como acusación particular.

El Supremo contesta que la comunidad autónoma sufragó con ese importe “los intereses electorales del recurrente”, sin adquirir ni siquiera la propiedad intelectual del proyecto, que de acuerdo al contrato se mantenía en poder de Calatrava. Por lo que debe pagar la indemnización “para evitar que sea la Administración pública, y en definitiva, la ciudadanía, quien sufra las consecuencias de una resolución que se ha calificado como prevaricadora”.

Asimismo, sobre la petición de sobreseimiento del caso que hizo en su día la comunidad, el alto tribunal señala que aunque se entendiera que la comunidad autónoma había renunciado al ejercicio de acciones penales, ello no supondría la renuncia a la indemnización que pudiera corresponderle.

El Tribunal Supremo confirma la devolución de documentos de la Guerra Civil a Cataluña

Mar, 06/18/2019 - 08:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional, de 2 de junio de 2016, que acordó la transferencia a la Generalitat de Cataluña de determinados documentos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española para su restitución a sus legítimos titulares, personas físicas o jurídicas. Se trata de los documentos aún no entregados de los que ya estaban identificados por la Comisión Mixta Gobierno-Generalitat, creada por la Ley de 2005 de restitución a Cataluña de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.

El motivo de que el Estado no accediera a la entrega de esta remesa de documentos, que le fueron requeridos el 1 de octubre de 2014, era que se trataba de documentos de personas jurídicas suprimidas o desaparecidas (como Socorro Rojo Internacional, la Unión Patriótica o Solidaridad Antifascista) en las que no existe posibilidad de que los propietarios originarios o sus sucesores los recuperen.

Sin embargo, la Audiencia Nacional, y ahora el Supremo, da la razón a la Generalitat ya que la ley establece que los documentos identificados por la Comisión Mixta le sean transferidos para su restitución a los propietarios.

Además, el Supremo recalca que la Generalitat de Cataluña no adquiere con ello la titularidad de esos bienes, “que, evidentemente, y conviene resaltarlo, si resultase imposible su restitución a los legítimos titulares en el modo y tiempo que previene al artículo 5 de la Ley 21/2005 y el Decreto 183/2008, seguirán integrando el Archivo General de la Guerra Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo”.

“No es exacto, en consecuencia –indican los jueces--, que exista una finalidad de imposible cumplimiento y que ello justifica la negativa del Ministerio a transferir los documentos ya identificados. Esta es una función que, por mandato de la Ley 21/2005, sólo la Generalitat de Cataluña puede acometer una vez le han sido entregados los documentos previamente identificados por dicha Comisión, sin que dicha Ley faculte al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a denegar el traspaso a la Generalitat de los documentos ya identificados”.

Por ello, reitera que la restitución de los documentos previamente identificados por la Comisión Mixta como documentos incautados en Cataluña “es una obligación que opera por mandato legal (artículos 3.3 y 4.1 de la Ley 21/2005), que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no puede incumplir”.

El Supremo desestima el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que estimó parcialmente el recurso de la Generalitat, que quería la transferencia de los documentos ya identificados por la Comisión Mixta y no transferidos, y también otros que no habían sido aprobados por dicha Comisión que se referían a materia de orden público, la documentación del ejército catalán antes de su unificación con el ejército de la República en marzo de 1937, de las Milicias Antifascistas, de la Consejería de Defensa y del Consejo de Sanidad de Guerra de la Generalitat, la documentación generada por la Junta Electoral de Barcelona y la documentación del Tribunal Especial Popular de Barcelona.

La Audiencia Nacional estimó que procedía la devolución de los documentos identificados por la Comisión, que se reunió durante 13 sesiones entre 2006 y 2014. Pero no accedió a las otras pretensiones de la Generalitat. La sentencia fue recurrida ante el Supremo solo por el abogado del Estado.

Al margen de los documentos controvertidos, la sentencia recuerda que entre enero de 2006 y diciembre de 2014 el Ministerio dio cumplimiento a la mayoría de acuerdos de restitución de documentos adoptados por la Comisión Mixta Gobierno-Generalitat de Catalunya, transfiriendo desde el Centro Documental de la Memoria Histórica al Archivo Nacional de Cataluña un total de 1.674 cajas de documentos, 938 libros, 10 carteles, 3 mapas y 4 banderas.

 

El Tribunal Supremo anula dos condenas por yihadismo porque el tribunal no motivó la protección máxima otorgada al testigo de cargo en el juicio

Lun, 06/17/2019 - 14:30

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, de 3 de diciembre de 2018, que confirmó sendas condenas de 17 años de cárcel a dos hombres residentes en Ceuta por delitos de participación activa en organización terrorista y depósito de armas de guerra.

El alto tribunal declara la nulidad de actuaciones a partir del auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que estableció, sin la motivación exigible según el Supremo, la protección máxima al testigo de cargo del juicio, que declaró en la vista mediante videoconferencia, sin ser visualizado y con la voz distorsionada, manteniendo el anonimato de su identidad para las defensas. Ahora, una sección distinta a la que enjuició el caso deberá retomar la causa, empezando por dictar un nuevo auto sobre la protección del testigo que cumpla con las exigencias de motivación de una medida de ese tipo.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 17 años de cárcel a los dos acusados, Abdeliliah C.B.A., e Icham A.M. al considerar que formaban parte de un grupo salafista radical en Ceuta y vincularles con un depósito de armas que fueron descubiertas enterradas cerca de una cochera propiedad del tío de uno de los detenidos. La sentencia de la Sección Tercera fue confirmada en diciembre de 2018 por la Sala de Apelación de la Audiencia.

Los dos acusados recurrieron al Supremo, entre otros motivos, por vulneración de derechos constitucionales, como el de defensa, al considerar producidas sus condenas con apoyo exclusivo en la declaración de un testigo protegido cuya identidad ha permanecido oculta para las defensas.

El alto tribunal explica en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo de Porres, que la declaración del testigo protegido y anónimo es válida en la fase de instrucción, y también puede serlo en el juicio, siempre que se establezca mediante resolución que cuente con la motivación suficiente. Además, puede ser valorada como prueba de cargo, siempre que los déficits de defensa producidos por el anonimato se compensen con medidas alternativas que permitan combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo, y que su testimonio de cargo se acompañe con otras pruebas y no recaiga sobre el mismo todo el peso probatorio.

En el caso revisado, el testigo declaró en el juicio sin que se comunicase su identidad no sólo a los acusados sino tampoco a sus abogados. Y lo hizo sin ser visualizado y con distorsión de su voz. “La protección, por tanto, ha sido máxima y la limitación del derecho de defensa también”, indica el alto tribunal.

En el auto dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 28 de febrero de 2018, se justificó la decisión porque a la declaración del testigo protegido “han seguido toda una serie de investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han dado un determinado resultado de carácter delictivo, hallando por ejemplo una gran cantidad de armas”. También se motivó en que la declaración del testigo no es la única prueba “pues hay otras pruebas de cargo que justifican y corroboran tal denuncia”.

Auto sin motivación exigible

Para el Supremo, “esta motivación de la sentencia no cumple con el estándar exigible. De un lado, la argumentación del auto no se corresponde exactamente con la realidad. La Guardia Civil no realizó ‘una serie de investigaciones’ posteriores a la declaración del testigo protegido que concluyeran en un resultado delictivo porque los propios agentes han indicado que no realizaron una investigación posterior, a salvo de las diligencias complementarias a los hallazgos de las armas, todas ellas de resultado negativo, salvo los registros domiciliarios”.

Además, el TS subraya que “al margen de la declaración del testigo protegido hay muy pocas pruebas. En este sentido es discutible si el hallazgo de las armas es una prueba autónoma de la propia declaración del testigo, por lo que el único elemento probatorio adicional es el material incautado en los domicilios. El resto de indagaciones (ADN, huellas) han resultado negativas”.

La Sala subraya que el auto no hace ninguna referencia “a la situación de riesgo del testigo. No se ha ponderado la extraordinaria gravedad de las penas solicitadas y se ha minusvalorado la limitación del derecho de defensa afirmando que es irrelevante. No se ha ponderado si era esencial conocer la identidad para cuestionar la credibilidad del testimonio ante la ausencia o debilidad de las restantes pruebas de cargo y ni se han analizado otras posibles medidas alternativas, ni se han explicitado qué tipo de medidas compensatorias se iban a adoptar para suplir el déficit de contradicción procesal“, concluyen los magistrados, declarando nulo todo lo actuado desde el dictado del auto de 28 de febrero de 2018.

 

El Tribunal Supremo reconoce a los deportistas “de élite” el derecho a indemnización por finalizar su contrato

Lun, 06/17/2019 - 14:00

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que refuerza y aclara su doctrina, fijada en sentencia de 26 de marzo de 2014, sobre el pago de una indemnización por finalización de contrato laboral a los deportistas profesionales.

En una sentencia de Pleno, la Sala ha establecido que los futbolistas profesionales, sean o no considerados de élite, tienen derecho a cobrar la indemnización legalmente prevista en el artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores cuando acabe su contrato temporal al cumplirse el tiempo pactado (doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación).

El tribunal concluye que la aplicación de dicho artículo a los contratos temporales de quienes están bajo el ámbito aplicativo del Real Decreto 1006/1985 “no puede depender de su mayor o menor nivel retributivo”. Añade que se aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término “con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio V. Sempere, señala que la toma en consideración del elevado nivel de ingresos, en términos comparativos, tiene sentido en nuestro diseño normativo cuando se trata de acceder a prestaciones públicas, como las del Fondo de Garantía Salarial, cuando se afrontan los derechos de quienes poseen una posición acreedora frente al trabajador o cuando se gradúa la concurrencia de créditos frente al empleador.

Sin embargo, subraya que “cuando se trata de dotar de contenido a los derechos patrimoniales que quien trabaja posee frente a su empleador, la Ley laboral no diferencia a quienes cobran salarios elevados de quienes se encuentran en el otro extremo del abanico retributivo. No lo hace ni respecto de los contratos comunes, ni respecto de las relaciones laborales de carácter especial”.

La Sala da la razón al futbolista Sergio Mora Sánchez que reclamaba el pago de una indemnización de 34.576 euros por fin de contrato a la Agrupación Deportiva Alcorcón S.A.D., donde había jugado seis temporadas (desde 2009/2010 hasta 2014/2015) en Segunda División A. Al finalizar su relación laboral con este club, fue contratado por el Deportivo Alavés.

El juzgado de lo Social número 4 de Madrid rechazó la demanda del futbolista por entender que había tenido una carrera profesional exitosa y que la indemnización procedía en el caso de los deportistas con “resultados humildes” pero no en los “de élite”. En este caso, valoró que, aunque no pertenecía al reducido grupo de jugadores que cobran sueldos millonarios, sí se encontraba en mejor situación que otros futbolistas que juegan en Segunda División B o divisiones inferiores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el fallo de primera instancia.

El Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida y asegura que “el contrato laboral que vinculaba al futbolista y a su Club ha finalizado por expiración del tiempo convenido (art. 13.b RD 1006); la regulación laboral común es supletoria de la especial para este contrato (art. 21 RD 1006/1985); el Estatuto de los Trabajadores contempla una indemnización por finalización de contrato temporal (art. 49.1.c ET), existen poderosas razones para extender al ámbito de los deportistas con contrato temporal las mismas condiciones que las disfrutadas por las personas con contratos de régimen común; el nivel retributivo no aparece en norma alguna como modulador de los derechos frente a la empresa”. En consecuencia –concluye la Sala- “cuando finaliza el contrato temporal de un futbolista por expirar el tiempo convenido, por elevado que sea su salario, se hace acreedor de la indemnización prevista en el artículo 49.1.c ET”.

La sentencia incluye un voto particular, firmado por el magistrado Miguel Ángel Luelmo Millán, en el que expresa su discrepancia con el criterio de la mayoría y en el que defiende que debía desestimarse el recurso del futbolista, de acuerdo con el Ministerio Fiscal.

El instructor de la causa del ‘Procés’ rechaza suspender las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión de Carles Puigdemont y Antoni Comín

Sáb, 06/15/2019 - 14:00

El magistrados del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, ha denegado la solicitud de Carles Puigdemont y Antoni Comín de dejar sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión que pesan contra ellos.

En los escritos que presentaron en el Tribunal Supremo, Puigdemont y Comín solicitaban que quedaran sin efecto las órdenes de detención nacional, para poder cumplir con sus obligaciones como diputados electos al Parlamento Europeo; pedían también que se suspendiera el procedimiento judicial contra ellos, hasta que se tramitase la correspondiente autorización del Parlamento Europeo. Se apoyaban en la idea de que la inmunidad se origina desde el momento en que fueron proclamados electos.

Sin embargo el juez Llarena considera que Puigdemont y Comín han interpretado de forma errónea el Protocolo sobre los Privilegios y las inmunidades de la Unión Europea . Según el juez, el articulo 9 de ese Protocolo en el que se apoyan los solicitantes , hace pivotar el régimen de inmunidades en dos circunstancias cumulativas que no se dan en el presente caso: que el Parlamento Europeo esté “en período de sesiones” y que la inmunidad se reconoce a “ sus miembros”.

Distinción entre miembros y electos

En su escrito Llarena explica que, como recordó ayer el Tribunal del Procés en el caso de Junqueras, la condición de miembro del Parlamento Europeo se produce en dos fases. La primera, ante la Junta Electoral Central para jurar o prometer la Constitución, y la segunda, para tomar posesión y adquirir así la condición de miembros del Parlamento, “ En definitiva –concluye Llarena- mientras los solicitantes no realicen el trámite interno descrito, en ningún caso podrían iniciar la segunda fase de los trámites necesarios para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo del que el artículo 9 del Protocolo hace depender el régimen de inmunidad. Para el caso de que esta segunda fase se desarrollara y adquirieran la misma, entonces ya como “ miembros” – no como electos- cumplirían uno de los presupuestos de las prerrogativas correspondientes”.

Parlamento Europeo en periodo de sesiones

Llarena explica en su escrito que para ostentar la inmunidad, no basta con ser miembro electo del Parlamento sino que se requiere además que el Parlamento esté en período de sesiones; ese segundo presupuesto es una fase posterior a la proclamación de los electos. El magistrado se apoya en doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el propio fundamento de la inmunidad, que persigue preservar el buen funcionamiento de la institución y la independencia de los diputados en el ejercicio de sus funciones.

El tribunal de la causa del ‘Procés’ deniega a Oriol Junqueras el permiso extraordinario para adquirir la condición de eurodiputado

Vie, 06/14/2019 - 11:30

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha enjuiciado la causa especial 20907/2017, seguida por delitos de rebelión, sedición y otros, ha rechazado este viernes conceder un permiso extraordinario de salida de prisión al exvicepresidente del Govern de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras para asistir el próximo lunes 17 a las 12:00 horas a la Junta Electoral Central con el fin de jurar o prometer su cargo de eurodiputado, tras ser elegido en las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo.

La condición de miembro del Parlamento Europeo –indica el tribunal- se produce en dos fases: la primera se desarrolla en la Junta Electoral Central, con el acatamiento de la Constitución y la remisión de la lista de los electos proclamados, y la segunda, ya en la sede del Parlamento Europeo, integrada por la manifestación por escrito sobre las incompatibilidades y por la toma de posesión en la sesión constitutiva el próximo 2 de julio.

Por ello, añade que la autorización para comparecer ante la Junta Electoral Central supondría la puesta en marcha de un trámite que culminaría con un doble efecto: “de una parte, si lo que se pretende es dar prioridad a la condición de parlamentario europeo, la necesidad de renunciar a la condición, ya adquirida, de miembro de las Cortes Generales españolas; de otra, el obligado traslado del Sr. Junqueras a Bruselas- sede del Parlamento Europeo- para la toma de posesión de ese órgano parlamentario”.

Ese desplazamiento de Junqueras a Bruselas pondría, según el tribunal, “en un irreversible peligro los fines del proceso. Implicaría de entrada, la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar que le afecta y ello desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español”. Bruselas, además, es el lugar en el que uno de los procesados en rebeldía “dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio, cuya presidencia él encarnaría. Y así lo publicita en la web y en todos los encuentros personales que mantiene con líderes políticos”, subraya la Sala.

La situación planteada ahora –según los magistrados- es distinta a la que se produjo el pasado 21 de mayo cuando el tribunal permitió a Oriol Junqueras y a otros cuatro procesados presos acudir al Congreso de los Diputados y al Senado – en el caso de Raül Romeva- para que pudieran tomar posesión de sus escaños. Así, recuerda que Junqueras ya ha consolidado la condición de miembro del Congreso de los Diputados y que el tribunal ha adoptado las resoluciones necesarias para hacer posible la titularidad de su derecho a formar parte de la cámara legislativa, con las restricciones propias de su situación de privación de libertad.

Uno de los elementos que valoran en este caso es el estado actual del proceso, con el juicio ya concluido y con la deliberación en su fase inicial. Precisamente por ello, resaltan que “el deber de esta Sala de asegurar los fines del proceso adquiere un significado especial, que condiciona la respuesta a cualquier solicitud que pueda deducirse”.

No es pérdida irreversible de su derecho de participación, sino un temporal aplazamiento

Después de ponderar los derechos que convergen y de la voluntad de no sacrificar ninguno de los intereses, el tribunal explica que la decisión de rechazar el permiso “no implica una pérdida irreversible del derecho de participación del solicitante”, sino que sólo supone “su temporal aplazamiento hasta que, en función del eventual desenlace del proceso, desaparezcan los obstáculos que impiden el efecto adquisitivo de la condición parlamentaria”. La Sala ha constatado que ni el Reglamento del Parlamento Europeo ni la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, asocian a la imposibilidad de recogida del acta y de asistencia a la sesión constitutiva a celebrar en Bruselas, “un efecto extintivo de la titularidad del derecho”.

La Sala concluye que esa limitación temporal del derecho de participación del Sr. Junqueras está condicionada al pronto desenlace de la causa del procés y que se tiene que entender como una limitación necesaria para preservar otro fin constitucionalmente legítimo y propio de una sociedad democrática, el aseguramiento de los fines del proceso penal, “cuya realidad quedaría irreversiblemente menoscabada si la Sala autorizara la presencia del Sr. Junqueras en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, conduce a denegar la solicitud interesada”.

El tribunal del Procés reitera que Joaquim Forn debe regresar a la prisión de Soto del Real tras asistir a la sesión constitutiva del ayuntamiento de Barcelona

Jue, 06/13/2019 - 12:00

El tribunal del Procés ha dictado una providencia en la que reitera, tras haber recibido sendos escritos de la Secretaría de Mesures Penals de la Generalitat de Cataluña y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que el acusado Joaquim Forn debe ser conducido a la prisión de Soto del Real (Madrid) cuando concluya los trámites en el Ayuntamiento de Barcelona que ha sido autorizado a cumplimentar así como su asistencia a la sesión constitutiva de la Corporación.

La providencia señala que debe estarse a lo establecido en el auto del pasado 11 de junio que autorizó el traslado, ejecutándose en sus propios términos. En el auto se establecía el retorno de Forn al centro penitenciario de origen sin aplazamiento ni dilación el día 15 de este mes.

El Tribunal Supremo confirma la pena de 49 años de prisión a un exprofesor de un colegio madrileño por doce delitos de abusos sexuales

Mié, 06/12/2019 - 08:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 49 años, 5 meses y 21 días de prisión a un exprofesor de la academia de música del colegio madrileño 'Valdeluz', como autor de doce delitos de abuso sexual a alumnas suyas menores cometidos desde 2002 hasta 2014. También ha confirmado el pago de una indemnización de 142.000 euros por daños morales a las víctimas de los abusos sexuales. 

El tribunal confirma la responsabilidad civil subsidiaria del colegio y de la academia de música “Melodía Siglo XXI”, ubicada dentro del recinto escolar, en la que el profesor daba clases de lenguaje musical y de piano, y donde se produjeron los abusos. 

En su recurso, el exprofesor alegaba, entre otros motivos, la vulneración de la presunción de inocencia y que la condena se basaba en conjeturas y suposiciones.  Sin embargo, la Sala recuerda que en este caso se juzga “una sucesión de hechos perpetrados durante varios años en la clandestinidad sobre unas víctimas menores de edad, que, obviamente, es muy difícil que puedan responder a un discurso sólido o con explicaciones estructuradas a algo que les sucedía a una edad en que su formación y conocimiento referente a su vida sexual era prácticamente inexistente”. 

Pese a lo cual, concluye el tribunal, “sus declaraciones sobre los actos puntuales de significación sexual que le atribuyen al acusado se muestran claras y muy descriptivas”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, explica que las declaraciones de las testigos denunciantes se muestran “muy explícitas y narran pormenores y vicisitudes sobre todo lo que en realidad les estaba ocurriendo, explicando con razones lógicas y coherentes su indecisión a la hora de denunciar y comentar con sus familias lo que sucedía”. Agrega que en ello influía fundamentalmente “la autoridad y ascendencia que tenía un profesor carismático para el alumnado e incluso para las familias de los menores que acudían al colegio, y no solo entre los que recibían clases extraescolares en la academia”. 

Además de los testimonios de las víctimas, la Sala señala los informes de las médicos forenses que  “consideraron razonables las respuestas y reacciones de las menores frente a la difícil situación que se les presentaba debido a la conducta sexual del acusado, pues las ubicaba entre la autoridad de un profesor cualificado del colegio y los problemas de toda índole que les generaba la posibilidad de abrirse a sus familias, relatando unos hechos cuyo desvelamiento les producía vergüenza y cierta sensación de culpabilidad y recelo ante la posible repercusión y trascendencia en el ámbito familiar y social”.

En este sentido, la sentencia destaca que “tanto los informes médicos forenses como los psicológicos que obran en la causa avalan la sinceridad, veracidad y coherencia en general de las testigos denunciantes”. 

Responsabilidad civil subsidiaria del colegio 'Valdeluz' 

La Sala confirma también la responsabilidad civil subsidiaria del colegio “Valdeluz” al haber incurrido en culpa in vigilando  al considerar probado que quien se beneficia de actividades que de alguna forma puedan generar un riesgo para terceros debe soportar las eventuales consecuencias negativas de orden civil respecto de esos terceros cuando resultan perjudicados.

La Sala señala que una de las profesoras en el curso 2006/2007 tuvo conocimiento de una de las situaciones de abuso que sufría una de las alumnas de la academia de música y ello obligaba a los empleados del colegio a poner en conocimiento de los responsables del centro el factor de riesgo que entrañaba la presencia del acusado en ambos centros de enseñanza; “factor de riesgo que imponía la ejecución de una labor de vigilancia y de pesquisas dirigidas a verificar la realidad del contenido de una denuncia que tenía visos de certeza”.

Añade que “el colegio, al contratar al profesor, introdujo un importante factor de riesgo para la indemnidad sexual de las menores, tanto dentro del colegio como en el anexo dedicado a actividades extraescolares”. 

El tribunal destaca que el sobreseimiento penal de la causa con respecto a las conductas de las personas que dirigían o controlaban el centro (director y jefe de estudios) “no supone una especie de blindaje, como inexplicablemente pretende la parte recurrente, para que esos hechos no operen en esta causa como datos relevantes para dirimir, por una parte, la fiabilidad, credibilidad y veracidad de la prueba testifical de cargo concurrente contra el acusado, y desde otra perspectiva para acreditar la base fáctica de la responsabilidad civil que ahora se resuelve con respecto al centro de enseñanza recurrente”. 

Por último, la Sala rechaza que la atribución de la responsabilidad civil subsidiaria al colegio suponga la vulneración del derecho al honor al dañar su reputación, como sostiene el centro docente en su recurso. Sobre esta cuestión, responde  que “no cabe acudir como argumento exoneratorio de la responsabilidad civil a las repercusiones sociales y mediáticas que una sentencia de esta índole puede conllevar”.

 

 

 

 

El Tribunal del Procés autoriza la salida de prisión de Joaquim Forn para asistir a la constitución del ayuntamiento de Barcelona

Mar, 06/11/2019 - 11:30

El tribunal de la causa sobre el ‘Procés’ ha autorizado la salida de prisión del acusado Joaquim Forn los próximos días 14 y 15 de junio para asistir a la sesión constitutiva del ayuntamiento de Barcelona con el objeto de tomar posesión de su cargo de concejal, así como para formalizar el trámite de declaración de bienes y actividades que prevé la legislación.

La Sala autoriza el desplazamiento de Forn a Barcelona para cumplimentar estos trámites previstos en la ley “acompañado, claro es, de las medidas que garanticen su seguridad y el retorno al centro penitenciario de origen, sin aplazamiento ni dilación, el día 15”.

El tribunal establece que la autorización “se circunscribe, de forma exclusiva, a la presentación de los documentos precisos ante el registro de la corporación y a su asistencia al acto de constitución de la corporación”, y “no legitima la presencia del sr. Forn en cualquier otro foro ni institución, pública o privada, distinto de la corporación municipal”.

El auto indica que “los agentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad que resulten finalmente encargados de la custodia y traslado del sr. Forn asumirán la responsabilidad de que su presencia en la corporación se limitará a los fines que justifican esta autorización. A los efectos legales procedentes, la presente resolución servirá de formal requerimiento”, concluye.

El Tribunal Supremo fija que las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales son prorrogables más de un año

Lun, 06/10/2019 - 14:26

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como criterio que las autorizaciones de residencia temporal en España por razones excepcionales que recoge el Reglamento de la Ley de extranjería son susceptibles de prórroga aun cuando ello suponga el transcurso en tal situación por más de un año, con independencia de que el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia, o de residencia y trabajo, si concurren las circunstancias para ello.

El Supremo estima el recurso de un extranjero que es padre de un menor de nacionalidad española y que obtuvo una primera autorización de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo familiar. Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno en Alicante, en 2013, le denegó la prórroga por entender que del Reglamento de la Ley de Extranjería se infiere que no cabe esa prolongación. Un juzgado de lo Contencioso de Alicante, así como el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, rechazaron el recurso del solicitante y consideraron correcta la decisión de la Subdelegación.

El alto tribunal, sin embargo, ha dado la razón al recurrente. La sentencia admite que el apartado 1 del artículo 130 del Reglamento de la Ley de Extranjería 4/2000, que regula este asunto, “es un claro ejemplo de una norma oscura que dificulta una respuesta segura a la hora de su aplicación”, lo que ha provocado una disparidad de criterios exteriorizada por distintos órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Supremo destaca que al prever la norma que ‘en virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y de la normativa sobre protección internacional’ puede plantear dudas en orden a si la vigencia de un año constituye el plazo máximo de las autorizaciones y sus prórrogas, de modo que agotado ese plazo con la autorización inicial o con la suma del correspondiente a las sucesivas prórrogas no es viable la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales, o si ese plazo anual de vigencia rige individualmente para la autorización inicial y, en su caso, para las prórrogas consecutivas que puedan concederse.

El carácter excepcional que proclama la norma respecto a las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, esto es, por razones de arraigo, protección internacional, razones comunitarias, colaboración con las autoridades, seguridad nacional o interés público, “no permite por sí solo entender que el plazo de un año constituye el máximo de las autorizaciones, incluidas sus prórrogas”, señala la Sala.

Añade que, siendo la finalidad de estas autorizaciones responder a las situaciones de excepcionalidad, “su plazo de vigencia no puede ser otro que aquel en el que perdura la situación de excepcionalidad. Así se explica por qué la disposición reglamentaria establece un plazo de autorización y prórrogas de un año. Tiene por finalidad que mediante el ajuste de autorización y prórrogas a periodos de un año la situación de autorización temporal no se prolongue mucho más allá del necesario para afrontar la excepcionalidad”.

Además, para el caso concreto estudiado, la autorización de residencia temporal por razón de arraigo familiar para el supuesto de padre o madre de un menor de nacionalidad española y siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paterno filiales respecto al mismo, “carece de todo sentido que trascurrido el plazo del año de la autorización, permaneciendo inalterable la situación contemplada al tiempo de la autorización, pueda ser denegada la prórroga”, señala el TS.

“Pero no solo carece de todo sentido que en el supuesto referido precedentemente pueda denegarse la prórroga de autorización de residencia por el mero transcurso del plazo de un año, sino que además tal solución contradice la página web del Ministerio del Interior y vulnera de forma indirecta la protección jurídica que al menor dispensa nuestro derecho interno y derecho de la Unión”, indican los magistrados.

En efecto, la sentencia recuerda que la página web de Interior prevé expresamente la prórroga de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales al informar que ‘los titulares de una autorización concedida por el titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán prorrogar la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que persisten las razones que motivaron su concesión’.

Así, el Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Trillo, concluye que la solución adoptada en las resoluciones impugnadas y en las sentencias recurridas “supone, aunque indirectamente, una palmaria infracción de la protección jurídica que al menor dispensa nuestro ordenamiento jurídico”.

En aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, el Supremo anula las resoluciones impugnadas por disconformes a derecho, y reconoce el derecho del recurrente a que se le resuelva la solicitud de prórroga cursada concediéndosela, “caso de persistir, a la fecha en que se formuló la solicitud, las circunstancias concurrentes al tiempo de la autorización de residencia temporal por razón de arraigo familiar”.

El Tribunal Supremo dicta sentencia sobre la concesión de la tarjeta sanitaria a los padres de ciudadanos de la UE residentes en España

Jue, 06/06/2019 - 08:00

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el derecho a la asistencia sanitaria de una ciudadana española que reagrupó a su madre –de nacionalidad cubana- a la que le fue concedida la “tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión”, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 240/2007.

La sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, entendió que reunía los requisitos del artículo 2.b 3 del Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

En su sentencia, la Sala entiende que la concesión de la tarjeta indicada no supone la existencia automática de ese derecho, sino que la dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante, tal y como se desprende del artículo 7.1.b y 2 del Real Decreto 240/2007, disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España.

La Sala estima un recurso de casación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideraban que había que confirmar la sentencia recurrida.

Absuelto el exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife condenado por prevaricación y malversación

Mié, 06/05/2019 - 14:30

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife de 12 de abril de 2018 que condenó al exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife D.N.P.V. por delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación agravada de caudales públicos, a cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación absoluta, por el segundo delito, y a siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, por el primero.

El Supremo estima el recurso y le absuelve de los delitos. El alto tribunal explica que se ha enjuiciado la compraventa de un inmueble por el Ayuntamiento mediante sobreprecio, así como la asunción indebida del pago del impuesto de plusvalía, y dicta sentencia absolutoria por no considerar acreditado que hubiera sobreprecio ya que no consta que en compraventas de un inmueble concreto deba valorarse el bien con arreglo a su valor catastral.

Y en cuanto a la asunción del impuesto, señala que tal conducta no es sancionable con arreglo al delito de malversación vigente al tiempo de los hechos.

El Tribunal Supremo avala la delimitación de la Zona de Gran Afluencia Turística de Burgos realizada por el ayuntamiento

Mié, 06/05/2019 - 13:20

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha desestimado el recurso de casación de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, de 2 de marzo, que avaló por ser ajustada a derecho la Orden de 23 de agosto de 2016 de la Consejería autonómica de Economía y Hacienda que aprobó la Zona de Gran Afluencia Turística de Burgos, con sus limitaciones territoriales y temporales, a solicitud del Ayuntamiento de dicha ciudad. 

Dicha orden resolvió declarar una Zona de Gran Afluencia Turística, a los efectos de aplicación del régimen especial de horarios, con la limitación territorial de "la Zona de Amortiguamiento de la Catedral de Burgos”, y la temporal de los siguientes festivos: Domingo de Resurrección, Domingo de la Feria de las Flores, Viernes de celebración del Curpillos, Festividad de la Asunción de Nuestra Señora, Festivo “Devora Burgos”, y  Domingo “Fin de semana Cidiano”. 

La cuestión discutida ha quedado circunscrita al establecimiento de las limitaciones de carácter territorial por la orden impugnada, ya que en la instancia quedaron fuera del recurso las limitaciones temporales. 

El alto tribunal considera que la justificación de las limitaciones realizadas por la Orden recurrida dan cumplimiento a los requerimientos de motivación de la Ley de Horarios Comerciales, que exige una conexión o vínculo entre las limitaciones territoriales y temporales establecidas y los supuestos o circunstancias cuya concurrencia determina la declaración de zona de gran afluencia turística, es decir, la concentración suficiente de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos, declaración de Patrimonio de la Humanidad, etc. 

“En efecto –indican los magistrados--, la propuesta del Ayuntamiento de Burgos y la Orden impugnada de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, efectúan una referencia expresa a los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor que justifican la limitación territorial, como exige el artículo 5.4 de la LHC, en la redacción dada por el RD-ley 8/1014 y la Ley 18/2014”. 

Por lo que se refiere a los intereses comerciales tenidos en cuenta, la sentencia indica que la propuesta del Ayuntamiento y la declaración de zona de gran afluencia turística aprobada por la Comunidad de Castilla y León, hacen referencia al parecer de los sectores comerciales de la ciudad presentes en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, que en Pleno de 31 de marzo de 2016, acordó por unanimidad apoyar la solicitud de declaración de zona de gran afluencia turística, a efectos de aplicación del régimen especial de horarios comerciales, que pueda en su momento efectuar el Ayuntamiento de Burgos, “…siempre que esta se produzca con un ámbito territorial delimitado a la Zona de Amortiguamiento de la Catedral y la Zona de Protección especial aprobada por la UNESCO”. 

“Esa limitación territorial interesada por los sectores comerciales representados en la Cámara Oficial de Comercio de Burgos, que comprende 78 hectáreas que incluyen los principales ejes comerciales de la ciudad, es coincidente con la limitación territorial incluida en la propuesta del Ayuntamiento de Burgos e incorporada en la declaración de zona de gran afluencia turística aprobada por la orden de la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, indica la sentencia. 

“Además del apoyo expreso y unánime de las asociaciones de comerciantes de Burgos a la propuesta del Ayuntamiento -prosigue la resolución-, que permite apreciar que el Ayuntamiento ha atendido los intereses comerciales que las indicadas asociaciones representan, la solicitud del Ayuntamiento justifica la delimitación territorial que propone al señalar que la misma comprende ‘una parte razonable de los principales ejes y áreas comerciales, así como gran parte de los itinerarios comerciales consolidados por los visitantes que acuden a la ciudad”, y es la zona “donde se ubican las principales cadenas comerciales como Mango, Zara, Cortefiel, etc.” 

El alto tribunal concluye que la solicitud del Ayuntamiento de Burgos “ha justificado los intereses comerciales, turísticos y en interés de los consumidores que concurren en la delimitación territorial de la zona de gran afluencia turística propuesta, dando cumplimiento a las exigencias de motivación específicas del artículo 5.4 de la LHC, con desestimación del recurso de casación”. 

El Tribunal Supremo confirma una multa de 22,5 millones impuesta a Repsol por una infracción cometida por una filial

Mié, 06/05/2019 - 13:20

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 22.590.000 euros impuesta el 2 de julio de 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a Repsol, S.A. por conductas colusorias consistentes en acuerdos de coordinación e intercambios de información estratégica en materia de precios en el sector de los combustibles en España.

El tribunal estima un recurso de la Abogacía del Estado y revoca la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la multa por considerar que no podía considerarse autora de la infracción a Repsol S.A. cuando los hechos sancionados fueron cometidos materialmente por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., filial de Repsol S.A.

La Audiencia Nacional consideró vulnerado el principio de personalidad de la pena cuando la CNMC, en la resolución sancionadora, declaró a Repsol S.A., como sociedad matriz, autora y responsable de los acuerdos colusorios realizados materialmente por la filial, lo que supuso que la CNMC aplicara una responsabilidad objetiva.

Sin embargo, el Supremo establece que “es conforme con los principios de personalidad y culpabilidad, comprendidos en los artículos 24 y 25 de la Constitución, sancionar a una sociedad matriz en concepto de autora de comportamientos colusorios constitutivos de infracciones de competencia materializados por una sociedad filial respecto de la que tienen un control del 100% o próximo a ese porcentaje (99,78%) cuando aquella sociedad ha suplantado y sustituye la voluntad de ésta, desplegando dicha actuación como una unidad de negocio, ello al amparo del artículo 61.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia”.

En aplicación de esa doctrina, la Sala estima el recurso de la Abogacía del Estado y repone la multa a la sociedad matriz Repsol S.A.

Páginas