Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo confirma que existe intromisión ilegítima en la publicación de la foto de un detenido obtenida de Facebook sin su consentimiento

Vie, 12/20/2019 - 13:57

El Pleno de la Sala Primera ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había apreciado intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen por la publicación de la fotografía, obtenida del perfil de Facebook, de una persona detenida e ingresada en prisión por una acusación de abusos sexuales a menores.

La Sala considera que la exigencia de tutelar el derecho de información no puede significar que se dejen vacíos de contenido los derechos fundamentales de quienes resulten afectados por el ejercicio de aquel.

Se adjunta nota y sentencia de la Sala.

El Tribunal Supremo confirma que existe intromisión ilegítima en la publicación de la foto de un detenido obtenida de Facebook sin su consentimiento

Vie, 12/20/2019 - 13:57

El Pleno de la Sala Primera ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había apreciado intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen por la publicación de la fotografía, obtenida del perfil de Facebook, de una persona detenida e ingresada en prisión por una acusación de abusos sexuales a menores.

La Sala considera que la exigencia de tutelar el derecho de información no puede significar que se dejen vacíos de contenido los derechos fundamentales de quienes resulten afectados por el ejercicio de aquel.

Se adjunta nota y sentencia de la Sala.

El instructor de la causa del procés da un plazo de alegaciones a las partes sobre la incidencia de la sentencia del TJUE en los casos de Carles Puigdemont y Antoni Comin

Jue, 12/19/2019 - 14:20

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor  de la causa del procés, ha dado hoy un plazo de 5 días a la Fiscalía, acusaciones particular y popular, y a las defensas de Carles Puigdemont y Antoni Comin, para que formulen las alegaciones que a su derecho convengan tras la sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de Unión Europea en relación a la inmunidad de Oriol Junqueras, al poder tener la misma incidencia en relación a dichos procesados rebeldes.

El instructor de la causa del procés da un plazo de alegaciones a las partes sobre la incidencia de la sentencia del TJUE en los casos de Carles Puigdemont y Antoni Comin

Jue, 12/19/2019 - 14:20

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor  de la causa del procés, ha dado hoy un plazo de 5 días a la Fiscalía, acusaciones particular y popular, y a las defensas de Carles Puigdemont y Antoni Comin, para que formulen las alegaciones que a su derecho convengan tras la sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de Unión Europea en relación a la inmunidad de Oriol Junqueras, al poder tener la misma incidencia en relación a dichos procesados rebeldes.

El Tribunal Supremo da cinco días a las partes para que hagan alegaciones sobre la sentencia del TJUE en relación con Oriol Junqueras

Jue, 12/19/2019 - 11:30

NOTA INFORMATIVA DE LA SALA SEGUNDA

El tribunal va a estudiar en profundidad el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contestación a las preguntas planteadas por la propia Sala II en auto del pasado 1 de julio sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras, cuando dicha persona se encontraba en prisión provisional. Ha acordado dar un traslado para alegaciones al Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, acusación popular y a la defensa de Oriol Junqueras por término de 5 días. Con su resultado se acordará lo procedente.

El Tribunal Supremo da cinco días a las partes para que hagan alegaciones sobre la sentencia del TJUE en relación con Oriol Junqueras

Jue, 12/19/2019 - 11:30

NOTA INFORMATIVA DE LA SALA SEGUNDA

El tribunal va a estudiar en profundidad el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contestación a las preguntas planteadas por la propia Sala II en auto del pasado 1 de julio sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras, cuando dicha persona se encontraba en prisión provisional. Ha acordado dar un traslado para alegaciones al Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, acusación popular y a la defensa de Oriol Junqueras por término de 5 días. Con su resultado se acordará lo procedente.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una menor transexual que solicita el cambio de sexo y de nombre en el registro

Mié, 12/18/2019 - 15:10

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación en su día interpuesto por los padres de una menor transexual, que pretendió cambiar el sexo femenino por el masculino, y que le fue negado por no ser mayor de edad. 

Al examinar por primera vez el recurso de casación, la Sala Primera planteó cuestión de inconstitucionalidad de la norma reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, al albergar dudas de que la exigencia de la mayoría de edad fuera conforme con las previsiones de la Constitución Española. 

Se adjunta nota y sentencia de la Sala.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una menor transexual que solicita el cambio de sexo y de nombre en el registro

Mié, 12/18/2019 - 15:10

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación en su día interpuesto por los padres de una menor transexual, que pretendió cambiar el sexo femenino por el masculino, y que le fue negado por no ser mayor de edad. 

Al examinar por primera vez el recurso de casación, la Sala Primera planteó cuestión de inconstitucionalidad de la norma reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, al albergar dudas de que la exigencia de la mayoría de edad fuera conforme con las previsiones de la Constitución Española. 

Se adjunta nota y sentencia de la Sala.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre las compatibilidades de los empleados públicos para realizar actividades privadas

Mié, 12/18/2019 - 13:50

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administratvo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija doctrina sobre el reconocimiento de la compatibilidad a los empleados públicos para el ejercicio de actividades privadas, y destaca que para denegarla deben estar cobrando un complemento que remunere expresamente el concepto de incompatibilidad. La sentencia da la razón al técnico de una agencia pública de Andalucía a quien la Junta le negó la compatibilidad y a quien el Supremo se la reconoce por dos motivos: que su complemento de “puesto de trabajo” no retribuía expresamente la incompatibilidad y ser incuestionable que el mismo no superaba el umbral del 30% de las retribuciones básicas.

El Supremo analiza la regulación de las incompatibilidades y los complementos específicos, así como la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia. El tribunal concluye que, a la vista de lo establecido en la Ley 53/1984, de Incompatilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, “la percepción por parte de los empleados públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que incluyan expresamente entre los componentes que remuneran, el factor de incompatibilidad impide, en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas retribuciones complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”.

Añade como doctrina que “puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe estarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración General del Estado y lo que puedan establecer leyes de función pública autonómica”.

Para los magistrados, “la asignación de un complemento específico por un motivo concreto ha de identificar su razón de ser en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo para poder ser calificado como factor de incompatibilidad”.

En el caso concreto examinado, correspondiente a un técnico de la agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el Supremo aplica esta doctrina y dice que “no existen elementos para concluir que el complemento ‘puesto de trabajo’ percibido por el recurrente (en jornada de verano de 8 a 15 horas y en invierno la misma más una tarde, a elegir entre lunes o martes de 16,30 a 19 horas) lo sea por ‘incompatibilidad’”, en contra de lo que sostenía la Junta andaluza, para quien dicho complemento sí retribuía, entre otros factores, el de incompatibilidad.

“No consta así ni en las nóminas que ha acompañado, ni lo indica el certificado de la Agencia emitido el 7 de julio 2014 a petición del interesado, en que figura la percepción de tal complemento, 6.358, 21 euros anuales más otro de dedicación de 5.237,68 euros que según el punto 3 del art. 36 del convenio es el destinado a retribuir la especial dedicación de los trabajadores que ocupen puestos de trabajo que tengan asignados complementos de puesto de trabajo y de permanencia”, añaden los magistrados.

Por ello, al no constar que la retribución lo fuere expresamente por incompatibilidad y ser incuestionable que la retribución por puesto de trabajo no supera el umbral del 30% de las retribuciones básicas, condena a la Junta a que autorice la compatibilidad solicitada por el recurrente para ejercer actividades propias de Ingeniera Agraria y Forestal fuera de la jornada laboral y en el tiempo libre del solicitante.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre las compatibilidades de los empleados públicos para realizar actividades privadas

Mié, 12/18/2019 - 13:50

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administratvo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija doctrina sobre el reconocimiento de la compatibilidad a los empleados públicos para el ejercicio de actividades privadas, y destaca que para denegarla deben estar cobrando un complemento que remunere expresamente el concepto de incompatibilidad. La sentencia da la razón al técnico de una agencia pública de Andalucía a quien la Junta le negó la compatibilidad y a quien el Supremo se la reconoce por dos motivos: que su complemento de “puesto de trabajo” no retribuía expresamente la incompatibilidad y ser incuestionable que el mismo no superaba el umbral del 30% de las retribuciones básicas.

El Supremo analiza la regulación de las incompatibilidades y los complementos específicos, así como la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia. El tribunal concluye que, a la vista de lo establecido en la Ley 53/1984, de Incompatilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, “la percepción por parte de los empleados públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que incluyan expresamente entre los componentes que remuneran, el factor de incompatibilidad impide, en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas retribuciones complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”.

Añade como doctrina que “puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe estarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración General del Estado y lo que puedan establecer leyes de función pública autonómica”.

Para los magistrados, “la asignación de un complemento específico por un motivo concreto ha de identificar su razón de ser en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo para poder ser calificado como factor de incompatibilidad”.

En el caso concreto examinado, correspondiente a un técnico de la agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el Supremo aplica esta doctrina y dice que “no existen elementos para concluir que el complemento ‘puesto de trabajo’ percibido por el recurrente (en jornada de verano de 8 a 15 horas y en invierno la misma más una tarde, a elegir entre lunes o martes de 16,30 a 19 horas) lo sea por ‘incompatibilidad’”, en contra de lo que sostenía la Junta andaluza, para quien dicho complemento sí retribuía, entre otros factores, el de incompatibilidad.

“No consta así ni en las nóminas que ha acompañado, ni lo indica el certificado de la Agencia emitido el 7 de julio 2014 a petición del interesado, en que figura la percepción de tal complemento, 6.358, 21 euros anuales más otro de dedicación de 5.237,68 euros que según el punto 3 del art. 36 del convenio es el destinado a retribuir la especial dedicación de los trabajadores que ocupen puestos de trabajo que tengan asignados complementos de puesto de trabajo y de permanencia”, añaden los magistrados.

Por ello, al no constar que la retribución lo fuere expresamente por incompatibilidad y ser incuestionable que la retribución por puesto de trabajo no supera el umbral del 30% de las retribuciones básicas, condena a la Junta a que autorice la compatibilidad solicitada por el recurrente para ejercer actividades propias de Ingeniera Agraria y Forestal fuera de la jornada laboral y en el tiempo libre del solicitante.

El Tribunal Supremo desestima el recurso contra el "SER inteligente" aprobado por el Ayuntamiento Madrid en 2014

Mié, 12/18/2019 - 08:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación planteado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de mayo de 2014, por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid.

El tribunal desestima los motivos alegados por la asociación recurrente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró conforme a derecho la modificación de la ordenanza municipal impugnada.

La Sala considera que carece de justificación negar que se trata de una modificación alegando que se pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento regulado, denominado SER inteligente, “cuando es precisamente esto lo que impone la modificación de la Ordenanza, como se desprende de la Memoria y según señala el texto introductorio, por cuanto dicho sistema inteligente integra consideraciones medioambientales y su operatividad está basada en la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) cuya implantación se llevará a cabo mediante el Contrato de Gestión Integral del Servicio Público de Movilidad de la Ciudad de Madrid, haciendo necesaria una modificación puntual de la Ordenanza de Movilidad vigente en los artículos referentes al SER, a efectos de posibilitar su funcionamiento”.

Del mismo modo, afirma que el acuerdo impugnado se limita a regular el régimen de estacionamiento y delimitación de las zonas de aplicación de la Ordenanza de Movilidad y no supone el establecimiento de una nueva tasa ni la modificación de la cuantía de la preexistente, en contra de lo que sostiene la AEA.

La sentencia, con ponencia del magistrado Octavio Juan Herrero Pina, rechaza la alegación relativa a que al duplicarse el tiempo máximo que un mismo vehículo puede estacionar en el mismo lugar (dos horas en zonas verdes y cuatro en zonas azules) se altera la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado.

En este sentido, comparte el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que entendió que dicha alegación era una opinión subjetiva de la parte, pues en ningún momento se acredita que la distribución entre los usuarios e incidencia en el tráfico resulte arbitraria, contraria a la naturaleza, finalidad y objetivos de la norma, que se indican en la Memoria, y queden fuera del ámbito de la discrecionalidad propia del ejercicio de la potestad normativa por el titular de la misma.

La Sala precisa que la competencia del Ayuntamiento para establecer medidas de estacionamiento limitado, cuestionada en el recurso, resulta de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículo a Motor y Seguridad Vial y en la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, así como de la Ley de Bases de Régimen Local. De tales preceptos, explica el tribunal, resulta la existencia de habilitación legal del Ayuntamiento para establecer mediante la correspondiente Ordenanza un sistema de estacionamiento regulado, que incluye la señalización correspondiente que es un instrumento para la ejecución o efectividad de la regulación establecida, en este caso el estacionamiento.

Respecto a la alegación relativa a la delimitación de las plazas de aparcamiento existentes en los Ámbitos Diferenciados mediante marcas azul y naranja, el tribunal concluye que carece de entidad suficiente para cuestionar el ejercicio razonable, proporcionado y congruente de la potestad normativa por el Ayuntamiento que se plasma en la Ordenanza.

El Tribunal Supremo desestima el recurso contra el "SER inteligente" aprobado por el Ayuntamiento Madrid en 2014

Mié, 12/18/2019 - 08:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación planteado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de mayo de 2014, por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid.

El tribunal desestima los motivos alegados por la asociación recurrente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró conforme a derecho la modificación de la ordenanza municipal impugnada.

La Sala considera que carece de justificación negar que se trata de una modificación alegando que se pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento regulado, denominado SER inteligente, “cuando es precisamente esto lo que impone la modificación de la Ordenanza, como se desprende de la Memoria y según señala el texto introductorio, por cuanto dicho sistema inteligente integra consideraciones medioambientales y su operatividad está basada en la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) cuya implantación se llevará a cabo mediante el Contrato de Gestión Integral del Servicio Público de Movilidad de la Ciudad de Madrid, haciendo necesaria una modificación puntual de la Ordenanza de Movilidad vigente en los artículos referentes al SER, a efectos de posibilitar su funcionamiento”.

Del mismo modo, afirma que el acuerdo impugnado se limita a regular el régimen de estacionamiento y delimitación de las zonas de aplicación de la Ordenanza de Movilidad y no supone el establecimiento de una nueva tasa ni la modificación de la cuantía de la preexistente, en contra de lo que sostiene la AEA.

La sentencia, con ponencia del magistrado Octavio Juan Herrero Pina, rechaza la alegación relativa a que al duplicarse el tiempo máximo que un mismo vehículo puede estacionar en el mismo lugar (dos horas en zonas verdes y cuatro en zonas azules) se altera la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado.

En este sentido, comparte el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que entendió que dicha alegación era una opinión subjetiva de la parte, pues en ningún momento se acredita que la distribución entre los usuarios e incidencia en el tráfico resulte arbitraria, contraria a la naturaleza, finalidad y objetivos de la norma, que se indican en la Memoria, y queden fuera del ámbito de la discrecionalidad propia del ejercicio de la potestad normativa por el titular de la misma.

La Sala precisa que la competencia del Ayuntamiento para establecer medidas de estacionamiento limitado, cuestionada en el recurso, resulta de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículo a Motor y Seguridad Vial y en la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, así como de la Ley de Bases de Régimen Local. De tales preceptos, explica el tribunal, resulta la existencia de habilitación legal del Ayuntamiento para establecer mediante la correspondiente Ordenanza un sistema de estacionamiento regulado, que incluye la señalización correspondiente que es un instrumento para la ejecución o efectividad de la regulación establecida, en este caso el estacionamiento.

Respecto a la alegación relativa a la delimitación de las plazas de aparcamiento existentes en los Ámbitos Diferenciados mediante marcas azul y naranja, el tribunal concluye que carece de entidad suficiente para cuestionar el ejercicio razonable, proporcionado y congruente de la potestad normativa por el Ayuntamiento que se plasma en la Ordenanza.

El Tribunal Supremo abre una causa penal a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás por presuntos delitos en la gestión de la Institució de les Lletres Catalanes

Mar, 12/17/2019 - 14:40

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto hoy procedimiento penal a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás Castanyer para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal designa instructor de la causa al magistrado de la propia Sala II Eduardo de Porres, conforme al turno prestablecido.

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

El Supremo extiende su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada, sin perjuicio de que el instructor, a la vista del resultado de la investigación, pueda proponer a la Sala lo que considere pertinente.

El Tribunal Supremo abre una causa penal a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás por presuntos delitos en la gestión de la Institució de les Lletres Catalanes

Mar, 12/17/2019 - 14:40

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto hoy procedimiento penal a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borrás Castanyer para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal designa instructor de la causa al magistrado de la propia Sala II Eduardo de Porres, conforme al turno prestablecido.

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

El Supremo extiende su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada, sin perjuicio de que el instructor, a la vista del resultado de la investigación, pueda proponer a la Sala lo que considere pertinente.

El Tribunal Supremo condena a seis meses prisión a un ertzaina por golpear a una senadora de Amaiur durante una manifestación en 2013

Lun, 12/16/2019 - 15:20

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a seis meses de prisión por un delito de lesiones a un ertzaina por golpear con una porra en la cabeza a la senadora de Amaiur Amalur Mendizábal durante unos incidentes ocurridos tras el registro de la sede de Herrira en Hernani en 2013.

El tribunal considera que en este caso concurre la atenuante analógica del artículo 21.7 del Código Penal en relación con la eximente incompleta de obrar en cumplimiento de un deber al considerar que se produjeron una serie de circunstancias que debilitan la responsabilidad del agente.

La Sala concluye que en determinadas ocasiones concurren elementos objetivos que previenen al agente sobre la perentoria necesidad de tener que proteger un bien jurídico, pero en los que la situación de riesgo no termina de materializarse. “Son supuestos de correcta percepción de la realidad y finalmente carentes de la necesidad en abstracto que prestaría soporte a la exención, completa o incompleta, de responsabilidad, pero que pueden coexistir con circunstancias que dificultan el juicio sereno, reflexivo, cuidadoso y legal que debe presidir la evaluación sobre la oportunidad de intervenir, así como sobre la proporcionalidad y lesividad del comportamiento”.

El tribunal estima en parte el recurso de casación planteado por el agente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que le impuso penas de dos años de prisión y de suspensión de sus funciones en la Brigada Móvil de la Ertzaintza, así como el pago de una indemnización de 3.600 euros. La estimación parcial del recurso –al apreciar dicha atenuante y la de dilaciones indebidas- supone la rebaja de la pena a seis meses de prisión, aunque se mantiene la indemnización a cuyo pago está condenada como responsable civil subsidiaria la Comunidad Autónoma vasca.

Además, el tribunal suprime la pena accesoria de suspensión de empleo o cargo público a la que el agente fue condenado en la sentencia recurrida. Afirma que “como el comportamiento penal que se sanciona deriva del ejercicio profesional por el acusado, y que la culpabilidad del agente está mitigada por las especiales, abruptas y arduas condiciones en las que hubo de evaluar el adecuado ejercicio de su profesión, no se aprecian especiales razones que justifiquen la pena accesoria de suspensión del empleo o cargo pública a la que había sido condenado”.

La sentencia incluye un voto particular de la magistrada Susana Polo que discrepa del criterio de la mayoría sobre la aplicación de dicha atenuante en relación con la eximente incompleta de obrar en cumplimiento de un deber en determinados supuestos. En su voto, la magistrada afirma que faltan los requisitos básicos para apreciar la atenuante analógica por lo que debería confirmarse la sentencia recurrida, ya que la apreciación de la atenuante simple de dilaciones indebidas, estimada por la Sala, no haría variar la pena fijada.

El Tribunal Supremo condena a seis meses prisión a un ertzaina por golpear a una senadora de Amaiur durante una manifestación en 2013

Lun, 12/16/2019 - 15:20

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a seis meses de prisión por un delito de lesiones a un ertzaina por golpear con una porra en la cabeza a la senadora de Amaiur Amalur Mendizábal durante unos incidentes ocurridos tras el registro de la sede de Herrira en Hernani en 2013.

El tribunal considera que en este caso concurre la atenuante analógica del artículo 21.7 del Código Penal en relación con la eximente incompleta de obrar en cumplimiento de un deber al considerar que se produjeron una serie de circunstancias que debilitan la responsabilidad del agente.

La Sala concluye que en determinadas ocasiones concurren elementos objetivos que previenen al agente sobre la perentoria necesidad de tener que proteger un bien jurídico, pero en los que la situación de riesgo no termina de materializarse. “Son supuestos de correcta percepción de la realidad y finalmente carentes de la necesidad en abstracto que prestaría soporte a la exención, completa o incompleta, de responsabilidad, pero que pueden coexistir con circunstancias que dificultan el juicio sereno, reflexivo, cuidadoso y legal que debe presidir la evaluación sobre la oportunidad de intervenir, así como sobre la proporcionalidad y lesividad del comportamiento”.

El tribunal estima en parte el recurso de casación planteado por el agente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que le impuso penas de dos años de prisión y de suspensión de sus funciones en la Brigada Móvil de la Ertzaintza, así como el pago de una indemnización de 3.600 euros. La estimación parcial del recurso –al apreciar dicha atenuante y la de dilaciones indebidas- supone la rebaja de la pena a seis meses de prisión, aunque se mantiene la indemnización a cuyo pago está condenada como responsable civil subsidiaria la Comunidad Autónoma vasca.

Además, el tribunal suprime la pena accesoria de suspensión de empleo o cargo público a la que el agente fue condenado en la sentencia recurrida. Afirma que “como el comportamiento penal que se sanciona deriva del ejercicio profesional por el acusado, y que la culpabilidad del agente está mitigada por las especiales, abruptas y arduas condiciones en las que hubo de evaluar el adecuado ejercicio de su profesión, no se aprecian especiales razones que justifiquen la pena accesoria de suspensión del empleo o cargo pública a la que había sido condenado”.

La sentencia incluye un voto particular de la magistrada Susana Polo que discrepa del criterio de la mayoría sobre la aplicación de dicha atenuante en relación con la eximente incompleta de obrar en cumplimiento de un deber en determinados supuestos. En su voto, la magistrada afirma que faltan los requisitos básicos para apreciar la atenuante analógica por lo que debería confirmarse la sentencia recurrida, ya que la apreciación de la atenuante simple de dilaciones indebidas, estimada por la Sala, no haría variar la pena fijada.

El Tribunal Supremo confirma el derecho a recibir una cesta de Navidad en una empresa que la suprimió en 2013 para reducir costes

Lun, 12/16/2019 - 14:00

La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo ha confirmado el derecho de los 1.600 trabajadores de Fujitsu Technology Solutions, S.A. en España a recibir la cesta de Navidad del año 2016, unilateralmente suprimida por la empresa, al considerar que la reiteración en el tiempo de su entrega y con extensión a toda la plantilla la convertían en condición más beneficiosa del contrato de trabajo, sin que quepa tomarlo como un acto de mera liberalidad de la empresa.

Asimismo, la sentencia destaca que la supresión por causa excepcional en una anualidad concreta del envío de la cesta, lo que no fue combatido por la parte social de la empresa, no elimina el derecho a la misma. En el caso de Fujitsu, la cesta no se remitió en el año 2013 alegando un plan de reducción de costes, lo que no fue impugnado por los sindicatos, que sí reclamaron la reinstauración del envío a partir de 2014.

El Supremo explica que para apreciar que la cesta de Navidad es una condición más beneficiosa deben darse dos condiciones: una sucesión de los actos sobre los que se apoya y una voluntad inequívoca de la empresa como origen de la citada condición, que mejora el marco legal o convencional aplicable. Y la consecuencia de su apreciación es la incorporación de la misma al paquete obligacional del contrato de trabajo.

En el caso de Fujitsu, con cerca de 1.600 trabajadores en todo el territorio nacional, se ha acreditado que, desde el inicio de su actividad hasta el año 2012, la empresa había entregado a los trabajadores afectados la indicada cesta -con la excepción del año 1997, en que se sustituyó por un cheque-regalo-. Fue en 2013 cuando la empresa decidió suprimir tal entrega, sin que tal decisión fuera objeto de impugnación, según señala la sentencia recurrida. Desde entonces, no se ha efectuado ya la entrega; constando, no obstante, que, en los años 2014, 2015 y 2016, las representaciones sindicales –del sindicato demandante o de USO- solicitaron su instauración.

El Supremo valora por tanto que dicha cesta venía siendo entregada desde el origen de la actividad de la empresa sin solución de continuidad hasta el año 2013, “y no puede negarse que en ese acto de la empresa se aprecian las notas definidoras de la controvertida condición más beneficiosa. No sólo se trata de una entrega de manera regular, constante y reiterada todos los años, sino que resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con plena y consciente voluntad de beneficiar a los trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni condicionamiento”, señalan los magistrados.

“El reparto de la cesta de Navidad –añade la sentencia-- no se produce por una mera tolerancia de la empresa, pues es evidente que, dado el volumen de la plantilla, esa entrega supone un desembolso económico que necesariamente tiene y debe ser aprobado y financiado, y, además, exige una determinada actividad de organización y logística –la empresa debe determinar el número de cestas que necesita, adquirirlas en el mercado y organizar su distribución o el sistema por el que las cestas lleguen a manos de cada uno de los trabajadores”.

En suma, indica el Supremo, estamos ante una condición de trabajo que estaba incorporada al contrato de trabajo de los trabajadores afectados y, por ende, obligaba a la parte acreedora de dicha prestación -la parte empleadora- como parte del contenido de dicho contrato.

Sacrificio puntual que no elimina el derecho

Sobre la supresión en 2013, el Supremo resalta que la decisión de la empresa tenía una clara vocación coyuntural, al ceñir de modo expreso la medida a dicha anualidad. Precisamente, entiende el alto tribunal, la falta de impugnación por los sindicatos, “pone de manifiesto que la parte social aceptaba el sacrificio puntual en atención a las circunstancias afirmadas por la empresa en relación con la situación de dicha anualidad”.

“De otro lado –añaden-, y en consonancia con lo anterior, es evidente que las representaciones sindicales mantuvieron viva la reclamación frente a la empresa tras superarse el año para el que ésta había afirmado la dificultad económica, con lo que, aun en el supuesto caso de haberse excepcionado prescripción, se ha acreditado que la misma hubiera quedado interrumpida por las oportunas reclamaciones anuales”.

En suma, para la Sala, “afirmada la existencia de una condición más beneficiosa incorporada a los contratos de trabajo de los afectados por el conflicto, nada impide el ejercicio de la acción tendente a su
reconocimiento en el momento en que los legitimados al efecto ponen en marcha el procedimiento adecuado para ello, sin que la limitación de la pretensión a la cesta correspondiente al año 2016 –sin extenderla a las dos anualidades previas- pueda tener efectos enervantes ni negativos de la efectividad del derecho”.
Por todo ello, desestima el recurso de la empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón a una demanda de conflicto colectivo planteada por UGT a la que se adhirieron CC.OO. y USO.

El derecho a la cesta depende de cada caso

En la sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Lourdes Arastey, el Supremo recuerda que la cuestión de la entrega de la tradicional cesta de Navidad ha motivado varios pronunciamientos de la Sala en que se abordaba la cuestión de si la misma constituía o no una condición más beneficiosa. La sentencia advierte que no puede fijarse un criterio general para todos los casos según el cual la entrega de la cesta constituye siempre un derecho adquirido como condición más beneficiosa, o, por el contrario, una mera liberalidad de la empresa, por lo que el resultado de las soluciones judiciales puede ser diverso en atención a las características y la prueba de las circunstancias de cada caso.

Así, recuerda que hasta la fecha la Sala ha dictado cuatro sentencias en las que se considera que la entrega de la cesta de Navidad es una condición más beneficiosa, mientras que en una quinta resolución opinó al revés y negó la consolidación del derecho a su entrega por no estar acreditada la concurrencia de los elementos característicos y definidores de la condición más beneficiosa.

 

El Tribunal Supremo confirma el derecho a recibir una cesta de Navidad en una empresa que la suprimió en 2013 para reducir costes

Lun, 12/16/2019 - 14:00

La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo ha confirmado el derecho de los 1.600 trabajadores de Fujitsu Technology Solutions, S.A. en España a recibir la cesta de Navidad del año 2016, unilateralmente suprimida por la empresa, al considerar que la reiteración en el tiempo de su entrega y con extensión a toda la plantilla la convertían en condición más beneficiosa del contrato de trabajo, sin que quepa tomarlo como un acto de mera liberalidad de la empresa.

Asimismo, la sentencia destaca que la supresión por causa excepcional en una anualidad concreta del envío de la cesta, lo que no fue combatido por la parte social de la empresa, no elimina el derecho a la misma. En el caso de Fujitsu, la cesta no se remitió en el año 2013 alegando un plan de reducción de costes, lo que no fue impugnado por los sindicatos, que sí reclamaron la reinstauración del envío a partir de 2014.

El Supremo explica que para apreciar que la cesta de Navidad es una condición más beneficiosa deben darse dos condiciones: una sucesión de los actos sobre los que se apoya y una voluntad inequívoca de la empresa como origen de la citada condición, que mejora el marco legal o convencional aplicable. Y la consecuencia de su apreciación es la incorporación de la misma al paquete obligacional del contrato de trabajo.

En el caso de Fujitsu, con cerca de 1.600 trabajadores en todo el territorio nacional, se ha acreditado que, desde el inicio de su actividad hasta el año 2012, la empresa había entregado a los trabajadores afectados la indicada cesta -con la excepción del año 1997, en que se sustituyó por un cheque-regalo-. Fue en 2013 cuando la empresa decidió suprimir tal entrega, sin que tal decisión fuera objeto de impugnación, según señala la sentencia recurrida. Desde entonces, no se ha efectuado ya la entrega; constando, no obstante, que, en los años 2014, 2015 y 2016, las representaciones sindicales –del sindicato demandante o de USO- solicitaron su instauración.

El Supremo valora por tanto que dicha cesta venía siendo entregada desde el origen de la actividad de la empresa sin solución de continuidad hasta el año 2013, “y no puede negarse que en ese acto de la empresa se aprecian las notas definidoras de la controvertida condición más beneficiosa. No sólo se trata de una entrega de manera regular, constante y reiterada todos los años, sino que resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con plena y consciente voluntad de beneficiar a los trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni condicionamiento”, señalan los magistrados.

“El reparto de la cesta de Navidad –añade la sentencia-- no se produce por una mera tolerancia de la empresa, pues es evidente que, dado el volumen de la plantilla, esa entrega supone un desembolso económico que necesariamente tiene y debe ser aprobado y financiado, y, además, exige una determinada actividad de organización y logística –la empresa debe determinar el número de cestas que necesita, adquirirlas en el mercado y organizar su distribución o el sistema por el que las cestas lleguen a manos de cada uno de los trabajadores”.

En suma, indica el Supremo, estamos ante una condición de trabajo que estaba incorporada al contrato de trabajo de los trabajadores afectados y, por ende, obligaba a la parte acreedora de dicha prestación -la parte empleadora- como parte del contenido de dicho contrato.

Sacrificio puntual que no elimina el derecho

Sobre la supresión en 2013, el Supremo resalta que la decisión de la empresa tenía una clara vocación coyuntural, al ceñir de modo expreso la medida a dicha anualidad. Precisamente, entiende el alto tribunal, la falta de impugnación por los sindicatos, “pone de manifiesto que la parte social aceptaba el sacrificio puntual en atención a las circunstancias afirmadas por la empresa en relación con la situación de dicha anualidad”.

“De otro lado –añaden-, y en consonancia con lo anterior, es evidente que las representaciones sindicales mantuvieron viva la reclamación frente a la empresa tras superarse el año para el que ésta había afirmado la dificultad económica, con lo que, aun en el supuesto caso de haberse excepcionado prescripción, se ha acreditado que la misma hubiera quedado interrumpida por las oportunas reclamaciones anuales”.

En suma, para la Sala, “afirmada la existencia de una condición más beneficiosa incorporada a los contratos de trabajo de los afectados por el conflicto, nada impide el ejercicio de la acción tendente a su
reconocimiento en el momento en que los legitimados al efecto ponen en marcha el procedimiento adecuado para ello, sin que la limitación de la pretensión a la cesta correspondiente al año 2016 –sin extenderla a las dos anualidades previas- pueda tener efectos enervantes ni negativos de la efectividad del derecho”.
Por todo ello, desestima el recurso de la empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón a una demanda de conflicto colectivo planteada por UGT a la que se adhirieron CC.OO. y USO.

El derecho a la cesta depende de cada caso

En la sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Lourdes Arastey, el Supremo recuerda que la cuestión de la entrega de la tradicional cesta de Navidad ha motivado varios pronunciamientos de la Sala en que se abordaba la cuestión de si la misma constituía o no una condición más beneficiosa. La sentencia advierte que no puede fijarse un criterio general para todos los casos según el cual la entrega de la cesta constituye siempre un derecho adquirido como condición más beneficiosa, o, por el contrario, una mera liberalidad de la empresa, por lo que el resultado de las soluciones judiciales puede ser diverso en atención a las características y la prueba de las circunstancias de cada caso.

Así, recuerda que hasta la fecha la Sala ha dictado cuatro sentencias en las que se considera que la entrega de la cesta de Navidad es una condición más beneficiosa, mientras que en una quinta resolución opinó al revés y negó la consolidación del derecho a su entrega por no estar acreditada la concurrencia de los elementos característicos y definidores de la condición más beneficiosa.

 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de un magistrado contra los nombramientos de tres magistrados especialistas de la Sala Segunda

Vie, 12/13/2019 - 15:40

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Eloy Velasco contra los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 3 de mayo de 2018 por los que se convocaron tres plazas de magistrado especialista para la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En su recurso el magistrado solicitaba la nulidad de dichos acuerdos de convocatoria y la retroacción de actuaciones para que se publicaran de nuevo incluyendo, en la primera base de la convocatoria después de la expresión “…en órganos especializados en el orden jurisdiccional penal…”, el inciso “para el supuesto que esos primeros no concurriesen o no fuesen idóneos”. Además, pedía que los tres concursos se resolvieran conforme a esas bases fijadas –con la inclusión del inciso- y que se anularan los acuerdos del Pleno del CGPJ que nombraron magistrados de la Sala Segunda a Eduardo de Porres, Carmen Lamela y Susana Polo, que no tienen la condición de especialistas.

La Sala rechaza que el CGPJ tuviera que haber realizado el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Segunda entre los cuatro candidatos que se presentaron a esas convocatorias y que tienen la condición de especialistas en el orden jurisdiccional penal.

En su sentencia, con ponencia del magistrado Nicolás Maurandi, considera que la pertenencia al turno de “no generalistas” o “especialistas” no dispensa a sus componentes, en lo que se refiere al derecho a ser promovido Magistrado/a del Tribunal Supremo, de la necesidad de acreditar en su formación y experiencia el necesario nivel de “excelencia”.

El tribunal afirma que carece de justificación la pretensión del recurrente dirigida a que se publique de nuevo la convocatoria con la adición de ese concreto inciso porque el condicionamiento que conlleva el mismo no viene exigido en la disposición transitoria duodécima de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la norma decisiva para decidir la validez de la convocatoria publicada.

Del mismo modo, indica que el número actualmente existente de especialistas encuadrables en el artículo 344.a) de la LOPJ -10 jueces-, aceptando el que reconoce la parte demandante, no encarna esa franja mínima que resulta necesaria para constatar debidamente el obligado criterio de mérito y capacidad en el máximo nivel de excelencia con el que debe operar en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

En relación con la valoración de las pruebas de especialización que fueron anuladas por el Tribunal Supremo, la Sala precisa que “una cosa es la denegación de la condición de especialistas a quienes superaron esas pruebas; y otra muy distinta la concerniente a tomar en consideración ese hecho como circunstancia reveladora de un superior conocimiento de las materias propias del orden jurisdiccional penal, y hábil por ello para constituir o expresar un mayor mérito o una superior capacidad para ser juez en el orden penal”.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de un magistrado contra los nombramientos de tres magistrados especialistas de la Sala Segunda

Vie, 12/13/2019 - 15:40

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Eloy Velasco contra los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 3 de mayo de 2018 por los que se convocaron tres plazas de magistrado especialista para la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En su recurso el magistrado solicitaba la nulidad de dichos acuerdos de convocatoria y la retroacción de actuaciones para que se publicaran de nuevo incluyendo, en la primera base de la convocatoria después de la expresión “…en órganos especializados en el orden jurisdiccional penal…”, el inciso “para el supuesto que esos primeros no concurriesen o no fuesen idóneos”. Además, pedía que los tres concursos se resolvieran conforme a esas bases fijadas –con la inclusión del inciso- y que se anularan los acuerdos del Pleno del CGPJ que nombraron magistrados de la Sala Segunda a Eduardo de Porres, Carmen Lamela y Susana Polo, que no tienen la condición de especialistas.

La Sala rechaza que el CGPJ tuviera que haber realizado el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Segunda entre los cuatro candidatos que se presentaron a esas convocatorias y que tienen la condición de especialistas en el orden jurisdiccional penal.

En su sentencia, con ponencia del magistrado Nicolás Maurandi, considera que la pertenencia al turno de “no generalistas” o “especialistas” no dispensa a sus componentes, en lo que se refiere al derecho a ser promovido Magistrado/a del Tribunal Supremo, de la necesidad de acreditar en su formación y experiencia el necesario nivel de “excelencia”.

El tribunal afirma que carece de justificación la pretensión del recurrente dirigida a que se publique de nuevo la convocatoria con la adición de ese concreto inciso porque el condicionamiento que conlleva el mismo no viene exigido en la disposición transitoria duodécima de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la norma decisiva para decidir la validez de la convocatoria publicada.

Del mismo modo, indica que el número actualmente existente de especialistas encuadrables en el artículo 344.a) de la LOPJ -10 jueces-, aceptando el que reconoce la parte demandante, no encarna esa franja mínima que resulta necesaria para constatar debidamente el obligado criterio de mérito y capacidad en el máximo nivel de excelencia con el que debe operar en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

En relación con la valoración de las pruebas de especialización que fueron anuladas por el Tribunal Supremo, la Sala precisa que “una cosa es la denegación de la condición de especialistas a quienes superaron esas pruebas; y otra muy distinta la concerniente a tomar en consideración ese hecho como circunstancia reveladora de un superior conocimiento de las materias propias del orden jurisdiccional penal, y hábil por ello para constituir o expresar un mayor mérito o una superior capacidad para ser juez en el orden penal”.

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