Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo deniega a un juez su rehabilitación a la carrera judicial tras cumplir una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación

Mié, 07/17/2019 - 13:00

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado la rehabilitación a la carrera judicial de Fernando F.C., que fue condenado en 2009 por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por un delito de prevaricación dolosa, tras acreditarse que retrasó los trámites de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la niña. Cuando ocurrieron los hechos en 2006, el recurrente era juez de familia de Murcia.

La Sala ha confirmado el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 26 de abril de 2018 que rechazó la petición de rehabilitación y de reingreso al servicio activo en la carrera judicial de Fernando F.C. al considerar que el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial supuso la privación definitiva del cargo de magistrado.

El tribunal considera que la entidad del delito de prevaricación dolosa del artículo 446 del Código Penal -por el que se condenó al recurrente- “parece difícilmente compatible con la idea de rehabilitación atendida la gravedad del delito, el daño por el servicio público a la justicia y la relación directa con el desempeño del cargo”.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Sieira, recuerda que el delito de prevaricación es uno de los más graves que puede cometer un miembro de la carrera judicial en cuanto quiebra la esencia del Poder Judicial y la conducta mínimamente exigible a quien lo encarna. Añade también que la Sala no puede obviar la diferencia sustancial entre el delito del artículo 446 del Código Penal prevaricación dolosa y el de prevaricación culposa del artículo 447 del Código Penal.

En este caso, -precisa la Sala- “estamos ante un delito de mayor gravedad”, lo que hace que “el perjuicio para el servicio público sea indudablemente mayor”, como también son más graves los hechos, por el carácter doloso de la conducta, y la condena que le impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Tampoco puede obviarse, según la sentencia, el informe emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de fecha 27 de marzo de 2018, que recoge los datos relacionados con la capacidad para el ejercicio de la función judicial que se contempla en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, se refiere al trastorno ansioso depresivo que el recurrente manifiesta padecer desde hace años, que le obliga a pedir la baja.

También alude a las “convicciones derivadas de su ideología jurídica o meta jurídica”, expresión usada en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenó al recurrente por prevaricación dolosa, que entran en conflicto con la nueva redacción dada al Código Civil por la ley que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley que contempla la posibilidad de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante. Dicho informe mencionaba la opinión del fiscal que era partidario de la denegación de la pretensión deducida no solo por la gravedad de las conductas, sino por la descripción de su actuación como “una auténtica compulsión homófoba”.

Como consecuencia de ello, la Sala concluye que en este caso concurren circunstancias especiales que hacen que la rehabilitación del hoy recurrente “no proceda conforme a los criterios que la jurisprudencia ha venido estableciendo con carácter general y que han quedado citado con anterioridad, además la denegación de la misma se corresponde con el principio de proporcionalidad que rige en nuestro ordenamiento jurídico atendida la gravedad del delito, los perjuicios por el interés público y las circunstancias a que hace referencia el informe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia”.

La Sala advierte que no se puede alegar en los términos que lo hace el recurrente que el acuerdo recurrido infrinja el principio de proporcionalidad, ya que sin perjuicio de que la cuestión no es en contra de la proporcionalidad de la sanción, como sostiene Fernando F.C., sino en contra de la razonabilidad de la denegación de rehabilitación. Esta razonabilidad, concluye el tribunal, “queda justificada por la gravedad del delito, el concreto supuesto en que se produce la prevaricación dolosa, la gravedad de la pena impuesta y demás circunstancias referidas en el informe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia”.

 

El Tribunal Supremo establece que la asistencia jurídica gratuita no está sometida a la ley de Defensa de la Competencia

Mar, 07/16/2019 - 08:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que establece que el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio, cuya organización compete a los Colegios de Abogados, no está sometido a las normas de la competencia.

En una sentencia, el tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado y confirma el fallo de la Audiencia Nacional que anuló una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en la que se imponía al Consejo General de la Abogacía una multa de 59.983 euros por una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia cometida en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita. En la otra sentencia, confirma la anulación de una sanción de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara también por conductas anticompetitivas.

La Sala destaca que este servicio lo prestan letrados específicamente formados para asistir a quienes se les reconoce el derecho a la justicia gratuita; y que en el marco de la relación profesional entablada, el beneficiario del turno de oficio no tiene posibilidad de designar a su letrado ni de fijar o pacta su remuneración, que es sufragada por el Estado. Añade que la naturaleza jurídica de la actividad de la asistencia jurídica gratuita es de servicio público de carácter prestacional.

En este contexto, el tribunal indica que en este caso “no nos encontramos ante la existencia de un mercado en el que entren en juego las reglas de la libre competencia, que constituye el presupuesto objetivo para poder aplicar la prohibición contenida en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, referida a aquellas conductas que impidan, restrinjan o falseen la competencia”.

Después de analizar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la Sala concluye que los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas de los Colegios de Abogados, o, como en este caso, del Consejo General de la Abogacía Española, “son susceptibles de vulnerar las reglas de la libre competencia cuando inciden en la regulación del ejercicio profesional de los abogados que corresponde a la actuación en el mercado de libre prestación de servicios de defensa y asesoría jurídica, en cuanto se refiere a la oferta de servicios profesionales prestados y a las condiciones de remuneración de los mismos. Sin embargo, cuando se trata de los servicios profesionales prestados por abogados del turno de oficio, al amparo de la Ley 1/1996, de 13 de enero, de asistencia jurídica gratuita, no resultan aplicables las normas comunitarias o nacionales de competencia”.

La sentencia explica que en el marco regulador de la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los abogados no concurren las notas determinantes de la aplicación del principio de libre competencia, que se sustenta en la idea de base económica de que el mercado se rige por la ley de la oferta y de la demanda, debiendo estar abierto a la iniciativa empresarial, con el objetivo de que se produzca un funcionamiento equilibrado del mismo, en beneficio de los consumidores.

Sin embargo, “en el ámbito estricto al que nos venimos refiriendo -prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita- los abogados no compiten entre sí, no existe libertad de contratación de los servicios profesionales del abogado, ni libertad para fijar los honorarios, ni hay propiamente retribución que deba satisfacer el cliente, al corresponder al Estado la obligación jurídica de compensar adecuadamente el trabajo realizado al servicio de la Administración de Justicia”.

La Sala no comparte la tesis del Abogado del Estado cuando afirma que la organización y regulación del servicio de justicia gratuita es una actividad económica desarrollada por abogados en un mercado constituido por los servicios profesionales de los abogados privados y los abogados inscritos al turno de oficio.

Por último, advierte que la conclusión que alcanza sobre la inaplicabilidad de la Ley de Defensa de la Competencia al ámbito estricto de la regulación corporativa del servicio de asistencia jurídica gratuita “no implica que los acuerdos de los Colegios de Abogados adoptados respecto de la ordenación del servicio de asistencia jurídica gratuita estén exentos del control de juridicidad que corresponde a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución; que incluye, en su caso, examinar si las medidas adoptadas para garantizar la regularidad y calidad en la prestación del servicio son adecuadas e idóneas para cumplir los objetivos fijados en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y en las normas complementarias”.

La sentencia incluye un voto particular del presidente de la Sección Tercera, Eduardo Espín, en el que considera que el planteamiento sin matices de la sentencia mayoritaria es equivocado y refleja una concepción de la actividad de la abogacía escasamente compatible con la jurisprudencia de la Sala. Según este magistrado, la especial consideración de la prestación del servicio de justicia gratuita en aras de una adecuada tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos con independencia de su condición económica no supone que la labor profesional de los abogados del turno de oficio deba quedar al margen de su consideración como una actividad de contenido económico.

Este magistrado entiende que el rígido planteamiento de la sentencia mayoritaria ha impedido responder a determinadas alegaciones que aunque no condujeran a la estimación de los recursos sí se deberían haber atendido en las sentencias dictadas. Por ejemplo, la mayor abundancia de letrados en el turno de cualquier colegio, explica este magistrado, si bien por si mismo no supone crear un mercado competitivo propiamente tal entre los letrados que lo integren “muy bien pudiera entenderse que redundaría en una mayor oferta de profesionales y un mejor servicio de justicia gratuita. Tales alegaciones hubieran tenido cabida en el enfoque propugnado en este voto particular, sin que ello implique que hubiesen sido estimadas”.

El Tribunal Supremo considera discriminatorio exigir una estatura mínima de 160 cm para el puesto de controlador aéreo de las Fuerzas Armadas

Lun, 07/15/2019 - 13:00

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la fijación de una talla mínima de 160 cm para acceder al puesto de controlador aéreo de las Fuerzas Armadas constituye una discriminación en el acceso a la función pública de todos los ciudadanos que vulnera la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público.

El tribunal reconoce el derecho a que se declare apta y a que se asigne plaza en la Academia Básica del Aire a una aspirante que fue excluida del proceso selectivo en 2015 por medir 155 cm, cinco menos que la estatura exigida en dicha convocatoria.

La aspirante se presentó al proceso selectivo convocado para ingresar en la Academia Básica del Aire para acceder a las plazas de la especialidad de Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire. Dicho proceso constaba de una fase de concurso y otra de oposición. En esta última fase había que superar pruebas de aptitud psicofísica y de lengua inglesa, además de un reconocimiento médico en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial.

La recurrente superó todas las pruebas pero fue calificada como no apta en el reconocimiento médico por tener una talla inferior a los 160 centímetros exigidos en el Cuadro Médico de Exclusiones de la Orden PRE/262272007. La talla exigida a un militar de tropa y marinería, en cambio, era de 155 cm.

En su recurso alegaba que la exigencia de un requisito biológico como la talla para acceder a la función pública debía contar con la correspondiente justificación y que se había vulnerado la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, sostenía que ese requisito no era necesario para ejercer plenamente las funciones y tareas a desarrollar en el acceso al centro de formación para el puesto de controlador aéreo del Ministerio de Defensa.

La Sala concluye que el requisito de 160 cm por el que se consideró no apta a la recurrente “no está justificado y entraña una diferencia de trato contraria al principio de igualdad”. En primer lugar, el tribunal recuerda que no se ha explicado ni en el proceso administrativo ni en el judicial el motivo por el que es necesaria esa talla para ejercer como controlador aéreo, “y ciertamente, no se alcanza a comprender cuál puede ser”. La Sala añade que la misma Orden Pre/ 2622/2007 que se aplicó a la mujer para excluirla de la plaza admite a quienes midan 155 cm, si ya son militares profesionales de tropa y marinería.

El tribunal afirma que “si se puede ser militar profesional con 155 cm y desempeñar los cometidos propios de la tropa y de la marinería, para los que no es difícil pensar que la constitución física puede ser especialmente importante, y esos mismos militares profesionales pueden, con esa talla, ejercer la especialidad de Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones, no se alcanza a comprender por qué no pueden hacerlo quienes aspiran a ingresar como Suboficiales en esa especialidad”.

Por ello, concluye, en contra de lo que sostiene el abogado del Estado, que no se explica por qué se puede acceder a las Fuerzas Armadas en las clases de tropa y marinería con esa talla y por qué no es posible hacerlo como suboficial en dicha especialidad. “No se advierte una justificación objetiva relacionada con las condiciones personales y con el desempeño de los cometidos correspondientes. Cualesquiera que hayan sido los motivos que han llevado a aceptar en las Fuerzas Armadas a quienes miden 155 cm y a que puedan promocionarse internamente como suboficiales, no se han hecho explícitas ni tampoco se han manifestado las que llevan a tratar de modo diferente a quienes, sin pertenecer aún a las Fuerzas Armadas, pretenden incorporarse a ellas por la vía que les ofrece la resolución de convocatoria de este proceso selectivo”, subraya la Sala en esta sentencia con ponencia del magistrado Pablo Lucas.

La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por la aspirante contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y anula la resolución administrativa por la que se le declaró no apta y la resolución por la que se publicó la relación de aprobados únicamente en la medida en que no incluye a la recurrente. También solicitaba en su recurso que se declarase nulo el requisito de talla previsto en la Orden PRE / 2622/2007. La Sala explica que no tiene sentido declarar su nulidad puesto que ha sido derogada por otra Orden posterior, la PCI/6/2019.

 

El tribunal del ‘Procés’ deniega a Joaquim Forn salir de la cárcel para asistir a un pleno del ayuntamiento de Barcelona

Lun, 07/15/2019 - 11:40

El tribunal que juzga la causa del ‘Procés ha denegado conceder a Joaquim Forn un permiso extraordinario de salida del centro penitenciario para acudir mañana 16 de julio a un pleno del ayuntamiento de Barcelona.

El Tribunal Supremo condena a tres militares y un empresario por adjudicar contratos a cambio de comisiones

Vie, 07/12/2019 - 07:00

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre tres años y tres meses de prisión a tres mandos militares y a un empresario al haberse acreditado que adjudicaron contratos de la Inspección General de Sanidad (IGESAN) a cambio de comisiones.

La Sala estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el teniente coronel A.G.G. y rebaja de seis a cinco meses la pena que le impuso el Tribunal Militar Central como autor de un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar. En su caso, la estimación se produce porque la Sala no ha considerado probado uno de los hechos por los que fue condenado. La sentencia explica que no rebaja la pena en mayor medida al tener en cuenta su empleo militar y la condición de interventor de la IGESAN.

El tribunal desestima los recursos planteados por los otros tres condenados contra la sentencia recurrida que condenó a tres años de prisión al teniente coronel F. N. C. por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar, dos años de prisión al teniente M.A.G. por el mismo delito y tres meses de prisión al empresario U.L.G. por un delito de cohecho.

La sentencia, con ponencia del magistrado Javier Juliani, considera acreditado el relato de hechos probados, salvo en uno de los hechos atribuidos a A.G.G., y que existe prueba incriminatoria bastante para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, quedando acreditado que el teniente coronel F.N.C. ideó un sistema para cobrar comisiones en la contratación con empresas propiedad del empresario también condenado “calculando los contratos con un beneficio en favor del empresario, excesivo en relación con el que era normal en el tráfico económico análogo, del que se entregaba la mitad por U.L.G. en algunas ocasiones al teniente M.A.G. y en otras al teniente coronel F.N.C”.

La Sala recoge que, según los hechos probados, entre finales de 2008 y principios de 2009, el Teniente Coronel F. N. C. y el Teniente G. C., entonces Subteniente, con aprovechamiento de su posición relativa en la contratación de la IGESAN, idearon un sistema para cobrar comisiones.

El plan consistía, por una parte, en otorgar contratos que debieran haberse realizado por sistema de publicidad y concurrencia múltiple, directamente a empresas propiedad de U. L. G., que aceptó intervenir en el mismo. Para ello, según los mismos hechos probados, unas veces se realizaba un fraccionamiento del objeto del contrato y, otras veces, se llegó a la contratación verbal, únicamente prevenida para situaciones de emergencia.

En otros casos, según la sentencia, se aplicó procedimiento negociado sin publicidad con concurrencia limitada a empresas de U.L. G. Cuando resultaba inevitable el sistema abierto y público, se daba un valor excesivo, en el criterio de elección, a cuestiones técnicas teóricas -esto es con el conocimiento de que no iban a ser exigidas en la real ejecución del contrato- las cuales eran previamente advertidas al citado empresario, para que las incluyera en sus propuestas.

La sentencia incluye un voto particular del magistrado Jacobo Barja de Quiroga López en el que expresa su discrepancia con el criterio de la mayoría. En el mismo, se muestra partidario de desestimar el recurso de casación del teniente coronel del Ejército de Tierra A.G.G.. cuya pena ha sido rebajada de 6 a 5 meses al considerar la Sala que no se ha probado uno de los hechos por los que fue condenado. En su voto, afirma que ese hecho –factura falsa de 15.000 euros por limpieza del garaje del Hospital “Gómez Ulla”- es real y está acreditado por lo que el recurso debió de ser desestimado.

Por otro lado, el magistrado sostiene en su voto que la conducta de los recurrentes debió examinarse a la luz del Código Penal donde, además de las conductas omisivas mediante la comisión por omisión, se contienen delitos como el cohecho, prevaricación, las maquinaciones para alterar el precio en los concursos, la malversación, los fraudes, el blanqueo de capitales, etc.

 

El Tribunal Supremo resuelve varias cuestiones novedosas en relación con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

Jue, 07/11/2019 - 15:00

La Sala Primera, reunida en Pleno, se pronuncia sobre qué ha de entenderse como “deudor de buena fe” o sobre si el plan de pagos puede acordar aplazamientos o fraccionamientos del crédito público

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo confirma la declaración en rebeldía y la suspensión para cargo público de los procesados huidos en la causa del ‘procés’

Jue, 07/11/2019 - 12:35

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la situación de rebeldía de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig y el resto de procesados huidos, que fue acordada por el instructor de la causa del ‘Procés’, Pablo Llarena, en julio de 2018. En otro auto, la Sala ha confirmado también la suspensión para cargo público que acordó el magistrado para los mismos recurrentes en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala ha desestimado los recursos interpuestos por Carles Puigdemont, Clara Ponsati y Lluis Puig, al que se adhirieron Meritxell Serret y Antoni Comín, contra el primero de los autos -declaración de rebeldía- al entender que concurren los requisitos legales para adoptar dicha decisión. Por otra parte, ha desestimado el recurso planteado por el expresident de la Generalitat, al que se adhirieron también Meritxell Serret y Antoni Comín, contra el segundo de ellos -suspensión automática de funciones- por entender que se trata de una medida cautelar que es proporcional a la gravedad de los hechos.

Respecto a la declaración de rebeldía, la Sala rechaza de plano la alegación de los recurrentes relativa a que se encuentran a disposición de los tribunales españoles. Los magistrados destacan que, contrariamente a lo alegado, los recurrentes han abandonado el territorio nacional desde que conocieron la posibilidad de ser sometidos a un proceso penal, con la evidente finalidad de situarse fuera del alcance directo de las autoridades judiciales españolas y han manifestado su oposición expresa a ser entregados a éstas cuando se pusieron en marcha los mecanismos de cooperación judicial.

Añade que, aunque las euroórdenes no hayan dado el resultado al que se encamina su regulación, “nada ha impedido la comparecencia personal de los recurrentes ante las autoridades españolas, si su intención, como argumentan es mantenerse a disposición de las mismas. Lo cierto, por tanto, es que se han situado fuera de su alcance, con lo que evitan la actuación procesal prevista por la ley”.

Por otro lado, explica la Sala, “el fracaso de los mecanismos de cooperación judicial internacional, concretamente en el marco de la Unión Europea, que se han puesto en funcionamiento en el marco de esta causa, no supone el cese de las requisitorias en el territorio nacional, sin que hayan sido habidos en él ni hayan comparecido personalmente poniéndose a disposición del órgano jurisdiccional”.

La Sala considera que no es necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como solicitaban los recurrentes, puesto que resulta clara la compatibilidad entre los mecanismos de cooperación europeos encaminados a la entrega de personas reclamadas por autoridades judiciales de otro Estado miembro, y la adopción de las medidas previstas por la legislación interna orientadas a obtener el aseguramiento de los fines del proceso mediante cautelas que garanticen la comparecencia efectiva del investigado, procesado o acusado ante el correspondiente Tribunal.

En cuanto a la inmunidad de Carles Puigdemont, alegada por Meritxell Serret y Antoni Comín que se habían adherido al recurso de apelación, la Sala responde que no consta que le resulte aplicable, dado que aún no se ha acreditado la adquisición efectiva de la condición de eurodiputado, sin perjuicio de lo que resuelva el TJUE respecto de la cuestión planteada por el tribunal del ‘Procés’ en relación con Oriol Junqueras.

La suspensión de funciones es proporcional a la gravedad de los hechos

Respecto a la suspensión para cargo público acordada por Llarena para los recurrentes, la Sala avala la decisión del juez instructor, en tanto que aplicó el art 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de que existiera auto de procesamiento firme contra los huidos, por un delito de rebelión, y es proporcional a la gravedad de los hechos que constan en la causa.

La Sala recuerda que la Ley no requiere que se haya materializado la privación de libertad para aplicar el art. 384 bis, lo que exige es que se haya acordado la prisión provisional contra el procesado por rebeldía. El tribunal destaca lo insólito que resulta que una persona procesada por un delito de rebelión, y que se encuentra en situación de rebeldía por haberse sustraído a la acción de la Justicia, eludiendo al tiempo la decisión de prisión, pueda pretender el ejercicio de funciones públicas en el ámbito de jurisdicción de nuestros tribunales, “no existe razón que justifique que puedan ejercer funciones públicas quienes se encuentran en la situación contemplada en el art 384 bis”. El tribunal reitera que la situación de prisión que cita el mencionado artículo se refiere a la situación procesal, “no a la material, que no puede adoptarse ante la huida de los recurrentes de la acción de la justicia, pero la situación del acuerdo de prisión está adoptada. Cuestión distinta es que no pueda ejecutarse por la situación voluntaria de fuga de los recurrentes”.

Frente a los recurrentes, que sostienen esa inexistencia de materialización de su situación de prisión, provocada por ellos mismos, la Sala indica que “no puede ser una situación planteada que pretenda beneficiarle por ser contradictio in terminis, por alegar una situación buscada de propósito, y que no es obstáculo para aplicar consecuencias relacionadas con una medida de prisión provisional, que el recurrente elude por no comparecer y ponerse a disposición del tribunal”.

El tribunal añade que si se entendiera el art 384 bis solo aplicable para los que se encuentran en situación física de prisión y no procesal, se produciría un “beneficio” para los que están en situación de rebeldía, “ya que de ser así provocaría un beneficio la fuga y no ponerse a disposición del tribunal, y un perjuicio hacerlo”.

La sala recuerda que la medida de suspensión se trata de una cautelar y no de una pena de inhabilitación absoluta anticipada. El tribunal añade también que la normativa del Parlamento no puede paralizar una “orden” del juez que tiene autoridad para adoptar la medidas cautelares que son “indiscutibles en indiscutidas por quien tiene la obligación de hacerlas ejecutar. No se trata de que el órgano autonómico pueda debatir, o interpretar la norma, sino que se trata de que la ejecute en sus justos términos”.

El Tribunal Supremo anula el acuerdo del CGPJ de adscribir a Enrique López y Eloy Velasco a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

Jue, 07/11/2019 - 11:20

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la adscripción de los magistrados Eloy Velasco y Enrique López a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, acordada por el Consejo General del Poder Judicial el 16 de mayo de 2019 en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril que anuló sus nombramientos para dicha sala de apelaciones.

El tribunal anula el apartado 1.1-13-3 del acuerdo cuestionado que fijaba: “adscribir a los magistrados Eloy Velasco Núñez y Enrique López López a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, debiendo concursar para adquirir plaza en propiedad. Ello sin perjuicio de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en el supuesto de insuficiencia de trabajo en la Sala de Apelación, pudiera proponer una adscripción obligatoria, en régimen de comisión de servicio sin relevación de funciones, en función de las necesidades del servicio”. La Sala mantiene los otros puntos del acuerdo impugnado con los que considera que la sentencia está ejecutada.

El Supremo considera que el CGPJ se excedió al ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo ya que la misma anulaba los nombramientos citados y ordenaba unos nuevos conforme a los criterios que estableció, pero en ningún caso nada disponía sobre el destino o situación que debía darse a los dos magistrados de la Audiencia Nacional.

La Sección Sexta de la Sala Tercera estima el recurso interpuesto por la magistrada Manuela Fernández de Prado en el que sostenía que dicha adscripción en ejecución de sentencia suponía imponer por la vía de hecho, al margen de la sentencia del Supremo, la permanencia de estos magistrados en las plazas cuyo nombramiento había sido declarado contrario a derecho por el alto tribunal.

La Abogacía del Estado, en representación del CGPJ, y los dos magistrados afectados por esta decisión, en cambio, alegaron la falta de legitimación de la recurrente y que la sentencia ya se había ejecutado con el nombramiento para la referida sala de la Sra. Fernández de Prado y del Sr. Muñoz, por lo que la adscripción era una cuestión ajena a la sentencia dictada.

La Sala reconoce la legitimación de la recurrente y explica que la simple lectura del fallo de la sentencia ejecutada y del acuerdo del CGPJ objeto de impugnación pone claramente de manifiesto que éste excede de lo ejecutoriado conforme a la jurisprudencia de esta sala. El tribunal recuerda que la cuestión sobre el destino profesional de los magistrados afectados no puede hacerse en ejecución de sentencia sino en un acto administrativo independiente de aquella “y por tanto susceptible de control tanto en vía administrativa como posteriormente en vía jurisdiccional. No existe por tanto fraude procesal”.

En su auto, la Sala afirma que el abogado del Estado se ha limitado a hacer una sinopsis del informe elaborado por el CGPJ lo que resulta más criticable, según el tribunal, “habida cuenta que el CGPJ es el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, algo que debería llevarlo a extremar el respeto por el ordenamiento jurídico, los principios que lo rigen y las sentencias de los distintos órganos jurisdiccionales”.

El tribunal considera que el CGPJ al dictar el acuerdo recurrido fue más allá del alcance de la sentencia y del mandato en ella contenido “sin fundamento y en una actitud puramente voluntarista”, lo que necesariamente solo puede tener como consecuencia estimar la pretensión de la recurrente doña Manuela Fernández Prado y anular el acuerdo recurrido.

El Tribunal Supremo destaca la gravedad en los casos de malos tratos del “silencio cómplice” del entorno de la víctima y el “acoso cómplice” del entorno del agresor

Mié, 07/10/2019 - 14:00

El Tribunal Supremo ha condenado a 16 años y 11 meses de prisión a un hombre que agredió sexualmente a su pareja al tiempo que le decía que "si no era de él no eres más de nadie". Además de un delito de agresión sexual -8 años de prisión-, la Sala le considera autor de dos delitos de lesiones graves -4 años de prisión por cada uno de ellos-, un delito leve de injurias -20 días de localización permanente- y un delito de maltrato con lesiones leves -11 meses de prisión-. El tribunal modifica la pena que le impuso la Audiencia Provincial de Vizcaya -17 años y 9 meses-, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al absolverle de un delito de amenazas.

Los hechos probados recogen que el condenado le había agredido previamente causándole numerosas lesiones. Así, consta probado que “en un momento agarró por el cuello a la mujer, apretando fuertemente, lo que tuvo el efecto de asfixia, aturdiendo o perdiendo momentáneamente la noción o el conocimiento la víctima, y en el instante en que lo recupera, se encuentra al condenado sobre ella, habiéndola penetrado vaginalmente, al tiempo que le agarraba de las muñecas sujetándola, y le decía que "si no era de él no eres más de nadie". Durante los hechos el condenado también le insultó y maltrató con carácter previo a la violación.

Del mismo modo, fue condenado por dos delitos de lesiones graves por hechos ocurridos anteriormente que la víctima ocultó señalando, cuando fue asistida médicamente que las lesiones fueron provocadas accidentalmente, y no por agresión de su pareja.

Al cuestionarse en el juicio, además de la comisión de la violación, los delitos de lesiones cometidos tiempo atrás, que la víctima achacó a hechos ajenos a una agresión de su pareja, y entender que no era correcta la imputación ahora vertida de que esas lesiones se las causó el condenado, el Tribunal de instancia entendió que la víctima decía ahora la verdad, habiendo ocultado antes el maltrato, y que es factible que estas lesiones fueran provocadas por una agresión.

Estos dos hechos se refirieron el primero a que “agarrándola fuertemente de las manos, retorciéndole los brazos, colocándoselos tras la espalda y haciendo fuerza sobre ellos le causó una lesión grave”, y el segundo a que “en el seno de una discusión habida entre ellos, aquel agredió a ésta propinándole un puñetazo en la nariz”.

La Sala aborda en esta sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, un caso como el planteado que se produce con frecuencia respecto a hechos que no se denuncian en su momento y que cuando ocurre un hecho grave, como aquí fue el de la violación, se pone en conocimiento de la autoridad para acabar con ese estado de victimización.

El tribunal indica que la falta de denuncia de hechos previos por la víctima no puede convertirse en dudas acerca de su credibilidad por su denuncia tardía y destaca los problemas ante la presión ejercita por el entorno del autor.

La sentencia recuerda que la Audiencia Provincial puso de manifiesto que “no hemos de pasar por alto, la soledad y vulnerabilidad que transmite la situación de … que, en el momento en que sigue adelante con la denuncia que deriva de la llamada a la policía, se queda sola y ve que todos sus paisanos y paisanas declaran en favor del acusado, organizan eventos para apoyar a… y cuestionan la vida y credibilidad de…. Parece probable que ella percibiera ese devenir, y que ello motivara que no quisiera denunciar nunca”.

Ante ello, el Tribunal Supremo afirma que es una valoración sumamente importante (la de los Tribunales de enjuiciamiento respecto de la declaración de la víctima) “a los efectos de hacer notar la situación de soledad de muchas víctimas de violencia de género que se encuentran solas ante el maltrato que sufren. Y lo están ante su agresor, por descontado, pero lo más grave es la soledad en la que se encuentran ante su propio entorno y el entorno del agresor, ya que ello es lo que provoca y coadyuva al silencio de las víctimas ante el maltrato. Esta situación provoca que en muchos casos las víctimas no denuncien, o si lo hacen, si perciben esta falta de apoyo de su entorno, o, incluso, la presión del agresor, se amparen en el art. 416 LECRIM para negarse a declarar, lo que viene a operar a favor del agresor”.

Subraya que “se habla, así, del silencio cómplice del entorno de la víctima de malos tratos y el acoso cómplice del entorno del agresor, o llegar mucho más lejos, como reconoce el Tribunal en este caso, cuestionando ese entorno del agresor la credibilidad de la víctima en estos momentos, negando la existencia del maltrato”.

La Sala agrega que en estas situaciones provocan “una clara cifra negra de la criminalidad derivada de situaciones, como la que aquí se ha producido, en torno al silencio derivado de la soledad de la víctima. Y solo, como aquí ha ocurrido, ante hechos graves pueden salir otros antecedentes. Nótese que cuando la vecina que escucha los gritos, en este caso la propia víctima no le dijo nada de lo ocurrido, explicando en juicio que “no quería llegar hasta dónde estoy ahora sentada”, lo que constituye el objetivo contrario que se persigue en estos casos por las Instituciones que tutelan y protegen este tipo de hechos a las víctimas”.

No obstante, “el sentimiento de temor de las víctimas ante lo que pueda ocurrir es lo que provoca el rechazo a la denuncia, junto con la falta de ayuda de su entorno, e, incluso, como aquí ha ocurrido, la oposición a que mantenga los hechos agresivos que han ocurrido y que el Tribunal ha declarado probados”, concluye la Sala.

La Sala afirma que las dos direcciones en que se mueve el maltrato -en torno a la falta de ayudas del propio entorno de la víctima y la presión que se ejerce por el entorno del agresor para que no denuncie- “se convierten en una losa para la víctima cuando quiere denunciar y no encuentra ayudas, por lo que el retraso en la denuncia en estos casos no puede ser sinónimo de duda de credibilidad por suponer una característica, cuanto menos extraña y especialísima, en esta criminalidad de género, y factor a tener en cuenta a la hora de analizar la declaración de la víctima, ya que éste debe valorarse dentro de este contexto al que nos hemos referido, donde el sufrimiento que ha padecido la víctima ante los hechos de maltrato se ve incrementado por el sufrimiento ex post de la propia sociedad, de su entorno más directo, y del entorno del agresor. Ello provoca la doble victimización de la víctima y hace comprensibles estas reacciones de negativas a denunciar, hacer uso del art. 416 LECRIM, cambiar las declaraciones en el juicio oral para beneficiar a los agresores, etc. En este caso, sin embargo, la víctima se mantuvo en su relato y el Tribunal otorgó credibilidad a su relato expositivo.”

El Tribunal Supremo determina la responsabilidad de Bankia por facilitar información imprecisa en el canje de preferentes por acciones

Mié, 07/10/2019 - 10:30

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha resuelto sobre un recurso de casación interpuesto por una empresa que era titular de participaciones preferentes y deuda subordinada de Bancaja por importe de 1.634.800 euros.

La Sala ha reiterado- en línea con sus sentencias relativas a la nulidad de adquisición de acciones en la Oferta Pública de Suscripción de acciones- que la información económica y financiera ofrecida por Bankia sobre las cuentas de 2011- las mismas que sirvieron de base a la oferta de canje-se reveló como gravemente inexacta.

Se adjunta nota informativa de la Sala.

El Tribunal Supremo impone multas de 3.000 euros a Puigdemont, Comín y a Lliures Per Europa por mala fe procesal

Mar, 07/09/2019 - 15:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que impone una multa de 3.000 euros a Carles Puigdemont por entender que actuó con mala fe procesal y temeridad al presentar unas medidas cautelarísimas en las que solicitaba que fuese pública una reunión de la Junta Electoral Central que se había notificado 48 horas antes. La Sala también ha impuesto la misma multa al exconseller Antoni Comín y a la Coalición Electoral Lliures Per Europa que también plantearon cautelarísimas sobre la misma cuestión.

En su petición, solicitaban que se hiciese con publicidad la reunión de la JEC, de fecha 13 de junio de 2019, en la que se iba a proceder al recuento de los votos a nivel nacional, a la atribución de escaños a las candidaturas y a la proclamación de electos de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 26 de mayo.

La Sala Tercera rechazó la petición y acordó abrir una pieza separada para la imposición de una multa que ha sido fijada tras oír a las partes. Tanto el fiscal como el letrado de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central interesaron la imposición de la multa en razón de la temeridad de la conducta desarrollada por el expresidente la Generalitat, el exconseller Antoni Comín y la Coalición Electoral Lliures per Europa al pretender una publicidad no prevista de la actuación de la JEC que se contrae a una mera operación aritmética prevista en la ley que no altera los resultados del escrutinio público.

El tribunal afirma que “es evidente que hay mala fe y temeridad en la presentación de la solicitud de medidas cautelarísimas escasas horas antes de la celebración de un acto de la Junta Electoral Central notificado con más de 48 horas de antelación respecto de la aplicación de unas normas sobre las que no ha habido modificaciones esenciales en los más de 35 años que llevan en vigor”.

En razón de las circunstancias y los antecedentes, el tribunal fija en 3.000 euros la multa por considerarlo el grado medio dentro de los máximos y mínimos que faculta la ley.

El Tribunal Supremo anula la inclusión del dragado del río Guadalquivir en el Plan Hidrológico

Mar, 07/09/2019 - 14:29

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado el Plan Hidrológico de Guadalquivir, en lo que se refiere al dragado del canal de navegación del río, al considerar que dicha medida requiere una justificación de mayor grado de intensidad que la realizada por la Administración, al afectar a un espacio especialmente protegido como es el Parque de Doñana.

El tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por WWF-ADENA y declara nulo parte del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos, en lo que atañe al Plan Hidrológico del Guadalquivir.

En su recurso, alegaban, entre otros motivos, que la inclusión del dragado del río Guadalquivir en dicho Plan no cumplía con las condiciones exigidas en el artículo 39 del Reglamento del Plan Hidrológico (RPH) para realizar nuevas modificaciones físicas o alteraciones de masas de agua. Los recurrentes sostenían también que se anteponía el dragado a los objetivos medioambientales de un espacio protegido como Doñana y que, además, no cumplía con la Directiva Habitats ni con la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2015, que ya anuló la anterior planificación de 2013 en cuanto a la actuación del dragado, debido a que los motivos de las modificaciones de agua no se consignaron ni explicaron específicamente en el Plan del Primer Ciclo de Planificación de 2009-2015.

Tras analizar la Memoria de dicho Plan, la Sala concluye que no se reflejan con la necesaria precisión todas las condiciones que han de cumplirse para llevar a cabo la actuación del dragado en cuestión. En este caso, afirman los magistrados, la justificación de dichas condiciones exigidas por el artículo 39 de RPH requiere “el mayor grado de intensidad atendiendo a la especial protección medioambiental del Parque de Doñana y los riesgos que la actuación supone para la funcionalidad del mismo, que ya han sido valorados en informes previos y considerados por esta Sala en sentencia de 26 de febrero de 2015, acreditando en su caso que dicha situación del estuario ha mejorado y permite la actuación del dragado en las condiciones legalmente establecidas”.

Ello exige, afirma el tribunal, que la Administración lleve a cabo “una valoración precisa y circunstanciada de las condiciones establecidas (medidas paliativas, motivos de las modificaciones, interés público superior y compensación de los beneficios medioambientales e imposibilidad de consecución por otros medios) en relación con los concretos efectos negativos y riesgos para el ecosistema afectado que goza de la mayor protección medioambiental, que no puede entenderse satisfecha en los términos que se reflejan en el planeamiento y que se han transcrito antes”.

En su sentencia, la Sala constata la falta de una evaluación concreta y precisa de las medidas necesarias para llevar a cabo el pretendido dragado en relación con los concretos riesgos que conlleva para los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas y el Parque de Doñana. Agrega que el plan recoge medidas imprecisas y no incluye el contraste necesario con los efectos y riesgos que el dragado representa para el ecosistema afectado, que resultan de los informes emitidos.

Así, el tribunal destaca que el planeamiento se limita a referir “una serie de medidas a realizar, planificadas, en estudio, de seguimiento, además de consideraciones sobre los efectos de salud pública, seguridad pública y otras de naturaleza social y económica, las alternativas consideradas y los beneficios obtenidos, con una genérica e imprecisa referencia a los negativos efectos medioambientales, que minimiza sin una fundamentación que resulte respaldada por informes o documentos contratados”.

El Tribunal Supremo anula la prohibición de circular a los camiones por las carreteras convencionales de La Rioja

Lun, 07/08/2019 - 14:00

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1023/2017 que prohibía a los camiones de cuatro ejes circular por las carreteras generales N-232 y N-124 de la comunidad Autónoma de la Rioja, y obligaba a estos vehículos a circular por la autopista de peaje AP-68, al considerar que dicha medida carecía de cobertura legal tanto en la fecha como en la justificación de su adopción.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso estima el recurso que presentó la empresa de transporte Grupo Logístico Arnedo SL por no haberse acreditado en el expediente administrativo la congestión del tráfico, la contaminación acústica y la siniestralidad alegadas en dicho Real Decreto, por el que se aprobó la aplicación de medidas de bonificación de peajes a determinados vehículos pesados en la autopista AP-68 en el tramo “Zambrana-Tudela”.

En 2017, La Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la Concesionaria Autopista Vasco-Aragonesa Sociedad Anónima (AVASA) acordaron que los vehículos pesados tendrían que circular obligatoriamente por la AP-68, en aras de mejorar la funcionalidad, la seguridad del corredor viario y para descongestionar el tráfico de vehículos de las carreteras nacionales N-232 y N-124. Esa medida mejoraría también, según figura en la exposición de motivos del Real Decreto 1023/2017, la contaminación acústica en los tramos urbanos afectados.

La empresa de transportes Grupo Logístico Arnedo SL., radicada en La Rioja, recurrió el Real Decreto ante el Tribunal Supremo, alegando el perjuicio económico que sufría diariamente al tener prohibido el acceso a las dos carreteras nacionales y tener sus camiones que transitar obligatoriamente por la AP-68, abonando el consiguiente peaje, todos los días del año.

En línea con la empresa recurrente, el tribunal argumenta en su sentencia la falta de justificación de la disposición impugnada. Los jueces explican que la eventual notoriedad de la contaminación acústica, la congestión del tráfico y la siniestralidad en carreteras convencionales no son suficientes por sí mismas para acordar una medida como la amparada en el Convenio que da cobertura al Real Decreto, ya que bajo la aparente notoriedad, “podría determinar la aplicación de tales medidas en todas las vías convencionales sin justificación de las circunstancias concretas” .

La Sala recuerda que el uso obligatorio de una autopista de peaje implica “una restricción a la libre circulación de un determinado grupo de vehículos a los que se impone un gravamen como es el citado uso obligatorio, aunque fuere subvencionado parcialmente por las administraciones”. Tal exigencia –añade la sentencia- “debe estar justificada en los pertinentes estudios que acrediten que las medidas acordadas son las más adecuadas al fin buscado”.

Después de analizar el expediente administrativo de la documentación obrante, la Sala concluye que “se encuentra huérfano de justificación en el expediente tanto en lo que se refiere a la congestión del tráfico como a la contaminación. Ambos datos quizás obren en poder de los correspondientes Ministerios, Interior y Fomento, que han alcanzado tal conclusión asertiva, mas no en el expediente administrativo”. La Sala indica que el entorpecimiento del tráfico por acumulación de vehículos, por muy desagradable que sea para los conductores no es igual, al concepto alta siniestralidad en la carretera que hace mención a los accidentes de tráfico y subsiguientes resultados letales, lesivos para las personas. La Sala aprecia discordancia entre la justificación en la Memoria y lo reflejado en el Real Decreto en materia de congestión de tráfico y siniestralidad.

El tribunal concluye que una medida como la impugnada, “que obliga a las empresas de transporte como la recurrente a acudir necesariamente a la autopista de peaje, aunque sea con las bonificaciones establecidas, necesita una acreditación aquí ausente dada la prohibición no simple limitación temporal/horaria de circulación”.

La Sala recuerda que a diferencia del caso analizado, en determinadas carreteras de países de nuestro entorno son notorias la existencia de limitaciones, prohibiciones de circulación a vehículos pesados, “si bien las mismas tienen su razón de ser generalmente en actuaciones puntuales y concretas que restringen el acceso en fechas vacacionales, fines de semana, etc.”

En el mismo sentido, el Tribunal añade que la medida carecía de cobertura legal en la fecha de su adopción. No se puede aplicar con carácter retroactivo la modificación de la Ley de Carreteras y concretamente el art único 2 del Real Decreto- ley 18/2018 sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que permite, por razones de seguridad vial o medioambientales, el desvío obligatorio de vehículos pesados en determinadas carreteras.

El Tribunal Supremo confirma que el despido en 2017 de 16 trabajadores de los autobuses que operan en el aeropuerto El Prat no fue ajustado a derecho

Jue, 07/04/2019 - 13:20

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado que el despido de todos los trabajadores (16) del servicio de transporte terrestre entre las dos terminales del aeropuerto de Barcelona-El Prat no fue ajustado a derecho al no concurrir las causas productivas alegadas por la empresa MONBUS GLOBALIA UTE para extinguir los contratos, tras la adjudicación de la concesión a UTE PRAT en 2017.

El tribunal considera que la nueva empresa concesionaria del servicio -UTE PRAT- estaba obligada a subrogarse a los empleados de la empresa saliente -MONBUS GLOBALIA UTE-, como establece el artículo 14 del Convenio Colectivo Provincial de Transporte Mecánico de Viajeros de Barcelona, por lo que no había necesidad de extinguir los contratos de trabajo. Además, valora que ambas UTES están integradas mayoritariamente por las mismas empresas y forman una sola y única entidad, con lo que no hay un cambio en la titularidad de la actividad económica.

La Sala desestima los recursos de casación planteados por cada una de las dos uniones temporales de empresa contra la sentencia recurrida, que ha sido confirmada en todos sus pronunciamientos. En su sentencia, afirma que los concluyentes términos en los que está redactado el convenio colectivo no dejan lugar a dudas de que la voluntad de las partes fue la de imponer la subrogación en las relaciones laborales cuando se produce el cambio de adjudicatario de servicio.

En este sentido, explica que subrogación significa ocupar la posición de otro en una relación jurídica determinada "que debe permanecer incólume y mantenerse en los términos y condiciones en los que venía desenvolviéndose. Es decir, que la nueva empleadora no está solamente obligada a respetar la vigencia del vínculo laboral anterior, sino también de todos los derechos laborales, individuales y colectivas en el que opera la subrogación, entre ellas, obviamente, la antigüedad acreditada en la empresa cesionaria".

La única explicación que, según la Sala, permite comprender "las razones que han llevado a la UTE saliente a activar el despido colectivo se encuentran en el hecho de que las mismas empresas que las integraban son las que a su vez disponen de la mayoría del capital de la UTE entrante, y por ese motivo han optado por asumir el coste de extinción de las relaciones laborales para gestionar desde cero la contratación de nuevos trabajadores temporales a partir del momento en el que se ha adjudicado la contrata en 2017, lo que evidencia que con su conjunta y concertada actuación únicamente pretenden eludir la garantía de estabilidad en el empleo que garantiza el convenio colectivo de aplicación".

Para la Sala estas son las razones por las que no se pueden acoger los alegatos de la UTE PRAT con los que sostiene que no debe asumir las consecuencias legales derivadas de la actuación de la UTE que cesa en la prestación de la contrata, “olvidando que no se trata de hacer recaer sobre ellas los efectos jurídicos de la decisión de un tercero, sino de hacerla partícipe de las consecuencias generadas por su propia actuación al estar en realidad integrada por las mismas sociedades que configuraban la anterior UTE, pese a lo que ha pretendido desconocer la obligación de subrogación que le imponía el convenio colectivo y ha incurrido de esta forma en un doble incumplimiento de la legalidad vigente, por ser integrante de la misma entidad empleadora que ha acordado el despido colectivo, en primer lugar, y por estar obligada por el convenio colectivo a mantener vigente las relaciones laborales de los trabajadores que prestan servicios en la contrata".

La sentencia analiza las características del servicio prestado por la empresa MONBUS GLOBALIA UTE que alegó causas productivas para despedir a los 16 trabajadores con efectos de 18 de diciembre de 2017 al concluir la concesión que AENA le adjudicó en 2013. El servicio de transporte terrestre entre las dos terminales se presta durante 24 horas al día, mediante autobuses que recorren los viales exteriores del aeropuerto para conectar sus terminales, en un circuito cerrado de 13,5 km. Los autobuses realizan paradas en puntos concretos para la subida y bajada de los usuarios, con unas frecuencias mínimas de paso que oscila entre los 5 y 20 minutos en función de las franjas horarias establecidas por AENA. El servicio es gratuito y puede ser utilizado por cualquier persona.

 

El Tribunal Supremo establece que el "bitcoin" no se puede equiparar al dinero a efectos de responsabilidad civil

Jue, 07/04/2019 - 13:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil al considerar que se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.

En su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda, el tribunal confirma una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading&DEVS LTD que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, según los hechos probados, cuando se firmaron dichos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.

Como no estaban de acuerdo con ello, los estafados presentaron recurso de casación en el Tribunal Supremo en el que alegaron que lo procedente hubiera sido que la sentencia recurrida condenara al acusado a restituir los bitcoins sustraídos y, solo si en fase de ejecución de sentencia no se restituyeran esos bienes, proceder entonces a su valoración y acordar la devolución de su importe.

El bitcoin es un activo patrimonial inmaterial

La Sala responde que aunque su propia jurisprudencia ha expresado la obligación de restituir cualquier bien objeto del delito, incluso el dinero, las víctimas de la estafa no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados, sino que “el acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero”.

En su sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Llarena, explica que el bitcoin es una unidad de cuenta de la red del mismo nombre y que a partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada.

De este modo -señala la Sala- “el bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin”.

Los magistrados recuerdan que, aunque el precio de cada bitcoin se fija al costo del intercambio realizado, y no existe por tanto un precio mundial o único del bitcoin, el importe de cada unidad en las diferentes operaciones de compra (por las mismas reglas de la oferta y de la demanda), tiende a equipararse en cada momento.

Añaden que este coste semejante de las unidades de cuenta en cada momento permite utilizar al bitcoin “como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal, dado que la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, indica en su artículo 1.2 que por dinero electrónico se entiende solo el “valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”.

Así, concluye la Sala, por más que la prueba justificara que el contrato de inversión se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al acusado, el Tribunal de instancia “no puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño), con un incremento como perjuicio que concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las unidades bitcoin entre el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos”.

El tribunal desestima no solo el recurso de casación presentado por las cinco personas estafadas sino también el interpuesto por el condenado contra la sentencia recurrida, que ha sido confirmada en su integridad.

El Tribunal Supremo vincula la devolución de la reducción de los salarios en algunas empresas de IBERICAR a los beneficios de las cuentas del grupo

Mié, 07/03/2019 - 13:00

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera que la devolución de la reducción de los salarios en las empresas concesionarias de coches de IBERICAR, acordada con los sindicatos el 24 de diciembre de 2012, debe hacerse a partir de la obtención de determinados beneficios por el grupo mercantil en lugar de por el grupo laboral afectado por la medida.

El tribunal estima el recurso de casación planteado por los sindicatos CC00 y UGT contra la sentencia de la Audiencia Nacional que consideró que para realizar el reparto de dichas cantidades solo debían computarse los resultados de las sociedades que negociaron la medida.

La Sala analiza el acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo suscrito en el seno del grupo, formado por 42 empresas en España y Portugal, con actividades diversas. Dicho acuerdo consistía en una reducción salarial aplicada a diferentes partidas en las empresas que se dedicaban directa o indirectamente a la actividad de concesionarios de coches y no afectaba a las sociedades que no formaban parte del grupo laboral.

En el mismo se incluyó la cláusula cuestionada en la que figuraba que “Grupo IBERICAR se compromete expresamente a cumplir con la siguiente obligación: si a fecha de 31 de diciembre de cada año natural la cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo arroja beneficios, antes de impuestos, el Grupo se obliga a destinar el 20% de los mismos a restituir total o parcialmente la reducción salarial pactada en el punto Primero del presente Pre-Acuerdo…”.

La Sala recuerda que su doctrina sobre los convenios colectivos recoge que la interpretación de los mismos ha de ser literal, sistemática, histórica, finalista y en su conjunto, no admitiéndose el “espigueo”. En esta línea, afirma en su sentencia que la cláusula de devolución discutida lleva a la Sala a entender que los recurrentes tienen razón y que la sentencia recurrida yerra en el correcto entendimiento de la literalidad de la misma y de la función que cumple en el seno del acuerdo colectivo.

Así, señala que “la literalidad del pacto resulta bastante evidente ya que, por un lado, se titula “Ratificación del pre-acuerdo alcanzado en el período de consultas del procedimiento de modificación de condiciones de trabajo del grupo IBERICAR-Procedimiento de reducción salarial”; y, por otro, los firmantes del acuerdo son dos personas en representación de la dirección de la empresa (referida al grupo IBERICAR)”.

La Sala subraya que es el grupo IBERICAR el que suscribe el acuerdo y, por tanto, “se obliga al cumplimiento del mismo, por más que en su seno se administre qué concretas empresas quedan afectadas por la modificación sustancial que se pacta –lo que se efectúa de manera nominal y no por referencia a una supuesta pertenencia a un grupo laboral“.

Además, añade el tribunal, hay que tener en cuenta que, al regular las condiciones de devolución de las cantidades reducidas, las partes se refieren a “la cuenta de pérdidas y ganancias del grupo consolidado”. Y por último, agrega la Sala, que en lo que se refiere a la literalidad, las referencias a los compromisos empresariales son siempre al Grupo IBERICAR sin acotaciones ni restricciones de ningún tipo, incluso cuando se prevé la futura negociación de un convenio colectivo de grupo que sirva para homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores “de las diferentes empresas del grupo IBERICAR”.

La Sala concluye que la literalidad del acuerdo no indica nada sobre la existencia de grupos IBERICAR diversos, uno mercantil, otros laborales. “La letra del acuerdo siempre se refiere al único grupo IBERICAR sin ninguna otra matización y, lo que es más importante, sin referirse a una entidad o realidad distinta formado por uno o varios grupos laborales dentro del único grupo que figura en el pacto. Ello es indicativo de que las expresiones gramaticales son claras, lo que impide la posibilidad de aplicar otras diferentes que las correspondientes a dicho sentido gramatical que, por otro lado, en el presente caso revela la evidente voluntad de los contratantes”.

Por otra parte, la sentencia indica que la referencia al grupo laboral afectado sobre la que descansa la sentencia recurrida resulta superflua y no encuentra apoyo alguno en el acuerdo cuya interpretación se discute.

También precisa que, en nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de consolidar cuentas se refiere al grupo de sociedades previsto y definido en el artículo 42 del Código de Comercio. En este caso, la Sala subraya que el pacto de referencia, suscrito por el grupo mercantil IBERICAR, al condicionar la devolución de la reducción de los salarios a “que la cuenta de pérdidas y ganancias del grupo consolidado” arroje beneficios el 31 de diciembre de cada año natural, solo podía referirse a las únicas cuentas respecto de las que legalmente existe obligación de consolidar que no son otras que las del grupo configurado en el artículo 42 del Código de Comercio”. Lo contrario exigiría -según la sentencia- que en el texto del acuerdo se especificase que tales cuentas consolidadas se referían exclusivamente a las de las empresas afectadas por el acuerdo.

El Tribunal Supremo confirma la retirada de más de 6.000 archivos musicales de la web Goear por vulneración de derechos de propiedad intelectual

Mar, 07/02/2019 - 14:33

El Tribunal Supremo ha confirmado la retirada de más de 6000 archivos musicales de la web www.goear.com por considerar que ha infringido los derechos de propiedad intelectual al ofrecerlos de forma gratuita, sin autorización de las compañías discográficas ni de los autores. La Sala concluye que su actividad iba más allá de la mera “intermediación” para almacenar contenidos subidos por terceros y que desempeñaba un papel activo en la presentación y mejora de esos contenidos, obteniendo un beneficio económico por esa explotación comercial.

La Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso de casación que interpuso la mercantil PC Irudia S.L. en representación de la web Goear.com contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la resolución de 22 de enero de 2014 de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que ordenó la retirada de los contenidos de la web y la obligación de no volver a ofrecer en el futuro esos productos sin autorización.

En su sentencia, ponencia de Diego Córdoba, los magistrados analizan la naturaleza jurídica del servicio prestado por la web www.goear.com. A través de este portal, se publicaban de forma gratuita en internet más de 6000 archivos musicales que subían los usuarios, ofreciéndose la audición por streaming. Una gran parte de estos archivos eran canciones producidas por compañías discográficas y que se ofertaban al público sin autorización de las mismas, ni de sus autores.

La cuestión analizada por la Sala se centra en determinar si este portal musical realizaba un servicio de mera intermediación, en cuyo caso tanto la normativa comunitaria como la nacional prevén exenciones respecto a la responsabilidad en materia de propiedad intelectual, o si tenía un papel más activo que excede de la condición de mero intermediario.

A tenor de la prueba pericial practicada, el tribunal considera acreditado que el gestor de esta página web musical “es consciente o ha de serlo por ser un hecho notorio, que los éxitos musicales de actualidad están sujetos al pago de los cánones por los derechos de autor o deben contar con la autorización de sus titulares, sin embargo, la página ofrece los éxitos musicales de forma gratuita. Y la puesta a disposición de tales archivos musicales le reporta ingresos por la publicidad asociada y contratada por la empresa que gestiona dicha página”.

La sentencia admite que tales archivos musicales son incorporados por terceros, usuarios del servicio. Pero ello, según explican los jueces, no basta para aplicar la exención de responsabilidad del artículo 14 apartado 1 de la Directiva 2000/31 previsto para los que actúan como meros intermediarios.

El tribunal relata cómo una vez que los usuarios subían los ficheros rellenando un formulario, la página sugería resultados, realizaba autocorrecciones, incorporaba datos de una base propia, facilitaba la difusión de contenidos y ponía a disposición de los usuarios una serie de aplicaciones.

La Sala concluye que la entidad recurrente “no se limita a desarrollar una labor meramente técnica, pasiva y automática de almacenamiento de los contenidos que terceros suben a la página de la web, sino que desempeña un papel activo en la determinación, presentación y mejora de los contenidos de fonogramas de canciones que ofrece, obteniendo un beneficio económico por la explotación de una web que ofrece un amplísimo catálogo de archivos musicales sin contar con autorización ni respetar los derechos de propiedad intelectual”.

El tribunal recuerda que la empresa, en el momento de dictarse la resolución impugnada, ya era consciente que estaba poniendo a disposición del público el acceso a obras sin autorización de los titulares de los derechos pues ya se le había considerado anteriormente responsable de una infracción de los derechos de propiedad intelectual en otra resolución administrativa que concluyó con otra sentencia firme de la Audiencia Nacional de 17 de noviembre de 2014, “por realizar la misma actividad que continuó ejerciendo y ahora se le reprocha”.

Además de confirmar la obligación de retirar los contenidos ilícitos, la Sala avala la decisión también recurrida de exigir al operador que adopte las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas lesiones de los derechos de la propiedad intelectual.

El tribunal de la causa del ‘procés’ plantea un cuestión prejudicial al TJUE sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras

Lun, 07/01/2019 - 17:00

El tribunal de la causa del “procés” ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras en relación con la concesión de un permiso penitenciario extraordinario de salida de prisión que solicitó para cumplir con los trámites como eurodiputado en el Parlamento Europeo. 

En su auto, los magistrados formulan tres preguntas al TJUE para determinar, en síntesis, la interpretación del artículo 9 del Protocolo nº 7 cuando se refiere a la inmunidad de los eurodiputados “mientras el Parlamento Europeo esté en periodo de sesiones” y en el caso concreto de un acusado (por delitos graves en situación de prisión provisional, acordada judicialmente por hechos anteriores al inicio de un proceso electoral) que ha resultado proclamado electo al Parlamento Europeo, pero que no ha cumplimentado los requisitos establecidos por la legislación electoral interna para adquirir la condición de parlamentario (imposibilidad derivada de su limitación a la libertad deambulatoria por su situación de prisión provisional en proceso por delitos graves), de manera que el órgano electoral nacional competente no ha comunicado al Parlamento Europeo dicha adquisición. 

En caso de que el TJUE haga una interpretación extensiva de la inmunidad, la Sala pregunta también si la autoridad judicial que acordó la prisión resultaría obligada, a la vista de la expresión “cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste” del artículo 9 de dicho Protocolo, a levantar la situación de prisión en términos absolutos, de modo casi automático, para permitir el cumplimiento de las formalidades y desplazamientos al Parlamento Europeo sin ponderar otros intereses en juego como serían, entre otros, los derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del debido proceso. 

La cuestión prejudicial se ciñe a la concesión de un concreto permiso penitenciario 

La Sala recuerda que el objeto de esta cuestión prejudicial se ha suscitado en la pieza de privación de libertad del exvicepresidente de la Generalitat y que, por tanto, su tratamiento procesal es autónomo, aunque mantiene una relación de dependencia con la causa principal. 

Los magistrados explican que la situación a adoptar afecta a un incidente autónomo y que es “la concesión de un concreto permiso penitenciario de salida de naturaleza extraordinaria. De ahí que no condicione el contenido de su pronunciamiento a la hora de dar respuesta a la pretensión acusatoria que se ejerce”. En el mismo sentido, la Sala añade que esta cuestión prejudicial tampoco afecta a la situación de prisión preventiva del acusado, materia en la que el tribunal no tiene ninguna duda acerca de su procedencia. 

En su auto, la Sala recuerda que los delitos que se han juzgado son de naturaleza especialmente grave, la gravedad de las penas solicitadas y la concreción del riesgo que deriva del hecho de que varios coprocesados se han sustraído a la disposición del tribunal, gozando de apoyo y sustento político por las propias estructuras de poder del gobierno autonómico. La Sala añade la “reiterada desconfianza hecha pública una y otra vez por el acusado acerca de la capacidad de este tribunal para garantizar un proceso justo. Con esa afirmación se hace bien visible la ausencia de toda voluntad por el Sr. Junqueras de permanecer a disposición de esta Sala”. 

En la cuestión prejudicial planteada se asume por la Sala una interpretación que es resultado de su “voluntad de no sacrificar ninguno de los intereses y derechos que convergen”. De forma que la limitación temporal del derecho de participación del Sr. Junqueras está condicionada al pronto desenlace de la causa especial del “procés”, entendida como una limitación necesaria para preservar otro fin constitucionalmente legítimo como es el “aseguramiento de los fines del proceso penal”. 

En este sentido, afirma que “el aseguramiento de los fines del proceso penal, cuya realidad quedaría irreversiblemente menoscabada si la Sala autorizara la salida del señor Junqueras fuera de nuestras fronteras, ha determinado la denegación de la solicitud interesada. A esta negativa, ha contribuido también la incomprensión de las euroórdenes cursadas como instrumento de cooperación internacional en la lucha contra delitos de especial gravedad y el amplio sustento de organizaciones sociales y del propio Gobierno autonómico al que el Sr. Junqueras pertenecía”. 

El tribunal afirma que no ha encontrado ninguna otra alternativa viable a la prisión provisional como medio para asegurar los fines del proceso. El riesgo de fuga, como uno de los requisitos que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la medida de prisión, “ha llevado a concluir a la Sala la incompatibilidad de la situación que afecta al acusado con la concesión de un permiso penitenciario que excepcione la limitación a la libertad deambulatoria acordada”. 

En su escrito, los magistrados agregan que la limitación del ejercicio del derecho de participación en cargo público de Oriol Junqueras es transitoria y proporcionada.  “Se trata, al fin y al cabo, de una restricción de la libertad deambulatoria que es inherente a la situación de prisión y, de hecho, le impide el ejercicio de otros derechos fundamentales como, por ejemplo, acudir a cualquier manifestación o reunión”. 

Un proceso secesionista que culminó en las leyes de transitoriedad 

En su auto, la Sala detalla los hechos por los que se ha juzgado a los procesados por delitos de rebelión (alternativamente de sedición), malversación y desobediencia, basándose en las afirmaciones de las acusaciones y sin que ello implique, como aclara el tribunal, una proclamación de su efectiva prueba. 

Los magistrados relatan que el proceso secesionista tuvo como momento clave la aprobación de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Esta norma, integrada por 89 artículos y tres disposiciones finales, incluía proclamaciones unilaterales de ruptura con el sistema constitucional vigente. Añade que se presentaba como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera aprobada la Constitución de la nueva República. Proclamaba que Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social, en la que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña, y en Arán en el pueblo aranés, de los que emanan todos los poderes del Estado. 

A efectos de ejercicio de su plena soberanía el territorio de Cataluña se declaraba compuesto por el espacio terrestre, incluido el subsuelo, correspondiente a sus límites geográficos y administrativos preexistentes, por el mar territorial, incluido su lecho y subsuelo y por el espacio aéreo situado sobre el espacio terrestre y el mar territorial de Cataluña. La mencionada ley declaraba la abolición de la monarquía constitucional, convirtiendo al presidente o presidenta de la República en el jefe del Estado catalán, que asumía su más alta representación. 

En relación con la administración de justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se transformaba en el Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que culminaría la organización judicial de Cataluña. Instauraba un modelo de autogobierno del poder judicial inspirado en la actuación coordinada con el poder ejecutivo y permitía la continuidad de aquellos jueces y magistrados que venían desempeñando sus funciones en los tres años anteriores a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, aquellos jueces y magistrados que llevaran menos de tres años de ejercicio en Cataluña, se veían despojados de su garantía constitucional de inamovilidad, al referirse la ley a un derecho de integración que había de solicitarse por los jueces en ejercicio, con arreglo a un procedimiento a regular en el futuro.  Se atribuía al Parlamento, a propuesta del Gobierno de la Generalidad, una vez oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el nombramiento del Fiscal General de Cataluña. 

La ley de Transitoriedad modificaba, además, el régimen jurídico de la nacionalidad de los residentes en Cataluña, redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado y regulaba la sucesión del Estado catalán en la titularidad de todos los bienes y derechos del Estado español en Cataluña. También preveía un régimen de integración del personal de las administraciones públicas que hasta entonces prestaran sus servicios en las administraciones central y autonómica, siempre condicionado a las adaptaciones que se estimaran indispensables para la realidad del nuevo Estado. Se convertía a la Generalidad en la autoridad fiscal llamada a la fijación, recaudación y gestión de todos los tributos e ingresos de derecho público y hacía de aquel órgano de gobierno la autoridad aduanera y arancelaria del territorio de Cataluña. 

Ley del Referéndum de Autodeterminación 

El auto destaca también que con el mismo objetivo, la Ley 19/2017, 6 de septiembre, reguladora del llamado referéndum de autodeterminación, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat núm. 7449A, de 6 de septiembre de 2017. 

En ejecución de esas y otras previsiones legislativas -todas ellas suspendidas en su aplicación por distintas resoluciones del Tribunal Constitucional- los ciudadanos catalanes fueron convocados a un referéndum que se celebró el día 1 de octubre de 2017. La pregunta incluida en las papeletas del referéndum fue la siguiente: “¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”. El resultado del referéndum, conforme se establecía en su ley reguladora, tendría carácter vinculante y si en el recuento de los votos válidamente emitidos se computaban más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría ope legis la independencia de Cataluña, a la que debería seguir una declaración formal del Parlament, concretando sus efectos e iniciando el proceso constituyente. 

El auto incluye los hechos públicos por el gobierno de la Generalitat, según los cuales el referéndum arrojó el siguiente resultado: de un total de 5.500.000 personas con derecho a voto, la cifra total de votantes ascendió a 2.286.217 personas. Se contabilizaron 2.044.058 votos favorables al SÍ, cifra ésta que representaba el 37 % del censo electoral y poco más de una cuarta parte (el 27 %) de la población total de Cataluña en esas fechas y que la celebración del referéndum estuvo presidida por una amplia movilización ciudadana. En su relato, el tribunal incluye también los incidentes que se produjeron con ciudadanos y agentes de la autoridad lesionados, en el caso de estos últimos cuando trataban de cumplir la expresa prohibición judicial de celebración de ese referéndum. 

Con anterioridad a esas fechas, el día 20 de septiembre del mismo año se sucedieron movilizaciones de miles de personas que querían obstaculizar la práctica de registros y detenciones que habían sido acordadas por la autoridad judicial.   

El auto recoge que las acusaciones imputan también al Sr. Junqueras un delito de malversación, al haber sido destinados caudales públicos a la celebración de esa ilegal convocatoria. 

Tramitación por procedimiento acelerado 

El tribunal explica que la cuestión a resolver no recae directamente sobre materias relativas al espacio de libertad, seguridad que están previstas en el Título V de la tercera parte del Tratado Funcionamiento de la Unión Europa (TFUE), lo que impide instar su tramitación por el procedimiento de urgencia. 

Tampoco decide sobre las cuestiones de fondo que motivan la prisión provisional, aunque en forma indirecta podría ocasionar la suspensión de esa situación de privación de libertad. La cuestión planteada también guarda relación con la dimensión temporal del derecho a ser europarlamentario y la composición del Parlamento. Por todas estas razones, el tribunal concluye que, aunque la consulta prejudicial no versa sobre una materia cuya solución exija ser resuelta en un plazo específico, interesa que sea tramitada mediante el procedimiento acelerado que prevé el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la tasa del ayuntamiento de Barcelona sobre el control de viviendas vacías

Lun, 07/01/2019 - 15:00

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la tasa del ayuntamiento de Barcelona sobre actuaciones de inspección y control de viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas por entender que no es competente para aprobar disposiciones de carácter general en esta materia y, en particular, que la actividad gravada por dicha tasa no es competencia municipal.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaró la nulidad de pleno derecho del apartado 9 del artículo -hecho imponible- y de los epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 del Anexo de tarifas de la Ordenanza Fiscal 3.1 del ayuntamiento demandado, reguladora de la tasa municipal por servicios generales. La sentencia recurrida, cuyo fallo ha confirmado el Tribunal Supremo, dio la razón a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB) en su recurso contra la modificación de dicha tasa municipal que fue aprobada el 30 de septiembre de 2016.

El tribunal rechaza, en contra de lo que sostiene el ayuntamiento de Barcelona, que se haya infringido el artículo 20 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y el artículo 52 de la Ley 1/2006 reguladora del Régimen Especial del municipio de Barcelona (LREMB).

Tras analizar la naturaleza jurídica de las tasas locales, afirma que éstas han de cumplir con el principio de legalidad tributaria. Así, indica que en materia de tributos locales su regulación reglamentaria se efectúa a través de las ordenanzas fiscales, y esta es una potestad reglamentaria que, debido al doble juego que resulta de la autonomía municipal constitucionalmente reconocida y el carácter democrático de las corporaciones locales, tiene una especial amplitud, “pero no hasta el punto de dejar sin efecto la observancia de lo establecido en la Ley sobre los elementos esenciales de cada tributo”.

El tribunal considera que la actuación del ayuntamiento de Barcelona que pretende gravarse con la tasa cuestionada “no resulta encuadrable en ninguno de los servicios o actividades que se incluyen en el elenco de su apartado 4 y tampoco es de apreciar esa sustancial semejanza jurídica a que antes se ha hecho referencia; y, en segundo lugar, porque ha de respetarse la decisión interpretativa y aplicativa de la sentencia recurrida sobre que la Ley 18/2007 de Catalunya no otorga competencias al ayuntamiento de Barcelona para realizar la actividad gravada con las tasas aquí polémicas”.

La Sala, en una sentencia con ponencia del magistrado Nicolás Maurandi, indica que la sentencia recurrida utiliza como argumento principal de su pronunciamiento que esa repetida Ley de Catalunya 18/2007 no otorga las competencias municipales que invoca el artículo 2.9 de la Ordenanza Fiscal controvertida; y dicha sentencia de instancia no hace consideraciones sobre la posibilidad o no de que la Generalitat, con base en sus competencias exclusivas en materia de vivienda reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, otorgue a los entes locales de Catalunya atribuciones en esa materia.

El Tribunal Supremo declara la falta de legitimación pasiva de Bankia en una acción de nulidad en la compra de acciones en el mercado secundario oficial

Vie, 06/28/2019 - 15:00

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha examinado por primera vez la cuestión de si, tras la compra de unas acciones en bolsa en la que actúa como intermediaria la propia entidad emisora, ésta tiene legitimación pasiva en una acción de nulidad del contrato de compra por error vicio del consentimiento.

La compraventa de títulos en los mercados secundarios oficiales presenta características propias que la distinguen de las reguladas en el Código Civil.

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