Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo fija que en los casos de impago de la pensión alimenticia a un hijo mayor de edad el progenitor que convive con él tiene legitimidad para presentar una denuncia

Mié, 11/11/2020 - 12:40

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial que, en los delitos de abandono de familia, en su modalidad de impago de pensiones, cuando los hijos ya son mayores de edad, el progenitor que convive con éste y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada tiene legitimidad para interponer denuncia e instar así a su pago en vía penal.

El tribunal interpreta el término "persona agraviada" del artículo 228 del Código Penal que dispone que dichos delitos -semipúblicos- sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, y que el Ministerio Fiscal podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida.

La Sala considera que una interpretación teleológica y amplia de dicha expresión incluye "tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación económica debida, como al progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, y ello porque los mismos, como ha reconocido de forma reiterada la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, tienen un interés legítimo, jurídicamente digno de protección".

La sentencia, ponencia de la magistrada Susana Polo, señala que "no existe duda de que el progenitor conviviente con el alimentista es una de las personas que soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminal, llevada a cabo por el otro progenitor que impaga la pensión alimenticia a los hijos, por lo que debe ser considerado agraviado a los efectos de tener legitimación para formular la preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal".

La Sala se pronuncia sobre esta cuestión debido a la existencia de posturas contrarias en las distintas Audiencias Provinciales. Así, explica que las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Murcia, Sevilla, Cantabria o Las Palmas representan una primera línea jurisprudencial, que parte de una interpretación restrictiva del concepto de "agraviado" que entiende que en los supuestos en que el hijo ha alcanzado la mayoría de edad únicamente él ostenta legitimación activa para denunciar y proceder así a la persecución penal del delito de impago de pensiones, pudiendo actuar en su nombre y representación el progenitor solo durante su minoría de edad.

Por otra parte, menciona una segunda línea de interpretación, representada por las Audiencias Provinciales de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Córdoba, Toledo y Murcia, que hace una lectura más amplia de la expresión "persona agraviada" del artículo 228 del Código Penal. Entiende que la misma incluye tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación económica debida (los hijos), como a cualquier otra persona perjudicada por el mismo, y especialmente, al progenitor que convive con el hijo mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, quien también gozaría de legitimación activa para interponer la preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal, lo que supondría una legitimación compartida tanto por el hijo mayor de edad como por el progenitor con el que convive.

Asimismo, recuerda que la jurisprudencia de la Sala reconoce la posibilidad de subsanar el defecto procesal ya que admite que el alimentista mayor de edad pueda convalidar en sede judicial la denuncia formulada por su progenitor; cuestión en la que afirma que la posición de las Audiencias Provinciales es prácticamente unánime.

La Sala aplica esta doctrina al desestimar el recurso de casación planteado por un progenitor que fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a pagar una multa de 2700 euros por no desembolsar la pensión de alimentos de 150 euros mensuales para su hijo mayor de edad, con una discapacidad física y psíquica reconocida del 66%. Esta situación fue denunciada por la madre, y fue ratificada por el hijo en sede judicial.

El tribunal indica que en este caso no consta expresamente en el relato fáctico que el hijo mayor de edad viviera independientemente de su madre, pero al margen de ello, sí consta que ratificó la denuncia interpuesta por la misma, y lo que es de suma importancia en este caso es que tiene una discapacidad necesitada de especial protección, extremo que sí obra en el relato de hechos probados, pues le ha sido reconocido un grado de discapacidad física y psíquica del 66%, y está diagnosticado de retraso mental, coeficiente intelectual bajo, síndrome de Kallman, vulnerabilidad y fragilidad con necesidad de supervisión y cuidado por su entorno.

De los hechos probados -según la sentencia- se desprenden los elementos integrantes del tipo penal por el que ha sido condenado el recurrente. Por tanto, la Sala concluye que, aunque el hijo era mayor de edad en el momento de la interposición de la denuncia, su madre se encontraba legitimada para presentar la misma por esa especial protección que necesita el alimentista; además, indica que cualquier duda al respecto quedó subsanada con la ratificación por parte del hijo de la denuncia presentada por su madre.

El Tribunal Supremo fija que en los casos de impago de la pensión alimenticia a un hijo mayor de edad el progenitor que convive con él tiene legitimidad para presentar una denuncia

Mié, 11/11/2020 - 12:40

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial que, en los delitos de abandono de familia, en su modalidad de impago de pensiones, cuando los hijos ya son mayores de edad, el progenitor que convive con éste y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada tiene legitimidad para interponer denuncia e instar así a su pago en vía penal.

El tribunal interpreta el término "persona agraviada" del artículo 228 del Código Penal que dispone que dichos delitos -semipúblicos- sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, y que el Ministerio Fiscal podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida.

La Sala considera que una interpretación teleológica y amplia de dicha expresión incluye "tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación económica debida, como al progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, y ello porque los mismos, como ha reconocido de forma reiterada la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, tienen un interés legítimo, jurídicamente digno de protección".

La sentencia, ponencia de la magistrada Susana Polo, señala que "no existe duda de que el progenitor conviviente con el alimentista es una de las personas que soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminal, llevada a cabo por el otro progenitor que impaga la pensión alimenticia a los hijos, por lo que debe ser considerado agraviado a los efectos de tener legitimación para formular la preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal".

La Sala se pronuncia sobre esta cuestión debido a la existencia de posturas contrarias en las distintas Audiencias Provinciales. Así, explica que las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Murcia, Sevilla, Cantabria o Las Palmas representan una primera línea jurisprudencial, que parte de una interpretación restrictiva del concepto de "agraviado" que entiende que en los supuestos en que el hijo ha alcanzado la mayoría de edad únicamente él ostenta legitimación activa para denunciar y proceder así a la persecución penal del delito de impago de pensiones, pudiendo actuar en su nombre y representación el progenitor solo durante su minoría de edad.

Por otra parte, menciona una segunda línea de interpretación, representada por las Audiencias Provinciales de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Córdoba, Toledo y Murcia, que hace una lectura más amplia de la expresión "persona agraviada" del artículo 228 del Código Penal. Entiende que la misma incluye tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación económica debida (los hijos), como a cualquier otra persona perjudicada por el mismo, y especialmente, al progenitor que convive con el hijo mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, quien también gozaría de legitimación activa para interponer la preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal, lo que supondría una legitimación compartida tanto por el hijo mayor de edad como por el progenitor con el que convive.

Asimismo, recuerda que la jurisprudencia de la Sala reconoce la posibilidad de subsanar el defecto procesal ya que admite que el alimentista mayor de edad pueda convalidar en sede judicial la denuncia formulada por su progenitor; cuestión en la que afirma que la posición de las Audiencias Provinciales es prácticamente unánime.

La Sala aplica esta doctrina al desestimar el recurso de casación planteado por un progenitor que fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a pagar una multa de 2700 euros por no desembolsar la pensión de alimentos de 150 euros mensuales para su hijo mayor de edad, con una discapacidad física y psíquica reconocida del 66%. Esta situación fue denunciada por la madre, y fue ratificada por el hijo en sede judicial.

El tribunal indica que en este caso no consta expresamente en el relato fáctico que el hijo mayor de edad viviera independientemente de su madre, pero al margen de ello, sí consta que ratificó la denuncia interpuesta por la misma, y lo que es de suma importancia en este caso es que tiene una discapacidad necesitada de especial protección, extremo que sí obra en el relato de hechos probados, pues le ha sido reconocido un grado de discapacidad física y psíquica del 66%, y está diagnosticado de retraso mental, coeficiente intelectual bajo, síndrome de Kallman, vulnerabilidad y fragilidad con necesidad de supervisión y cuidado por su entorno.

De los hechos probados -según la sentencia- se desprenden los elementos integrantes del tipo penal por el que ha sido condenado el recurrente. Por tanto, la Sala concluye que, aunque el hijo era mayor de edad en el momento de la interposición de la denuncia, su madre se encontraba legitimada para presentar la misma por esa especial protección que necesita el alimentista; además, indica que cualquier duda al respecto quedó subsanada con la ratificación por parte del hijo de la denuncia presentada por su madre.

El Tribunal Supremo archiva la causa a Carles Puigdemont por una actuación municipal cuando era alcalde de Girona al no apreciar delito

Mié, 11/11/2020 - 10:55

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado, al no apreciar delito, una causa a Carles Puigdemont por una actuación municipal de los años 2013 y 2014 cuando era alcalde de Girona, consistente en la aprobación de una transferencia de fondos del canon municipal del agua al pago de parte de una colección de arte para el Ayuntamiento gerundense. Los magistrados concluyen que la operación fue una infracción administrativa, a valorar por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no una infracción penal.

El Supremo recibió en marzo de 2020 una exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que relataba los hechos de la citada operación municipal y consideraba que había indicios de la comisión por Puigdemont de delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.

La actuación atribuida a Puigdemont era haber suscrito los acuerdos de compraventa de la colección de arte del Fondo "Santos Torroella" para el Ayuntamiento, y decantado con su voto de calidad el apoyo del Pleno municipal al pago de la primera parte del precio (1 millón de euros) mediante una transferencia de fondos obtenidos por los contratos de concesión de la gestión del canon del agua, que estaban afectos a los gastos del ciclo del agua.

El Supremo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, ha dictado auto de archivo al no ser los hechos constitutivos de delito, aunque se realizase una transferencia de fondos no permitida por la ley, lo que constituyó un ilícito administrativo a valorar por la jurisdicción administrativa. El alto tribunal recuerda al respecto su jurisprudencia que diferencia entre una ilegalidad administrativa y la comisión de un delito de prevaricación, que en este caso se descarta.

"Resultando cierta la ilegalidad administrativa , por haberse utilizado el canon del agua sin respetar sus límites finalísticos y presupuestarios, no puede entenderse que la resolución dictada lo haya sido por órgano incompetente, ni que se haya prescindido de las normas esenciales del procedimiento, ni que sea consecuencia de la comisión de una infracción penal o expresión de la misma, máxime si se tiene en cuenta que la desviación de finalidad pública hoy constituye sin más un ilícito administrativo", señala el auto.

"Tampoco surge un dolo directo de querer sustituir la legalidad por el capricho, sino más bien el propósito de estirar ilícitamente la autonomía local superando las estrecheces de las limitaciones que el canon ecológico y su condición de ingreso de derecho público imponía desde las Directivas Europeas y la legislación nacional y autonómica, a las perspectivas de gestión del municipio", añaden los magistrados.

Por ello, pese a considerarse el ilícito administrativo, en principio, incuestionable y nítido, no reúnen los hechos los caracteres propios del delito de prevaricación. En ese sentido, el Supremo resalta su jurisprudencia que destaca que "no se trata de sustituir la jurisdicción administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración pública, por la jurisdicción penal a través del delito de prevaricación", que se aplica en los casos en que la actuación administrativa además de ilegal sea injusta y arbitraria.

El auto también descarta el delito de fraude a la Administración, al señalar que "sin perjuicio de la ilegalidad de la operación ejecutada por el Sr. Puigdemont, se considera que no resulta apreciable la existencia de un artificio para defraudar al Ayuntamiento de Girona". Así, recuerda que no se ha cuestionado en el caso que el valor de la colección 'Santos Torroella' era superior al precio abonado por el Ayuntamiento, ni que se trataba de un conjunto de obras de interés para el municipio, así como que el cambio de las partidas presupuestarias fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con conocimiento de su origen y de su destino.

Por último, la Sala tampoco comparte que se haya producido un delito de falsedad por Puigdemont, por el hecho de haber firmado un decreto de la Alcaldía con fecha 22 de mayo de 2013 aprobando contratar el estudio valorativo de la colección 'Santos Torroella', cuando el informe de tasación había sido firmado el 17 de abril de 2013. Dicho delito requiere que una autoridad o funcionario falte a la verdad en la narración de los hechos en un documento. Y entienden los jueces que "la cuestión de que el Decreto pudiera haberse dictado cuando el informe ya estaba firmado carece de trascendencia a los efectos de considerar falso su contenido. No se trataba de un documento simulado ni falso en su integridad, sino que respondía a una operación real", concluye el auto.

El Tribunal Supremo archiva la causa a Carles Puigdemont por una actuación municipal cuando era alcalde de Girona al no apreciar delito

Mié, 11/11/2020 - 10:55

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado, al no apreciar delito, una causa a Carles Puigdemont por una actuación municipal de los años 2013 y 2014 cuando era alcalde de Girona, consistente en la aprobación de una transferencia de fondos del canon municipal del agua al pago de parte de una colección de arte para el Ayuntamiento gerundense. Los magistrados concluyen que la operación fue una infracción administrativa, a valorar por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no una infracción penal.

El Supremo recibió en marzo de 2020 una exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que relataba los hechos de la citada operación municipal y consideraba que había indicios de la comisión por Puigdemont de delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.

La actuación atribuida a Puigdemont era haber suscrito los acuerdos de compraventa de la colección de arte del Fondo "Santos Torroella" para el Ayuntamiento, y decantado con su voto de calidad el apoyo del Pleno municipal al pago de la primera parte del precio (1 millón de euros) mediante una transferencia de fondos obtenidos por los contratos de concesión de la gestión del canon del agua, que estaban afectos a los gastos del ciclo del agua.

El Supremo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, ha dictado auto de archivo al no ser los hechos constitutivos de delito, aunque se realizase una transferencia de fondos no permitida por la ley, lo que constituyó un ilícito administrativo a valorar por la jurisdicción administrativa. El alto tribunal recuerda al respecto su jurisprudencia que diferencia entre una ilegalidad administrativa y la comisión de un delito de prevaricación, que en este caso se descarta.

"Resultando cierta la ilegalidad administrativa , por haberse utilizado el canon del agua sin respetar sus límites finalísticos y presupuestarios, no puede entenderse que la resolución dictada lo haya sido por órgano incompetente, ni que se haya prescindido de las normas esenciales del procedimiento, ni que sea consecuencia de la comisión de una infracción penal o expresión de la misma, máxime si se tiene en cuenta que la desviación de finalidad pública hoy constituye sin más un ilícito administrativo", señala el auto.

"Tampoco surge un dolo directo de querer sustituir la legalidad por el capricho, sino más bien el propósito de estirar ilícitamente la autonomía local superando las estrecheces de las limitaciones que el canon ecológico y su condición de ingreso de derecho público imponía desde las Directivas Europeas y la legislación nacional y autonómica, a las perspectivas de gestión del municipio", añaden los magistrados.

Por ello, pese a considerarse el ilícito administrativo, en principio, incuestionable y nítido, no reúnen los hechos los caracteres propios del delito de prevaricación. En ese sentido, el Supremo resalta su jurisprudencia que destaca que "no se trata de sustituir la jurisdicción administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración pública, por la jurisdicción penal a través del delito de prevaricación", que se aplica en los casos en que la actuación administrativa además de ilegal sea injusta y arbitraria.

El auto también descarta el delito de fraude a la Administración, al señalar que "sin perjuicio de la ilegalidad de la operación ejecutada por el Sr. Puigdemont, se considera que no resulta apreciable la existencia de un artificio para defraudar al Ayuntamiento de Girona". Así, recuerda que no se ha cuestionado en el caso que el valor de la colección 'Santos Torroella' era superior al precio abonado por el Ayuntamiento, ni que se trataba de un conjunto de obras de interés para el municipio, así como que el cambio de las partidas presupuestarias fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con conocimiento de su origen y de su destino.

Por último, la Sala tampoco comparte que se haya producido un delito de falsedad por Puigdemont, por el hecho de haber firmado un decreto de la Alcaldía con fecha 22 de mayo de 2013 aprobando contratar el estudio valorativo de la colección 'Santos Torroella', cuando el informe de tasación había sido firmado el 17 de abril de 2013. Dicho delito requiere que una autoridad o funcionario falte a la verdad en la narración de los hechos en un documento. Y entienden los jueces que "la cuestión de que el Decreto pudiera haberse dictado cuando el informe ya estaba firmado carece de trascendencia a los efectos de considerar falso su contenido. No se trataba de un documento simulado ni falso en su integridad, sino que respondía a una operación real", concluye el auto.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez de un documento en el que se contiene una reducción de la cláusula suelo con la contrapartida de renuncia al ejercicio de acciones por el consumidor

Sáb, 11/07/2020 - 15:00

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo se pronuncia en dos sentencias sobre la validez de la modificación de la cláusula suelo de un préstamo hipotecario, consistente en reducir el tipo de interés mínimo, y también sobre la validez de la renuncia genérica al ejercicio de cualesquiera acciones que traigan causa del contrato de préstamo, o de liquidaciones y pagos anteriores a tal acuerdo.

Se adjunta nota de la Sala y sentencias.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez de un documento en el que se contiene una reducción de la cláusula suelo con la contrapartida de renuncia al ejercicio de acciones por el consumidor

Sáb, 11/07/2020 - 15:00

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo se pronuncia en dos sentencias sobre la validez de la modificación de la cláusula suelo de un préstamo hipotecario, consistente en reducir el tipo de interés mínimo, y también sobre la validez de la renuncia genérica al ejercicio de cualesquiera acciones que traigan causa del contrato de préstamo, o de liquidaciones y pagos anteriores a tal acuerdo.

Se adjunta nota de la Sala y sentencias.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el caso de un préstamo hipotecario en una vivienda de protección oficial referenciado al IRPH-Entidades

Vie, 11/06/2020 - 13:00

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia el recurso interpuesto por un consumidor que se había subrogado en un préstamo concedido para la financiación de una promoción de viviendas de protección oficial.

En la escritura de compraventa y subrogación se había especificado el tipo de interés fijado por la normativa sobre financiación de viviendas de protección oficial, referenciado al IRPH-Entidades. El prestatario solicitó la nulidad de esta cláusula por considerar, entre otras razones, que no cumplía los parámetros del control de transparencia.

Esta pretensión fue desestimada en primera y en segunda instancia y el Pleno de la Sala, por unanimidad, ha desestimado el recurso de casación.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el caso de un préstamo hipotecario en una vivienda de protección oficial referenciado al IRPH-Entidades

Vie, 11/06/2020 - 13:00

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia el recurso interpuesto por un consumidor que se había subrogado en un préstamo concedido para la financiación de una promoción de viviendas de protección oficial.

En la escritura de compraventa y subrogación se había especificado el tipo de interés fijado por la normativa sobre financiación de viviendas de protección oficial, referenciado al IRPH-Entidades. El prestatario solicitó la nulidad de esta cláusula por considerar, entre otras razones, que no cumplía los parámetros del control de transparencia.

Esta pretensión fue desestimada en primera y en segunda instancia y el Pleno de la Sala, por unanimidad, ha desestimado el recurso de casación.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo exime del requisito de convivencia a víctimas de violencia género para cobrar la pensión de viudedad en parejas de hecho

Jue, 11/05/2020 - 13:35

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que, siempre que cumpla los restantes requisitos legalmente exigidos, tiene derecho a la pensión de viudedad de parejas de hecho la mujer que, por razón de violencia de género, no estaba ya unida ni convivía con la pareja en el momento del fallecimiento de ésta, haciendo así una interpretación del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (actual artículo 221.1 LGSS de 2015) con perspectiva de género. Para el alto tribunal, no es razonable el requisito de convivencia entre los miembros de la pareja cuando concurre violencia de género, donde la protección de la mujer lo que exige precisamente es el cese de esa convivencia.

El Supremo desestima un recurso para la unificación de doctrina planteado por la Seguridad Social contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 26 de marzo de 2018, que dio la razón a una mujer y reconoció su derecho a cobrar la pensión de viudedad con efectos desde la fecha del fallecimiento en accidente de tráfico, en 2012, de quién había sido su pareja de hecho, y con quien había cesado la convivencia en el año 2000 a causa de violencia de género. Ambos tuvieron un hijo en común en 1996, que tiene reconocida pensión de orfandad.

La sentencia del TSJ catalán estableció que debía aplicarse por analogía a las parejas de hecho la previsión contenida en el artículo 174.2 de la LGSS para las mujeres víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio. El tribunal catalán consideró acreditado que el cese de la convivencia lo causó la violencia de género, y que la mujer reunía el resto de requisitos legales para tener derecho a pensión.

Por su parte, la Seguridad Social, en su recurso, señalaba, entre otros argumentos, que el artículo 174.3 de la LGSS de 1994 no hace mención a la violencia de género ni exime, en esos casos, de la exigencia de la existencia de unión con el causante en el momento de su fallecimiento ni de la necesaria convivencia ininterrumpida no inferior a cinco años. Y presentó como sentencia de contraste a la del TSJ catalán, para unificar doctrina, una del TSJ de Valencia que negó el derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho a una mujer que, por haber sufrido violencia de género, no formaba ya unión de hecho ni convivía con el causante.

El Supremo confirma la sentencia del TSJ catalán al interpretar "con perspectiva de género", según subraya, el artículo 174.3 de la LGSS de 1994, que establece que tiene derecho a la pensión de viudedad "quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho", y exige, concretamente, "una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años".

Convivencia imposible e indeseable

Para el alto tribunal, "esta lógica necesidad de que exista, con carácter general, una convivencia entre los componentes de la unión de hecho, no es razonable que se exija en los casos de violencia de género sufrida por la mujer integrante de esa unión de hecho. En efecto, en estos supuestos en que el otro integrante de la pareja de hecho ejerce la violencia de género contra la mujer con la que convive, la protección de esta mujer lo que precisamente exige es, entre otras muchas cosas, que cese la convivencia con vistas a impedir que siga sufriendo una situación de violencia".

"En estos casos -prosigue la sentencia-, la convivencia no solo es imposible e indeseable, sino que ha de evitarse a toda costa, por lo que, si se exige y se impone como requisito, no se alcanzaría la finalidad primordial y principal de proteger a la víctima de la violencia de género. Y ha de recordarse que la convivencia se rompe, no exactamente por la libre voluntad de la mujer que forma parte de la unión de hecho, sino porque la violencia ejercida sobre esta última hace imposible la convivencia".

El alto tribunal subraya además que "si las mujeres separadas y divorciadas víctimas de violencia de género pueden acceder a la pensión de viudedad, lo mismo debe poder suceder con las mujeres que forman uniones de hecho y que son igualmente víctimas de violencia de género". El artículo 174.2 de la LGSS señala el derecho a la pensión de viudedad a las mujeres que, no siendo acreedoras de pensión compensatoria, puedan acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación o divorcio.

En relación a las parejas de hecho, el TS insiste en que "la concurrencia de violencia de género debe eximir del cumplimiento de determinados requisitos que, no solo carecen de sentido cuando existe aquella violencia (en nuestro caso, la exigencia de la convivencia en el momento del fallecimiento a pesar de que la convivencia haya debido y tenido que cesar por la violencia ejercida contra la mujer), sino que exigir esa convivencia en tales circunstancias de violencia es radicalmente incompatible con la protección de la mujer víctima de malos tratos".

La Sala considera plenamente compartible la afirmación de la sentencia recurrida de que no puede exigirse a la solicitante de la pensión de viudedad de parejas de hecho víctima de violencia de género “que para tener derecho a la pensión de viudedad debió haber mantenido la convivencia a pesar de los malos tratos de los que era objeto cuando la finalidad perseguida por el legislador ha sido siempre, y sobre todo a partir de la Ley Orgánica 1/2004, la de actuar contra todas las situaciones de violencia de género, bien en el matrimonio o entre quienes están unidos por una relación de afectividad similar”.

 

El Tribunal Supremo exime del requisito de convivencia a víctimas de violencia género para cobrar la pensión de viudedad en parejas de hecho

Jue, 11/05/2020 - 13:35

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que, siempre que cumpla los restantes requisitos legalmente exigidos, tiene derecho a la pensión de viudedad de parejas de hecho la mujer que, por razón de violencia de género, no estaba ya unida ni convivía con la pareja en el momento del fallecimiento de ésta, haciendo así una interpretación del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (actual artículo 221.1 LGSS de 2015) con perspectiva de género. Para el alto tribunal, no es razonable el requisito de convivencia entre los miembros de la pareja cuando concurre violencia de género, donde la protección de la mujer lo que exige precisamente es el cese de esa convivencia.

El Supremo desestima un recurso para la unificación de doctrina planteado por la Seguridad Social contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 26 de marzo de 2018, que dio la razón a una mujer y reconoció su derecho a cobrar la pensión de viudedad con efectos desde la fecha del fallecimiento en accidente de tráfico, en 2012, de quién había sido su pareja de hecho, y con quien había cesado la convivencia en el año 2000 a causa de violencia de género. Ambos tuvieron un hijo en común en 1996, que tiene reconocida pensión de orfandad.

La sentencia del TSJ catalán estableció que debía aplicarse por analogía a las parejas de hecho la previsión contenida en el artículo 174.2 de la LGSS para las mujeres víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio. El tribunal catalán consideró acreditado que el cese de la convivencia lo causó la violencia de género, y que la mujer reunía el resto de requisitos legales para tener derecho a pensión.

Por su parte, la Seguridad Social, en su recurso, señalaba, entre otros argumentos, que el artículo 174.3 de la LGSS de 1994 no hace mención a la violencia de género ni exime, en esos casos, de la exigencia de la existencia de unión con el causante en el momento de su fallecimiento ni de la necesaria convivencia ininterrumpida no inferior a cinco años. Y presentó como sentencia de contraste a la del TSJ catalán, para unificar doctrina, una del TSJ de Valencia que negó el derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho a una mujer que, por haber sufrido violencia de género, no formaba ya unión de hecho ni convivía con el causante.

El Supremo confirma la sentencia del TSJ catalán al interpretar "con perspectiva de género", según subraya, el artículo 174.3 de la LGSS de 1994, que establece que tiene derecho a la pensión de viudedad "quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho", y exige, concretamente, "una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años".

Convivencia imposible e indeseable

Para el alto tribunal, "esta lógica necesidad de que exista, con carácter general, una convivencia entre los componentes de la unión de hecho, no es razonable que se exija en los casos de violencia de género sufrida por la mujer integrante de esa unión de hecho. En efecto, en estos supuestos en que el otro integrante de la pareja de hecho ejerce la violencia de género contra la mujer con la que convive, la protección de esta mujer lo que precisamente exige es, entre otras muchas cosas, que cese la convivencia con vistas a impedir que siga sufriendo una situación de violencia".

"En estos casos -prosigue la sentencia-, la convivencia no solo es imposible e indeseable, sino que ha de evitarse a toda costa, por lo que, si se exige y se impone como requisito, no se alcanzaría la finalidad primordial y principal de proteger a la víctima de la violencia de género. Y ha de recordarse que la convivencia se rompe, no exactamente por la libre voluntad de la mujer que forma parte de la unión de hecho, sino porque la violencia ejercida sobre esta última hace imposible la convivencia".

El alto tribunal subraya además que "si las mujeres separadas y divorciadas víctimas de violencia de género pueden acceder a la pensión de viudedad, lo mismo debe poder suceder con las mujeres que forman uniones de hecho y que son igualmente víctimas de violencia de género". El artículo 174.2 de la LGSS señala el derecho a la pensión de viudedad a las mujeres que, no siendo acreedoras de pensión compensatoria, puedan acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación o divorcio.

En relación a las parejas de hecho, el TS insiste en que "la concurrencia de violencia de género debe eximir del cumplimiento de determinados requisitos que, no solo carecen de sentido cuando existe aquella violencia (en nuestro caso, la exigencia de la convivencia en el momento del fallecimiento a pesar de que la convivencia haya debido y tenido que cesar por la violencia ejercida contra la mujer), sino que exigir esa convivencia en tales circunstancias de violencia es radicalmente incompatible con la protección de la mujer víctima de malos tratos".

La Sala considera plenamente compartible la afirmación de la sentencia recurrida de que no puede exigirse a la solicitante de la pensión de viudedad de parejas de hecho víctima de violencia de género “que para tener derecho a la pensión de viudedad debió haber mantenido la convivencia a pesar de los malos tratos de los que era objeto cuando la finalidad perseguida por el legislador ha sido siempre, y sobre todo a partir de la Ley Orgánica 1/2004, la de actuar contra todas las situaciones de violencia de género, bien en el matrimonio o entre quienes están unidos por una relación de afectividad similar”.

 

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores

Jue, 11/05/2020 - 12:00

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que “el principio acusatorio, que constituye una de las garantías estructurales del proceso penal, cuya protección se reconoce por el artículo 24.2 de la Constitución, vinculado al derecho de defensa, al derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a ser informado de la acusación, debe modularse cuando se trate de su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador, de modo que, a diferencia de la trascendencia que tiene en el proceso penal, en este ámbito no comporta que el órgano competente para resolver un expediente sancionador no pueda imponer una sanción, modificando, para ello, la calificación jurídica efectuada por el órgano instructor, siempre que no se base en la consideración de hechos distintos de los hechos determinados en la fase de instrucción (salvo en el supuesto en que se hayan practicado actuaciones complementarias para su concreción definitiva en la ulterior fase decisoria), y se respete el derecho de defensa, en los términos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, (en la actualidad el artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)”.

La Sala aplica esta doctrina al estimar un recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional, que anuló una resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC que había impuesto a Radio Popular SA-COPE tres sanciones de multa de 50.001 euros, cada una, como responsable de la comisión de tres infracciones administrativas de carácter grave, por la emisión de tres comunicaciones radiofónicas que fomentan comportamientos nocivos para la salud, prohibidas en el artículo 18.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. La sentencia recurrida basó su fallo en que dicho órgano había lesionado el principio acusatorio del artículo 24.2 de la Constitución -derecho a ser informado de la acusación- al considerar a Radio Popular SA-COPE responsable de tres infracciones graves, en contra del criterio del instructor del expediente, que había propuesto el archivo de las actuaciones.

El Tribunal Supremo concluye, en cambio, que la resolución impugnada es conforme a derecho y que no ha vulnerado el principio de tipicidad ni el derecho a la presunción de inocencia, puesto que, partiendo de los hechos que el Tribunal de instancia considera probados (que coinciden con los determinados en la resolución impugnada), la valoración de las conductas infractoras, consistentes en la difusión, en la cadena de radio, de campañas publicitarias referidas a la promoción de un vino y de un ron, dadas las circunstancias de las cuñas publicitarias, “es congruente con la prohibición establecida en el artículo 18.3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que prescribe que está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud, en consonancia con la regulación contenida en la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, puesto que los anuncios no contienen advertencias que sirvan para hacer comprender al público en general, y a los menores en particular, potenciales oyentes de los programas deportivos radiofónicos, los efectos nocivos que para la salud produce el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas”.

Asimismo, indica que la sentencia recurrida ha efectuado “una transposición del principio acusatorio tal como se entiende en el proceso penal”, sin introducir las modulaciones requeridas para su aplicación en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, según exige la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto de la aplicación del artículo 24.2 de la Constitución a los procedimientos sancionadores, “porque, aunque ambos son manifestación del «ius puniendi» del Estado, se aprecian diferencias sustanciales entre ambos procedimientos en torno a la naturaleza de los mismos y respecto de las funciones que asumen el órgano instructor y el órgano resolutor del procedimiento sancionador y las facultades que competen al juez instructor y al Tribunal sentenciador”.

Conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como con la del Tribunal Constitucional, en relación con la aplicación del principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores, la Sala concluye que en el caso enjuiciado en este recurso de casación, no resultaba procedente que el Tribunal de instancia declarase la nulidad de las sanciones impuestas, y rechaza que la CNMC hubiese vulnerado el principio acusatorio, tal como debe entenderse protegido en el artículo 24 de la Constitución, puesto que en la tramitación del procedimiento sancionador “se han respetado las garantías procedimentales que se derivan del referido precepto constitucional, ya que se ha preservado el principio de separación entre el órgano instructor y el órgano resolutor, así como el derecho de defensa y el derecho a ser informado de la acusación”.

Por último, rechaza también que la calificación jurídica de los hechos como no constitutivos de infracción administrativa vincule al órgano competente al dictaminar el expediente sancionador, porque supone desapoderarlo para resolver de la potestad sancionadora reconocida en la legislación de carácter sustantiva, que, al regular el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, pretende garantizar la tutela de los bienes jurídicos protegidos.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores

Jue, 11/05/2020 - 12:00

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que “el principio acusatorio, que constituye una de las garantías estructurales del proceso penal, cuya protección se reconoce por el artículo 24.2 de la Constitución, vinculado al derecho de defensa, al derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a ser informado de la acusación, debe modularse cuando se trate de su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador, de modo que, a diferencia de la trascendencia que tiene en el proceso penal, en este ámbito no comporta que el órgano competente para resolver un expediente sancionador no pueda imponer una sanción, modificando, para ello, la calificación jurídica efectuada por el órgano instructor, siempre que no se base en la consideración de hechos distintos de los hechos determinados en la fase de instrucción (salvo en el supuesto en que se hayan practicado actuaciones complementarias para su concreción definitiva en la ulterior fase decisoria), y se respete el derecho de defensa, en los términos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, (en la actualidad el artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)”.

La Sala aplica esta doctrina al estimar un recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional, que anuló una resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC que había impuesto a Radio Popular SA-COPE tres sanciones de multa de 50.001 euros, cada una, como responsable de la comisión de tres infracciones administrativas de carácter grave, por la emisión de tres comunicaciones radiofónicas que fomentan comportamientos nocivos para la salud, prohibidas en el artículo 18.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. La sentencia recurrida basó su fallo en que dicho órgano había lesionado el principio acusatorio del artículo 24.2 de la Constitución -derecho a ser informado de la acusación- al considerar a Radio Popular SA-COPE responsable de tres infracciones graves, en contra del criterio del instructor del expediente, que había propuesto el archivo de las actuaciones.

El Tribunal Supremo concluye, en cambio, que la resolución impugnada es conforme a derecho y que no ha vulnerado el principio de tipicidad ni el derecho a la presunción de inocencia, puesto que, partiendo de los hechos que el Tribunal de instancia considera probados (que coinciden con los determinados en la resolución impugnada), la valoración de las conductas infractoras, consistentes en la difusión, en la cadena de radio, de campañas publicitarias referidas a la promoción de un vino y de un ron, dadas las circunstancias de las cuñas publicitarias, “es congruente con la prohibición establecida en el artículo 18.3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que prescribe que está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud, en consonancia con la regulación contenida en la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, puesto que los anuncios no contienen advertencias que sirvan para hacer comprender al público en general, y a los menores en particular, potenciales oyentes de los programas deportivos radiofónicos, los efectos nocivos que para la salud produce el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas”.

Asimismo, indica que la sentencia recurrida ha efectuado “una transposición del principio acusatorio tal como se entiende en el proceso penal”, sin introducir las modulaciones requeridas para su aplicación en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, según exige la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto de la aplicación del artículo 24.2 de la Constitución a los procedimientos sancionadores, “porque, aunque ambos son manifestación del «ius puniendi» del Estado, se aprecian diferencias sustanciales entre ambos procedimientos en torno a la naturaleza de los mismos y respecto de las funciones que asumen el órgano instructor y el órgano resolutor del procedimiento sancionador y las facultades que competen al juez instructor y al Tribunal sentenciador”.

Conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como con la del Tribunal Constitucional, en relación con la aplicación del principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores, la Sala concluye que en el caso enjuiciado en este recurso de casación, no resultaba procedente que el Tribunal de instancia declarase la nulidad de las sanciones impuestas, y rechaza que la CNMC hubiese vulnerado el principio acusatorio, tal como debe entenderse protegido en el artículo 24 de la Constitución, puesto que en la tramitación del procedimiento sancionador “se han respetado las garantías procedimentales que se derivan del referido precepto constitucional, ya que se ha preservado el principio de separación entre el órgano instructor y el órgano resolutor, así como el derecho de defensa y el derecho a ser informado de la acusación”.

Por último, rechaza también que la calificación jurídica de los hechos como no constitutivos de infracción administrativa vincule al órgano competente al dictaminar el expediente sancionador, porque supone desapoderarlo para resolver de la potestad sancionadora reconocida en la legislación de carácter sustantiva, que, al regular el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, pretende garantizar la tutela de los bienes jurídicos protegidos.

El Tribunal Supremo remite a un Juzgado ordinario la causa abierta a Fernando Valdés tras su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional

Mié, 11/04/2020 - 14:45

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado la remisión al Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid) de la causa abierta a Fernando Valdés ante su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional, que fue comunicada al Supremo en un escrito por el presidente de ese órgano.

En un auto notificado este miércoles, la Sala explica que ha tomado la decisión al constatar que quien estaba siendo investigado en la causa, al renunciar como magistrado del Constitucional, ha perdido la condición de aforado ante el Supremo sin que se hubiese procedido a la apertura de juicio oral y no tratándose de delito cometido en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo que la Sala pierde su competencia para conocer de los hechos y remite las actuaciones al Juzgado de procedencia.

El Tribunal Supremo remite a un Juzgado ordinario la causa abierta a Fernando Valdés tras su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional

Mié, 11/04/2020 - 14:45

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado la remisión al Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid) de la causa abierta a Fernando Valdés ante su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional, que fue comunicada al Supremo en un escrito por el presidente de ese órgano.

En un auto notificado este miércoles, la Sala explica que ha tomado la decisión al constatar que quien estaba siendo investigado en la causa, al renunciar como magistrado del Constitucional, ha perdido la condición de aforado ante el Supremo sin que se hubiese procedido a la apertura de juicio oral y no tratándose de delito cometido en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo que la Sala pierde su competencia para conocer de los hechos y remite las actuaciones al Juzgado de procedencia.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a cobrar una indemnización de 60.000 euros del Estado a una mujer que pasó 579 días en prisión y después fue absuelta

Vie, 10/30/2020 - 14:15

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 60.000 euros del Estado a una mujer que pasó 579 días en prisión preventiva en una cárcel de Melilla, acusada del homicidio de su bebé recién nacido, y que después fue absuelta.

Un juzgado de Melilla acordó la prisión preventiva de la joven por un presunto delito de homicidio el 27 de diciembre de 2012 hasta el 28 de julio de 2014. Tras ser puesta en libertad, se le impuso una comparecencia “apud acta” semanal que después pasó a ser quincenal. Un Tribunal del Jurado de Málaga la condenó por un delito de homicidio. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenó repetir el juicio. En el segundo juicio la mujer fue condenada a dos años y medio de prisión por otro Tribunal del Jurado por un delito de homicidio imprudente. El fallo fue confirmado por el TSJA, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo anuló al estimar el recurso de casación de la mujer y acordar su absolución por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al no estar adecuadamente probado que la muerte del bebé se produjera por la conducta omisiva de la acusada.

La joven solicitó una indemnización de 400.000 euros al Ministerio de Justicia por el tiempo que pasó en prisión preventiva de forma indebida. Su petición fue denegada; decisión que fue confirmada posteriormente por la Audiencia Nacional. Disconforme con dicha decisión, recurrió ante el Tribunal Supremo que en esta sentencia estima su recurso.

La Sala ratifica su doctrina en relación con la responsabilidad patrimonial por prisión indebida y estima el recurso de casación planteado por la mujer contra la sentencia recurrida. En cuanto a la cuantificación de la indemnización, no accede a la petición de la recurrente que la había cifrado en 400.000 euros, sin especificar cantidades concretas en función de los diferentes conceptos en los que basaba su solicitud: 579 días en prisión, comparecencias “apud acta”, daños sufridos por su madre y su compañero sentimental, daños morales sufridos por la recurrente como consecuencia de la condena inicial por un delito tan grave seguida de un proceso depresivo y la necesidad de desplazarse a Málaga por la presión social y mediática en Melilla.

El tribunal concluye que sí deben de ser indemnizados los daños causados por la situación de prisión provisional, pero excluye dos de los perjuicios que reclamaba -los causados a su entorno familiar y las comparecencias “apud acta” Así, ponderando las circunstancias personales y familiares del recurrente considera procedente fijar la indemnización en 60.000 euros, más el interés legal desde la fecha de la reclamación.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a cobrar una indemnización de 60.000 euros del Estado a una mujer que pasó 579 días en prisión y después fue absuelta

Vie, 10/30/2020 - 14:15

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 60.000 euros del Estado a una mujer que pasó 579 días en prisión preventiva en una cárcel de Melilla, acusada del homicidio de su bebé recién nacido, y que después fue absuelta.

Un juzgado de Melilla acordó la prisión preventiva de la joven por un presunto delito de homicidio el 27 de diciembre de 2012 hasta el 28 de julio de 2014. Tras ser puesta en libertad, se le impuso una comparecencia “apud acta” semanal que después pasó a ser quincenal. Un Tribunal del Jurado de Málaga la condenó por un delito de homicidio. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenó repetir el juicio. En el segundo juicio la mujer fue condenada a dos años y medio de prisión por otro Tribunal del Jurado por un delito de homicidio imprudente. El fallo fue confirmado por el TSJA, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo anuló al estimar el recurso de casación de la mujer y acordar su absolución por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al no estar adecuadamente probado que la muerte del bebé se produjera por la conducta omisiva de la acusada.

La joven solicitó una indemnización de 400.000 euros al Ministerio de Justicia por el tiempo que pasó en prisión preventiva de forma indebida. Su petición fue denegada; decisión que fue confirmada posteriormente por la Audiencia Nacional. Disconforme con dicha decisión, recurrió ante el Tribunal Supremo que en esta sentencia estima su recurso.

La Sala ratifica su doctrina en relación con la responsabilidad patrimonial por prisión indebida y estima el recurso de casación planteado por la mujer contra la sentencia recurrida. En cuanto a la cuantificación de la indemnización, no accede a la petición de la recurrente que la había cifrado en 400.000 euros, sin especificar cantidades concretas en función de los diferentes conceptos en los que basaba su solicitud: 579 días en prisión, comparecencias “apud acta”, daños sufridos por su madre y su compañero sentimental, daños morales sufridos por la recurrente como consecuencia de la condena inicial por un delito tan grave seguida de un proceso depresivo y la necesidad de desplazarse a Málaga por la presión social y mediática en Melilla.

El tribunal concluye que sí deben de ser indemnizados los daños causados por la situación de prisión provisional, pero excluye dos de los perjuicios que reclamaba -los causados a su entorno familiar y las comparecencias “apud acta” Así, ponderando las circunstancias personales y familiares del recurrente considera procedente fijar la indemnización en 60.000 euros, más el interés legal desde la fecha de la reclamación.

El Tribunal Supremo confirma la condena de 28 años de prisión a una mujer que asesinó a su pareja y ocultó el cadáver en un bidón que luego tiró al mar

Vie, 10/30/2020 - 12:53

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 28 años de cárcel a una mujer que mató a su pareja sentimental en Telde (Gran Canaria) en 2016, y posteriormente ocultó su cadáver en un bidón que arrojó al mar meses después en Las Palmas, aunque el cuerpo fue luego descubierto en la orilla por un vecino a escasos metros de donde fue lanzado.

El Supremo desestima íntegramente el recurso planteado por la mujer contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de las Palmas en julio de 2019. La mujer fue considerada autora de un delito de asesinato (por lo que recibió 24 años de pena de prisión), un delito de estafa al hombre que luego mató, por vender un vehículo propiedad de él sin su conocimiento ni consentimiento, y otro delito continuado de estafa a los padres de la víctima, a quienes hizo creer cuando su pareja ya estaba muerta que seguía viva, y que ella había dado a luz a gemelos hijos de ambos.

La familia, a quien la acusada remitía whatsapps haciéndose pasar por el fallecido, le remitió dinero, creyendo que uno de los dos niños cuyo nacimiento se había inventado tenía problemas cardíacos, según les había contado la ahora condenada, que tendrá que indemnizar a los padres con 120.000 euros a cada uno. Meses antes del asesinato, la mujer había engañado a su pareja contándole que estaba embarazada de los dos niños, y fue cuando se aproximaba la fecha en que debía producirse el parto del embarazo que no existía y después de haberle estafado con la venta de su furgoneta sin decírselo, cuando decidió acabar con su vida, según los hechos probados de la sentencia.

En su recurso al Supremo, la mujer sostenía que el día de la muerte tuvo una discusión con la víctima, a quién empujó y que él se cayó golpeándose con el escalón del baño y quedando inconsciente. Que ella lo dejó así y se fue, volviendo unos días después y encontrándolo, ya muerto, en la misma posición. “Esta versión –indica el Supremo-- debe ser rechazada pues no resulta compatible con la existencia de lesiones causadas con arma blanca. Además, carece de cualquier lógica que las mismas se causaran estando ya muerto (el hombre). La única conclusión razonable es que se le causaron cuando estaba vivo. Y resulta poco creíble que la recurrente intentara hacer desaparecer el cadáver si la muerte se había debido, como afirma, a un accidente o a una acción desafortunada”.

En cuanto al carácter sorpresivo del ataque, la Sala explica que “la inexistencia de signo alguno de la existencia de una fuerte discusión o de señales de defensa, más allá de la reacción prácticamente instintiva de cubrirse al ser atacado con un arma, y la conducta de la recurrente tras el fallecimiento, más congruente con un ataque premeditado que con una reacción explosiva, conducen a afirmar que la inexistencia de defensa se debe al carácter sorpresivo del ataque”.

También descarta la consideración de la recurrente de que no está probado que la muerte se causara para ocultar otro delito. “Es cierto que resulta objetivamente desproporcionado causar la muerte de una persona solamente para ocultar una estafa por un importe de 500 euros. Sin embargo, del hecho probado surge que la recurrente pretendía ocultar más de un aspecto. No solo que estaba vendiendo un vehículo que, al parecer, el fallecido apreciaba más allá de lo habitual, sino también que lo había engañado al decirle que estaba embarazada de gemelos, cuando se aproximaba la fecha establecida para el parto. La ocultación de la venta del vehículo no era, pues, la única razón de su comportamiento, pero sí era una de ellas. En definitiva, lo que la recurrente pretendía ocultar era una situación creada por ella misma más allá de la realidad, dentro de la cual estaba la venta del vehículo. Y el precepto no exige que sea grave el delito que se pretende ocultar”.

El Tribunal Supremo confirma la condena de 28 años de prisión a una mujer que asesinó a su pareja y ocultó el cadáver en un bidón que luego tiró al mar

Vie, 10/30/2020 - 12:53

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 28 años de cárcel a una mujer que mató a su pareja sentimental en Telde (Gran Canaria) en 2016, y posteriormente ocultó su cadáver en un bidón que arrojó al mar meses después en Las Palmas, aunque el cuerpo fue luego descubierto en la orilla por un vecino a escasos metros de donde fue lanzado.

El Supremo desestima íntegramente el recurso planteado por la mujer contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de las Palmas en julio de 2019. La mujer fue considerada autora de un delito de asesinato (por lo que recibió 24 años de pena de prisión), un delito de estafa al hombre que luego mató, por vender un vehículo propiedad de él sin su conocimiento ni consentimiento, y otro delito continuado de estafa a los padres de la víctima, a quienes hizo creer cuando su pareja ya estaba muerta que seguía viva, y que ella había dado a luz a gemelos hijos de ambos.

La familia, a quien la acusada remitía whatsapps haciéndose pasar por el fallecido, le remitió dinero, creyendo que uno de los dos niños cuyo nacimiento se había inventado tenía problemas cardíacos, según les había contado la ahora condenada, que tendrá que indemnizar a los padres con 120.000 euros a cada uno. Meses antes del asesinato, la mujer había engañado a su pareja contándole que estaba embarazada de los dos niños, y fue cuando se aproximaba la fecha en que debía producirse el parto del embarazo que no existía y después de haberle estafado con la venta de su furgoneta sin decírselo, cuando decidió acabar con su vida, según los hechos probados de la sentencia.

En su recurso al Supremo, la mujer sostenía que el día de la muerte tuvo una discusión con la víctima, a quién empujó y que él se cayó golpeándose con el escalón del baño y quedando inconsciente. Que ella lo dejó así y se fue, volviendo unos días después y encontrándolo, ya muerto, en la misma posición. “Esta versión –indica el Supremo-- debe ser rechazada pues no resulta compatible con la existencia de lesiones causadas con arma blanca. Además, carece de cualquier lógica que las mismas se causaran estando ya muerto (el hombre). La única conclusión razonable es que se le causaron cuando estaba vivo. Y resulta poco creíble que la recurrente intentara hacer desaparecer el cadáver si la muerte se había debido, como afirma, a un accidente o a una acción desafortunada”.

En cuanto al carácter sorpresivo del ataque, la Sala explica que “la inexistencia de signo alguno de la existencia de una fuerte discusión o de señales de defensa, más allá de la reacción prácticamente instintiva de cubrirse al ser atacado con un arma, y la conducta de la recurrente tras el fallecimiento, más congruente con un ataque premeditado que con una reacción explosiva, conducen a afirmar que la inexistencia de defensa se debe al carácter sorpresivo del ataque”.

También descarta la consideración de la recurrente de que no está probado que la muerte se causara para ocultar otro delito. “Es cierto que resulta objetivamente desproporcionado causar la muerte de una persona solamente para ocultar una estafa por un importe de 500 euros. Sin embargo, del hecho probado surge que la recurrente pretendía ocultar más de un aspecto. No solo que estaba vendiendo un vehículo que, al parecer, el fallecido apreciaba más allá de lo habitual, sino también que lo había engañado al decirle que estaba embarazada de gemelos, cuando se aproximaba la fecha establecida para el parto. La ocultación de la venta del vehículo no era, pues, la única razón de su comportamiento, pero sí era una de ellas. En definitiva, lo que la recurrente pretendía ocultar era una situación creada por ella misma más allá de la realidad, dentro de la cual estaba la venta del vehículo. Y el precepto no exige que sea grave el delito que se pretende ocultar”.

El Tribunal Supremo confirma la pena de prisión permanente revisable a un hombre que asesinó a la hija de su pareja en Alzira (Valencia)

Jue, 10/29/2020 - 13:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable impuesta a un hombre que asesinó a la hija de su mujer, que tenía dos años de edad, en su domicilio de Alzira (Valencia), después de que esta le anunciara que iba a divorciarse de él.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que confirmó la citada pena de prisión dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y un delito de lesiones.

En su sentencia, afirma la existencia de prueba que acredita que cuando ocurrieron los hechos el acusado no presentaba enfermedad alguna que alterara su capacidad y su voluntad, en contra de lo que se sostiene en el recurso. Así, indica que la prueba tenida por válida por el jurado es la del “informe médico forense que de manera clara asevera que al momento de los hechos el acusado no presentaba enfermedad que alterara sus facultades intelectivas y volitivas”, por lo que postular vía casacional que debe optarse por la referencia de otra pericial no tiene cabida sin más en la vía del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala considera que no se demuestra con claridad y de modo definitivo e irrevocable que, a la fecha de los hechos, el recurrente padeciera enfermedad psíquica con afectación de sus facultades mentales, pues la doctora que en su informe indicó que, si bien a los 19 meses de su ingreso en prisión se le detectó esquizofrenia paranoide, también manifestó que no puede decir la fecha de inicio de la enfermedad. “Las demás periciales médicas, complementadas por pruebas testificales, -según la sentencia- sustentan la tesis contraria, la asumida por el Jurado y ratificada en la sentencia impugnada: que el acusado no padecía enfermedad psíquica con afectación de las bases psicobiológicas de la imputabilidad apreciable al momento de los hechos”.

Del mismo modo, la Sala rechaza el segundo motivo del recurso en relación con la inaplicación de la atenuante analógica de alteración psíquica.

 

El Tribunal Supremo confirma la pena de prisión permanente revisable a un hombre que asesinó a la hija de su pareja en Alzira (Valencia)

Jue, 10/29/2020 - 13:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable impuesta a un hombre que asesinó a la hija de su mujer, que tenía dos años de edad, en su domicilio de Alzira (Valencia), después de que esta le anunciara que iba a divorciarse de él.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que confirmó la citada pena de prisión dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y un delito de lesiones.

En su sentencia, afirma la existencia de prueba que acredita que cuando ocurrieron los hechos el acusado no presentaba enfermedad alguna que alterara su capacidad y su voluntad, en contra de lo que se sostiene en el recurso. Así, indica que la prueba tenida por válida por el jurado es la del “informe médico forense que de manera clara asevera que al momento de los hechos el acusado no presentaba enfermedad que alterara sus facultades intelectivas y volitivas”, por lo que postular vía casacional que debe optarse por la referencia de otra pericial no tiene cabida sin más en la vía del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala considera que no se demuestra con claridad y de modo definitivo e irrevocable que, a la fecha de los hechos, el recurrente padeciera enfermedad psíquica con afectación de sus facultades mentales, pues la doctora que en su informe indicó que, si bien a los 19 meses de su ingreso en prisión se le detectó esquizofrenia paranoide, también manifestó que no puede decir la fecha de inicio de la enfermedad. “Las demás periciales médicas, complementadas por pruebas testificales, -según la sentencia- sustentan la tesis contraria, la asumida por el Jurado y ratificada en la sentencia impugnada: que el acusado no padecía enfermedad psíquica con afectación de las bases psicobiológicas de la imputabilidad apreciable al momento de los hechos”.

Del mismo modo, la Sala rechaza el segundo motivo del recurso en relación con la inaplicación de la atenuante analógica de alteración psíquica.

 

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