Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestima la suspensión cautelar de la sanción impuesta a una juez

Vie, 01/24/2020 - 13:16

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha acordado que no ha lugar a la suspensión cautelar de la sanción de 7 meses y 1 día de suspensión de funciones impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a la jueza P.D.L. por una falta muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Supremo rechaza la suspensión cautelar pedida por la jueza, que ponía de manifiesto que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares.

La Sala contesta que, “ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia”.

Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, destaca que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones. “No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales”, dice el auto.

El Tribunal Supremo desestima la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral Central de dejar sin efecto el acta de diputado del Parlament de Cataluña de Joaquim Torra

Jue, 01/23/2020 - 13:55

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha decidido hoy desestimar la medida cautelar de suspensión del acuerdo de la Junta Electoral Central, del pasado 3 de enero, que dejó sin efecto la credencial de diputado del Parlamento de Catalunya de Joaquim Torra, mientras resuelve sobre el fondo del recurso de Torra contra el citado acuerdo.

Se adjunta el auto y nota informativa de la Sala que señala las razones de la decisión.

El Tribunal Supremo considera delito de falsedad en documento oficial la manipulación de los tacógrafos para sortear controles policiales y administrativos

Mié, 01/22/2020 - 14:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que constituye delito de falsedad en documento oficial, en la modalidad de simulación, la manipulación fraudulenta del tacógrafo de un vehículo con la finalidad de falsear los registros de dicho instrumento para eludir los controles policiales y administrativos.

El tribunal afirma que los registros del tacógrafo son documentos oficiales que tienen efectos jurídicos-penales. Así, señala que la información almacenada en la memoria interna del tacógrafo constituye un documento electrónico y los recibos o tickets que se expiden para obtener la información registrada son copias del citado documento, por lo que la naturaleza oficial del documento resulta indiscutible y su reconocimiento es admisible a dichos efectos.

La Sala indica que “no cabe duda que el tacógrafo puede cumplir otras funciones, como contribuir a un control empresarial interno sobre la actividad de los conductores, pero se trata de utilidades complementarias que no están en la génesis de las leyes y normas administrativas que han establecido la obligatoriedad del tacógrafo. Este instrumento y sus mediciones no tienen más finalidad que el control policial y administrativo de ahí que los documentos que genera deban ser reputados documentos oficiales”.

Por tanto, según la sentencia, “cuando la manipulación no tiene más finalidad que se registren datos incorrectos para sortear los controles administrativos, que será el supuesto más frecuente en la práctica, la naturaleza oficial del documento resulta indiscutible”.

La Sala condena a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1080 euros por un delito de falsedad documental, en la modalidad de simulación, a un camionero que colocó un imán en la parte metálica del sensor de movimiento del tacógrafo, que generaba registros de inactividad cuando en realidad estaba en funcionamiento.

El tribunal estima el recurso de casación planteado por el Ministerio Fiscal y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona que absolvió al camionero al entender que la emisión de un ticket por un tacógrafo previamente manipulado no constituye un supuesto de simulación documental, sino de falsedad ideológica no punible al afectar a un documento privado y no producir un perjuicio a tercero. En cambio, el juzgado de lo Penal nº 5 de Girona sí había condenado al acusado como autor de un delito de falsedad por simulación por considerar que el documento emitido por el tacógrafo era un documento simulado y que podía ser calificado a efectos penales como documento oficial, puesto que tenía como finalidad incorporarse a un expediente administrativo y dar lugar a resoluciones de este tipo.

Ahora el Tribunal Supremo, en esta sentencia, con ponencia del magistrado Eduardo de Porres, fija criterio debido a la existencia de sentencias contradictorias en las Audiencias Provinciales sobre esta cuestión. Los magistrados concluyen que en el caso planteado se produjo un delito de falsedad documental, sancionable penalmente conforme al artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2º del mismo texto legal.  Este último artículo describe como una de las modalidades del delito de falsedad documental “simular un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad”.

Según su propia doctrina –afirma la Sala- constituye falsedad la simulación consistente en la completa creación “ex novo” de un documento con datos inveraces y relativos a un negocio o a una realidad cuya existencia se pretende simular y que no existe en modo alguno.

Por ello concluye que “la instalación de un mecanismo (imán) en un tacógrafo tiene como efecto el que los datos de registro fundamentales del aparato sean necesariamente falsos en sus aspectos esenciales. Se produce la creación ex novo de un documento que induce a error sobre su autenticidad objetiva al reflejar unos datos de registro, precisamente aquellos que justifican la propia existencia del tacógrafo, absolutamente falsos y distintos de los reales. La previa manipulación del tacógrafo determina que todo el documento generado sea falso, porque expresa una realidad inexistente, con afectación directa de la función probatoria del documento en cuestión”, subraya la Sala.

El tribunal señala que como recoge con acierto la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2009 las manipulaciones del tacógrafo más habituales “consisten en impedir de algún modo que la señal generada por los giros de la caja de cambios transmitidos por el emisor de impulsos eléctricos que se coloca en la misma, sea recibida por la VU, con lo que se genera la falsa apariencia de que el vehículo se encuentra en descanso aunque se halle en movimiento. En el tacógrafo digital de este modo se crea un documento previamente inexistente, ya que la actuación manipuladora sobre la VU genera registros o datos electrónicos nuevos y totalmente ficticios”.

El Tribunal Supremo fija que el consentimiento de la víctima de violencia de género en cuyo favor se fija una prohibición de acercamiento como pena no es atenuante

Mar, 01/21/2020 - 14:30

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado en una sentencia que el consentimiento de la persona en cuyo favor se fija como condena una prohibición de acercamiento no es idóneo para sustentar una atenuante analógica. El TS desestima el recurso de un hombre condenado por quebrantar la prohibición de acercamiento a su pareja que tenía impuesta por haberla amenazado de manera continuada con anterioridad.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Ferrer, destaca que “el cumplimiento de una pena o medida cautelar impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que las mismas se orienten a la protección de aquella”.

Así, recuerda que “la necesidad de proteger de manera efectiva a quienes son víctimas de la violencia de género emerge hoy como un interés colectivo indisponible, que ha desembocado en todo un esquema legal orientado a tal fin, y que desde esta perspectiva ha sido interpretado por esta Sala”.
Según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada, el 13 de febrero de 2015, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1 de Alcalá de Henares (Madrid) condenó al acusado como autor de un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género, a penas, entre otras, de 5 meses de prisión, con prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de quien había sido su pareja sentimental, a su persona, domicilio o cualquier lugar en el que se encontrase, y prohibición de comunicar con ella, ambas prohibiciones por tiempo de 16 meses.

El mismo 13 de febrero de 2015 la sentencia se declaró firme y el acusado fue requerido de cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación y de comunicación desde ese mismo día siendo advertido de que, en caso de incumplimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de condena castigado con pena privativa de libertad, estableciéndose, al efectuar la liquidación de condena, que estas penas se extinguían por cumplimiento el 6 de junio de 2016.

En la misma fecha de 13 de febrero de 2015, a solicitud de la defensa, se acordó por el mismo Juzgado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta condicionada a que el condenado no delinquiera en el plazo de dos años y a que cumpliera dentro del mismo plazo, entre otras, las obligaciones y deberes de prohibición de aproximarse a su pareja en un radio de 500 metros o comunicarse con ella, siendo expresamente advertido de que el incumplimiento de tales obligaciones supondría la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, sin posibilidad de nueva prórroga.

Pese a ello, durante el período de cumplimiento de las referidas penas, sobre las 10,15 horas del 26 de diciembre de 2015, “con ánimo de menoscabar el principio de autoridad. conociendo la existencia y vigencia de dichas penas, el acusado se encontraba alojado, en compañía de (su pareja, la mujer a quien tenía prohibido aproximarse)” en un hotel de Madrid, donde fue detenido.

El recurrente entendía que de los términos de ese relato se deducía que existió consentimiento de la que había sido pareja del acusado, a quien tenía prohibido acercarse, lo que ampararía un atenuante de acuerdo a criterios de las audiencias provinciales de Vizcaya o Sevilla.

En primer lugar, la Sala indica que su jurisprudencia es unívoca desde un Pleno no jurisdiccional celebrado enero de 2008, al considerar que “el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468.2 del Código Penal (delito de quebrantamiento de condena)”.

En línea con ello, añaden los magistrados, claudica cualquier posibilidad de anclar en el consentimiento de la persona que, además de la condenada, se ve afectada por alguna de las prohibiciones de acercamiento en su condición del víctimas del delito generador de las mismas, la “análoga significación” que faculta la construcción de una atenuante. Todo ello sin perjuicio de que pueda ser un factor a tomar en cuenta a la hora de individualizar la pena.

 

El Tribunal Supremo confirma la pena de cinco años de cárcel a una técnico de laboratorio de un hospital de Zaragoza que creó falsos positivos de tuberculosis

Vie, 01/17/2020 - 13:50

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 5 años de prisión para una técnico superior de laboratorio del hospital universitario Miguel Servet, de Zaragoza, por delitos de riesgo y de falsedad en documento público, por haber manipulado muestras del centro médico mediante la inoculación de líquido procedente de una cepa de tuberculosis, que originaron falsos positivos en dicha enfermedad a varios pacientes. La mujer actuó movida por el resentimiento y despecho derivados de haber sido cambiada de puesto de trabajo, según la sentencia de la Audiencia de Zaragoza ratificada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como ahora por el Supremo

La mujer, cuyo recurso de casación rechaza íntegramente el Supremo, deberá indemnizar al Servicio Aragonés de Salud en 8.473 euros por gastos derivados del delito, y a cinco pacientes en cantidades que oscilan entre los 150 y los 1.210 euros, por daños morales.

El alto tribunal destaca que el TSJ de Aragón ha respetado escrupulosamente las pruebas y descarta que “las plurales coincidencias que confluyen señalando unívocamente a la recurrente sean fruto de una casualidad o de una confabulación tramada, sin motivo aparente alguno, por algunos de sus colegas”. “Los indicios, conectados entre sí, son concluyentes”, afirma.

Maldad extrema y quebranto de las normas más elementales de deontología

Asimismo, el Supremo destaca que la Audiencia de Zaragoza argumentó motivadamente la imposición de la pena máxima (2 años de prisión) prevista para el delito de riesgo. Así, recuerda el argumento de dicha Audiencia: “No se considera procedente otra pena inferior en extensión en atención a la extraordinaria gravedad objetiva de los hechos y la maldad extrema puesta de manifiesto por la acusada, que con su actuación puso en riesgo de contagio de tuberculosis a las personas que desarrollaban su trabajo en la Sección de Micobacterias y quebrantó las normas más elementales de ética y deontología profesional en un ámbito tan esencial como la sanidad pública”.

El Tribunal Supremo valida como prueba la grabación de las cámaras de videovigilancia durante el atraco a una joyería

Jue, 01/16/2020 - 14:14

La Sala de lo Penal ha validado como prueba el uso de las grabaciones realizadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior de una joyería de San Bartolomé de Tirajana (Canarias) para confirmar la condena a 12 años de prisión impuesta a un hombre que en un atraco a dicho comercio robó joyas por valor de más de 600.000 euros y dejó malherido al joyero después de darle una paliza. También ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión impuesta a su pareja que, además de ser grabada por las cámaras realizando labores de vigilancia, vendió algunas de las joyas robadas en dos establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria.

La Sala desestima los recursos de casación planteados por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmó dichas penas de prisión, dictadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, por un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso medial con un delito de robo con violencia, en el caso de él, y por un delito de robo con violencia, en el caso de ella.

Una de las pruebas utilizadas en la investigación policial fueron las grabaciones de las cámaras de grabación existentes en la joyería y otros adyacentes que tomaron imágenes de los condenados en las inmediaciones del comercio para preparar el atraco.

El tribunal considera que la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entorno seguro de comercios o establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es delito –como ocurrió en este caso- no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen, en contra de lo que alega el recurrente en su recurso.

En el presente caso, -explica la Sala- se trata de cámaras de videovigilancia instaladas en las puerta del establecimiento comercial por el dueño de los mismos, que “en ningún caso invade espacios o entornos privados por lo que no se vulnera ni el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni el derecho a la intimidad, sin que dichos derechos puedan considerarse afectados cuando la grabación de la cámara colocada en la puerta comprende el espacio circundante imprescindible para los fines de vigilancia”.

Entiende que si estas filmaciones se realizan de forma regular pueden tener el mismo valor probatorio o incluso más que el del testigo humano. "Su valor como elemento acreditativo de lo acaecido sitúa la grabación videográfica del suceso más cerca de la prueba directa que de la consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, no cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como una suerte de testimonio mecánico y objetivo de un suceso, con entidad probatoria similar -o incluso, superior, al quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad del testimonio personal- a la del testigo humano").

Además, el tribunal señala que el derecho de acceso a estas imágenes se referirá con respecto al que precisen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces y tribunales. Por ello, afirma que no puede alegarse una desproporción en el uso del contenido de las imágenes obtenidas en las cámaras de grabación instaladas con arreglo a la protección de datos y a la regulación específica en la materia, y, como se ha expuesto, por razones de prevención del delito.

“No existe, por ello, una invasión de un derecho constitucional como el de la propia imagen capaz de conseguir una nulidad de la prueba obtenida por el simple hecho de que la imagen de una persona encausada o investigada en una fase previa de investigación policial, y, luego, en el proceso penal se ha obtenido con el tratamiento de los datos realizados a instancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una cámara de grabación instalada con arreglo a la Ley de protección de datos. Precisamente, el tratamiento de sus datos es legítimo y correcto su uso adecuado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en consecuencia, ello no provoca una injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen capaz de afectar a la materia probatoria del proceso penal”, concluyen los magistrados.

La sentencia recuerda que la videovigilancia en las zonas comunes de los llamados espacios intermedios, como cafeterías, comercios, zonas de tránsito público de las urbanizaciones, puede considerarse constitucionalmente legítima. No se trata de una invasión privada, según la sentencia, sino de zonas abiertas al público con radio de acción de la cámara “en el núcleo de acceso al comercio con objetivo de seguridad y preventivo. Evidentemente, el perjuicio a la imagen no existe si no se comete un delito, como en este caso ocurre y se precisa por las Fuerzas y Cuerpos y seguridad del Estado la visualización de imágenes de personas sospechosas de la participación en el delito cometido, que es lo que en este caso ocurrió”.

La sentencia explica que la posibilidad de instalar las cámaras de seguridad y vigilancia en comercios que den lo indispensable en el arco de la seguridad de acceso al establecimiento está avalado en un estudio de la Agencia de Protección de Datos - informe Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades-, que respalda que “será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicas o de infraestructuras vinculadas al transporte. Gran parte de la actividad de los ciudadanos se desarrolla en espacios que admiten el acceso al público en general, como centros comerciales, restaurantes, lugares de ocio o aparcamientos. Nos referimos a lugares a los que los ciudadanos pueden tener libre acceso aunque sean de propiedad privada, en los que sus titulares utilizan los sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones”.

La Sala indica que resulta evidente “el interés público de la seguridad ante el que no se puede pretender alegar el propio de la imagen cuando se ha participado en un hecho delictivo, como aquí consta probado, y la imagen de las personas que han intervenido se ha captado por la cámara de un comercio instalada en razones de prevención del delito en su núcleo de acción”.

 

Los trienios de los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT deben calcularse sobre toda la duración de la relación laboral

Mar, 01/14/2020 - 14:40

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el cálculo de la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos de la Agencia Estatal Administración Tributaria (AEAT) a efectos de promoción económica (trienios) y a efectos de promoción profesional, debe realizarse sobre toda la duración de la relación laboral y no únicamente sobre el tiempo de prestación efectiva de servicios.

El tribunal aplica el auto del Tribunal de Justicia de la UE, de 15 de octubre de 2019, referido a dos trabajadoras fijas discontinuas de la AEAT, y cambia su doctrina en esta materia, que había considerado, al estudiar el convenio colectivo del personal laboral de la AEAT, que los trienios de los fijos discontinuos se calculasen sobre el tiempo efectivo de prestación de servicios.

El TJUE fijó que el Acuerdo Marco comunitario sobre trabajadores a tiempo parcial debía interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, los períodos no trabajados del cálculo de la antigüedad requerida para adquirir el derecho a un trienio. Además señalaba que la citada normativa constituía una discriminación indirecta ya que resulta aplicable mayoritariamente a las trabajadoras, que constituyen el grupo principal de trabajadores fijos discontinuos de la AEAT.

Ahora, el Supremo aplica el nuevo criterio y da la razón a otra trabajadora de la AEAT, declarando que no procede entender que a los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT se les computa, a efectos de derechos económicos y de promoción profesional, únicamente el tiempo efectivamente trabajado, sino que ha de tenerse en cuenta todo el tiempo de duración de la relación laboral.

“De no seguirse esta interpretación se produciría una diferencia de trato peyorativa para los trabajadores a tiempo parcial -fijos discontinuos- en relación con los trabajadores a tiempo completo ya que, ante un mismo periodo de prestación de servicios, los segundos devengarían un trienio al transcurrir tres años, en tanto a los primeros se les tendría en cuenta, no la duración de la relación laboral, sino el tiempo de servicios efectivamente prestados”, explica la resolución.

Asimismo, teniendo en cuenta que el porcentaje de trabajadoras que prestan sus servicios en la AEAT es muy superior al de trabajadores -un 78,09 % de mujeres y un 21,91 % de hombres, proporción que se mantiene estable con respecto a los años anteriores- es evidente que la aparentemente neutra regulación convencional afecta mayoritariamente a las trabajadoras, por lo que no cabe una aplicación literal del artículo 67 del Convenio para regular la antigüedad de los trabajadores ya que entraña una discriminación indirecta para las trabajadoras.

El Tribunal Supremo confirma la pena de más de 13 años prisión a un hombre que maltrató y obligó a abortar a su pareja en Ciudad Real

Lun, 01/13/2020 - 15:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 13 años y 11 meses de prisión impuesta a un hombre por maltratar de forma habitual a su pareja y obligarla a abortar en contra de su voluntad en una clínica de Ciudad Real en 2012.

El tribunal desestima todos los motivos del recurso de casación planteados por el recurrente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que le impuso la citada pena de prisión por dos delitos de maltrato (uno sin lesiones y otro habitual cometido en domicilio común), dos delitos de lesiones y un delito de aborto, con la agravante de parentesco, apreciando en todos ellos la atenuante de dilaciones indebidas. La sentencia recurrida impuso al recurrente el pago de una indemnización a la víctima, en concepto de responsabilidad civil, de 103.304 euros, además de la prohibición de comunicar por cualquier medio con ella y de acercarse a una distancia inferior a 500 metros durante un tiempo determinado.

La Sala desestima también el recurso de casación interpuesto por la víctima y en el que interesaba que se declarase la indebida aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, elevando las penas impuestas en todos los delitos. Del mismo modo, rechaza el motivo en que reclamaba que se condenase al recurrente por un delito del artículo 149.1 del Código Penal (lesiones de grave enfermedad somática y psíquica causadas a la víctima) del que fue absuelto el acusado.

La sentencia recurrida consideró probado que desde el inicio de la relación el condenado fue de forma progresiva aumentando las actuaciones, frases, expresiones y palabras con una clara intención de menospreciar, humillar, anular, denigrar a la víctima, que se vio absoluta y totalmente vejada y sometida a los deseos del recurrente. Incluso llegó a rociarla de gasolina, a taparle su cabeza con una bolsa impidiendo su respiración, a sacarla al balcón desnuda o a asomar su cabeza a un pozo, además de propinarle patadas, golpes y bofetones. Tras quedarse embarazada, la obligó a abortar y, pese a que ella quería tener un hijo, decidió hacerlo por el pánico que tenía al acusado. Según los hechos probados, convirtió la vida de la mujer en un auténtico horror y la convivencia en un infierno, sometida de continuo a los deseos del acusado.

El presidente del Tribunal Supremo remite al del Parlamento Europeo la solicitud de suplicatorio de Carles Puigdemont y Antoni Comín

Lun, 01/13/2020 - 14:40

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido hoy al del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, la solicitud de suplicatorio de suspensión de inmunidad relativa a los miembros de esta Cámara legislativa Carles Puigdemont y Antoni Comín instada por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’ en el alto tribunal, así como testimonio de distintas resoluciones acordadas en ese procedimiento y de la sentencia de la Sala Segunda dictada en la causa especial 20907/2017.

El Tribunal Supremo considera delito las ‘llamadas perdidas’ a víctimas de violencia de género si el agresor tiene la prohibición de comunicarse con ella

Lun, 01/13/2020 - 13:30

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que la llamada realizada al teléfono de una víctima de violencia de género por quien tiene prohibido comunicarse con ella, aunque no fuera atendida por ésta, constituye un delito de quebrantamiento de condena, siempre que quede registrada y sea posible saber quién la efectuó, ya que la víctima es consciente de la existencia de la llamada perturbadora de su tranquilidad y que amenaza su seguridad.

Para la Sala se trata de “una forma de contacto escrito equivalente a un mensaje que se hubiera remitido a la persona destinataria de la llamada haciendo constar que ésta se ha efectuado; incluso aunque tenga lugar de forma automática, ejecutada por el propio sistema, se trata de un mensaje en el que se pone en conocimiento del destinatario que se le ha efectuado una llamada desde un determinado terminal. El sistema de los terminales telefónicos, que cualquiera conoce, funciona así de forma automática proporcionando esa información. De manera que el mero hecho de llamar, cuando es posible identificar la procedencia, ya supone en esos casos un acto consumado de comunicación”.

Por ello, concluye que en los casos en los que se efectúe una llamada al teléfono de la persona protegida por la medida o pena de prohibición, y esta no la atienda, "el delito quedará consumado si ha sido efectiva la comunicación de la existencia de esa misma llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación".

El tribunal explica que cualquier terminal móvil, e incluso la mayoría de los de línea fija, refleja en su pantalla el número desde el que se hace la llamada, y, en caso de que no sea atendida, aparece en el registro del teléfono como llamada perdida, constando la hora y el número de procedencia.

La Sala desestima el recurso de casación planteado por un hombre que fue condenado a un año de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia, tras haber llamado al teléfono de su expareja, pese a que tenía en vigor una prohibición de comunicar con ella por cualquier medio. La llamada no fue atendida por la mujer pero quedó registrada y fue posible saber quién la efectuó. La Audiencia Provincial de las Palmas confirmó dicha condena que le impuso el juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario.
En su recurso, alegaba la indebida aplicación del artículo 468.2 del Código Penal -delito de quebrantamiento de condena- que a su juicio no se consumó puesto que en la llamada telefónica, al no ser atendida por su expareja, no se entabló comunicación.

Por el contrario, la Sala asegura que en este caso sí concurren los elementos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal. Un delito que, como explica la sentencia, “requiere, como tipo objetivo, la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. Y que se ejecute una conducta que implique el incumplimiento de la misma. Como tipo subjetivo, el conocimiento de estos elementos, es decir, que el sujeto sepa que existía tal resolución, así como su contenido, y que sepa, igualmente, que con su forma de actuar está incumpliendo lo que la resolución le impone”. Por lo tanto, -señala el tribunal- el elemento subjetivo no consiste en la intención de incumplir la resolución, sino que basta con conocer que, con la conducta que se ejecuta, se incumple.

Un ataque a la seguridad de la víctima

La Sala indica que no solo es relevante el incumplimiento de la orden emanada de un órgano jurisdiccional, contenida en una sentencia o en otra resolución firme, como una conducta que atenta al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que también ha de valorarse que el quebrantamiento de la medida o de la pena “supone un ataque a la seguridad y a la tranquilidad de la persona a la que se pretende proteger con la resolución en la que se acuerda la medida o se impone la pena”. Por ello, “la perturbación de su tranquilidad y la amenaza a su seguridad” se aprecia desde el momento en que es consciente de la existencia de la llamada efectuada por aquella otra persona a la que se le ha impuesto una prohibición de comunicación.

El tribunal señala que, cuando existe una prohibición de comunicación, ha de tenerse en cuenta que el propio Código dispone en su artículo 48.3 que impide al penado establecer, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal. En dicho artículo -prosigue la Sala- “no se exige un contacto, escrito o verbal, de doble dirección; por lo tanto, no es preciso que encuentre respuesta. Tampoco se establecen límites mínimos al contacto, siendo suficiente con su existencia. Lo que importa es que alguien haga saber algo a otro”.

En el caso estudiado, el hombre había sido condenado, en septiembre de 2016, por delito de lesiones en el ámbito de violencia de género a 9 meses de prisión, 2 años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y 2 años de prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima; en enero de 2017, por delito de impago de pensiones, a una multa, y en junio de 2016, por delito de quebrantamiento a 10 meses de prisión.

La sentencia ahora confirmada le condenó en diciembre de 2017 de nuevo por quebrantamiento de condena en esta ocasión a la pena máxima prevista para ese delito (1 año de cárcel) al considerar realizada la llamada telefónica a su víctima pesando la prohibición de comunicación, así como la aproximación a la mujer a una distancia inferior a 500 metros, lo que también tenía prohibido, al acudir a los Juzgados de Puerto del Rosario cuando sabía que su expareja iba a acudir al mismo acompañando a declarar a un hijo menor de ambos.

 

El instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín y ratifica la orden de detención en territorio español

Vie, 01/10/2020 - 14:00

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés', ha acordado en sendos autos notificados este viernes mantener las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín, así como solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad como eurodiputados de ambos para continuar la tramitación de las euroórdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. En este sentido, comunica a la autoridad de ejecución de dichas euroórdenes en Bélgica que deje sin efecto los plazos para resolver las entregas hasta que la Eurocámara decida sobre los suplicatorios.

Las decisiones del juez instructor se producen tras el periodo de alegaciones que dio a las partes para que se pronunciasen sobre la incidencia en Puigdemont y Comín de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del pasado 19 de diciembre, referida a la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras y al alcance de sus inmunidades.

En primer término, el juez estima los recursos de Puigdemont y Comín contra sus resoluciones de los pasados meses de octubre y noviembre que no les reconocían como eurodiputados basándose en acuerdos al respecto de la Junta Electoral Central. Ahora, de conformidad con la interpretación dada por el TJUE en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, reconoce a los recurrentes las inmunidades y privilegios recogidos en el artículo 9, del Protocolo 7 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), en su condición de miembros del Parlamento Europeo.

Sin embargo, desestima los recursos de ambos en lo que atañe a su pretensión de que se revocasen las correspondientes órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como las órdenes internacionales y europeas para su detención y entrega, que se mantienen vigentes.

Respecto del contenido material de la inmunidad, el juez Llarena recuerda que la sentencia del TJUE expone que los miembros del Parlamento Europeo disfrutan durante su mandato de los privilegios establecidos en párrafo primero del artículo 9 del Protocolo 7 del TFUE, esto es: a) en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país y b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. También gozarán de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este.

En relación a esta última inmunidad de desplazamiento, los autos indican que, a diferencia del procesado Oriol Junqueras, "la situación de prófugos de la justicia en que se encuentran Carles Puigdemont y Antoni Comín conduce a que sus desplazamientos a las sesiones parlamentarias se verifiquen por sí mismos y al margen de cualquier restricción de libertad de este instructor, de manera que ni deben adoptarse medidas judiciales orientadas a que el Parlamento Europeo pueda operar con plena capacidad a la hora de cumplir la función que tiene encomendada, ni resulta preciso interesar la suspensión de la inmunidad para posibilitar una privación de libertad que esté impidiendo la completa constitución de la Cámara".

Su detención e ingreso en prisión en España no requerirá suplicatorio

En segundo lugar, respecto de la inmunidad en lo que hace referencia a su operatividad en el territorio español, el Protocolo 7 del TFUE les atribuye los privilegios reconocidos a los miembros del Parlamento nacional. "Esta remisión --destaca el instructor-- comporta la viabilidad de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión adoptadas con posterioridad al procesamiento de los recurrentes, sin que las mismas estén condicionadas a la petición de suplicatorio o de alzamiento de la inmunidad que les afecta".

Los autos subrayan que tanto la Constitución Española como los reglamentos del Congreso y del Senado establecen que los diputados y senadores no podrán ser 'inculpados ni procesados' sin la previa autorización de la Cámara respectiva, lo que la Sala II del Tribunal Supremo ha interpretado, en auto del pasado 14 de mayo, en el sentido de que no es obligado recabar la autorización parlamentaria respecto de cualquier parlamentario que acceda al cargo después de su procesamiento.

Siguiendo aquella resolución, el instructor destaca que entender que la inmunidad opera más allá del momento procesal literalmente marcado en las normas anteriores supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía, e "implicaría olvidar que la inmunidad protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar y perturbar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado, soportando el ejercicio de la acción penal desde un momento previo a la constitución de las cámaras y a su propia incorporación como miembro de cualquiera de ellas".

De este modo, indican los autos, puesto que los recurrentes fueron procesados por Auto de 21 de marzo de 2018, la inmunidad que alcanzaron el 13 de junio de 2019, con ocasión de su proclamación como miembros electos del Parlamento Europeo, "no impone la solicitud de suplicatorio para la adopción de las medidas adoptadas, menos aún cuando la sentencia del TJUE, en su parte dispositiva de la resolución, contempla la posibilidad de que tales medidas sean mantenidas".

Sin perjuicio, añade el magistrado, que como sugiere la propia Abogacía del Estado en el punto 3.2 de su escrito y así se deriva del contenido de la STJUE, en la hipótesis de que en un futuro los procesados fueran materialmente privados de libertad en España, de considerarse justificado y eficaz mantener su prisión, para realizar determinados actos judiciales cuya omisión imposibilite la prosecución del procedimiento o por otros motivos específicos, poder autorizar la asistencia a distintas reuniones parlamentarias (tal y como el TJUE contempla), siempre que no se hubiera suspendido su inmunidad conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo.

Suspensión de inmunidad para las euroórdenes

Sin embargo, el juez Llarena señala que en lo que atañe a los privilegios que ostentan los miembros del Parlamento Europeo en el territorio de cualquier otro Estado miembro, la letra b) del párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo 7 del TFUE, otorga inmunidad frente a toda medida de detención y frente a toda actuación judicial fuera de España, lo que afecta a las euroórdenes de detención y entrega.

En este aspecto, la inmunidad cuenta con un contenido material directamente definido en el ordenamiento comunitario, cuya superación exige, como se indica en la sentencia del TJUE, solicitar a la mayor brevedad que el Parlamento Europeo suspenda dicha inmunidad, conforme con el artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, indican los autos.

En el auto en el que dirige el suplicatorio al Parlamento Europeo, el instructor defiende la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y Comín destacando un amplio relato de los hechos imputados a ambos. Destaca que esos hechos no guardan relación alguna con actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones como europarlamentarios, ya que los mismos, y los delitos que se consideran de aplicación, "se centran en su actuación en años muy anteriores en el tiempo a la adquisición de su condición de diputados al Parlamento Europeo", lo que haría decaer la finalidad de la inmunidad parlamentaria.

En ese marco, resalta que si la acción judicial que se ejerce en este procedimiento penal no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones de dichos diputados al Parlamento Europeo y no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias, "entonces no se vislumbran indicios de fumus persecutionis, entendidos como elementos de hecho que apunten a que el procedimiento judicial responda a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo".

Deber de cooperación leal recíproco de Eurocámara y Estados

El instructor pone de manifiesto que el principio de cooperación leal no solo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, sino que impone también un deber recíproco de cooperación leal del Parlamento Europeo con el órgano jurisdiccional nacional que debe realizar la aplicación del derecho europeo, y destaca que “el procedimiento judicial no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo”.

En su petición, que acompaña entre otros documentos del auto de procesamiento y de la sentencia a los otros acusados en la causa del 'procés' dictada por el Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre, el instructor indica precisamente que a la vista del enjuiciamiento de otros investigados que realizaron aportaciones equivalentes u homogéneas a las que se atribuyen a los parlamentarios procesados, los hechos que se les atribuyen pueden ser constitutivos, sin perjuicio de su enjuiciamiento definitivo, de un delito de sedición así como de un delito de malversación de fondos públicos.

Con todo ello concluye que los delitos objeto de investigación, conforme al ordenamiento jurídico español, tienen un plazo de prescripción más duradero que el periodo parlamentario para el que han sido nombrados los procesados, de suerte que no sólo puede concluirse que el procedimiento judicial no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo, sino que la inmunidad podría observarse como un privilegio susceptible de instrumentalizarse para eludir eventuales responsabilidades penales ajenas a la actividad del Parlamento, y como un elemento que perjudica el principio de igualdad ante la ley, además del principio de operatividad judicial en un plazo razonable. Elementos de disfunción que se potencian si se considera que otro encausado que no eludió la actuación jurisdiccional y que alcanzó en las elecciones la facultad de asumir una representación parlamentaria, conforme al ordenamiento jurídico del país al que representa, ha visto imposibilitada su contribución al funcionamiento del Parlamento.

Rechazada de plano la recusación

Por otro lado, el juez Llarena inadmite de plano la recusación formulada contra él por Puigdemont y Comin, en dos de los motivos por ser extemporánea y además haber sido desestimados con anterioridad, y en el tercer aspecto, referido a la supuesta falta de imparcialidad del juez por no haber reconocido su inmunidad como eurodiputados en resoluciones de octubre y noviembre pasados, por no ser apreciable en supuestos en los que el instructor puede revisar su decisión como ha sido el caso.

Por último, el juez también contesta a la alegación de Puigdemont y Comin de que no es delictiva la actuación que se les atribuye y que las órdenes de detención no responden a ningún motivo legítimo, aduciendo que tratan de sancionar penalmente unos comportamientos que no son sino el reflejo del legítimo ejercicio de sus derechos. Denuncian que las órdenes carecen de justificación penal y que se asientan en motivos políticos, conclusión que extraen de que los órganos judiciales de los países que dieron curso a las euroórdenes no consideraran preciso abordar ninguna restricción de libertad y de que las euroórdenes se han retirado en dos ocasiones.

El instructor señala al respecto que, "sin perjuicio de que lo evaluado por los Estados de ejecución es el riesgo de que los recurrentes eludan la jurisdicción en sus respectivos territorios, y no el riesgo (ya materializado) de que sorteen la acción de la Justicia española, debe observarse que estas otras alegaciones no vienen referidas a la interpretación sobre la inmunidad parlamentaria que ha realizado el TJUE, sino que consisten en diversos fundamentos con los que reforzar, extemporáneamente, la improcedencia de la orden de detención que defendieron en sus recursos".

La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestima la petición de Joaquim Torra de suspensión cautelarísima del acuerdo de la JEC que dejó sin efecto su acta de diputado del Parlament de Cataluña

Vie, 01/10/2020 - 11:50

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado hoy la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central que dejó sin efecto la credencial de diputado autonómico del Parlamento de Cataluña del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por causa de incompatibilidad derivada de la sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por delito de desobediencia.

El alto tribunal rechaza la petición de medida cautelarísima solicitada por Torra al no apreciar las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, que se hace sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso la Junta Electoral Central, ni al Ministerio Fiscal.

De hecho, la Sala recuerda que viene considerando en múltiples pronunciamientos que la posibilidad de adoptar esas medidas solo existe cuando concurren circunstancias de una urgencia de mayor intensidad que la que resulta exigible para adoptar medidas cautelares ordinarias (en las que sí se escuchan las alegaciones de la parte contraria).

Después de analizar el escrito del recurrente, la Sala indica que a pesar de su extensión, de 94 folios, no concreta qué circunstancias de especial urgencia concurren para adoptar en este momento la medida que se pide, en lugar de esperar a la resolución normal de esta pieza de medidas cautelares.

Además, añade que las alegaciones sobre el carácter arbitrario e ilegal o radicalmente nulo de la decisión de la Junta, son cuestiones que afectarían al fondo del recurso o en su caso a la resolución normal de esta pieza de suspensión, pero no justifican en ningún caso la adopción de una medida cautelarísima sin escuchar a las demás partes.

Ahora, la Sala estudiará si procede la medida cautelar ordinaria de suspensión del acuerdo de la JEC, que a diferencia de la cautelarísima abre un plazo para que la Junta Electoral y la Fiscalía aleguen lo que estimen pertinente. En este caso se ha reducido a 5 días, la mitad del plazo normal de 10 días que establece la Ley. Torra lo que reclama es que se suspenda el acuerdo de la JEC mientras se resuelve el fondo del recurso que tiene planteado en el Supremo contra dicho acuerdo.

El Tribunal Supremo confirma la pena de 15 años y medio de prisión al exseleccionador nacional de atletismo por dos delitos de abusos sexuales

Jue, 01/09/2020 - 16:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 años y seis meses de prisión impuesta al exseleccionador nacional de atletismo M.A.M.S. como autor de dos delitos de abusos sexuales continuados a dos jóvenes a los que entrenaba cuando eran menores de edad en Tenerife. 

El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que a su vez confirmó el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Además de la citada pena de prisión, le impuso, entre otras medidas, la prohibición de desarrollar actividades deportivas con menores de edad y la obligación de participar en un programa formativo de educación, así como el pago de una indemnización a sus víctimas en concepto de responsabilidad civil. 

La Sala indica que conforme al relato de hechos que se recogen como probados en la sentencia de instancia, el Tribunal ha calificado adecuadamente los hechos como constitutivos de un delito continuado de abuso sexual del artículo 181.1, 3 y 4 del Código Penal. Añade que los actos realizados por el recurrente sobre sus víctimas fueron “sin violencia o intimidación, pero valiéndose el acusado de un consentimiento viciado, que se derivaba de su situación de superioridad y ascendencia manifiesta que coartaba la libertad de los menores”. 

La sentencia, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela, destaca que se aprecia en la actuación del acusado una situación de superioridad manifiesta de la que abusó o se aprovechó frente a sus víctimas, derivada no solo de su diferencia de edad, sino de su ascendencia personal que como entrenador tenía sobre ellos, habiéndose granjeado su confianza y cariño y creado una relación de dependencia en el ámbito deportivo y en el personal. Por ello, concluye que en el relato fáctico aparecen perfectamente diseñados los elementos constitutivos del tipo penal. 

El tribunal afirma que la sentencia recurrida concluyó que las víctimas no habían mentido y que tampoco se habían confabulado entre sí para hundir al acusado. También destaca que el Tribunal Superior de Justicia se refiere en su sentencia a la persistencia en la incriminación mostrada por las víctimas. “Respecto de ellas expone que, una vez superados sus miedos y su vergüenza, y alcanzada también más madurez, pudieron contar los hechos en la Policía, en el Juzgado, a los peritos que los examinaron y en el juicio oral, apreciando, en lo esencial, un testimonio coincidente en ambos casos, e incluso explicando los testigos porqué habían omitido algún dato en alguna de las declaraciones anteriores a la del plenario”. 

Agrega que el Tribunal Superior de Justicia confirma también, tras la audición de la grabación del juicio, que los perjudicados “se muestran claros, firmes, contundentes, no esconden la duda cuando la tienen; son esencialmente veraces, y así lo percibió directamente la Audiencia que, sin sombra de duda alguna, reconoce la solidez, la franqueza y la contundencia de las manifestaciones de las víctimas, a las que otorga total credibilidad y fiabilidad.” 

La Sala afirma que la sentencia recurrida considera también que no priva de credibilidad a las manifestaciones de las víctimas el hecho de que, no obstante los abusos, aquellas siguieran viendo al acusado o entrenando con el mismo. “En este punto pone de manifiesto las declaraciones prestadas por los perjudicados en el sentido de describir la intensa amistad y confianza que se generó con el recurrente, su dependencia emocional del mismo (no cabe olvidar que ambos eran adolescentes cuando sucedieron los hechos y llegaban a ver al acusado como un padre), a lo que se unía su deseo de seguir entrenando y compitiendo bajo su dirección deportiva, dados sus incuestionables méritos como entrenador”, subraya el tribunal. 

El presidente del Tribunal Supremo comunica al del Parlamento Europeo la decisión de la Sala Segunda sobre Oriol Junqueras

Jue, 01/09/2020 - 14:22

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha dirigido este jueves una carta al del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, adjuntándole el oficio del presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, en relación con los dos autos recaídos en la causa especial número 20907/2017, así como testimonio de los mismos, a los efectos que resulten oportunos.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acuerda que no procede la libertad de Oriol Junqueras ni la petición de suplicatorio al Parlamento Europeo, una vez que ya está condenado en firme

Jue, 01/09/2020 - 14:00

El Tribunal del “procés” ha rechazado autorizar el desplazamiento del Oriol Junqueras a la sede del Parlamento Europeo, así como acordar su libertad. La Sala entiende que no ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia por la que fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación, ni procede tampoco tramitar un suplicatorio ante el Parlamento Europeo. 

La Sala ha dictado dos autos en los que proyecta la doctrina de la sentencia del TJUE sobre la situación actual de Junqueras, una vez que ya está condenado en firme a pena privativa de libertad. En el segundo auto el tribunal resuelve el recurso de súplica que planteó la defensa de Junqueras cuando el Tribunal le denegó el permiso de salida para jurar o prometer su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central. Ese recurso, planteado en el marco de una pieza separada a la causa principal, motivó la cuestión prejudicial planteada por la Sala ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.   

El tribunal concluye que la consecuencia de la condena en firme de prisión es, de acuerdo a la Ley Electoral, inhabilitar a Junqueras como eurodiputado, lo que acuerda comunicar tanto al Parlamento Europeo como a la Junta Electoral Central. 

En su escrito los jueces explican que la sentencia por la que Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación por delitos de sedición y malversación de caudales públicos fue el desenlace jurisdiccional de un proceso penal iniciado el 12 de febrero de 2019 y que quedó “visto para sentencia” el 12 de junio del mismo año. 

Un día después de que hubieran concluido todas las sesiones de juicio oral y ya iniciado el proceso de deliberación, el 13 de junio de 2019, Junqueras fue proclamado electo por la Junta Electoral Central. Con fecha de 14 de junio la Sala denegó a Junqueras el mencionado permiso de salida. 

La Sala considera ineludible subrayar el marco procesal en el que se planteó la cuestión prejudicial para evitar el riesgo de desenfocar el análisis de las consecuencias que tiene la sentencia del TJUE sobre la causa principal que ha concluido en sentencia condenatoria. 

Ni era ni es necesaria la autorización del parlamento 

La Sala hace suya, y destaca que la aplicaría a futuras situaciones, la novedosa doctrina proclamada por el TJUE que ha fijado que con carácter general cualquier preso preventivo que adquiera la condición de eurodiputado, lo hace desde el momento de su proclamación como electo y ha de ser puesto en libertad para cumplimentar los trámites formales posteriores a esa designación. 

El TS señala que la sentencia del TJUE admite, sin embargo, con carácter excepcional el mantenimiento de la medida cautelar de prisión, siempre que el órgano judicial lo considere necesario, después de un juicio ponderativo y justificado por la gravedad de los hechos imputados y por la persistencia de un evidente riesgo de fuga y reiteración delictiva, siempre que se active con la máxima celeridad la suspensión de la inmunidad.  

Una vez analizada la doctrina jurisprudencial del TJUE, “aceptada en su literalidad, en su espíritu y en su integridad” analiza su incidencia desde la perspectiva de que la medida cautelar de prisión preventiva ha devenido respecto a Junqueras en pena de prisión en sentencia firme.  La Sala considera que no procede formalizar la petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo, atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una condición de procedibilidad para conseguir el enjuiciamiento: 

“No es ahora procedente, una vez conocida la sentencia del TJUE, formalizar la petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo, atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una condición de procedibilidad para proseguir el enjuiciamiento. Cuando el Sr. Junqueras fue proclamado electo en acuerdo de 13 de junio de 2019, el proceso penal que le afectaba había concluido y esta Sala había iniciado el proceso de deliberación”. 

La Sala explica que si el electo adquiere tal condición cuando ya se ha procedido a la apertura del juicio oral, es obvio que decae el fundamento de la inmunidad como condición de la actuación jurisdiccional, “Aquel no es otro que preservar a la institución parlamentaria de iniciativas dirigidas a perturbar su libre funcionamiento. Lo que lógicamente no puede ocurrir si la iniciativa para proceder en el ejercicio de la actuación jurisdiccional es anterior a la elección de los componentes del Parlamento”. 

“En definitiva -concluye la Sala- quien participa en un proceso electoral cuando ya- está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo primero a) del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades, no era ni es necesaria autorización del Parlamento.               

No hay nulidad de los actos posteriores a su elección como eurodiputado 

El tribunal explica que la defensa del Sr. Junqueras insta la nulidad de lo actuado desde el día 12 de junio de 2019, singularmente, de la sentencia dictada por esta Sala con fecha 14 de octubre del mismo año. “Esta petición -cuya legitimidad no se cuestiona- aspira a un efecto que sólo encuentra respaldo en la intensa carga de voluntarismo con el que aquella se formula. Y es que el escrito de alegaciones evidencia una llamativa confusión entre la inmunidad parlamentaria y lo que operaría como exención jurisdiccional. Este error conceptual lastra todo el argumentario y las conclusiones que la defensa obtiene de la sentencia dictada por el TJUE. El Sr. Junqueras no goza de ninguna exención jurisdiccional que se alce como obstáculo para impedir su enjuiciamiento”. 

Frente a la naturaleza de mera condición de procedibilidad de la inmunidad, la exención -propia de la prerrogativa de inviolabilidad- sólo puede ser declarada por el órgano judicial, conforme al principio de exclusividad jurisdiccional (art. 117 de la Constitución), eso sí, una vez que la condición de procedibilidad haya sido colmada. 

La Sala descarta que se puedan invalidar los actos procesales celebrados desde el inicio del juicio oral hasta su conclusión, el 12 de junio de 2019. “El Sr. Junqueras, en aplicación de la doctrina del TJUE, habría adquirido la condición de eurodiputado el mismo día de su proclamación como electo, que se produjo el 13 de junio de 2019, acuerdo publicado oficialmente el día siguiente a su adopción. Si ese día ya había terminado la actividad procesal desarrollada durante los cuatro meses de duración del juicio oral, mal se entiende qué eficacia invalidante habría tenido la adquisición sobrevenida de la condición de eurodiputado. La sentencia del TJUE, no afectó, por tanto, a su condición de procesado ni acusado ni, posteriormente, a la de condenado, pues tales situaciones se sucedieron en el marco de la pieza principal sobre la que el TJUE no se pronuncia, sino que remite al criterio de la Sala Segunda para decidir si su propia interpretación del art. 9 del Protocolo (núm. 7) tiene alguna incidencia en ese proceso principal”. 

Añade que, aunque fuera parlamentario europeo, Junqueras no gozaba de inmunidad de jurisdicción, sino sólo de inmunidad de desplazamiento en los términos que fueron revelados por el Tribunal de Justicia. “Pero esa modalidad -conviene insistir en ello- en modo alguno liberaba a esta Sala de su deber de dictar sentencia, estuviera libre el acusado o, como era el caso, se hallara en situación de prisión provisional”, explica el auto. 

En su auto, la Sala señala que la defensa centra su reivindicación de nulidad en la sentencia de 14 de octubre de 2019, que fue dictada cuando Junqueras ya había adquirido la condición de eurodiputado electo. “Pero quien así argumenta, -indica el auto- insistiendo en la necesidad de activar un suplicatorio, está postulando un nuevo entendimiento del principio de cosa juzgada, hasta el punto de que la intangibilidad de lo resuelto ya no fuera sólo rescindible a través del recurso de revisión, sino mediante el escrutinio popular al que se atribuiría la virtud de invalidar, sin más, lo resuelto por un órgano jurisdiccional. Si bien se mira, la línea argumental de la defensa, cuando alega que el Parlamento Europeo tiene la «…exclusiva facultad (…) de autorizar la tramitación de cualquier procedimiento penal», pretende resucitar una versión actualizada de la histórica «provocatio ad populum», con capacidad para condicionar la ejecución de lo resuelto -y ya firme- por un tribunal de justicia. Esa nostálgica visión es contraria a los principios que definen a cualquier sociedad democrática y por ello ha de ser rechazada de plano”. 

Aun prescindiendo de su condición de penado, el TJUE dejaría en manos del Supremo mantener la medida de prisión 

La Sala rechaza la petición de libertad “que se deduce por parte de la defensa del Sr. Junqueras y, de forma implícita, por la Abogacía del Estado, que sugiere una consulta al Parlamento Europeo con el fin de asegurar el equilibrio entre «…la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas» y la neutralización del riesgo de fuga y, con él del cumplimiento de la sentencia ya dictada”. 

En primer lugar, el tribunal recuerda que Junqueras no está ya sometido a una medida cautelar de prisión, sino que está cumpliendo una pena impuesta por una sentencia firme, cuya validez y eficacia no han sido neutralizadas. “El esfuerzo argumental de la Abogacía del Estado quiebra cuando, tras reconocer la inatacabilidad de la sentencia dictada por esta Sala, sugiere que deje sin ejecución el cumplimiento de la pena de prisión y negocie con el Parlamento Europeo los términos de la libertad de movimientos a que podría acogerse el Sr. Junqueras”. 

La Sala añade que, aun llevando a sus últimas consecuencias el razonamiento de la defensa y prescindiendo de la condición de penado Junqueras, la propia sentencia del TJUE no establece un mecanismo automático de libertad para el electo que se halla en prisión preventiva, sino que deja en manos del tribunal nacional la posibilidad de mantenimiento de esa medida, tramitando con celeridad un suplicatorio. 

El tribunal rechaza así el argumento de la defensa de que la sentencia del TJUE haya declarado que es obligada la inmediata libertad de cualquier recluso y la autorización de su desplazamiento a Bruselas, y que sólo en el caso en que fuera autorizada la suspensión de la inmunidad, podría la Sala volver a activar la medida cautelar dejada sin efecto. “Ello supondría aceptar con normalidad que cualquier condenado por delitos de especial gravedad obtuviera una insólita oportunidad de eludir la pena de prisión en el momento exacto en que su condición de electo fuera acordada”, dice el auto. 

La abogacía del estado, condicionada a la junta electoral 

Por otra parte, el auto recuerda que la petición de la Abogacía del Estado estaba condicionada a que el mandato de Junqueras no fuese anulado por la Junta Electoral Central («en tanto no se produzca la anulación del mandato conforme al artículo 13 del Acta Electoral»), y el Supremo indica que se da la circunstancia de que esa anulación ya se ha producido, a raíz del acuerdo de fecha 3 de enero de 2020 de la Junta. 

“Todos los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado para justificar la libertad controlada o supervisada del Sr. Junqueras -en un insólito y atípico ejercicio de funciones concertadas entre esta Sala y el Parlamento Europeo-, se subordinan a que la Junta Electoral Central no anule su nombramiento a raíz de la condena a la pena de 13 años de prisión e inhabilitación dictada en esta causa. Sin embargo, esa resolución ya ha sido dictada y comunicada a esta Sala y al Parlamento Europeo, desplegando la eficacia que le es propia”, dicen los magistrados. 

“Se trata además –añade el auto-- de una decisión cuyos efectos derivan directamente, no de su discutible carácter constitutivo, sino de lo previsto legalmente en los preceptos antes citados. La anulación del mandato no es consecuencia de la decisión de la Junta Electoral Central. A ella corresponde declarar, mediante la correspondiente resolución, ese efecto. Pero se trata del efecto de una condena a pena privativa de libertad que convierte al penado, ope legis, en incompatible para el ejercicio de la función parlamentaria. La resolución fechada el día 3 de enero no se adelanta a lo que debería haber declarado esta Sala. Por el contrario, el presupuesto determinante de la incompatibilidad hay que situarlo en el dictado de nuestra sentencia de 14 de octubre de 2017”. 

La parte dispositiva de dicho auto señala que: 

            1.-“No ha lugar a autorizar el desplazamiento del Sr. Junqueras a la sede del Parlamento Europeo. 

            2.- No ha lugar a acordar su libertad. 

            3.- No ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019 dictada por esta Sala; 

            4.- No ha lugar a la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo. 

            5.- Dese cuenta en la pieza de ejecución a fin de proveer allí sobre el alzamiento de la suspensión de la pena de 13 años de inhabilitación impuesta al condenado. Practíquese liquidación de condena.

             Comuníquese esta resolución a la Junta Electoral Central y al Parlamento Europeo a los efectos legales oportunos”. 

Auto que resuelve el recurso de súplica: la inmunidad de desplazamiento no blinda frente a la sentencia 

En el segundo auto, el Supremo resuelve, a la vista de la doctrina del TJUE, el recurso de súplica frente a la denegación del permiso penitenciario interesado por Junqueras, en cuyo marco fue promovida la presente cuestión prejudicial. 

La Sala reconoce que Oriol Junqueras adquirió la condición de eurodiputado el día 13 de junio de 2019, con los efectos derivados del actual estado de tramitación de la ejecutoria de la causa especial y remite al auto en el que se pronuncia sobre la incidencia de la sentencia del TJUE en la causa principal. 

En su auto, afirma que es ahora, obtenida la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas desde el momento en que la inmunidad de Junqueras fue alegada, no antes, “cuando podemos afirmar, sin quebranto de las previsiones del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, que la condición de miembro del Parlamento Europeo, se adquiere en el momento en que se proclama electo a un candidato oficialmente, en el específico caso del Sr. Junqueras, el 13 de junio de 2019. Y ello, aunque no hubiere cumplimentado los requisitos establecidos en la legislación interna para su consolidación y con independencia de los efectos que ello conlleve en el ámbito parlamentario. Se trata, por tanto, de la inmunidad concretada en la libertad que deben gozar los miembros del Parlamento Europeo para dirigirse al lugar en que debe celebrarse la primera reunión de la nueva legislatura para cumplir allí las formalidades requeridas por el acta electoral”. 

La Sala concluye que “en definitiva, no existe en el derecho europeo un precepto que dé cobertura a una forzada conversión de la inmunidad -tal y como ha sido definida por el TJUE al interpretar el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo- en una exención jurisdiccional que blinde de forma inexorable a un acusado frente a la sentencia que ha de poner término al procedimiento que le afecta”. 

Añade que el verdadero alcance de esta específica categoría conceptual de inmunidad no puede entenderse sin definir el espacio que le es propio y, a su vez, distinto de la inmunidad que el art. 9, párrafo primero, reconoce a los miembros del Parlamento Europeo cuando se encuentren «en su propio territorio nacional», que gozarán de «las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país». 

El tribunal indica que la acotación sirve para entender la coherencia del pronunciamiento del TJUE desde la perspectiva de la cuestión prejudicial elevada. “Y es que el derecho europeo, así como sienta de forma directa una inmunidad protectora de la libertad de movimientos, no perfila otros eventuales efectos de esas inmunidades, remitiéndose globalmente a los derechos internos cuando se trata de nacionales frente a sus propias autoridades judiciales. Ello es probablemente así porque ha querido respetarse la diversidad de las normativas nacionales en este punto: no se quiere distinguir en los respectivos ámbitos nacionales entre europarlamentarios de uno u otro país y parlamentarios nacionales”. 

El tribunal afirma que “reconoce y valora todo criterio exegético que refuerce las esencias de la democracia representativa de la Unión. Pero constata también que la novedosa doctrina que ahora se proclama no solo interpreta una específica norma, sino que la deconstruye para configurarla con nuevos elementos que determinan la práctica inutilidad de una gran parte de la legislación interna de diversos Estados miembros”. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestima la petición de Oriol Junqueras de suspensión cautelarísima del acuerdo de la JEC que declaró la pérdida de su condición de europarlamentario

Jue, 01/09/2020 - 12:20

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado la petición del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras de suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 3 de enero, que declaró la pérdida de la condición de diputado del Parlamento Europeo de dicha persona al concurrir en él la causa de ineligibilidad sobrevenida del artículo 6.2.a) de la LOREG como consecuencia de su condena a 13 años de pena de privación de libertad en la causa del procés. La Sala tramitará ahora el incidente como medida cautelar ordinaria de suspensión, en la que se da traslado de alegaciones por cinco días a la Junta Electoral Central antes de decidir.

La Sala ha concluido por unanimidad que, en relación a la petición de suspensión cautelarístima, debe ponderarse en el otro lado de la balanza una sentencia penal del Tribunal Supremo. La existencia de esa resolución condenatoria determina que no se pueda dar lugar a la petición del recurrente. Según la Sala, es preponderante en este momento la circunstancia objetiva de que se ha dictado la sentencia firme de 14 de octubre por la Sala II del Tribunal Supremo.

En su ponderación de intereses, considera obligado dar preferencia con carácter abstracto a una sentencia penal firme, máxime si ha sido dictada por la Sala II del Tribunal Supremo. Añade que el rechazo a la medida cautelarísima de suspensión no vulnera los derechos fundamentales invocados por Junqueras ni el derecho de la Unión a la luz de la propia sentencia del TJUE de 19 de diciembre que menciona el recurrente.

El auto concluye recordando que “la prevalencia obligada a la jurisdicción del orden penal impiden a esta Sala adoptar decisiones que pudieran interferir en la ejecución de una sentencia penal firme o entorpecer la eficacia de sus pronunciamientos”.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la solicitud de renovación del pasaporte como declaración voluntad para conservar la nacionalidad española

Mié, 01/08/2020 - 14:50

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación sobre la interpretación del art. 24.3 del Código Civil, que establece la pérdida de la nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.

En este caso, la demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad. La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del art. 24.3 CC.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo condena a la aseguradora de un vehículo incendiado en un garaje a abonar los daños en el inmueble

Mié, 01/08/2020 - 14:44

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en esta sentencia del Pleno un recurso en el que se planteaba si, a efectos de la cobertura del seguro obligatorio de vehículos, constituye un hecho de la circulación el incendio de un turismo estacionado en un garaje privado.

En el caso resuelto por la sentencia, un vehículo estacionado en un garaje privado, en el que se encontraba sin circular desde hacía más de veinticuatro horas, sufrió un incendio que se originó en su circuito eléctrico y causó daños al inmueble. La aseguradora del inmueble, que se hizo cargo de los daños, reclamó luego a la compañía con la que el propietario del vehículo tenía concertado el seguro obligatorio.

La sala resuelve el recurso aplicando la jurisprudencia del TJUE y, en consecuencia, como la sentencia recurrida había condenado a la aseguradora del vehículo a indemnizar los daños ocasionados en la vivienda en la que se encontraba estacionado, desestima el recurso de casación.

Se incluye nota de la Sala.

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Bwin contra las liquidaciones del IVA por importe de 970.000 euros

Vie, 12/20/2019 - 14:08

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha dictado dos sentencias en las que fija como criterio interpretativo que “se encuentran sujetos al IVA los servicios de publicidad, consultoría, marketing y asesoramiento prestados por una empresa establecida en el territorio de aplicación del impuesto, cuando siendo la destinataria de los servicios otra empresa que no está establecida en dicho territorio (sino en Gibraltar) y que se dedica a la prestación de servicios de juego on-line a través de plataformas digitales, esta última empresa utilice o explote en el territorio de aplicación del impuesto los servicios prestados por la primera”.

En sus resoluciones, el Supremo desestima sendos recursos presentados por la sociedad Bwin Interactive Marketing España, S.L. contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmaron liquidaciones relativas al IVA a dicha empresa, correspondientes a periodos de entre 2008 y 2012, por importe total de 976.000 euros.

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Bwin contra las liquidaciones del IVA por importe de 970.000 euros

Vie, 12/20/2019 - 14:08

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha dictado dos sentencias en las que fija como criterio interpretativo que “se encuentran sujetos al IVA los servicios de publicidad, consultoría, marketing y asesoramiento prestados por una empresa establecida en el territorio de aplicación del impuesto, cuando siendo la destinataria de los servicios otra empresa que no está establecida en dicho territorio (sino en Gibraltar) y que se dedica a la prestación de servicios de juego on-line a través de plataformas digitales, esta última empresa utilice o explote en el territorio de aplicación del impuesto los servicios prestados por la primera”.

En sus resoluciones, el Supremo desestima sendos recursos presentados por la sociedad Bwin Interactive Marketing España, S.L. contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmaron liquidaciones relativas al IVA a dicha empresa, correspondientes a periodos de entre 2008 y 2012, por importe total de 976.000 euros.

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