Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el control judicial del uso abusivo del poder general otorgado para la venta de inmuebles

Vie, 11/29/2019 - 12:50

El Pleno de la Sala primera del Tribunal Supremo ha analizado en una sentencia dos cuestiones: por una parte, la suficiencia de un poder con especificación de la facultad de vender o enajenar bienes inmuebles, sin designación de los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas; y por otra parte, si se ha producido un abuso del poder de representación y si los terceros tenían o podían tener conocimiento del carácter abusivo o desviado del acto de ejercicio del poder.

La Sala analiza un caso en el que el hijo de la demandante, utilizando un poder otorgado por su madre el mismo día y ante otro notario distinto, realizó una operación financiera consistente en un préstamo en el que se ofreció como garantía una opción de compra sobre la vivienda de la demandante, por un importe inferior al 50% de su valor de mercado.

Se adjunta nota y sentencia de la Sala de lo Civil.

El Tribunal Supremo confirma la condena a un funcionario que se hizo con 239.000 euros de la Delegación de Agricultura de Almería con talones al portador

Jue, 11/28/2019 - 15:07

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 5 años y 3 meses de prisión por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos a un funcionario de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que sacó en talones al portador un total de 239.638,20 euros de una cuenta de dicha Delegación para su lucro personal.

El Supremo ratifica los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un tribunal del jurado de la Audiencia de Almería, al rechazar el recurso del funcionario acusado, Miguel Gallardo Lorenzo, que además de la pena de cárcel es condenado a 9 años de inhabilitación absoluta y a indemnizar con 239.638 a la Junta de Andalucía. Del pago de la indemnización hasta el importe de 105.338,20 euros responderá subsidiariamente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en la que estaba la cuenta de la Delegación a la que se cargaron los talones al portador.

Según los hechos probados, el funcionario acusado, “con la intención de obtener un lucro económico y siendo consciente de la falta de control sobre la cuenta, en la que tenía firma autorizada desde 1986, entre febrero y abril de 2009 extrajo de la misma un total de 134.300 euros haciendo uso para ello de 49 talones al portador”.

“Con la misma intención -añade la sentencia-, pese a que desde el 22 de junio de 2010 no figuraba como autorizado en la cuenta, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 extrajo de la misma un total de 105.338,20 euros haciendo uso para ello de 39 talones al portador en los que estampó una firma irreal. En los 7 últimos cheques, dado que los empleados del banco le exigieron que hiciera constar su DNI además de la firma si deseaba cobrar, el acusado consignó un número de DNI distinto al suyo cambiando alguno de los dígitos de la numeración correcta. A pesar de que el acusado no figuraba como autorizado, los empleados del BBVA abonaron los talones al no hacer las comprobaciones necesarias”.

El Tribunal Supremo declara improcedente el despido de una limpiadora del Hospital Clínic de Barcelona que en 8 años firmó 242 contratos de interina para cubrir vacaciones

Jue, 11/28/2019 - 14:40

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que en ocho años firmó 242 contratos de interinidad por sustitución, como limpiadora en el Hospital Clínic de Barcelona, para cubrir vacaciones, descansos y permisos de otros empleados de la empresa.

El tribunal ha condenado a la empresa a que opte entre su readmisión, con abono de los salarios de tramitación, o el pago de una indemnización de 11.088 euros, al considerar que en este caso ni era válida la causa consignada en el contrato, ni concurren las circunstancias que habrían permitido validar una modalidad contractual distinta, como la del contrato eventual.

La Sala ha estimado el recurso de casación interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sostuvo que es ajustada a Derecho la utilización del contrato de interinidad para cubrir supuestos de vacaciones, descansos o permisos. La sentencia de instancia, dictada por el juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona, también desestimó la demanda de la empleada y concluyó que, pese al gran número de contratos, todos estaban justificados debidamente, por lo que no había fraude de ley en la contratación.

La trabajadora firmó contratos de interinidad por sustitución como limpiadora del Hospital Clínic de Barcelona desde diciembre de 2007 hasta enero de 2011, en que empezó a cobrar el desempleo. En marzo de ese mismo año volvió a trabajar para la misma empresa con la misma modalidad contractual. En total firmó 242 contratos, siempre con la misma categoría de limpiadora, en los que se indicaba el nombre de la persona a la que sustituía y la causa: asuntos propios, días de convenio, recuperación horaria, incapacidad temporal vacaciones, fiesta optativa de convenio, ausencia, permiso sindical, enfermedad familiar o boda familiar. El 8 de mayo de 2015, la empresa le notificó la extinción del contrato.

De acuerdo con su jurisprudencia, la Sala rechaza que la cobertura de las vacaciones pueda realizarse por la vía del contrato de interinidad por sustitución. Ese contrato –explica el tribunal- se define como aquel contrato de duración determinada que tiene por objeto sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, dependiendo su duración de la reincorporación del sustituido por finalizar el periodo de ejercicio de dicho derecho.

La Sala afirma que dicha definición “no permite la inclusión de otras circunstancias en las que no exista obligación de prestar servicios que difieran de aquellas en las que se produce el denominado derecho de reserva del puesto de trabajo”. Añade que “la ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a reserva de plaza, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de servicios que no genera vacante reservada propiamente dicha”.

La Sala considera que, “si bien un desequilibrio genérico del volumen de plantilla en circunstancias como la que concurren en la administración pública que precisa del seguimiento de procedimientos reglados de creación de plazas, podría justificar extraordinariamente la contratación temporal, “ésta sólo sería posible de acreditarse la concurrencia de los elementos que definen al contrato regulado en el artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, esto es, si concurren circunstancias no previsibles”.

El tribunal indica que la empresa es “plenamente conocedora de que la plantilla con la que cuenta disfruta de vacaciones y descansos con la regularidad propia de tales situaciones y, por consiguiente, la respuesta al volumen de actividad habitual debe contemplar las horas de efectiva prestación”.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Mª Lourdes Arastey, explica que el hecho de que “los trabajadores de la plantilla ejerciten sus derechos al descanso y a las vacaciones es una circunstancia previsible y, por consiguiente, no es, pues, ajustada a Derecho la cobertura temporal de sus funciones acudiendo a la vía de interinidad por sustitución. Tales ausencias al trabajo se producen dentro del normal desarrollo del contrato de trabajo y forman parte de la previsión organizativa que corresponde llevar a cabo al empleador, alejándose de la excepcionalidad que el contrato eventual viene a solventar”.

La Sala agrega que no puede olvidarse que en nuestro ordenamiento jurídico “el contrato indefinido constituye la regla general de la que se apartan los supuestos tasados y específicamente diseñados por el legislador, caracterizados todos ellos por la nota de causalidad”. En este punto, según la sentencia, “el contrato de interinidad obedece a la circunstancia extraordinaria en que pueda incurrir la plantilla de la empresa al no concurrir una causa de suspensión del contrato. Nada de extraordinario resulta el disfrute de los periodos de descanso y vacaciones, a los que tienen derecho todos los trabajadores de la empresa”.

El Tribunal Supremo fija que los trabajadores de las ETT tienen derecho al plan de igualdad de la empresa usuaria

Mar, 11/26/2019 - 14:00

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal (ETTs) tienen derecho a que se les apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria. El tribunal desestima el recurso de las ETT Randstad, Adecco y Crit, así como de la empresa Qualytel Teleservices, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró el derecho de los trabajadores que, prestando servicios en Qualytel, hubieran sido puestos a su disposición por las referidas empresas de trabajo temporal, a que se les aplicasen las medidas acordadas en el plan de igualdad de la empresa usuaria, Qualytel.

La Audiencia Nacional, en una sentencia que dio la razón a varios sindicatos, recogió que Qualytel es una empresa con unos 6.500 trabajadores repartidos en cinco comunidades autónomas, en la cual los contratos a través de ETTs representa en torno al 25 por ciento del total. Los recurrentes pedían que se aplicase a todos ellos el Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de dicha empresa, de 2012, lo que fue estimado en la sentencia ahora confirmada.

Las empresas recurrieron al Supremo al entender que la decisión de la Audiencia infringía el artículo 11.1 de la Ley que regula las ETTs, que no hace una referencia expresa a que a los trabajadores cedidos a las empresas usuarias se les aplique los Planes de Igualdad de las mismas.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Blasco Pellicer, explica que tal argumento no puede ser compartido ni siquiera utilizando la literalidad como único criterio hermenéutico, ya que “el tenor literal del párrafo cuarto del artículo 11.1 dispone que los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a que se les apliquen las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir discriminaciones basadas en el sexo”.

Asimismo, señala que su interpretación viene avalada por la aplicación del principio general contenido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad, según el cual la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres “es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas”.

“Difícilmente -añade la sentencia- se podría garantizar la reseñada igualdad si los tribunales admitieran interpretaciones sesgadas de las normas como las que pretenden los recurrentes. Al contrario, se impone necesariamente una interpretación del precepto cuestionado acorde con la finalidad de la propia norma que lo contiene y, de manera principal, especialmente favorecedora de la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones laborales en general y, de forma particular, para los trabajadores de empresas de trabajo temporal puestos a disposición en empresas usuarias”.

“No tendría ningún sentido -indican los magistrados- e iría contra los principios expuestos asumir, como pretenden los recurrentes, una interpretación del artículo 11.1 que excluyese a los trabajadores puestos a disposición del disfrute de las medidas laborales contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria que, en cambio, sí se aplicarían, únicamente, a los trabajadores propios de dicha empresa.
Ni se cumpliría la finalidad de la propia Ley de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), ni mucho menos las previsiones de la Ley Orgánica de Igualdad”.

Resalta además el Supremo que su interpretación es acorde con el derecho de la Unión Europea en el que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio fundamental y, al menos desde el Tratado de Ámsterdam, la igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros, tal como se expresa positivamente en las Directivas 2004/113/CE y 2006/54/CE.

 

El Tribunal Supremo confirma la pena de más de 50 años de prisión a la cúpula de una red de trata y prostitución en Asturias

Jue, 11/21/2019 - 13:30

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 55 y diez días y a 53 años y diez días de prisión impuestas a los hermanos C.A.S y S.S., respectivamente, por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Por este último delito -lesiones- sólo fue condenado C.A.S. El tribunal también ha confirmado las penas de 20 años de prisión impuestas a I.B. como cómplice de un delito de trata de seres humanos y de ocho delitos de prostitución, y de 20 años de prisión a M.M. como cómplice de diez delitos de prostitución.

La Sala ha desestimado los recursos de casación planteados por los cuatro condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que, además de las citadas penas de prisión, les impuso medidas de alejamiento y el pago de indemnizaciones a las víctimas.

El tribunal afirma que el juicio histórico de la sentencia es rotundo al describir que los hermanos S., junto a I.B., M.M. y otras personas no identificadas, integraban desde 2010 una organización dedicada a captar a mujeres en Rumanía, mediante engaño y abusando de su precariedad o vulnerabilidad, para traerlas a España a ejercer la prostitución “en condiciones de explotación y utilizando violencia o intimidación, obteniendo por ello importantes beneficios”.

En el relato de hechos probados, según la sentencia, se reseña expresamente que los hermanos S. “ejercían las funciones de mando. También se declara que I.B. colaboraba en las funciones de captación y en las de vigilancia y control de las mujeres y que M.M. colaboraba en estas últimas funciones y llevaba, en ocasiones, a las mujeres a los clubs de alterne, así como en las entradas y salidas de éstas de las viviendas y se aseguraba que éstas estuvieran acompañadas, estando encargado de autorizar o no el uso de móviles cuando los hermanos S. no estaban presentes”.

La Sala concluye que no cabe duda que, a partir de esta descripción fáctica, los hechos deben ser calificados de un delito trata de personas y de determinación coactiva a la prostitución con la agravante de organización criminal, tipificados en los artículos 177.6 y 188.1 y 4 b) del Código Penal vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos, debiéndose destacar que, frente a lo que se indica en el recurso, cuatro de los integrantes de la organización han sido condenados por ese tipo penal y no sólo los dos hermanos.

De acuerdo con la doctrina de la Sala respecto al delito de trata de personas, el tribunal afirma que “las conductas descritas en el juicio histórico de la sentencia se ajustan de forma impecable en el tipo penal de trata de personas que, en este caso, fue realizada de forma dilatada en el tiempo y con la actuación coordinada de los distintos acusados, según el grado y con las singularidades que se describen pormenorizadamente en la sentencia”.

La Sala rechaza la vulneración de la presunción de inocencia alegada en los recursos y señala que los testimonios de las víctimas “constituyen una prueba esencial por su precisión, casuismo y coherencia y porque han sido valorados por el tribunal de instancia ponderando el contexto en el que se han producido con racionalidad y desde la cautela exigible”. Además, indica que no son la única prueba de cargo y que han sido corroboradas por otras pruebas, lo que dota a sus testimonios de singular valor.

También subraya que las pruebas de cargo “son sólidas y suficientes y el hecho de que algunas de las víctimas hayan negado haber sufrido coacciones o violencia para el ejercicio de la prostitución o que una de ellas haya negado haber sido engañada para venir a España no impide la condena por esos delitos, dado que las testigos de cargo han referido una situación general y única para todas las mujeres. Las testigos han identificado sin margen de duda a todas las mujeres sometidas a coacción y violencia y esa es la razón por la que la condena se ha extendido a las actuaciones ilícitas de todas las mujeres afectadas, por más que algunas hayan negado los hechos”.

En relación con la condena por el delito contra los derechos de los trabajadores, la sentencia explica que no cabe duda que los hermanos S. utilizaron violencia para la consecución de sus fines e impusieron a las víctimas unas condiciones de trabajo contrarias a la dignidad humana y ajenas a cualquier condición laboral lícita y admisible. “Al margen de las responsabilidades que pudieran exigirse a los dueños de los establecimientos, los servicios de las víctimas lo fueron por cuenta ajena y en el contexto de una relación de subordinación y violencia. Las mujeres debían trabajar todos los días de la semana sin descanso, debían entregar 200 euros fuera cual fuera el rendimiento de su actividad y, además, en caso de no ir a trabajar por cualquier circunstancia, debían abonar la cantidad de 200 euros, todo ello en un contexto de abuso y violencia. Ante tales hechos ninguna censura puede hacerse a la sentencia porque los haya sancionado aplicando el artículo 311 del Código Penal”, subraya la Sala.

Respecto a la alegación de falta de prueba para condenar por el delito de blanqueo de capitales, la Sala concluye que la prueba practicada en el proceso evidencia, según se ha quedado expuesto anteriormente, “la comisión de los delitos de trata y prostitución coactiva para prostitución, todo ello con una finalidad de lucro incuestionable. Esa actividad –añade el tribunal- “generó unos importantes recursos económicos y se ha acreditado que el recurrente, junto con el otro condenado por este delito, realizaron numerosas transferencias de dinero a familiares en Rumanía a través de terceras personas (familiares, conocidos o personas cuya identidad fue usurpada) lo que evidencia la intención de ocultar el origen ilícito del dinero”. Además, añade que concurre la ausencia absoluta de prueba que acredite que el recurrente tuviera una fuente de ingresos lícita justificativa de su patrimonio.

 

El Tribunal Supremo avala la selección de Agbar para la constitución de la sociedad mixta para la prestación del servicio del agua en el área metropolitana de Barcelona

Mié, 11/20/2019 - 12:00

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias que estiman los recursos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estimaban los recursos interpuestos contra el Acuerdo del Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona S.A. de 6 de noviembre de 2012 y contra el acuerdo de 21 de mayo de 2013 del mismo.

El objeto de los recursos es el acuerdo del Consejo del Área Metropolitana de Barcelona de 8 de noviembre de 2012 sobre prestación del servicio integral del agua, la constitución de una sociedad de capital mixto, los estatutos de la nueva sociedad y el convenio suscrito por AMB y la SGAB.

Las sentencias sostienen que la competencia de las entidades locales en materia de agua es anterior a la Ley de Régimen Local de 1950 y que esa competencia no supone la asunción automática del servicio de abastecimientos de agua. Distinguen las sentencias entre competencia y municipalización del servicio.

Se adjunta nota de la Sala Tercera.

 

El Tribunal Supremo resuelve que el Gobierno de Ceuta solo puede ser integrado por miembros de la Asamblea

Jue, 11/14/2019 - 12:30

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que el nombramiento de Viceconsejeros del Gobierno de Ceuta ha de hacerse entre integrantes de la Asamblea de dicha ciudad autónoma.

La sentencia rechaza un recurso de la Ciudad de Ceuta y confirma las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de la ciudad que anularon el nombramiento de Adelaida Álvarez Rodríguez como Viceconsejera de Empleo, por Decreto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 30 de julio de 2013, por no poseer la condición de diputada de la Asamblea de Ceuta.

El Supremo resuelve en primer término que el cargo de Viceconsejero forma parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma, entre otras razones porque está prevista la posibilidad de que ejerzan en sustitución la consejería.

Y en segundo lugar, examina si el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha de ser desempeñado exclusivamente por quienes poseen la condición de diputados de su Asamblea o, si, por el contrario, pueden ejercerlo personas que no la tengan. Los jueces señalan que le es de aplicación el artículo 140 de la Constitución referido a los municipios, donde se indica que el poder local se ejercerá por el alcalde y los concejales elegidos por los vecinos.

“Es verdad que ni Ceuta ni Melilla son solamente municipios, como bien precisa el Consejo de Estado -dice la sentencia-. Pero es igualmente cierto que las Ciudades Autónomas sustituyen a los anteriores Ayuntamientos y, por eso, sus respectivos Presidentes tienen también la condición de alcaldes (artículo 15) y los diputados de sus Asambleas tienen asimismo la condición de concejales (artículo 7.2)”.

“Razonando desde la perspectiva en que se sitúa el Tribunal Constitucional, no parece coherente que mientras en ningún municipio de España, sea grande o pequeño, pueden ejercer el gobierno local personas distintas de los propios vecinos y de quienes hayan sido elegidos por ellos, en Ceuta y Melilla sí pueda estar en manos de personas que no han sido elegidas democráticamente. Sin discutir que hay otras formas de legitimación democrática de los gobernantes distintas de la elección por los ciudadanos, lo cierto es que la Constitución quiere que el gobierno local esté en manos de los vecinos o de quienes han elegido para que les gobiernen”, añade la sentencia.

Los magistrados exponen que la singularidad propia de las Ciudades Autónomas no puede llegar a excluir la aplicación de una regla sentada claramente por la Constitución. “Desde luego, la sola atribución estatutaria a sus Presidentes de la facultad de nombrar libremente a los miembros de su Consejo de Gobierno no basta. Ceuta y Melilla, sin duda, gozan de una autonomía que les garantiza un régimen diferente al que establece el legislador, pero, como hemos dicho, esa autonomía no exime del cumplimiento de las exigencias constitucionales explícitas cuando el texto fundamental no ha previsto ninguna excepción al respecto”, resalta la resolución.

Asimismo, indica que “no se llega a comprender de qué manera puede perjudicar la singularidad propia de las Ciudades Autónomas someterse a la regla de la que estamos hablando”.

Voto particular discrepante

La sentencia cuenta con un voto particular de 2 de los 5 magistrados que la han dictado, que consideran que, del régimen jurídico previsto en el Estatuto de Autonomía de Ceuta y en el Reglamento de la Presidencia, “se infiere que el Presidente puede nombrar Consejeros y Viceconsejeros, sin que éstos deban ostentar la condición de miembros de la Asamblea de dicha Ciudad Autónoma. Sin que se resienta, en modo alguno, el principio democrático, como acontece con los Ministros del Gobierno de la Nación o con los Consejeros de los Gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas”.

Por tanto, los dos magistrados discrepantes creen que debió estimarse el recurso de la Ciudad de Ceuta. Señalan que las ciudades de Ceuta y Melilla se constituyeron en Ciudades Autónomas conforme a la disposición transitoria quinta de la Constitución, de modo que ni son simples municipios ni resultan afectadas, a los efectos ahora examinados por el artículo 140 de la CE, en cuanto que su naturaleza excede de la del mero gobierno local.

El Tribunal Supremo confirma la condena a una empresa por orientar una de sus cámaras simuladas de vídeo hacia una propiedad colindante

Mié, 11/13/2019 - 14:15

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares que condenaba a una sociedad por intromisión ilegítima en la intimidad del demandante.

Dicha sociedad era propietaria de una finca contigua a la del demandante, con servidumbre de paso a favor de esta última. La sociedad instaló dos cámaras de seguridad que eran una simple carcasa alimentada por una batería, no aptas para grabar, y con una mera función disuasoria.

El demandante, antes del proceso judicial, formuló denuncia ante la AEPD, que archivó el expediente. Aunque el juzgado de primera instancia desestimó la demanda, la Audiencia Provincial revocó su decisión, apreciando la existencia de intromisión ilegítima en la intimidad del demandante.

El Tribunal Supremo confirma dicha decisión, recordando que al menos una de las cámaras, por su orientación hacia el jardín exterior de la vivienda, posibilitaba que el demandante y su familia pudieran sentirse observados en su propia parcela, no solo en la entrada y salida de la finca.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Puigdemont y Comin contra la decisión de Pablo Llarena de no revocar las órdenes de prisión tras ser eurodiputados electos

Mié, 11/13/2019 - 13:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación presentados por Carles Puigdemont y Antoni Comin contra el auto del juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, que rechazó su petición de dejar sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión al ser candidatos electos en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de este año.

El tribunal de la Sala Segunda encargado de revisar los autos del instructor rechaza en primer lugar el argumento de que la decisión de Llarena no fue motivada y fundada en derecho. Destaca que los razonamientos del juez Llarena son claros y no arbitrarios al fundar el mantenimiento de las órdenes de detención y prisión en la ‘incuestionable persistencia de la situación de rebeldía de los acusados y en su procesamiento por graves delitos”, y al considerar que para aplicar el privilegio o inmunidad parlamentaria no basta la condición de diputados electos sino que es presupuesto previo haber adquirido la condición de eurodiputados, lo que no ha sucedido.

Sin perjuicio -señala el auto- de la decisión que en su momento adopte el Tribunal de Justicia de la UE en la cuestión prejudicial planteada por la Sala en esta materia, el tribunal rechaza la interpretación sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria que hacen los recurrentes. Así, el tribunal sostiene que la condición de la inmunidad de los europarlamentarios está sujeta a dos condiciones: la adquisición de la plena condición de miembro del Parlamento Europeo mediante el previo acatamiento de la Constitución, y la toma de posesión tras la apertura de la primera sesión que se celebre tras las elecciones. Es decir, no incluye a los diputados meramente electos.

“En cualquier caso -señalan los magistrados-, para analizar el alcance, contenido y eficacia de las prerrogativas, privilegios e inmunidades inherentes a la condición de parlamentario europeo, en los términos que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta misma causa, será necesario que los recurrentes, alcanzada la condición de privilegio, comparezcan personalmente en esta causa y se pongan a disposición de la justicia”.

El auto también resalta que el presidente del Parlamento Europeo informó el 27 de junio a los recurrentes de que, no encontrándose sus nombres en la lista de diputados electos remitida a la Cámara por la Junta Electoral Central, no podía otorgarles el trato o condición de miembros del Parlamento Europeo como habían solicitado. Y que el presidente del TJUE, el 1 de julio, al rechazar una petición de medidas cautelares de ambos recurrentes, recordó que el Parlamento europeo no podía cuestionar la validez de la declaración hecha por las autoridades nacionales.

No es igual a la petición de Junqueras

Asimismo, el TS rechaza la alegación de los dos recurrentes de que se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley en relación con Oriol Junqueras, respecto a quien la Sala ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE, lo que no ha hecho el juez Llarena. La Sala contesta: “No cabe apreciar similitud entre lo pedido por el sr Junqueras, un permiso penitenciario para acudir a cumplimentar el trámite previsto en el artículo 224.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, cuando el mismo se encuentra en prisión y se ha sometido al juicio celebrado ante el Tribunal, y los ahora recurrentes, que se encuentran prófugos de la justicia, habiendo eludido su enjuiciamiento, y solicitan que se alce una orden de detención que pesa sobre los mismos. No coinciden ni lo que se pide, ni cómo se pide por uno y por los otros”.

También pone de manifiesto el auto que la legalidad vigente en España aplicada a Puigdemont y Comin es la misma que la aplicada al resto de candidatos electos al Parlamento Europeo, los cuales tuvieron que acudir a la comparecencia personal realizada por la Junta Electoral Central para acatar la Constitución.

En cuanto a la petición de ambos recurrentes de que la Sala elevase en este trámite una cuestión prejudicial con 17 preguntas al TJUE, la Sala destaca que ello excede del presente recurso de apelación ya que el planteamiento de dichas cuestiones prejudiciales no fue planteado en el recurso de reforma contra el auto del instructor. “El objeto del presente recurso viene determinado (…) por el objeto y pretensiones ejercitadas inicialmente, sin que puedan plantearse en la apelación nuevas pretensiones ajenas a las planteadas de manera inicial”.

Órdenes de detención dictadas mucho antes de su elección

Frente al alegato de los recurrentes de que el objetivo o la consecuencia de la orden nacional de detención y prisión pueda ser el impedir que un parlamentario electo llegue a tomar posesión de su escaño de acuerdo con la voluntad popular, la Sala contesta que “en efecto (…) sería inadmisible cualquier decisión judicial con semejantes objetivo y fundamento, pero las órdenes de cuya revocación se trata ahora fueron acordadas mucho antes de la concurrencia de los afectados a las elecciones al Parlamento Europeo, con el único objetivo de lograr su sumisión a la acción de la justicia española que voluntariamente ambos recurrentes habían decidido eludir, situándose fuera del territorio nacional”.

Otra alegación de ambos recursos es que la inmunidad parlamentaria debía extenderse a la fase previa a la toma de posesión o juramento del cargo de parlamentario europeo porque de lo contrario bastaría acordar el ingreso en prisión de un diputado electo para impedirle realizar los actos conducentes a la toma de posesión de su escaño. “Pero -responde la Sala-, el argumento inversamente indica que bastaría a cualquier sospechoso, procesado o condenado presentarse a las elecciones y ser elegido para eludir la acción de la justicia o de la ley penal. Lo cual es evidente que resulta inaceptable”.

El Tribunal Supremo fija una serie de criterios para valorar la suficiencia de indicios cuando no hay prueba directa en una sentencia condenatoria

Mar, 11/12/2019 - 13:10

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se desestimaron los recursos de apelación interpuestos por los condenados contra sentencia de fecha 18 de octubre de 2018 del Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña, en la que se condenaba a dos personas a las penas de 19 y 18 años de prisión por delito consumado de asesinato.

El jurado consideró que los dos acusados habían acabado con la vida de otra persona, y aunque no existió prueba directa del crimen sí que apreciaron y relataron en las respuestas al objeto del veredicto una serie de indicios concurrentes y concluyentes para sostener la condena.

La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro aceptó la valoración de la prueba existente de contenido meramente indiciario, en ausencia de prueba directa sobre todo en razón al poder de la concurrencia de la prueba indiciaria contundente, y ha fijado una serie de reglas o principios para entender concurrente la prueba indiciaria como suficiente para dictar una sentencia condenatoria.

* Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo acepta la medida cautelarísima contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que denegó ampliar el plazo para votar por correo a policías desplegados en Cataluña

Vie, 11/08/2019 - 15:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato de Policía JUPOL contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de 6 de noviembre de 2019, que rechazó adoptar las medidas necesarias para que los miembros de la Policía Nacional destacados en Cataluña pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones del próximo domingo.

La Sala indica que no le corresponde sustituir a la administración electoral en su ejercicio, pero sí arbitrar criterios que tendrá que seguir la JEC para facilitar que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado destacados en Cataluña puedan ejercer su derecho al voto. En primer lugar, el tribunal destaca que solo podrán acogerse al procedimiento excepcional que se acuerda en esta medida cautelar los policías nacionales que hayan sido desplazados sin advertencia previa, a partir del 31 de octubre de 2019 incluido.

En segundo lugar, el tribunal afirma que la administración electoral deberá establecer un procedimiento de solicitud de voto por correo en las Delegaciones del Gobierno en Cataluña ajustándose a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y al amparo de la previsión expresa del artículo 74 de esta ley en cada una de las provincias de la comunidad autónoma de Cataluña donde estén destacados los policías nacionales electores; el Ministerio del Interior adoptará todas las medidas necesarias para ello desplazando a todos los empleados de Correos que sean pertinentes al efecto.

En tercer lugar, la Sala establece que se debe ampliar el plazo de emisión de voto por correo para los electores indicados hasta el día 10 de noviembre incluido y el plazo para su escrutinio hasta el día13 posterior. Por último, se garantizará que no haya supuestos de doble emisión de votos.

En su escrito, los magistrados explican que en este caso concurren las circunstancias de urgencia ante la inminencia de la celebración de las elecciones generales y la petición que se formula en el escrito del sindicato policial que justifican la adopción de la medida cautelarísima. El supuesto planteado por la recurrente, añade el Supremo, es marcadamente excepcional.

El Tribunal Supremo avala la ordenanza de un municipio de Mallorca que prohíbe el uso de máquinas de construcción durante los meses de verano por exceso de ruido

Mié, 11/06/2019 - 08:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera ajustada a derecho la Ordenanza Municipal reguladora de ruidos y vibraciones del ayuntamiento de Andratx (Mallorca), aprobada por el Pleno el 27 de mayo de 2014, que prohíbe el uso de máquinas picadoras de construcción durante los meses de julio y agosto. Según la legislación, las máquinas de este tipo son trituradores de hormigón, martillos picadores de mano e hidráulicos, y equipos de perforación.

El tribunal afirma que la prohibición de uso de máquinas de este tipo por los altos niveles de ruido, establecida en la Ordenanza impugnada, es correcta y está justificada por la normativa europea y nacional relativa a las emisiones sonoras en el entorno debida a las máquinas de uso al aire Libre, así como por la ley contra la contaminación acústica de Illes Balears. La sentencia, con ponencia del magistrado Francisco Javier Borrego, recuerda la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que legitima a los Estados miembros a limitar el uso de máquinas en el medio ambiente para proteger a los ciudadanos de una exposición a ruidos irrazonable.

La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que anuló dicho acuerdo municipal tras admitir un recurso de la Asociación de Constructores de Baleares.

El artículo 23.3 de la ordenanza del ayuntamiento de Andratx recoge que en los meses de julio y agosto no se podrán usar máquinas picadoras, sin que ello implique la prohibición de obras, edificaciones y trabajos en la vía pública, que podrán continuar ejecutándose dentro del horario de trabajo.

La Sala concluye que esta norma de la Ordenanza no prohíbe la actividad de edificación, como dice el precepto, sino que la limitación afecta a una fase, la inicial de un proceso de edificación, y durante dos meses. Añade que se trata del “no uso de máquinas picadoras en los meses de julio y agosto, meses de intensa actividad turística en un municipio declarado todo su término zona turística. No es una prohibición de la actividad de edificación durante dos meses”.

El tribunal concluye que la no utilización de máquinas picadoras en los meses turísticos por excelencia, “es una limitación total del horario de trabajo con estas máquinas, o si se quiere, una prohibición de uso de dichas máquinas en dos meses, que por todo lo antes expuesto, se considera conforme al artículo 17 de la Directiva 2000/14/CE y DA Única del RD 212/2002, atendidos los derechos fundamentales que tal limitación/prohibición de uso de las máquinas picadoras protege, y su incidencia en la fase inicial de la actividad de edificación, que puede ser llevada a efecto adecuando el plan de la obra a esta limitación de no uso de las máquinas picadoras en julio y agosto, mediante una planificación del plan de la obra”.

La Sala anula la sentencia recurrida por incurrir en falta de motivación y en indefensión al omitir toda mención a la prueba, a las máquinas picadoras y su utilidad en las fases del proceso constructivo.

El Tribunal Supremo considera proporcional la expulsión de un guardia civil que ejercía como árbitro de fútbol por cometer robos en los vestuarios

Mar, 11/05/2019 - 15:10

La Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de separación del servicio impuesta por la ministra de Defensa a un guardia civil como autor de la falta muy grave consistente en ‘cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica’, conforme al artículo 7.13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

El guardia civil fue condenado en abril de 2018 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense como autor de un delito continuado de hurto, con la agravante de abuso de confianza y la atenuante de reparación del daño, por haber robado en los vestuarios de diferentes campos de fútbol de Galicia, donde participaba como árbitro oficial, diferentes cantidades de dinero de varios futbolistas.

El tribunal considera proporcional la medida de separación del servicio como consecuencia disciplinaria de dicha condena penal. “Dada la naturaleza de los hechos que dieron lugar a la condena penal, es proporcional a los mismos que la Administración decida que su autor debe ser sancionado con la separación del servicio, pues teniendo en cuenta la importancia que tiene y se reconoce a la irreprochabilidad penal de los funcionarios públicos en general, y con mayor razón a aquellos que tienen por misión la averiguación y persecución de los delitos, es proporcionado que ante la comisión de varios delitos dolosos (aunque formen una continuidad delictiva y se condene por un único delito continuado doloso) por parte de un miembro de la Guardia Civil, la respuesta de la administración sea la separación del servicio”, indica la sentencia.

Asimismo, la sentencia explica: “No hay duda de la importancia del delito continuado de hurto y de su afectación a los ciudadanos, pero tampoco la hay de la grave afectación que supone para el crédito que la Institución de la Guardia Civil debe merecer a los ciudadanos, el que uno de sus miembros sea condenado por tal delito, pues es, sin duda, un interés legítimo de la Administración que los que a ella pertenezcan -y con mayor razón si como Agente de la Autoridad deben averiguar y perseguir delitos- no hayan sido condenados por este tipo de conductas”.

La sentencia indica que la presente infracción disciplinaria contiene dos tipos disciplinarios: a) cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio; y, b) cometer cualquier otro delito condenado por sentencia firme, cuando tal delito, aunque no relacionado con el servicio, sin embargo, cause un grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica.

En el caso examinado, se trata del tipo sancionador del referido apartado b), el cual requiere dos elementos: por una parte, la existencia de la condena firme por la comisión de un delito no relacionado con el servicio; y, por otra parte, que tal delito cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica. Lo que concurre en este caso.

El Tribunal Supremo avala la reducción de horas lectivas de Religión en Educación Primaria en Baleares

Mar, 11/05/2019 - 14:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado un recurso del Abogado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y ha considerado ajustada a derecho la Orden del Conseller de Educación y Universidad del Gobierno balear, de 23 de mayo de 2016, por la que se desarrolló el currículo de Educación Primaria en el ámbito de Baleares y que recogía, en el punto 4 del Artículo Único, el denominado “horario semanal” para cada una de las asignaturas del ciclo educativo de Educación Primaria, estableciendo un mínimo de una hora semanal para la asignatura de Religión/Valores cívicos.

El alto tribunal revoca así la sentencia dictada el 17 de enero de 2018 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que había anulado dicho artículo 4 al estimar un recurso del sindicato USO.

El Supremo explica que aunque la Orden reduce el número de horas en que se han de enseñar la “Religión” y su alternativa en la etapa de Educación Primaria a una hora semanal en cada uno de los cursos, se trata aquí, por prescripción del artículo 18.3 b) de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en su redacción vigente, de asignaturas específicas que los alumnos han de cursar obligatoriamente -una y otra- y son evaluables como las demás que componen el currículo. Por tanto, desde este punto de vista no hay diferencia sino incluso identidad con las demás asignaturas específicas que son el término de referencia.

“Es evidente que se ha producido una reducción de horas sobre las previstas en la ordenación precedente. No obstante, es igualmente verdad que en el proceso no se ha aportado ningún elemento de prueba dirigido a acreditar la imposibilidad de desarrollar adecuadamente con el horario previsto en la Orden la asignatura”, añade la sentencia. Añade que, a falta de prueba en contrario, no hay razones para afirmar la insuficiencia de la hora semanal que ahora se prevé.

Indican los magistrados que estas razones son bastantes para estimar los motivos de casación en tanto sostienen que la sentencia del TSJ no ha aplicado correctamente el artículo II del Acuerdo con la Santa Sede y la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena emite euroórdenes contra los exconsellers catalanes Comin, Ponsatí y Puig

Mar, 11/05/2019 - 13:00

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido órdenes europeas de detención y entrega contra los exconsellers catalanes Antoni Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí, procesados en la causa del Procés y declarados en rebeldía. Las órdenes europeas, internacionales y nacional de captura e ingreso en prisión se emiten por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, en el caso de Comin; por delito de sedición, en relación a Clara Ponsatí; y de malversación y desobediencia, respecto a Puig.

Las órdenes europeas de detención y entrega de Comin y Puig se han remitido a la autoridad judicial competente de Bélgica, y la de Clara Ponsatí, a la autoridad judicial competente de Escocia, además de a las oficinas de coordinación policial europea Sirene. Las órdenes internacionales se han enviado a Interpol para la detención a efectos extradicionales en el caso de que estos procesados se localicen en un país que no pertenezca a la UE.

En un auto de 59 páginas, el juez Llarena hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del procés, y considera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes contra los tres exconsellers citados, una vez que se ha dictado la sentencia de la Sala II del Supremo en relación a otros 12 procesados en el mismo caso. Las tres personas citadas se encuentran en situación de rebeldía desde el 9 de julio de 2018.

El juez Llarena subraya que el resultado probatorio de la sentencia del procés no es directamente extrapolable a los procesados en rebeldía, quienes no han sido juzgados, y que se enfrentan a los hechos que ofrece la investigación, aunque “no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad”.

En ese sentido, expone que la sentencia ha fijado que el comportamiento que ofrecía discrepancias de subsunción entre los tipos penales de rebelión, sedición y desobediencia, es constitutivo de delito de sedición. Y ha considerado constitutivos del delito de malversación los gastos generados por la obtención de toda prestación onerosa orientada a la celebración del referéndum ilegal, aún cuando su importe no hubiera llegado a ser satisfecho; no siéndolo, sin embargo, la cesión de locales para la celebración de la votación por el supuesto valor de uso de estos inmuebles.

Asimismo, según destaca el auto, la sentencia ha establecido que la suscripción por todos los Consejeros de la Generalidad de Cataluña de un acuerdo gubernativo de asunción solidaria de los gastos que se promovieran por el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la realización del referéndum, no bastaba para la derivación de responsabilidad penal por malversación de caudales públicos respecto de estos desembolsos, sin que se realizaran actos materiales, nucleares o no, de ejecución.

En el relato de hechos del auto dictado hoy, y en relación a los indicios del delito de malversación contra Comin y Puig, se indica que bajo el control de la acción de gobierno por la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y por la Consejería de Economía y Hacienda, se abordaron gastos de la realización de la votación desde distintas Consejerías como la de Presidencia, la de Trabajo, la de Cultura, o la de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, entre los que destaca la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos para las mesas electorales y 5.346.734
sobres ordinarios con tarjetas censales, que abordó la empresa Unipost SA, con quien medió un acuerdo marco para la distribución postal que permitía la elusión de licitaciones posteriores.

“Una encomienda de 979.661,96 euros de importe, cuyo pago se disimuló y fraccionó, atribuyéndose a la Consejería de Cultura, regida por Lluís Puig i Gordi, la cantidad de 238.003,35 euros, y a la Consejería de Salud, regida por Antonio Comín i Oliveres, la cantidad de 233.180,55 euros”, señala el auto.

 

El Tribunal Supremo confirma la condena a tres años y medio de prisión al fundador de Esoen Business por estafar 294.000 euros a sus tíos

Jue, 10/31/2019 - 08:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años, seis meses y un día de prisión al fundador de Esoen Business, J.A.N., por engañar a sus tíos para que le dieran un poder con el pidió a los bancos 294.000 euros. El tribunal desestima el recurso de casación planteado por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le impuso dicha pena de prisión por un delito de estafa continuada.

La Sala afirma que del relato de hechos probados se desprende, como así entendieron el tribunal de instancia primero y después el de apelación, que el límite de endeudamiento aceptado por los tíos del acusado estaba en 20.000 euros y que el exceso obtenido por el acusado con otros préstamos en entidades bancarias diferentes, hasta 294.000 euros, lo consiguió sin contar con el consentimiento ni conocimiento de los poderdantes que, confiados en la relación de parentesco de su sobrino, “fueron engañados por éste, que les ocultó su intención de utilizar el poder en distintas solicitudes de préstamos, siendo indiferente, por lo razonado anteriormente, que el beneficiario final de los préstamos fuese la mercantil Esoen Business School, al ser el acusador el gestor y propietario de la misma”.

En definitiva, concluye que “el condenado concertó préstamos, ocultando su existencia a sus titulares, y que el dinero obtenido lo destinó a las atenciones de su empresa o a las suyas propias, y no tuvo intención alguna de atender pago alguno de las cuotas de los préstamos, como así hizo, lo que motivó las reclamaciones de las entidades bancarias y los subsiguientes perjuicios de los querellantes”.

Según los hechos probados, el recurrente habló con sus tíos para exponerles las dificultades económicas de Esoen Business School, S.L., que había fundado en 2014 con la que entonces era su esposa. Por ello, les dijo que para continuar con la actividad de la misma necesitaba un préstamo de 20.000 euros en el que también participarían sus padres. Para iniciar los trámites necesarios a los efectos de pedir el referido préstamo, sus tíos fueron al notario para formalizarlo, y por indicación del acusado, dicho notario les tenía preparado un poder que, tras su lectura, firmaron la correspondiente escritura, al igual que los padres del acusado, haciéndolo tras explicarles éste por teléfono, pues no estaba en la notaría, que así evitarían tener que acudir personalmente a la formalización de cada uno de los trámites que fueran precisos, pero sólo en relación con este préstamo que habían aceptado. Sin embargo, a pesar de haberse fijado en dicha cantidad el límite del préstamo -20.000 euros-, el acusado hizo valer el poder que le habían dado sus tíos, pero sin contar con el consentimiento, ni conocimiento de ellos, efectuó en su favor o en el de su empresa varias disposiciones dinerarias que, representando a los poderdantes, obtuvo de los bancos prestamistas, por un importe total de aproximadamente 294.000 euros.

El Tribunal Supremo confirma la condena a tres años de prisión a un hombre por colaborar en el clonado de tarjetas de crédito que después usó para pagar compras

Mié, 10/30/2019 - 14:40

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años de prisión impuesta a un hombre por colaborar en el clonado de tarjetas de crédito, y utilizarlas posteriormente para pagar compras que fueron cargadas a los titulares de las tarjetas copiadas.

El tribunal destaca en la sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Vicente Magro Servet, “el difícil recorrido investigador de los grupos que se organizan para atacar la integridad de la tarjeta de crédito o débito causando un serio daño a toda la cadena comercial y personal, ya que se ataca a la economía del sujeto pasivo, quien momentáneamente ve extraído de su cuenta el importe del gasto, se ataca a la entidad bancaria que debe resarcir al perjudicado el importe de la suma distraída, o el gasto llevado a cabo con la compra realizada con la tarjeta alterada, y, por último, y lo que es más importante, se pone en riesgo y juego el mercado financiero con la introducción en el comercio de sistemas de adquisición de bienes con dinero de plástico falsificado, lo que provoca una grave afectación y ataque al sistema financiero y de compras con crédito por la cadena de perjudicados que introduce con su falsaria conducta”.

La Sala pone de manifiesto el riesgo de la introducción de sistemas de alteración, copia, reproducción o falsificación de las tarjetas, que exige de un férreo control por el sistema, a fin de evitar graves perjuicios en el sistema de mercado y en la confianza en el uso de este material por los usuarios. De este modo, “con independencia de que las entidades bancarias que entregan a sus clientes estas tarjetas mejoren sus mecanismos de protección, el legislador ha mejorado el sistema de persecución para tutelar los derechos e intereses de los perjudicados desde el directo perjudicado inicial hasta la entidad bancaria que no debe verse sometida a una situación de impunidad o de falta o ausencia de recobro de la suma que ha debido satisfacer a su cliente ante la comisión de un delito de las acciones contempladas en el art. 399 bis CP de la comisión de estos delitos, que tienen su máxima expresión en los tres tipos de los pagos en centros comerciales, el pago a través de redes informáticas y las conductas abusivas en cajeros automáticos”.

El tribunal considera que “esta clase de relaciones obliga al establecimiento de sistemas de seguridad eficaces en la transmisión de los datos y de las operaciones realizadas para mantener la confianza de los usuarios en el sistema, y, sobre todo, se persigue proteger la estabilidad de las transacciones comerciales”.

Añade que un adecuado sistema de protección, control y evitación de este tipo de conductas permite “una mayor fluidez de estas operaciones comerciales, mayor confianza en el comerciante en que quien utiliza la tarjeta es su titular y que quien le atiende no procederá al clonado de la tarjeta, y, lo que es más importante, que no podrá hacerlo”.

Por último, la sentencia incluye datos sobre la relevancia de estas conductas en el sistema financiero, como consta en la Memoria anual sobre la vigilancia de las infraestructuras de los mercados financieros 2018 elaborada por el Banco de España. El informe indica que las compras realizadas con tarjetas durante ese año alcanzaron casi los 4.000 millones de operaciones, por un valor superior a los 147.431 millones de euros lo que supone incrementos del 13,8% y del 9,1%, respectivamente sobre el año anterior. También se registraron en el mismo periodo algo más de un millón de operaciones fraudulentas con tarjetas, por un importe de 88 millones de euros. Del total de operaciones fraudulentas, el 64% corresponde a fraude en compras realizadas en operativa remota, y el resto a TPV físicos (34%) y a cajeros (2%).

La Sala concluye que no se trata de que el comercio cobre en cualquier caso ante la comisión de estos delitos, “porque al final el dinero entra en su cuenta corriente con la venta del bien, o que el titular de la tarjeta sea indemnizado por su banco, sino que éste último no tenga que asumir un volumen de pérdidas por esta metodología delictiva, y que, por ello, la informática pueda impedir este tipo de hechos, porque una proliferación de estas conductas y la ausencia de mecanismos de control causa, como hemos apuntado, un relevante daño al sistema comercial, bancario y financiero de un país”.

El tribunal ha desestimado el recurso de casación planteado por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que le impuso dicha pena de prisión como autor de un delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito y débito, en concurso medial con un delito continuado de estafa.

Según los hechos probados, el recurrente propuso a una persona que trabajaba en una gasolinera de Laguna del Duero (Valladolid), que ya ha sido condenada, que copiase las tarjetas de crédito y de débito con las que pagaban los clientes para obtener y almacenar los datos de las bandas magnéticas, a través de un “skimmer”. La tarjeta era devuelta al cliente sin levantar sospechas. Así lo hizo el empleado de la gasolinera entre el 21 de marzo y el 5 de abril de 2009. Después se fabricaban nuevas tarjetas falsas –clonadas-, con la banda magnética de la original, pero con los datos personales de la persona que la iba a utilizar en el establecimiento. Las compras se cargaban al titular de la tarjeta copiada. El recurrente utilizó las tarjetas clonadas para realizar compras en un supermercado, una de 63 euros y otra de 741 euros, y en un centro comercial donde adquirió un Home Cinema (149 euros) y una televisión (468 euros).

El Tribunal Supremo anula la sentencia que condenó al expresidente del Parlamento vasco y a dos exmiembros de la Mesa de la Cámara vasca por desobediencia como consecuencia del fallo del TEDH

Mar, 10/29/2019 - 14:50

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado su sentencia, de 8 de abril de 2008, que condenó por delito de desobediencia al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y a los exmiembros de la Mesa de la Cámara vasca Gorka Knorr y Concepción Bilbao, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró vulnerado el derecho de dichas personas a un proceso equitativo.

El Supremo estima el recurso de revisión planteado por Atutxa, Knorr y Bilbao. El primero fue condenado a 1 año y 6 meses de inhabilitación y multa de 18.000 euros, y los otros dos a penas de 1 año de inhabilitación y multa de 12.000 euros.

El Tribunal Supremo anula por abusiva una comisión aplicada por Kutxabank que cobraba al cliente 30 euros por cada descubierto en su cuenta

Mar, 10/29/2019 - 12:00

La Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras. La que es objeto de esta causa- empleada por Kutxabank- no cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática.

Tampoco discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.

Se adjunta nota de la Sala Primera.

El Tribunal Supremo confirma las condenas de hasta 32 años de prisión para los principales acusados del asesinato de un vecino en Lliria (Valencia)

Lun, 10/28/2019 - 15:04

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Valencia a los principales acusados del asesinato de un hombre mientras dormía en su casa, ocurrido el 22 de enero de 2015 en una urbanización de Lliria (Valencia). También fueron condenados por el robo a un matrimonio en un bar de Pedralba.

El tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por dos de los condenados, M.G.A. y D.T.F., y confirma las penas que les impuso la Audiencia Provincial de Valencia por delitos de asesinato, robo y lesiones. El primero de ellos fue condenado a 32 años y 11 meses de prisión y el segundo a 31 años y 5 meses de prisión.

Por otro lado, estima de forma parcial los recursos interpuestos por los otros dos recurrentes, J. O.G. y J.D.R., lo que supone una rebaja de la condena. En el caso de J.O.G. se fija en 21 años y medio de prisión (antes 22 años y medio) al reducir en un año la pena por el delito de asesinato, y en el caso de J.D.R.C en 7 años y medio (antes 10 años y 4 meses). Este último ha sido condenado como cómplice de dos delitos de robo y un delito contra la salud pública. Otros dos condenados por estos hechos -S.A.G. (32 años y 11 meses) y L.L.B. (6 meses)- no recurrieron la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia por lo que en su caso la pena queda igual.

La Sala, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela, explica que los cuatros acusados, que entraron en el domicilio de la víctima por una ventana, iban armados -pata de cabra, cuchillo, pistola simulada y tubo metálico apto para disparar cartuchos- con objetos “aptos para causar no solo lesiones sino la muerte de una persona, máxime si eran utilizados simultáneamente”.

Añade que en el interior de la vivienda hallaron a la víctima tumbada y dormida ante el televisor, y por ello totalmente desprevenida y desarmada. Tres de ellos empezaron a atarcarla, la ataron de pies y manos y, después, la agredieron brutalmente con los objetos que llevaban. “Muestra de ello son las múltiples contusiones que la víctima sufrió en la cabeza, tronco y extremidades. Finalmente, S.A.G. le cogió por el cuello y lo apretó fuertemente, asfixiándole hasta matarle, por lo que no pudo defenderse de forma eficaz contra sus atacantes”, subraya la Sala.

Dicha actuación, asegura el tribunal, sin lugar a duda exterioriza intenciones que exceden con mucho de las meramente lesivas. “Lejos de ello, el ánimo homicida atribuible a los acusados fluye de forma evidente pues no cabe estimar que los acusados ignoraran el peligro concreto para la vida de la víctima que crearon con las conductas descritas, a pesar de lo cual no desistieron de su acción, aceptando con ello el resultado probable que habría de producirse, como finalmente aconteció”.

La Sala considera que “es tan clara la capacidad letal de la conducta desplegada por los acusados que el resultado de muerte no fue sino la materialización de un riesgo voluntariamente introducido por ellos, aceptando las consecuencias mortales, que llevaba implícita la peligrosa agresión ejecutada. No puede afirmarse que no se tiene voluntad de matar, cuando se realizan conscientemente los actos adecuados para causar la muerte”.

El tribunal afirma que, según este relato, los acusados “se valieron de su superioridad, al actuar conjuntamente, apoyando de esta manera cada uno de ellos las acciones de los demás, y al ir armados con objetos que por sus características han de reputarse peligrosos. Se trataba de objetos metálicos que habían cogido ex profeso para la ocasión, todos ellos contundentes, uno de ellos cortante y otro capaz de disparar cartuchos”. Además, asegura que la víctima estaba tranquila, confiando en la seguridad que le proporcionaba su morada, y totalmente desprevenida. Todo ello unido al ataque conjunto y sorpresivo que se llevó a cabo sobre ella, provocó que no pudiera oponer una defensa eficaz de su persona.

La Sala precisa que está acreditada la participación directa de los cuatro acusados y también la conformidad por parte de cada uno de ellos con la acción desplegada por su compañero. Así, indica que todos los acusados ostentaban el codominio del hecho y, por tanto, dominaban las acciones comunes y necesarias hacia el cumplimiento del tipo penal. Todos actuaron de manera conjunta apoyándose recíprocamente en la acción emprendida contra el Sr. V.. “Todos fueron conscientes de la agresión dirigida contra él, así como de sus consecuencias. Ninguno de ellos se opuso seriamente a ninguno de los actos llevados a cabo por los demás. Tras su fallecimiento nadie manifestó repulsa u objeción alguna, sino que continuaron con el plan proyectado apoderándose de determinados objetos con los que abandonaron el lugar, y procedieron posteriormente a su reparto. Por ello es acertada la conclusión que establece la Audiencia considerándoles como coautores de la totalidad de las acciones realizadas frente al Sr. V., esto es, de las que materialmente ejecutó cada uno y de las que, con su acción conjunta, permitió y apoyó que ejecutara su compañero, dominando de esta forma conjuntamente la totalidad del hecho delictivo”, afirma el tribunal.

Como consecuencia de ello, la Sala concluye que “no existió una defensa mínimamente efectiva que permita eliminar la concurrencia de la agravante de alevosía que cualifica el asesinato, en favor de la agravante genérica de abuso de superioridad, reservada para aquellos supuestos en que las posibilidades de defensa de la víctima no lleguen a quedar eliminadas, sino notablemente disminuidas…”.

La Sala subraya que “la confianza de la víctima en la normalidad y tranquilidad de su hogar, la traición por una sorpresiva e inopinada intromisión violenta en su domicilio, la indefensión del agredido, la superioridad en número de atacantes, la naturaleza de los instrumentos que éstos portaban y la ausencia de riesgo para los agresores, son elementos que en su conjunto satisfacen las exigencias objetivas y subjetivas de la alevosía…”.

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