Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestima la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para instar a Sanidad a proveer en 24 horas de medidas de protección a todos los centros sanitarios

Mié, 03/25/2020 - 13:20

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha denegado hoy la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para que se instará al Ministerio de Sanidad a proveer en el plazo de 24 horas a todos los centros sanitarios nacionales públicos y privados de una serie de medidas de protección.

El Supremo destaca en primer lugar que la CESM no precisa en su escrito contra qué actuación de la Administración se dirige y frente a la cual considera que sería imprescindible la medida cautelarísima que se reclama. Ademas, subraya que invoca preceptos de la Ley reguladora del proceso laboral y las medidas que piden se refieren al Ministerio de Sanidad. Ello normalmente obligaría a pedir al recurrente una subsanación de su escrito antes de estudiar su petición, pero en las circunstancias excepcionales actuales el alto tribunal entra en el análisis de la medida cautelarísima reclamada y señala que "no se dan los presupuestos necesarios para acordar la medida positiva, esto es, previa al proceso y sin audiencia de la Administración frente a la que se solicita".

El auto indica que "la Sala es consciente de la emergencia en que nos encontramos y también de la labor decisiva que para afrontarla están realizando especialmente los profesionales sanitarios. Tampoco desconoce que deben contar con todos los medios necesarios para que la debida atención a los pacientes que están prestando de forma abnegada no ponga en riesgo su propia salud, ni la de las personas con las que mantengan contacto. Y coincide en que se han de hacer cuantos esfuerzos sean posibles para que cuenten con ellos".

"Sucede, sin embargo -agrega el auto-, que no consta ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente y sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla. En estas circunstancias, como hemos dicho, no hay fundamento que justifique la adopción de las medidas provisionalísimas indicadas. Es decir, no se han traído a las actuaciones elementos judicialmente asequibles, los únicos que cabe considerar en el proceso, en cuya virtud deban acordarse sin oír a la Administración".

El tribunal concluye que procede, en consecuencia, denegar la solicitud y acordar que, previa la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo por parte de CESM, se tramite la pieza ordinaria de medidas cautelares conforme a los artículos 129 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción (en la que sí se pide informe a la Administración que sea demandada) en cuyo seno la Sala considera que podrá pronunciarse ya con conocimiento de todos los extremos precisos.

El Tribunal Supremo condena como responsable solidario al fabricante de un vehículo que llevaba instalado un software de control de emisiones manipulado

Jue, 03/12/2020 - 12:50

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha resuelto por unanimidad un recurso de casación en un asunto en que la compradora de un vehículo reclamó una indemnización de daños y perjuicios por la instalación en el motor de un software que manipulaba los resultados de las mediciones de emisiones contaminantes.

La sentencia de la Audiencia Provincial condenó al vendedor del vehículo a indemnizar a la demandante en 500 euros por daños morales, pero absolvió al fabricante. Ahora, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso del demandante y ha condenado también al fabricante, de forma solidaria con el concesionario.

Se adjunta nota de prensa de la Sala.

El Tribunal Supremo confirma la prisión permanente revisable a un hombre acusado de violar y asesinar a una mujer en Barcelona en 2015

Mié, 03/11/2020 - 14:25

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión permanente revisable impuesta a un hombre por violar y asesinar a una mujer semiinconsciente en la localidad de Castellar del Vallés (Barcelona) en 2015.

El tribunal desestima el recurso de casación planteado por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a su vez, confirmó el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona por delitos de abuso sexual con penetración a mujer mayor de edad privada de sentido y de asesinato con alevosía, con la atenuante analógica de intoxicación por la previa ingesta de alcohol y sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron después de una fiesta en el domicilio del condenado en la que se celebró el cumpleaños de la víctima. Según los hechos probados, a una hora indeterminada, el hombre abusó sexualmente de la mujer, aprovechándose de que carecía de toda resistencia al haber perdido la consciencia debido al consumo previo de alcohol y estupefacientes. Después, con la intención de acabar con su vida, la estranguló con sus manos hasta provocarle la muerte.

La sentencia, con ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, rechaza que el recurrente haya sido condenado sin pruebas, como sostiene en su recurso en el que, además, alegaba que los hechos estuvieron precedidos de la práctica de juegos sexuales consentidos por la víctima.

La Sala concluye que “no hubo consentimiento” porque la víctima no podía prestarlo, ya que había entrado en “un sueño profundo, tal y como relataron los testigos, uno de los cuales, antes de abandonar el domicilio, llegó a girarle la cabeza hacia un lado para que no se ahogara, al haber quedado con la cara pegada al colchón”.

En esta línea, -aclara el tribunal- “todos los elementos probatorios convergen en la idea de que, en el momento en que el acusado consumó el ataque a la libertad sexual de la víctima, ésta se hallaba con vida, aunque en un estado de semiinconsciencia que fue el resultado de la previa ingesta de bebidas alcohólicas, anfetaminas y ansiolíticos”.

El Tribunal Supremo desestima el incidente de nulidad promovido por la Comunidad Madrid en relación a la anulación de la enajenación de 32 promociones de viviendas

Mié, 03/11/2020 - 12:00

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado en una providencia el incidente de nulidad promovido por el Letrado de la Comunidad de Madrid contra el auto de la misma Sala, de 29 de noviembre de 2019, que inadmitió el recurso de la Comunidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la anulación de la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de 29 de agosto de 2013, y la posterior comunicación de dicho órgano, en relación con la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L.

 

El Tribunal Supremo estima los recursos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Uber contra el Real Decreto 1076/2017 sobre licencias VTC

Mié, 03/11/2020 - 10:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulos los artículos 1 y 2, así como la disposición transitoria única, del Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecían normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (las denominadas licencias VTC).

En dos sentencias, la Sección Tercera de la Sala Tercera ha estimado los recursos planteados contra dicho Real Decreto por la empresa Uber BV y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), respectivamente.

El artículo 1 del Real Decreto establecía que “las autorizaciones habilitantes para el arrendamiento de vehículos de turismo con conductor no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original por el órgano competente en materia de transporte terrestre, salvo en los supuestos de transmisión a favor de herederos en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su titular”.

El Supremo argumenta que la prohibición temporal de transmisión de las autorizaciones VTC no pretendió impedir un posible fraude sino incidir en el mercado del servicio de transporte limitando, al menos temporalmente, el incremento de la oferta. “Y siendo ello así, nos encontramos ante una restricción justificada exclusivamente en motivos económicos, lo que contraviene la Ley de Garantía de Unidad de Mercado cuando considera inaceptables, por limitar injustificadamente la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, aquellas disposiciones y medios de intervención de las autoridades que contengan o apliquen requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones”.

Por su parte, el artículo 2 del Real Decreto establecía la obligación de los titulares de licencias VTC de comunicar a la Administración, por vía electrónica, una serie de datos relacionados con el servicio que se presta (como el lugar y fecha de celebración del contrato; el lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio y el lugar y fecha en que haya de concluir; la matrícula del vehículo) y con la identidad del arrendador y del arrendatario (nombre y número del documento nacional de identidad o código de identificación fiscal del arrendador y el arrendatario) a un registro nacional habilitado por la Dirección General de Transporte Terrestre. El objetivo, según la sentencia, era controlar que los vehículos con licencia VTC desarrollen la mayor parte de su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma que concedió la autorización.

Para los magistrados, ello crea una obligación de comunicación de datos personales de los usuarios del servicio que “carece de justificación en relación con la finalidad perseguida, pues dicha información resulta irrelevante para controlar los desplazamientos del vehículo, creándose, sin embargo, una base de datos a nivel nacional que permite establecer patrones de conducta en relación con la movilidad y la utilización del servicio de este transporte urbano de personas físicas perfectamente identificadas, lo cual no solo puede desincentivar la utilización de este servicio sino que tiene una clara incidencia en la esfera de derechos protegidos por la normativa de protección de datos”.

Las sentencias cuentan con el voto particular de 3 de los 7 magistrados que las han dictado, que consideraban que debieron desestimarse los recursos por considerar el Real Decreto ajustado a derecho.

El Tribunal Supremo confirma que hubo infracciones a los principios de neutralidad informativa de TV3 y Catalunya Radio en proceso electoral 21-D de 2017

Vie, 03/06/2020 - 13:59

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A., contra acuerdos de la Junta Electoral Central dictados en diciembre de 2017, en el marco de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para el 21 de diciembre de ese año, que consideraron que TV3 y Catalunya Radio vulneraron en cuatro ocasiones los principios de neutralidad informativa y pluralismo político. El alto tribunal confirma que se trató de contenidos partidarios que supusieron un alineamiento del medio público con unas formaciones políticas en perjuicio de otras.

Dos de los acuerdos de la JEC se referían a las manifestaciones de la presentadora de la sección ‘La Portada’ del programa ‘El matí’ de Catalunya Radio en las ediciones del 28 y del 30 de noviembre, y los otros dos a la cobertura informativa dada por TV3 a un concierto “per la llibertat de los presos politics’ convocado por la ANC para el 2 de diciembre de 2017, en el programa ‘Telenoticies Vespre’, y a una manifestación en Bruselas el 7 de diciembre del mismo año.

Los magistrados han escuchado y visto los programas que dieron lugar a los acuerdos de la Junta Electoral Central, y confirman que no son compatibles con los principios de neutralidad informativa ni con la exigencia de respeto al pluralismo que exige el artículo 66.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en periodo electoral.

Según destaca la sentencia, “el concepto de neutralidad informativa no es (…) ‘un cajón de sastre’ que admita cualquier contenido y entre en conflicto con la libertad de información, sino la plasmación en los períodos electorales de la exigencia reforzada para los medios públicos de la objetividad requerida a todas las Administraciones Públicas por el artículo 103.1 de la Constitución y de la que les impone su artículo 20.3 de respetar en todo tiempo el pluralismo político y social. La parcialidad en la información que se traduce en ventaja para quien ve acogidos sus postulados y desventaja para los demás es radicalmente incompatible con dichos principios”.

Subraya que las alocuciones de la presentadora de "La Portada" de "El matí de Cataluña Ràdio" de los días 28 y 30 de noviembre de 2017 “no contienen ni son información sino opinión. Y, por los términos en que se expresan, vienen a reflejar una suerte de línea editorial del medio. Dichas alocuciones reflejan un evidente juicio negativo sobre una parte de las formaciones políticas concurrentes a las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y, simultáneamente, comportan una apreciación positiva de otras. Más allá del tono, la ironía o el sarcasmo, el extremo relevante es que el mensaje transmitido es parcial. Toma partido, no es neutral. La Junta Electoral Central no se equivoca en su apreciación”.

Y en cuanto a la cobertura del concierto del día 2 de diciembre de 2017 y la dada a la manifestación del día 7 siguiente “incurren en el mismo vicio. El medio público se convierte en altavoz de iniciativas de parte y lo hace de un modo que no guarda proporción con el trato dado a los demás participantes en las elecciones. La demanda reconoce que se produjeron diversas conexiones con el concierto y no niega las referencias horarias que destaca la Junta Electoral Central sobre la cobertura de la manifestación. El carácter noticioso y el interés de uno y otro acontecimiento no son discutibles, pero tampoco lo es que eran iniciativas de parte con trascendencia electoral y que el medio público amplificó su eco beneficiando así a los que los promovieron en desventaja para las demás fuerzas políticas que participaban en las elecciones”.

Hubo reiteración

La Sala considera que no hay duda, al considerar conjuntamente los acuerdos de la JEC recurridos, que hubo reiteración en la actuación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. “Así, sucedió que la Corporación recurrente, actuó a favor de unos y en contra de otros. No hace falta un especial esfuerzo para advertirlo y, ni siquiera empleándolo podría pasar desapercibida esa parcialidad. Por tanto, ningún reproche cabe hacer a la Junta Electoral Central por apreciarlo y resolver en consecuencia”, según los magistrados.

Además, indica que es verdad que las elecciones del 21 de diciembre de 2017 se convocaron y celebraron en unas circunstancias excepcionales, fueron las que que dieron lugar a la aplicación por vez primera del artículo 155 de la Constitución. Pero “precisamente la gravedad de la situación debió llevar a que medios de comunicación de titularidad pública, como lo son los integrados en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, extremasen el celo y se esforzaran por mantener en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 su neutralidad informativa y respetar el pluralismo político constitutivo de la sociedad catalana, de toda ella, pues es toda la sociedad la que los sostiene y a la que se deben”.

La sentencia destaca además que la Junta Electoral Central era competente para ordenar en sus acuerdos a la Junta Provincial de Barcelona, como hizo, la incoación de los expedientes sancionadores a la CCMA. La Junta Electoral Central estimó recursos del PP contra acuerdos de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en el caso de los dos acuerdos sobre Catalunya Radio y en el relativo al concierto organizado por la ANC, mientras que en el relativo a la manifestación de Bruselas desestimó un recurso de CCMA contra un acuerdo de la Junta Provincial que sí apreció en la cobertura de TV3 infracción del artículo 66.1 de la LOREG sobre neutralidad informativa. Y además estimó el recurso del PP y ordenó la incoación de expediente sancionador.

El juez Llarena confirma la petición al Parlamento Europeo de suspender la inmunidad de Puigdemont

Jue, 03/05/2020 - 14:50

El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por Carles Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oliveres, en relación con los autos dictados el 10 de enero de 2020, contra:

a. La decisión del instructor de solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad que atañe a los recurrentes en su condición de miembros de la referida Cámara;

b. La decisión de comunicar al Parlamento Europeo el previo procesamiento de los parlamentarios hoy recurrentes;

c. La decisión de comunicar al Parlamento Europeo que se mantienen las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión de ambos parlamentarios, así como las órdenes europeas para su detención y entrega; y

d. Respecto de las euroórdenes de detención y entrega de los recurrentes que están actualmente en trámite de ejecución en Bélgica, la decisión del instructor de comunicar a la autoridad judicial belga que se ha solicitado del Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad que afectaba a Carles Puigdemont y Antoni Comín.

El Tribunal Supremo avala la prohibición de difundir publicidad de clínicas de odontología utilizando a personas famosas

Jue, 03/05/2020 - 13:50

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, S. L. (Dentix) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirmó la prohibición de la Comunidad Foral de Navarra para la difusión de una campaña publicitaria protagonizada por un famoso actor y una conocida presentadora de televisión de una de sus clínicas odontológicas de Pamplona.

En primera instancia, un juzgado de lo Contencioso de Pamplona había autorizado esa publicidad al entender que no recomendaba un producto sanitario concreto, sino “el método Dentix” y que la publicidad se centraba en factores empresariales y económicos, pero no sanitarios y, por tanto, no incurría en recomendación prohibida.

La Comunidad foral de Navarra recurrió en apelación y el TSJ navarro le dio la razón, al considerar que Dentix estaba utilizando la imagen de dos personas famosas para publicitar no solo su método sino también un producto sanitario.

Dentix recurrió en casación al Tribunal Supremo y ahora la Sección Cuarta de lo Contencioso confirma la sentencia del TSJ. La cuestión de interés casacional que ha analizado la Sala es “si el artículo 4 del Real Decreto 1907/1996 sobre prohibiciones y limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria de productos, materiales, sustancias energías o métodos con pretendía finalidad sanitaria, resulta extensible a los servicios de odontología; y si resulta relevante, a los efectos de ofrecer una respuesta a dicha cuestión, el hecho de que la publicidad concreta relativa a los servicios de odontología incluya también la publicidad de productos sanitarios, y si resulta irrelevante que dichos productos requieran de asistencia especializada para su implantación”.

La sentencia, ponencia de la magistrada Pilar Teso, analiza toda la normativa existente sobre la publicidad de materias o productos sanitarios. Recuerda que por su naturaleza y lo delicado de la cuestión, se justifica la intervención de la Administración, a través de un régimen de autorizaciones administrativas previas. El tribunal señala que la publicidad comercial de productos, actividades o servicios se somete a un control que garantice la observancia de los criterios de veracidad, claridad e información, “esenciales en todo aquello que afecte a la salud, atendidos los perjuicios que en dicho ámbito pueden ocasionarse para las personas”.

En relación con la campaña publicitaria cuestionada, consistente en folletos formato tríptico en los que aparecían dos personas famosas, la Sala entiende que no resulta relevante a los efectos de publicidad, que se trate de un medicamento o de un producto sanitario, o de una técnica o un método, denominado Dentix en este caso, pues se incluyen en el artículo 78.8 de la Ley 29/2006 que establece requisitos y limitaciones en la publicidad de medicamentos y productos sanitarios destinados al público en general.

El citado artículo se refiere, según explican los magistrados, “a la publicidad de técnicas o procedimientos médicos ligados a la utilización de productos sanitarios específicos, a los que somete a los mismos criterios previstos para la publicidad de productos sanitarios que estén destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios”.

La sentencia añade que el artículo 78.7 de la citada Ley 29/2006 establece también una prohibición expresa al señalar que no podrán ser objeto de publicidad destinada al público los productos sanitarios que estén destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios.

A continuación, la sentencia subraya que el Real Decreto 1591/2009, en concreto el artículo 38, apartado 8 y 9, al regular la publicidad y promoción de los productos dirigida al público, “prohíbe cualquier mención que haga referencia a una autoridad sanitaria o a recomendaciones que hayan formulado científicos, profesionales de la salud u otras personas que puedan, debido a su notoriedad, incitar a su utilización (apartado 8). Por ello -añade la resolución-, se prohíbe efectuar publicidad, en los términos ya expuestos, dirigida al público en general, respecto de los productos que sean aplicados o utilizados directamente por dichos profesionales, como disponía la Ley 29/2006, así como la publicidad de todo producto que sin ajustarse a lo establecido en ese real decreto pretenda realizar alguno de los fines previstos en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b) del citado Real Decreto. Del mismo modo, que se prohíbe respecto de las técnicas, cuyo régimen se asimila, en la expresada Ley 29/2006 y por lo que hace al caso, al de los productos sanitarios”.

Por otro lado, la Sala concluye que a Dentix no se le puede aplicar el Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad de productos o actividades o servicios “con pretendida finalidad sanitaria” porque su finalidad sanitaria es innegable. Pero alcanza la misma conclusión que el TSJ navarro, de avalar la prohibición de la campaña publicitaria de Dentix, al entender que el método al que se alude en la publicidad en cuestión queda incluido en las técnicas que recoge el artículo 78.8 de la mencionada ley, “sobre todo cuando comprobamos el tenor de la publicidad realizada por un actor y una presentadora, al referirse a la “nueva forma de hacer odontología”. Lo que no sugiere -añade la sentencia- “ni evoca, a una eficiente gestión de tipo empresarial, sino la forma en que realiza o se presta el servicio sanitario propio de una de las ciencias de la salud”.

El Tribunal Supremo confirma la estafa piramidal de Fórum Filatélico y establece penas de entre seis meses y once años de cárcel para 16 acusados

Jue, 03/05/2020 - 13:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia del ‘caso Fórum Filatélico’ en la que ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, los magistrados consideran demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni una pequeña parte del dinero que entregaban, que no se revalorizaban, y que solo mediante la captación de nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el capital invertido más los altos intereses garantizados, superiores a los ofrecidos por los bancos.

El Supremo condena a 16 acusados con penas que oscilan entre los 6 meses de prisión y los 11 años y 10 meses de cárcel, ésta última impuesta al expresidente de Fórum Filatélico F.B. por delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, así como blanqueo de capitales, por el que es condenado además a pagar una multa de 49,7 millones de euros.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, establece que la indemnización a las víctimas de la estafa de la que deben responder los acusados F.B. y J.R.G.F. (exasesor jurídico de la empresa), y subsidiriamente Fórum Filatélico, se determinará en ejecución de sentencia en atención al total de las cantidades efectivamente entregadas por los clientes a Fórum Filatélico, minorada en las cuantías percibidas por los perjudicados con motivo de la liquidación de la compañía, y sin contar los intereses pactados que no hubiesen sido abonados.

El Supremo corrige la sentencia de la Audiencia Nacional en algunos aspectos técnicos. Así, reduce la condena a F.B. de 12 años y 4 meses a 11 años y 10 meses debido a que, en relación con el delito de blanqueo de capitales, al concurrir una atenuante (dilaciones indebidas), la pena debió imponerse en su mitad inferior, cuyo máximo era de 3 años y 3 meses, que es lo que se establece (en vez de los 3 años y 9 meses que impuso la Audiencia).

La modificación principal afecta al exasesor jurídico de Fórum J.R.G., cuya condena pasa de 6 años y 3 meses a 3 años y 3 meses de prisión, más una multa de 15,9 millones, porque el tribunal entiende que, en relación al delito de estafa, su actuación encaja como cómplice y no como cooperador necesario.

La sentencia absuelve a cuatro de los veinte condenados por la Audiencia Nacional, al considerar que no hay prueba suficiente contra ellos y que debe prevalecer su presunción de inocencia. Y respecto al testaferro P.R.R., se le reduce en 6 meses la pena (de 3 años y 6 meses a 3 años) como cómplice de la estafa, porque las acusaciones pedían para él 3 años de prisión y ese límite no puede rebasarse en virtud del principio acusatorio.

Mecanismo de la estafa

La sentencia explica que Fórum Filatélico ofrecía al público la venta de lotes de sellos asegurándoles que, transcurrido el plazo fijado en el contrato se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, de no encontrar comprador, la misma Fórum los adquiriría. Esto último era lo que ocurría prácticamente en todos los casos. Además, les aseguraba una rentabilidad durante ese plazo, superior a la que ofrecían las entidades bancarias.

Los clientes, explican los magistrados, ignoraban que en realidad el dinero que la sociedad recibía de ellos se destinaba en parte a la compra de nueva filatelia a precios muy inferiores a los que luego se vendían o adjudicaban a los clientes, en parte a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión o a quienes percibían el interés asegurado, en parte al funcionamiento de la empresa y en parte se desviaba hacia el patrimonio personal de los acusados. E ignoraban también que la única forma de devolver el dinero a quienes lo solicitaban al finalizar los contratos o de pagar los intereses asegurados era disponer de las cantidades de dinero entregadas por los inversores, ya que Fórum no tenía otras fuentes de ingresos.

La sentencia indica que algunos acusados crearon y otros participaron en circuitos creados con sociedades interpuestas mediante las que, haciendo circular la mercancía de forma real o supuesta, conseguían, con sucesivas compraventas, incrementar artificialmente el precio de los sellos que finalmente adquiría Fórum. También procedieron a extraer clandestinamente de Fórum sellos ya adquiridos por ésta, que hacían circular por él circuito de esas sociedades para que finalmente volvieran a Fórum, que así pagaba nuevamente por los mismos sellos. Tanto en uno como en otro caso, esos circuitos además de ser utilizados para encarecer artificialmente el precio de los sellos, se empleaban para desviar dinero a favor de algunos de los acusados.

El Supremo ratifica que los hechos probados son constitutivos de un delito de estafa. Explica que la compraventa de sellos o, de otros objetos, con pacto de recompra, puede hacerse de forma lícita, “pero en el caso, la voluntad de los inversores se captaba mediante engaño, y ese engaño era lo que determinaba los actos de disposición que aquellos realizaban en su propio perjuicio, al situar su dinero en una ignorada situación de alto riesgo de pérdida”.

Desvío de fondos a los patrimonios personales de los acusados

Respecto del delito de insolvencia punible, se declara también probado que “el negocio producía pérdidas constantes, debido al compromiso de recompra con intereses y a que la única fuente de ingresos era el dinero de los inversores. Los grandes costes de producción, organización y distribución, debidos al mantenimiento de la red comercial y a la compra masiva de sellos, más la tesorería que requería la devolución del dinero a los inversores y el abono de los intereses convenidos, incrementaban de modo progresivo la situación de insolvencia. A ello ha de añadirse que algunos acusados desviaban dinero hacia sus patrimonios personales. Todo ello hacía que el activo no pudiera hacer frente a las deudas”.

En lo que se refiere al delito de blanqueo, se condena a algunos acusados en cuanto que han intervenido en operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero que los autores de la estafa desviaban a su favor, así como la identidad del propietario de esas cantidades, en muchos casos utilizando sociedades que solo indirectamente eran controladas por los autores del delito de estafa.

Condena a los dos auditores externos

En lo relativo al delito de falsedad de las cuentas sociales, por el que han sido condenados el expresidente y los dos auditores externos, la Sala recuerda que el artículo 290 del Código Penal sanciona a los administradores de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero.

La sentencia indica que de los hechos probados resulta que las cuentas anuales no recogían adecuadamente los compromisos con los clientes y además sobrevaloraban la filatelia de la sociedad. Como consecuencia ofrecían una imagen de la sociedad según la cual generaba altísimos beneficios (en 2001, 34.809:000 euros; en 2002, 38.604.000 euros; en 2003, 43.777.000 euros), cuando su situación era de insolvencia inevitable por la misma concepción del negocio.

Respecto al delito de falsedad de cuentas cometido por los auditores como cooperadores necesarios, la sentencia reitera que la aportación del auditor avalando con su informe, cuando es necesario en tanto que exigido por la ley, unas cuentas que sabe que ocultan la imagen fiel, dada la relevancia de la misma, debe ser considerada como constitutiva de cooperación necesaria.

Añaden los magistrados que no sería correcto minimizar la trascendencia de la labor de los auditores en el control de la corrección de las cuentas de las sociedades. “Es cierto que no son ellos quienes las elaboran y formulan; también que no les corresponde garantizar su exactitud. Pero también lo es que su función opera como un elemento de seguridad para terceros ajenos a la misma sociedad respecto a si las cuentas se han preparado y presentado según las normas aplicables, en la medida en que, como dice textualmente el artículo 1 de la Ley 19/1988, de auditoría de cuentas, vigente al tiempo de los hechos, su labor consiste en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le sea aplicable".

Por último, sobre el delito de blanqueo de capitales, el alto tribunal recuerda que el tipo requiere, en primer lugar, la realización de cualquier acto que debe entenderse equivalente a la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión, en relación con bienes, en segundo lugar, que esos actos se ejecuten con la finalidad de ocultar el origen delictivo de los bienes o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de su conducta, lo que se consigue, entre otras modalidades, ocultando la titularidad de los bienes; y, en tercer lugar, que ello se haga conociendo que los bienes de que se trate proceden de una actividad delictiva.

El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el plazo de 30 años para cancelar la inscripción en el Registro de Delincuentes Sexuales

Jue, 03/05/2020 - 08:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que el plazo de 30 años para la cancelación de inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales cuando se haya cumplido la pena sin volver a delinquir, y la víctima sea menor de edad y el condenado mayor de edad, que está previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1110/2015, es ajustado a derecho.

El tribunal analiza el Real Decreto en relación con la Directiva 2011/93 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, y con las leyes 26/15 de la Infancia y la Adolescencia y 1/96 de Protección Jurídica del Menor.

De acuerdo con dicha normativa europea y nacional, concluye que el Real Decreto tiene cobertura en la habilitación otorgada por la Disposición Final Decimoséptima de la referida Ley 26/15, “sin que las limitaciones para el ejercicio de determinadas profesiones o actividades en contacto con menores –cuya causa no es otra que la potencial peligrosidad de los pederastas- vulneren el principio de legalidad (art. 25 CE), entre otras razones porque no estamos ante sanciones, sino ante medidas limitativas de derechos, de naturaleza tuitiva”.

Del mismo modo, afirma que el Registro de Delincuentes Sexuales “es un instrumento de protección en beneficio del menor”. Añade que su finalidad es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden acceder y ejercer a profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen o no de antecedentes penales. “Estas limitaciones o prohibiciones no vulneran el derecho al honor de los condenados por este tipo de delitos, honor que, precisamente, se ha perdido por el comportamiento del autor de tales conductas”, subraya la Sala.

Tampoco considera que infrinja el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución española. En este sentido, indica que no se vulnera el precepto puesto que, aparte de que la inscripción en el Registro de Delincuentes Sexuales no hace sino recoger la información que ya existía en los Registros dependientes del Ministerio de Justicia (Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias firmes), con unos fines de naturaleza tuitiva, en línea con los compromisos internacionales contraídos por España, “dicho Registro y las medidas que en el Real Decreto se contemplan no son disposiciones sancionadoras, insistimos, sino medidas de protección de los menores frente a la lacra que representan los pederastas y depredadores sexuales, siendo ese interés del menor absolutamente prevalente, y, así ha sido reconocido en la referida normativa”.

En todo caso, prosigue la Sala, la previsión de la Disposición Adicional Primera del R.D. 1110/15, relativa a que los datos relativos a penas y medidas de seguridad «que figuren inscritos en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, se remitirán automáticamente al Registro Central de Delincuentes Sexuales en el estado en que se encuentren» no vulnera el art. 9.3, pues estaríamos ante un supuesto de retroactividad mínima excluida por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo de la retroactividad en sentido propio, ya que la norma afecta a situaciones o relaciones jurídicas actuales no concluidas.

Asimismo, la sentencia, con ponencia de la magistrada Inés Huerta, considera que no se vulnera el artículo 136 del Código Penal –cancelación de antecedentes penales- en la medida que el Real Decreto 1110/15 se refiere al Registro Central de Delincuentes Sexuales, con un objeto y finalidad distinto al Registro Central de Penados.

Por último, recuerda la sentencia, que no puede olvidarse que un Registro de estas características y con idéntica finalidad, el Fichero Judicial Nacional automatizado de Autores de Delitos sexuales o violentos de Francia, ha sido avalado en sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de diciembre de 2009.

La Sala resuelve el caso de un hombre que fue condenado como autor de un delito de posesión de pornografía infantil a la pena de tres meses de prisión el 12 de diciembre de 2012, aunque se le concedió la suspensión de la misma, con la condición de que no cometiera delitos durante el plazo de dos años y siguiera el tratamiento psicológico. El ministerio de Justicia canceló sus antecedentes penales en 2016, pero le denegó la solicitud de suprimir los datos inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales por no haber transcurrido el pazo de 30 años previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1110/15. La Audiencia Nacional confirmó dicha decisión administrativa contra la que el condenado interpuso recurso de casación.

Ahora, el Tribunal Supremo le da la razón y reconoce el derecho del recurrente a que se cancele la inscripción del citado Registro ya que su antecedente penal debió estar cancelado de oficio el 12 de marzo de 2015, antes de que entrara en vigor el Real Decreto 1110/15.

El Tribunal Supremo considera usurario un tipo de interés de un 27,24% de una tarjeta de crédito ‘revolving’

Mié, 03/04/2020 - 12:50

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Wizink Bank contra una sentencia que había declarado la nulidad de un contrato de crédito ‘revolving’ mediante uso de tarjeta por considerar usurario el interés remuneratorio, fijado inicialmente en el 26,82% TAE y que se había situado en el 27,24% a la fecha de presentación de la demanda.

En el caso que analiza la sentencia, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio habría podido realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores; sin embargo, en este caso la demandante únicamente pidió la nulidad de la operación de crédito por su carácter usurario, es decir, fundándose en la Ley de Represión de la Usura de 1908.

El Pleno de la Sala considera, en primer lugar, que la referencia del “interés normal del dinero” que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y ‘revolving’ publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo declara su competencia para enjuiciar a un diputado ERC por desobediencia

Mar, 03/03/2020 - 15:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara su competencia para enjuiciar al diputado de ERC Joan Josep Nuet por un supuesto delito de desobediencia, y ordena retrotraer las actuaciones al trámite de calificación, dando traslado al Ministerio Fiscal para “ajustar” la calificación en cuanto a la prueba solicitada limitada al delito que se imputa al aforado.

El tribunal explica que la competencia debe residenciarse en el Supremo una vez acreditada sobrevenidamente a la instrucción, calificación y apertura del juicio oral la condición de electo y adquirida definitivamente la condición de parlamentario del Congreso de los Diputados de Joan Josep Nuet.

En su auto, rechaza que la competencia deba mantenerse en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como reclamaba el aforado, que alegaba un acuerdo de Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 2 de diciembre de 2014, que estableció que en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado.

Tales alegaciones –aclara la Sala- no pueden ser estimadas porque dicho acuerdo “se refiere a los supuestos de pérdida de fuero procesal durante la tramitación de la causa, pero no a los casos de adquisición sobrevenida de un fuero procesal por quien hasta entonces careciera de uno o estuviera amparado por otro diferente”.

La causa contra Joan Josep Nuet se inició en el Tribunal Supremo, aunque, posteriormente, este tribunal acordó desgajar la misma de la causa principal del “Procés”, junto a la de otros miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, y remitirla al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para su enjuiciamiento. El TSJ catalán envió al alto tribunal una exposición razonada el pasado mes de diciembre para que se hiciera cargo del enjuiciamiento de Nuet una vez que fue elegido diputado nacional.

El diputado de ERC está acusado de un delito continuado de desobediencia grave por haber votado como miembro de la Mesa del Parlament catalán -secretario tercero- a favor de la tramitación de diversas iniciativas parlamentarias, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional para que se abstuviera de hacerlo y de los informes desfavorables de los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica.

 

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Acciona y Obrascon contra el desistimiento de la Ciudad de la Justicia de Madrid

Mar, 03/03/2020 - 14:30

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha desestimado hoy los recursos interpuestos por las empresas Acciona y Obrascon contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de noviembre de 2017, que dio la razón a la Comunidad de Madrid y declaró conforme a Derecho la Orden de 17 de noviembre de 2015 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, por la que se dispuso el desistimiento del procedimiento de adjudicación correspondiente al contrato de concesión de obra pública denominado “Redacción del proyecto de ejecución, construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid”.

El tribunal notificará la sentencia completa con sus fundamentos jurídicos en los próximos días.

El Tribunal Supremo condena a un salón de juegos por no proteger al encargado de amenazas de un cliente adicto al juego

Mar, 03/03/2020 - 14:00

El Tribunal Supremo ha condenado a los responsables de un salón de juegos de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) a pagar una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, por no haber adoptado medidas de control y de prevención para proteger al encargado de la sala ante las amenazas de muerte vertidas por un cliente, que reclamaba hablar con sus jefes para que le devolvieran el 10% de las cantidades jugadas y perdidas -entre 3000 y 7000 euros a diario- y que, al no ser atendidas sus reclamaciones, le disparó varias veces y amenazó con el arma a otras dos personas.

La Sala estima parcialmente el recurso de casación planteado por la acusación particular, ejercida por la víctima, y condena al salón SPORT 333 S.A., como responsable civil subsidiario, y a la aseguradora SEGURCAIXA, S.A. de SEGUROS Y REASEGUROS, como responsable civil directo –a ésta última hasta el límite de la póliza de 150.000 euros- , a pagar 307.429 euros al encargado del salón, por las lesiones que sufrió como consecuencia de los disparos, al considerar que la ausencia de medidas de protección establece y fija el nexo causal que deriva la responsabilidad por riesgo a la empresa y a la aseguradora. En su recurso, alegaba que la empresa no dio especial importancia a las amenazas de muerte y a las reclamaciones que el recurrente les había trasladado previamente.

También desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que le impuso una pena de 11 años, 6 meses y 7 días de prisión por un delito en grado de tentativa contra las personas en su modalidad de asesinato con alevosía del artículo 139.1.1a del Código Penal, con la concurrencia de la atenuante analógica de toxicomanía, un delito de tenencia ilícita de armas y dos delitos de amenazas del artículo, con la concurrencia de la atenuante analógica de toxicomanía. Del mismo modo, impuso el pago de dicha indemnización al autor de los hechos y absolvió a la empresa de juegos y a la aseguradora.

Ahora, por el contrario, la Sala señala que debe declararse la responsabilidad civil de la entidad y su aseguradora por la vía del art. 120.3 CP por no adoptarse medida de seguridad alguna ante las serias amenazas de que se diera el ataque que finalmente ocurrió al ser evidente y obvio el riesgo de que los hechos tan graves ocurridos tuvieran lugar por las amenazas previas no tenidas en cuenta por los responsables del local.

Añade que “en el caso presente no existe duda de que el incumplimiento de tales disposiciones de adopción de normas de seguridad y prevención, ante las amenazas del autor del delito, se produjo y que el delito se cometió en el seno de los establecimientos de los que las entidades de referencia eran titulares. Se apunta que no era precisa la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de las normas reglamentarias de prevención en el local y la producción de un delito que responde, exclusivamente, a la acción de su autor, sino que, tan sólo, se encuentre relacionado el incumplimiento de las normas, de claro carácter preventivo, con el acaecimiento de la infracción penal, de modo que sea plausible la afirmación, como es lógico siempre meramente hipotética por su carácter de juicio «ex post», de que el delito podría haberse evitado caso de llevarse a cabo una correcta aplicación de las normas reglamentarias vigentes respecto de la actividad del establecimiento.

“Evidentemente, nunca será posible conocer, con plena certeza, lo que hubiera ocurrido si aquellas normas se hubieran aplicado y si, con tan sólo ellas, se hubiera impedido absolutamente el acaecimiento ilícito. Pero lo que sí se puede afirmar es que la inobservancia de lo legalmente previsto, indudablemente, facilitó la comisión delictiva, circunstancia que, sin duda, en este caso concurrió. Y aquí se encauza ese obligado nexo causal no relevante, pero sí relacionado con la responsabilidad por riesgo a que se refiere este art. 120.3 Código Penal”, concluyen los magistrados. Existieron advertencias previas y previsibilidad de lo que podría ocurrir (amenazas de muerte) y necesidad de adoptar medidas de protección, no adoptadas por los responsables de la empresa donde trabajaba el encargado víctima, según la sentencia.

La Sala asegura que surgió también en este caso la culpa in vigilando y la omisión de las medidas de protección hacia los empleados, como el recurrente, que por su carácter de encargado ya había advertido de la amenaza, y, sin embargo, no se adoptan medidas de protección “por no considerar seria la amenaza”, que ex post se ejecutó. Y, además, “creó un estado de riesgo que conllevó el ataque, por lo que la fijación del riesgo consumado por el ataque determina el arco de la responsabilidad por la constatación objetivable de la infracción de la creación del estado de riesgo, cuando existían datos objetivos por los que la empresa debió adoptar medidas, tales como la no entrada del sujeto, o similares, como la fiscalización de su acceso, o control de armas, en su caso, y, pese a ello, nada se adoptó, pudiendo acceder tranquilamente al local y, además, con un arma de fuego, cuando un mero registro del vigilante de seguridad, una vez identificado, y con los antecedentes que existían de la amenaza, hubiera evitado el desenlace grave que posteriormente se produce”. Todo ello, -aclara la sentencia- “con el grave resultado lesional que le queda al recurrente perjudicado, cuando con la precaución necesaria podría no haber ocurrido. Dados los antecedentes, el ejercicio del derecho de admisión, o una vigilancia y registro en el acceso hubiera sido una medida mínima de control que hubiera evitado el hecho”.

La sentencia explica que la responsabilidad de la empresa “dimana de su carácter de titular del local y de la aseguradora de la existencia de su aseguramiento con el límite fijado en los hechos probados al cubrir hechos como los aquí reflejados en torno a la responsabilidad civil patronal que en este caso lo es vía art. 120.3 CP. Por ello, fijada la responsabilidad civil de la empresa con la que existe la cobertura, deviene aplicable la condena al ser viable la acción directa frente a la aseguradora ex art. 76 Ley contrato de seguro.”

El Tribunal Supremo confirma las condenas de dos acusados por el asesinato de un empresario canario en 2015

Vie, 02/28/2020 - 09:00

La Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de 29 años y nueve meses y de 26 años y nueve meses de prisión impuestas a A.R.R y a S.P.R., respectivamente, por el asesinato del empresario Raimundo Toledo González, ocurrido en 2015 en Santa Cruz de Tenerife.

El tribunal desestima los recursos de casación planteados por los dos condenados y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, a su vez, ratificó el fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que impuso a ambos las citadas penas.

Esta sentencia condenó a A.R.R. por delitos de asesinato con alevosía, detención ilegal y utilización ilegítima de vehículo a motor; y a S.P.R. por delitos de asesinato con alevosía, detención ilegal, daños mediante incendio y simulación de delito. También condenó a 10 años de prisión por delitos de detención ilegal y de utilización ilegítima de vehículo a motor a D.C.G.G., que no recurrió su condena al Tribunal Supremo.

Confirmada la sanción a un guardia civil que propuso por Facebook a dos alcaldes ser seguidores de Podemos

Jue, 02/27/2020 - 08:30

La Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria de dos meses de suspensión de empleo que la ministra de Defensa impuso el 5 de marzo de 2019 a un guardia civil destinado en Grazalema (Cádiz) por haber incurrido en la falta grave consistente en “expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política efectuando propaganda a favor de partidos políticos”, al estimarse probado que propuso a través de Facebook a dos alcaldes de la zona a hacerse seguidores del circulo político de ‘Podemos’. 

La Sala desestima íntegramente el recurso del guardia por entender que hay pruebas suficientes de los hechos y que no se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. El guardia negaba haber realizado las invitaciones y subrayaba que él sabía que los dos alcaldes eran del PSOE, por lo que no tendría sentido invitarles a seguir a otro partido político. El alto tribunal analiza las testificales de los dos alcaldes y la documental del caso y concluye que hay prueba de que sí se produjeron las invitaciones vía Facebook. 

Los magistrados indican que se ha producido “una inequívoca vulneración del deber de neutralidad política -en cuanto obligación de apartamiento, alejamiento o separación no ya de la contienda política sino de la mera actividad partidista- que a todo miembro del Cuerpo de la Guardia Civil (…) impone el apartado 1 del artículo 18 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, a cuyo tenor “los miembros de la Guardia Civil no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales”. 

Ese precepto sitúa a los miembros del Instituto Armado fuera de la contienda partidista para lo que les obliga a observar el deber de neutralidad política cuya conculcación sanciona el subtipo que se examina, añade la resolución. 

Explica la sentencia que la invitación a hacerse seguidores del círculo político de «Podemos», además de un patente posicionamiento político por parte de quien realiza la propuesta,  “permite entender concurrente en los hechos el requisito de publicidad -en concreto, y como resulta de las manifestaciones de los Sres. Alcaldesa y Alcalde de El Bosque y Grazalema, el recurrente llevó a cabo la acción típica «a través de Facebook», según afirma la primera y «a través de su perfil de Facebook ... procedía de su perfil Facebook», según asevera el segundo-“. 

De ese modo, infringió la limitación que legalmente pesaba sobre él de respetar el deber de neutralidad política, y “dirigió a cada uno de los regidores municipales de El Bosque y de Grazalema, a través de su perfil en la red social Facebook, de manera abierta a quienes al mismo tenían acceso o en él participaban, una propuesta -que ambos conocieron que la había efectuado al otro, y posteriormente relataron en sede del Expediente Disciplinario- de adhesión, afiliación o seguimiento de una determinada opción política partidaria -distinta, por cierto, de aquella a la que ambos pertenecían-, por lo que no puede dudarse que actuó con publicidad e infringió la limitación legalmente establecida”. 

Voto particular 

La sentencia cuenta con el voto particular suscrito por 2 de los 5 magistrados que la firman, que consideran que debió estimarse el recurso del guardia ya que, con independencia de que una conducta como la que motiva la sanción pueda ser reputada de todo punto rechazable en quien ostenta la condición de guardia civil, creen que de lo actuado no se desprende que los actos reprochados tuvieran carácter público, sea por cuanto las invitaciones o comunicaciones en Facebook se produjeran privadamente o en razón a que no existe la más mínima acreditación de su disponibilidad a favor de terceros que pudieran acceder libremente a las mismas.

 

El Tribunal Supremo considera delito difundir imágenes que afectan gravemente a la intimidad de una persona

Jue, 02/27/2020 - 08:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que comete un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.7 del Código Penal quien difunde imágenes obtenidas con el permiso de la víctima que afectan gravemente a su intimidad. El tribunal confirma la condena al pago de una multa de 1.080 euros impuesta a un hombre que envió desde su teléfono móvil una foto de una amiga desnuda, que previamente ella misma le había enviado, al compañero sentimental de ésta sin su consentimiento.

En esta sentencia, el tribunal se pronuncia por primera vez sobre el artículo 197.7 del Código Penal, introducido tras la reforma de 2015. Dicho artículo establece que se castigará con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

La Sala afirma que la obtención de las imágenes o grabaciones audiovisuales que, en todo caso, de producirse con la aquiescencia de la persona afectada, puede tener muy distintos orígenes. “Obtiene la imagen, desde luego, quien fotografía o graba el vídeo en el que se exhibe algún aspecto de la intimidad de la víctima. Pero también obtiene la imagen quien la recibe cuando es remitida voluntariamente por la víctima, valiéndose para ello de cualquier medio convencional o de un programa de mensajería instantánea que opere por redes telemáticas”, subrayan los magistrados.

La sentencia, con ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, explica que aunque el art. 197.7 exige que estas imágenes hayan sido obtenidas «…en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros», esa frase “no añade una exigencia locativa al momento de la obtención por el autor, sino que lo que busca el legislador es subrayar y reforzar el valor excluyente de la intimidad con una expresión que, en línea con la deficiente técnica que inspira la redacción del precepto, puede oscurecer su cabal comprensión, sobre todo, si nos aferramos a una interpretación microliteral de sus vocablos”.

Añade que el domicilio, por ejemplo, es un concepto que si se entiende en su significado genuinamente jurídico (cfr. art. 40 del Código Civil), restringiría de forma injustificable el ámbito del tipo. “Imágenes obtenidas, por ejemplo, en un hotel o en cualquier otro lugar ajeno a la sede jurídica de una persona, carecerían de protección jurídico-penal, por más que fueran expresión de una inequívoca manifestación de la intimidad. Y la exigencia de que la obtención se verifique «…fuera del alcance de la mirada de terceros», conduciría a excluir aquellos supuestos -imaginables sin dificultad- en que la imagen captada reproduzca una escena con más de un protagonista”, según la sentencia.

De esta forma, concluye que, en consecuencia, no puede aferrarse a una interpretación ajustada a una defectuosa literalidad que prescinda de otros cánones hermenéuticos a nuestro alcance, y que el núcleo de la acción típica del artículo 197.7 “consiste no en obtener, sino en difundir las imágenes obtenidas con la aquiescencia de la víctima y que afecten gravemente a su intimidad”.

La Sala destaca que el citado artículo es controvertido y que su valoración enfrenta, por un lado, a quienes consideran que se trata de un tipo penal indispensable para evitar clamorosos vacíos de impunidad -sexting o revenge porn- y, por otro lado, a quienes entienden que la descripción del tipo vulnera algunos de los principios informadores del derecho penal.

Así, afirma que “la experiencia enseña -dicen los primeros- la existencia de amantes despechados que se vengan de su pareja -revenge porn- mediante la difusión de imágenes que nunca fueron concebidas para su visión por terceros ajenos a esa relación. Algunos de esos casos, por una u otra circunstancia, obtuvieron especial relevancia mediática en nuestro país”. De hecho, -añade la Sala- nadie cuestiona que el deseo de dar respuesta a ese tipo de sucesos esté en el origen de la reforma de 2015. En este sentido, menciona que quienes defienden esta interpretación razonan que “la sociedad no puede permanecer indiferente a la difusión intencionada de imágenes conectadas a la intimidad y que, una vez incorporada a una red social, multiplican exponencialmente el daño generado a la intimidad de una persona que sólo concebía un destinatario para su visión”.

Sin embargo, asegura que esta justificación pragmática no convence a quienes consideran que la reparación de la intimidad vulnerada, cuando la imagen ha sido obtenida con pleno consentimiento de quien luego se convierte en víctima, debería obtener mejor acomodo fuera del ámbito del derecho penal. Además, recuerda que se ha dicho que la tipificación de esta conducta supone la introducción de un insólito deber de sigilo para toda la población, convirtiendo a los ciudadanos en confidentes necesarios de los demás respecto de personas que han decidido abandonar sus expectativas de intimidad en relación con grabaciones o imágenes propias que son cedidas voluntariamente a terceros”.

De este modo, señala que, aun consciente de esas dificultades, no se limita a optar sin reservas por una u otra de las alternativas, ya que, aunque es cierto que predominan los supuestos de difusión de imágenes de marcado carácter sexual, también lo es que el precepto no identifica la conducta típica con ese contenido. En este sentido, destaca que el art. 197.7 alude a contenidos cuya divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal y considera que la esfera sexual es una de las manifestaciones de lo que se ha denominado el núcleo duro de la intimidad, pero no es la única.

En definitiva, según la Sala, la defectuosa técnica jurídica que inspiró la redacción del precepto dificulta la exégesis y para ello solo basta reparar en el sabor tautológico del último inciso del art. 197.7, en el que se alude a la «intimidad personal de esa persona», como si existiera una intimidad no personal y, por tanto, desvinculada de una persona.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a indemnización a la sociedad concesionaria de la autopista del Atlántico por la modificación del Real Decreto 803/2017

Mar, 02/25/2020 - 15:40

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo de la sociedad Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U. (AUDASA) contra el Real Decreto 803/2017, de 28 de julio, por el que se modifica el Convenio entre la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia y AUDASA, aprobado por Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo, y declara el derecho de la sociedad concesionaria a que se le indemnicen los perjuicios causados por la implantación del sistema de retribución del Real Decreto de 2017.

La Sala señala que dichos perjuicios se concretan en la diferencia entre lo que hubiera percibido AUDASA con arreglo al sistema de retribución fijado por el Real Decreto de 2006 y lo que le ha sido satisfecho con arreglo al Real Decreto de 2017. Asimismo, deberán serle abonados los intereses que legalmente correspondan desde que se devengó el derecho al cobro conforme al Real Decreto 633/2006 y hasta que se produzca su efectivo pago.

La sentencia condena a la Administración General del Estado a que abone a la concesionaria la indemnización e intereses resultantes, sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia como consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006.

El Tribunal Supremo anula parte de un artículo del Convenio del Personal Laboral de la Generalitat por ser discriminatorio para los trabajadores con contratos temporales

Mar, 02/25/2020 - 15:00

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado nulo, por ser discriminatorio para los trabajadores con contratos temporales, el inciso del artículo 30 del VI Convenio Colectivo único del Personal laboral de la Generalitat de Catalunya, que considera como relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si el trabajador es nuevamente contratado para efectuar las mismas funciones en la misma categoría profesional o equivalente. 

El tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Federación de los Servicios Públicos de la UGT de Catalunya (FESP-UGT) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Calaluña que desestimó la demanda de conflicto colectivo presentada por dicho sindicato contra el Departament de Polítiques Digitals I Administració Pública, Comisiones Obreras de Catalunya (CCOO) y el sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). En su demanda, FESP-UGT pedía que se declarase la nulidad del citado artículo por infracción de la legalidad constitucional y de la Unión Europea. 

La Sala explica que el Convenio impugnado, a efectos de antigüedad, solo valora los servicios continuados, y entiende como relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si el trabajador/ra es nuevamente contratado. Añade que se trata de una regla “indirectamente discriminatoria de quienes están vinculados por sucesivos contratos de trabajo temporales”. 

La sentencia indica que el hecho de que se excluyan del cálculo de la antigüedad requerida para adquirir el derecho a un trienio los períodos trabajados tiempo atrás y separados del contrato vigente por más de veinte días también parece que constituye un trato peyorativo para las personas con contratos temporales. “Si cesar en la prestación de servicios durante más de veinte días implica reiniciar el cómputo de la antigüedad, así habría de suceder en todo caso y no solo en los de extinción contractual; es decir, en las suspensiones o interrupciones concurre la misma razón o situación y, sin embargo, el convenio no contempla esas censuras en la actividad laboral con el mencionado efecto”, subrayan los magistrados. 

“Ello confirma nuestra apreciación –afirma la Sala- sobre que la regla en cuestión está pensada para evitar acumulaciones de antigüedad en favor de quienes laboran bajo contratos de duración temporal, convirtiéndose así ese dato en el generador de un trato desfavorable y desprovisto de justificación objetiva, proporcional y razonable”. En este sentido, asegura que una persona con contrato indefinido que haya tenido paréntesis de duración similar a los de quien ha trabajado al amparo de contrataciones temporales va a quedar al margen de la restricción que la demanda de impugnación denuncia. 

Por ello, la Sala considera que la solución a que accedemos no implica que la inclusión en una Bolsa de trabajo (prevista en art. 26 del propio convenio colectivo que examinamos para ir atendiendo las necesidades de personal temporal) genere una vinculación equivalente a la de las relaciones fijas discontinuas, ni que haya de contabilizarse como trabajado el tiempo que media entre unas y otras contrataciones, “sino simplemente que ha de aplicarse en todo caso un mismo sistema de cómputo de antigüedad, eliminando la restricción referida a la continuidad del vínculo laboral, por ser el mejor modo de reestablecer la igualdad a la vista del tenor de lo acordado en la materia”. 

Con ello también se logra, según la sentencia, que la equiparación retributiva entre quienes tienen un contrato de duración indefinida y quienes lo tienen de naturaleza temporal sea idéntica, tal y como el artículo 15.6 ET exige. Para la Sala, “la proporcionalidad en él prevista juega en el sentido de que se cuentan solo los periodos durante los que hay contratación vigente y en que se percibe, en su caso, el complemento, solo mientras se trabaja. De no ser así es evidente que para alcanzar los ‘tres años de prestación de servicios completos’ pedidos por el convenio quienes han estado sujetos a contrataciones temporales podrían verse obligados a desarrollar un tiempo muy superior, o que incluso podrían carecer de cualquier complemento por haberse cortado la unidad esencial del vínculo”.

 

 

El Tribunal Supremo plantea una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 153.1 de la LOREG, que regula las sanciones electorales

Lun, 02/24/2020 - 11:30

La Sección Cuarta de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece las sanciones económicas a imponer por infracción de las normas establecidas en dicha ley que no constituyan delito. Así, dispone una sanción de 300 a 3000 euros (en caso de infracción cometida por una autoridad o funcionario) o de 100 a 1000 euros (en caso de infracción cometida por un particular).

La Sala considera que los principios constitucionales que pueden resultar infringidos son el de seguridad jurídica, el de taxatividad de las disposiciones sancionadoras, y el de exigencia de precisión en la determinación de las sanciones de ese mismo precepto constitucional (artículos 9.3 y 25 de la Constitución).

El tribunal cree que el citado artículo, valorado en sí mismo y de forma aislada, contiene una norma sancionadora de posible inconstitucionalidad por ser imprecisa, incluso desde el punto de vista gramatical, abierta y de dudosa compatibilidad con las exigencias de la garantía material exigible a todo tipo sancionador porque, lejos de contener el núcleo esencial de la prohibición, se limita a tipificar como sancionable, en forma tautológica, «toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito».

La decisión del Tribunal Constitucional –aclara la Sala- es clave para resolver el recurso planteado por el director del diario ABC contra la resolución de la Junta Electoral Central que le impuso una sanción de 1000 euros por incumplir la prohibición de realizar campaña electoral y difundir propaganda electoral -artículo 53 LOREG- al publicar una entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de Cataluña de 2017. De hecho, afirma que si las normas invocadas por la resolución impugnada fuesen contrarias a la Constitución, en particular el artículo 153 LOREG, “esa declaración abocaría a la nulidad de la sanción impuesta y a la estimación de la demanda”.

En su auto, con ponencia del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, explica que la laxitud e imprecisión del citado artículo se muestra también en la inexistencia en el mismo de una graduación de las sanciones. “No especifica ni gradúa en forma alguna las infracciones sin establecer distinción entre las infracciones muy graves, graves o leves por lo que habilita a la Administración sancionadora para que establezca ad hoc la que libre y, en su caso arbitrariamente, estime conveniente”, subrayan los magistrados.

La Sala indica que de admitirse la posible condición de sujeto infractor del diario, o que su conducta fue más allá de una actuación informativa, “no puede decirse que existan datos objetivos que permitan afirmar que actuaba con el propósito electoral prohibido de realizar un acto de campaña electoral o de propaganda electoral, no concurriendo el presupuesto de culpabilidad necesario para apreciar una conducta sancionable administrativamente”.

Por ello concluye que “la ambigüedad de una norma sancionadora que contempla una conducta que no describe en qué consiste ni quién puede realizarla no se colma en su aplicación práctica y nos obliga a plantear la duda de inconstitucionalidad del artículo 153.1 LOREG en relación con los artículos 53 y 50.4 de la misma por vulneración del principio de taxatividad penal y, por las mismas razones antes apuntadas, por vulneración autónoma del principio de seguridad jurídica”.

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