Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo considera que es delito de trata de seres humanos la actividad de los clubs de carretera donde se "esclaviza" a mujeres extranjeras

Vie, 07/26/2019 - 13:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que advierte que el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual se comete en algunos clubs de alterne, salpicados por la geografía nacional, donde la dignidad humana carece de la más mínima significación, en los que se obliga a ejercer la prostitución a mujeres extranjeras traídas a España, como si fueran “seres cosificados”, de los que se intenta obtener el máximo rendimiento económico, mientras son explotadas.

El tribunal considera que “no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a ‘pagar’ hasta el billete de ida a su dignidad”.

La Sala ha confirmado las condenas impuestas a dos responsables y a tres miembros de una organización de trata de seres humanos que obligaba a prostituirse en distintos clubs de alterne de Córdoba, Vigo y A Coruña a cuatro mujeres, dos de ellas niñas, traídas de Nigeria mediante engaño. Por un lado, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el jefe de la red, 0.J.M., y su pareja, A.V.O., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les impuso 39 años y dos meses de prisión por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual sobre persona menor de edad, por un delito cometido sobre persona mayor de edad, un delito de prostitución coactiva y un delito de inmigración ilegal.

Por otro lado, estima de forma parcial los recursos planteados por los otros tres condenados contra la misma sentencia. En el caso de dos de ellos -K.O. y F.E.- la estimación parcial supone una rebaja de tres años de la pena de prisión –de 39 años y dos meses a 36 años y dos meses por los mismos delitos que los anteriores- ya que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a más años que los que había solicitado el fiscal, lo que supone una vulneración del principio acusatorio. Para K.J.O, la estimación de su recurso implica la anulación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa que se le impuso, pero se mantiene intacta la pena de 13 años y dos meses de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Uso de vudú para atemorizar a la víctima

Los hechos se remontan a 2009 cuando 0.J.B., alias “papá Busch y Mr. Godwin”, contactó en Nigeria con una de las víctimas, que dada su precaria situación económica trataba de salir del país. Tras hablar con ella, el condenado le ofreció ayuda para llegar a España donde continuaría estudiando y lograría un trabajo de camarera. La mujer accedió y después de hacerse el pasaporte se lo entregó al acusado, que se lo pidió con la excusa de custodiarlo. Antes del viaje, la sometió a un ritual de vudú para atemorizar a la víctima, que, debido a sus creencias, creía que, si desobedecía al acusado, tanto ella como su familia podrían morir o sufrir grandes males. 

La víctima realizó el viaje en compañía de un hombre y de una mujer, ambos colaboradores de 0.J.B., y al llegar a Madrid se encontró con una vida distinta a la prometida: le quitaron el pasaporte, el móvil y la agenda, le prohibieron contactar con su familia en Nigeria y salir sola a la calle. Después, el condenado le hizo saber que tenía una deuda con él de 50.000 euros por los gastos del viaje y que tenía que trabajar en la prostitución para saldar la deuda. Tras legalizar su situación en España, llevó a la mujer a un club de alterne de Lucena (Córdoba) para ejercer la prostitución, pero después rotó por otro de La Carlota (Córdoba). Su horario de trabajo era de 17:00 hasta las 4:00. El dinero que obtenía, salvo el que pagaba por su estancia en el club, lo entregaba a 0.J.B y a su pareja, A.V.O. Tres años después, en 2012, consiguió pagar su deuda y otras cantidades que le reclamaban los condenados. 

Con las otras tres víctimas –dos de ellas menores de edad-, procedentes del mismo país, actuó del mismo modo. Sólo una de ellas, que sabía a lo que se dedicaba 0.J.B., aceptó venir a España para trabajar como prostituta, aunque fue engañada como el resto de las víctimas.

Tras analizar el papel de cada uno de los condenados en la red, la Sala concluye que la participación en una organización delictiva, como la enjuiciada, dedicada a la trata de seres humanos, “supone una actividad que requiere el concurso de varias sujetos dispuestos a culminar el fin perseguido, de modo que cada una de las aportaciones satisface las exigencias del tipo en cuestión (el artículo 177 bis del Código Penal), siendo claro que en este caso, la trata de seres humanos lo era con la finalidad de explotación sexual, y para ello era necesario burlar los controles administrativos de inmigración, y ya en nuestro país, obligadas a ejercer la prostitución en diversos clubs de alterne…”.

En este caso, la Sala afirma que concurren los elementos que conforme a su jurisprudencia son necesarios para entender que “nos encontramos ante una organización criminal: pluralidad de personas, utilización de medios idóneos, plan criminal previamente concertado, distribución de funciones o cometidos, y actividad persistente y duradera”.

De esta forma, “existía un reparto de tareas entre los acusados y otras personas que no han podido ser debidamente identificadas, dentro de una red creada con la finalidad de proceder al traslado a Europa desde Nigeria de jóvenes de este país, a fin de destinarlas a la prostitución”, subraya el tribunal.

Delito trata seres humanos: captación, traslado y explotación

La Sala examina las distintas fases en las que se articula el delito de trata de seres humanos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Así, explica que hay una primera fase de captación, que equivale al reclutamiento de la víctima, en la que se utiliza el engaño, combinado a veces con la coacción, para lograr el “enganche” o aceptación de la protesta y para mantener a la víctima bajo control durante la fase de traslado e inicialmente en los lugares de explotación.

La segunda fase de la actividad delictiva es la de traslado –dentro del país o con cruce de fronteras- que consiste en mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible, incluso a pie. Esta fase, según la sentencia, está relacionada con la técnica del “desarraigo”, cuyo objetivo es aislar a la víctima de sus redes sociales de apoyo - familia, amistades y vecinos- para conseguir su aislamiento y, de esa manera, el tratante puede mantener el control y explotarla. La Sala explica que el “desarraigo” se materializa con el traslado de la víctima al lugar de explotación.

La última fase es la de explotación que consiste, según la Sala, en la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, incluidos actos de pornografía o producción de materiales pornográficos.

La sentencia explica que, tras la tipificación del delito de trata de seres humanos como delito autónomo, L0 5/2010, la diferenciación entre el tráfico ilícito de migrantes –artículo 318 bis Código Penal- y la trata de personas –artículo 177 bis Código Penal- ha sido confusa. Aunque ambas conductas entrañan el movimiento de seres humanos, generalmente para obtener algún beneficio, la Sala destaca, sin embargo, que en el caso de la trata deben darse dos elementos adicionales con respecto a la inmigración ilegal: una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o pago de precio; y un propósito de explotación, principalmente sexual.

Por otro lado, la sentencia reitera la jurisprudencia de la Sala sobre el delito de trata de seres humanos que afirma que se cometen tantos delitos como víctimas, por lo que no es posible considerar un único delito ni un delito continuado.

 

El tribunal del ‘Procés’ rechaza una nueva petición de libertad para seis acusados en prisión

Mié, 07/24/2019 - 12:07

El tribunal de la causa del ‘Procés’ ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por los acusados Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart y Dolors Bassa, al que se adhiere Joaquím Forn, contra el auto de 21 de junio de 2019 que denegó su libertad provisional.

El Tribunal Supremo confirma el archivo de la querella contra el Rey Juan Carlos por unas conversaciones grabadas

Mié, 07/24/2019 - 10:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de súplica presentado por el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la Asociación de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAIRADE) contra el auto, de fecha 1 de abril de 2019, que acordó el archivo de la querella presentada contra el Rey emérito Don Juan Carlos, Corinna Z.S.W., el exdirector del CNI Félix S.R. y el comisario Villarejo, entre otros, en relación con el contenido de unas grabaciones de conversaciones mantenidas en junio de 2015 entre Corinna, Juan V. y Villarejo.

La Sala reitera que los hechos denunciados fueron investigados y archivados por el juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que no elevó ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado.

El Tribunal Supremo condena a dos exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y absuelve a otros dos por falsedad de cuentas

Mar, 07/23/2019 - 13:10

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un año y seis meses de prisión, como autora de un delito societario de falsedad de cuentas del artículo 290 del Código Penal, a la exdirectora general de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) Mª Dolores A.M. por falsear las cuentas de la entidad en los informes presentados al Banco de España respecto del estado económico de la CAM del primer trimestre y del primer semestre de 2011. Del mismo modo, el tribunal ha condenado al exdirector general del Área de Planificación y Control de la CAM Teófilo S.P., como responsable de un delito falsedad en la información facilitada a los inversores del artículo 282 bis del Código Penal, a la pena de dos años de prisión en relación con los datos aportados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el estado económico de la Caja en el primer trimestre de 2011.

Por otra parte, la Sala ha absuelto al exdirector general de la CAM Roberto L.A. y al exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José M.G. del delito societario continuado de falsedad contable en relación con el ejercicio de 2010 al considerar que no ha quedado suficientemente acreditado que la alteración de las cuentas fuera “idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a los socios o a un tercero”.

La Sala ha estimado los recursos de casación formulados por Roberto L.A. y Francisco José M.G. contra la sentencia de la Audiencia Nacional que les condenó a tres años y a dos años, nueve meses y un día de prisión, respectivamente, por falsear las cuentas anuales de la CAM correspondientes al año 2010. El tribunal también ha estimado de forma parcial los recursos de casación interpuestos por María Dolores A.M. y Teófilo S.P. y rebaja la pena de tres años a un año y seis meses de prisión, en el caso de la primera, y de cuatro a dos años de prisión, en el caso del segundo. Del mismo modo, el tribunal ha rechazado los recursos presentados por las acusaciones particulares, la Fundación Obra Social de Caja Mediterráneo y el Fondo de Garantía de Depósitos.

La Audiencia Nacional consideró acreditado que María Dolores A.M. y Teófilo S.P. ordenaron que las cuentas presentadas en el primer trimestre de 2011 ante el Banco de España arrojaran un beneficio de 39,771 millones de euros sin reflejar, en modo alguno, la situación económica real de la Caja, cuyos resultados, preparados por el FROB, registraban unas pérdidas de 1.163.493 millones de euros y una ratio de morosidad del 19%.

Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros, según los hechos probados, resultaban “irreales y espurias” y esa disparidad de cifras “constituyó uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad, por los riesgos que suponía tal situación para el sistema financiero en su conjunto, aparte de la contravención del principio de seguridad jurídico-contable que ello implicaba”.

Posteriormente, según esos mismos hechos, Teófilo S.P. envió a la CNMV información inveraz sobre los aspectos contables de la CAM con un aparente beneficio de 39,8 millones de euros en el primer trimestre de 2011 que fue difundida en la página web de la CNMV.

Absolución por la falsedad contable del ejercicio 2010

La Audiencia Nacional condenó a Roberto L.A. y Francisco José M.G. por falsear las cuentas anuales del ejercicio 2010 al efectuar una “reexpresión” de las mismas por haber dado de baja indebidamente los activos titulizados provocando beneficios aparentes.

Sin embargo, la Sala analiza la aplicación de la Circular del Banco de España 3/2010 que permitía tener en cuenta el valor de las garantías inmobiliarias de determinados préstamos, al efecto de establecer la cobertura de los riesgos. El tribunal concluye que la sentencia recurrida no resuelve la cuestión planteada por los peritos, que declararon que los efectos que habría podido tener la aplicación de la citada Circular “habrían sido relevantes en el sentido de que no habría diferencias sustanciales entre los resultados de 2010 consignados en las cuentas de la entidad y los que deberían haber sido consignados de no haber dado de baja en el balance los activos titulizados, si, manteniéndolos en el balance, hubiera tenido en cuenta el valor de las garantías inmobiliarias”.

La Sala señala que la sentencia de la Audiencia Nacional no ha resuelto esta cuestión que considera “decisiva” a la hora de establecer si el hecho de dar de baja en el balance los activos titulizados dio lugar a una alteración de la imagen fiel de la CAM que pueda considerarse relevante “desde la perspectiva de su idoneidad para causar el perjuicio al que alude el tipo”.

Así, los datos disponibles mediante la valoración pericial y la ausencia de razonamientos sobre este particular dan lugar “al menos, a la existencia de una duda razonable respecto de las bases fácticas de ese elemento del tipo penal, que no puede resolverse en perjuicio de los acusados”, por lo que procede su absolución.
Ante la imposibilidad de afirmar la existencia de una alteración relevante de la imagen fiel de la entidad, derivada del hecho de que cualquiera de las dos opciones hubiera llevado a un resultado similar, no puede apreciarse con la necesaria certeza la idoneidad para causar un perjuicio, afirma la Sala.

La Sala no puede revisar los hechos probados de la sentencia recurrida sobre las cuotas participativas

El tribunal recuerda que en los hechos declarados probados en la sentencia impugnada no puede deducirse la necesaria vinculación entre la falsedad de los datos incorporados a los documentos sobre el estado económico de la CAM y el perjuicio sufrido por los adquirentes de cuotas participativas.

La Sala indica que la Audiencia Nacional rechazó la existencia del delito basándose en que no se había acreditado actuación engañosa o torticera de los acusados a la hora de emprender y desarrollar las operaciones de negociación de las cuotas participativas. También basó su criterio en que no se había acreditado un perjuicio económico superior a los 300.000 euros, uno de los requisitos del delito. Por ello, el tribunal explica que no puede revisar en perjuicio del reo la afirmación fáctica que figura en la sentencia de instancia, según doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional y de esta misma Sala.

Por todo ello el tribunal concluye que no es posible establecer con los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, más allá de toda duda, la superación de la cifra mencionada en el precepto, “pues no consta cuántas cuotas participativas se adquirieron desde el 27 de mayo en que se publican los datos del primer trimestre hasta el 22 de julio de 2011 en que tiene lugar la intervención del Banco de España, ni tampoco el importe del beneficio o del perjuicio existente”.

 

El Tribunal del Procés concede un permiso extraordinario al exconseller Josep Rull para salir de prisión por la operación de su hijo

Vie, 07/19/2019 - 14:30

El Tribunal de la causa del ‘Procés’ ha concedido un permiso extraordinario al exconseller Josep Rull para salir de prisión el 20 de agosto, con motivo de una intervención quirúrgica de su hijo.

La Sala ciñe el mencionado permiso exclusivamente a que pueda visitar al pequeño, en los términos y horarios solicitados por el centro Penitenciario: salida a las 6.30 horas y reingreso una vez finalizada la intervención quirúrgica y después de visitar al menor en el Centro hospitalario.

El Tribunal Supremo absuelve del delito de prevaricación a tres exdirectivos de Medio Ambiente de la Región de Murcia

Vie, 07/19/2019 - 13:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a los exdirectivos generales de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de Murcia E.M.M., A.A.P., y al exjefe del Servicio de Calidad Ambiental, J.I.S.G., de un delito de prevaricación y ha confirmado las condenas impuestas a los dos últimos -2 años de prisión a cada uno- por un delito de falsedad en relación con la recalificación de la finca ‘la Zerrichera’, ubicada en la Sierra de Almenara en Águilas (Murcia), para la construcción de una urbanización con campo de golf.

El tribunal estima los recursos de casación interpuestos por E.M.M., y de forma parcial los formulados por los otros dos recurrentes contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que, por una parte, condenó a penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público a E.M.M. (5 años), a A.A.P. (7 años) y a J.I.S.G. (6 años). Por otra parte, impuso dos años de prisión a estos dos acusados por un delito de falsedad. La estimación de los recursos supone la anulación de las penas correspondientes al delito de prevaricación, pero se mantienen las fijadas por el otro delito, el de falsedad.

La Sala estima también el recurso del fiscal que solicitó extender la inhabilitación en el caso de J.I.S. no solo al cargo de jefe de Servicio, como estableció la sentencia recurrida, sino también a la condición de funcionario.

El tribunal admite el motivo alegado por los recurrentes sobre la indebida aplicación del artículo 404 del Código Penal –delito de prevaricación- en este caso. Tras analizar los presupuestos de este delito, los magistrados concluyen que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, en el paraje de la Zerrichera, que emitieron los recurrentes “no es una verdadera resolución” en el sentido que exige el artículo 404 del Código Penal. Ante la imposibilidad legal de considerar que “han dictado y colaborado al dictado de una resolución” se acuerda la absolución por este delito, concluyen los magistrados.

De acuerdo con la jurisprudencia del TS, la sentencia explica que la DIA es “un informe, importante en materia ambiental, que podría calificarse como parcialmente determinante, en la medida en que el órgano sustantivo no puede separarse de lo que en ella se dice en el caso de que proceda a autorizar el proyecto dentro de las competencias que le son atribuidas”. Añade que, sin embargo, no está vinculado por el contenido del dictamen, pues puede discrepar de la DIA y en ese caso, la última voluntad de la Administración, no solo en el aspecto sustantivo, sino también en el ambiental, corresponde a la autoridad que resulta competente para dictar finalmente la resolución.

La Sala indica que los informes, especialmente cuando son preceptivos, son importantes para el sentido de la resolución. “Nada de extraño tienen que sean concluyentes respecto de la materia sobre la que versan, y es natural que resulten influyentes en el sentido de la resolución a la que preceden. Pero solo en el caso de que sean vinculantes, determinan realmente el contenido de la resolución. En los demás casos, la responsabilidad del sentido de la resolución corresponde a quien resulta competente para dictarla. En el ámbito penal, el artículo 404 exige que se haya dictado una resolución y por exigencias propias del principio de legalidad no puede ampliarse su concepto hasta desnaturalizarlo, incluyendo algo tan distinto como es un informe”, subraya el tribunal.

De ello no se desprende -señala la Sala- “que quien informa no pueda ser considerado cooperador necesario del delito de prevaricación aunque ello requiera la existencia de un acuerdo con quien dicta la resolución”.

Respecto al delito de falsedad, los dos condenados sostenían en su recurso que no habían incluido en la DIA datos falsos ni habían omitido otros que eran ciertos y resultaban relevantes a los fines de esa declaración. La Sala afirma que la DIA contenía aspectos muy relevantes que no se correspondían con la verdad y que “se está faltando a la verdad, pues no puede ser equiparado un informe favorable, como se reseña en la Declaración, con una consideración que se limita a decir que el proyecto puede ser viable”. Agrega que en la misma se hace constar “un informe favorable que es inexistente. No se discute la relevancia de la falta a la verdad, que, por otro lado, es clara”.

Además, la Sala destaca que en la sentencia recurrida se declara probado que en la DIA se afirma que consta informe de la Dirección General de Medio Natural de 3 de octubre de 2005 acerca de repercusiones del Proyecto sobre la Red Natura 2000, “ocultando que tal informe no aparece firmado por nadie, que es contrario al informe del 31 de agosto de 2004 y que aparece como de la misma procedencia que éste, la Dirección General de Medio Ambiente, y omitiendo cualquier mención a la designación como ZEPA de la zona afectada”.

Por último, la Sala estima la petición del recurrente J.I.S.G. relativa a que se anulara la condena al pago de las costas de las acusaciones populares.

Confirmada la prisión permanente revisable a un hombre que arrojó a una niña de 17 meses por la ventana en Vitoria

Vie, 07/19/2019 - 08:40

La Sala Segunda ha confirmado la condena a prisión permanente revisable a un hombre que asesinó a una niña de 17 meses en Vitoria, arrojándola por la ventana de la vivienda, la madrugada del 25 de enero de 2016, después de intentar matar a la madre de la menor. El tribunal también ha confirmado una pena de 7 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y el pago de una indemnización de 230.000 euros a los padres de la víctima.

La Sala desestima el recurso de casación planteado por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que a su vez confirmó la sentencia del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Vitoria que le impuso la citada pena.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 al 25 de enero de 2016 en el piso del condenado en Vitoria. Sobre las 03:30 horas, entró en el dormitorio en el que dormían la madre y su hija, y puso su mano en el pecho de la bebé. Este hecho despertó a la mujer que le apartó la mano del cuerpo de su hija. En ese momento, el condenado se subió a la cama, se puso encima de la madre y comenzó a darle puñetazos en la cara. Después, la agarró del pelo y la tiró al suelo, donde continuó golpeándola en distintas partes del cuerpo mientras le decía “te voy a matar”. El condenado arrastró a la mujer hasta el balcón mirador, rompió de un puñetazo uno de los cristales y dijo a la madre que la iba a tirar por la ventana del balcón mirador. Según los hechos probados, lo intentó, con intención de matarla, sin llegar a conseguirlo. Inmediatamente, cogió un trozo de cristal y se lo clavó en el lado izquierdo del cuello.

La niña se acercó hasta donde estaba su madre y, aprovechando que pesaba sólo 11 kilos y medía 84 centímetros, el condenado la cogió en volandas y, con intención de matarla, de manera sorpresiva y sin que ésta pudiera evitarlo, la lanzó por la ventana a través del hueco del cristal que previamente había roto. Como consecuencia del impacto contra el suelo, tras una caída de 4,96 metros, sufrió un traumatismo cráneo encefálico con hemorragia cerebral traumática que le provocó la muerte. La menor falleció a las 11:10 horas del día 26 de enero de 2016.

En su recurso de casación, el condenado planteaba por primera vez (no lo había hecho ni ante el TSJ del País Vasco ni ante la Audiencia Provincial) el principio del non bis in idem, basándose en la reciente sentencia de la misma Sala que revocó, por este principio, la primera condena por prisión permanente revisable al haberse aplicado indebidamente una agravante. Sin embargo, la Sala estima que se trata de casos distintos. En el primero la víctima era un adulto aquejado de discapacidad que provocaba su desvalimiento y en el ahora enjuiciado, se trata de un bebé de 17 meses de edad.

Avala aplicación de la prisión permanente revisable al concurrir alevosía y vulnerabilidad

El tribunal distingue entre la alevosía, que se aprecia en virtud de la forma en la que se comete el delito y la agravación de especial vulnerabilidad que se aplica si la víctima es menor de 16 años, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad (art 140.1ª) del Código Penal.

Analizadas las circunstancias del caso concreto, la sentencia, con ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, avala la aplicación de la prisión permanente revisable: “el hecho ha sido calificado de asesinato, dada la edad de la menor, que le imposibilita para la defensa, y, además, dado lo imprevisible del suceso, ya que la madre, que se constituye como garante de la vida de la niña, se ve sorprendida por el ataque del agresor, el cual “de manera sorpresiva y sin que ésta pudiera evitarlo, la lanzó por la ventana a través del hueco del cristal que previamente había roto”.

La sentencia describe cómo el ataque a la bebé fue sorpresivo, el acusado no mostró su propósito, como sí lo hizo respecto a la madre de la niña. En el ataque a la niña no hubo prolegómenos o actos previos de los que se pudiera deducir tal reacción inesperada: “ sin más, en medio de la agresión en varias fases que sufrió la madre, el bebé se puso al alcance de Daniel Montaño y éste la defenestró en un gesto súbito, inesperado e imprevisto” por tanto, concluye la Sala que concurre también la denominada alevosía sorpresiva, “ ni la madre pudo hacer nada por defender a su hija, ni la niña pudo salir corriendo ante el ataque tan inesperado del agresor”.

Además, la condición de la víctima menor de 16 años (17 meses de edad) supone, según la Sala, un fundamento distinto que justifica la decisión del legislador y que no supone un bis in idem que impida la aplicación del art 140.1.1º del Código Penal) porque concurre un fundamento diferente para cada una de las dos cualificaciones (alevosía y vulnerabilidad).

Por otro lado, la Sala rechaza la alegación del recurrente de anular la condena del delito de homicidio en grado de tentativa -7 años y medio de prisión- porque no tenía intención de matar a la madre de la bebé, sino sólo lesionarla. Sobre esta cuestión, la sentencia explica que tanto el Tribunal del Jurado como el de Apelación consideraron que la única calificación posible era la de homicidio en grado de tentativa, puesto que se acreditó que el acusado “actuó con dolo de matar”, no siendo atendible que únicamente tuviera ánimo de lesionar, tal como resulta de las características del corte en el cuello con un trozo de cristal roto, la intención de arrojarla por la ventana, las expresiones proferidas durante la agresión, lo manifestado por el propio acusado a los policías y las declaraciones de los testigos que presenciaron los hechos y oyeron los gritos “desgarradores” de la mujer pidiendo auxilio.

 

El Tribunal Supremo condena a Abanca a reestructurar el préstamo hipotecario de una pareja en el umbral de exclusión

Jue, 07/18/2019 - 13:58

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a Abanca a reestructurar el préstamo hipotecario de una pareja, que estaba en el umbral de exclusión, por incumplir su deber legal de atender dicha solicitud que fue presentada en plazo, antes del anuncio de la subasta de la vivienda, y rechazarla por causas no previstas en el Código de Buenas Prácticas del Real Decreto-ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, al que se había adherido voluntariamente.

El tribunal estima el recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que, al igual que la resolución dictada por el juzgado de Primera Instancia nº 6 de la misma ciudad, desestimó la demanda presentada por los recurrentes contra la entidad financiera. Entendieron que no se podía otorgar a los demandantes la tutela pretendida puesto que habían dejado de ser los titulares de la vivienda al haberse aprobado su adjudicación.

Los recurrentes concertaron con Caixa Galicia (ahora Abanca) un préstamo hipotecario por un importe de 111.000 euros en el que hipotecaban su vivienda habitual. A finales de 2013, dejaron de pagar las cuotas de devolución del préstamo al quedarse sin trabajo el demandante. El banco resolvió el contrato e instó la ejecución hipotecaria, pero, meses antes del anuncio de la subasta, los prestatarios presentaron una propuesta de reestructuración de la deuda hipotecaria al amparo de la normativa sobe el Código de Buenas Prácticas del RDL 6/2012. Abanca dejó pasar el mes sin contestar, lo que llevó a los demandantes a requerirle de nuevo para que se pronunciara. Finalmente, el banco contestó y denegó la propuesta basándose en que con carácter previo debían pagarse todas las cuotas vencidas e impagadas y cancelarse las cargas posteriores a la constitución de la hipoteca (constan dos embargos en la hoja registral de la finca hipotecada).

La Sala en su sentencia concluye que los demandantes presentaron a tiempo la solicitud de reestructuración de su deuda hipotecaria y su contenido se adecuaba a la previsión legal. Añade que el banco “incumplió el deber legal de atender a esta solicitud y la rechazó por dos motivos que no justifican por sí mismos tal rechazo”.

En cuanto al primer requisito -previo pago de todas las cuotas vencidas y pendientes de pago-, el tribunal afirma que no constituye en la ley un presupuesto para la concesión de la reestructuración cuyo incumplimiento justifique el rechazo de la solicitud. En todo caso, explican los magistrados, la forma en que deben pagarse esas cuotas vencidas e impagadas forma parte de ese plan que debe ofrecer el banco.

En relación con el segundo -alzar los embargos-, la Sala indica que tampoco resulta admisible ya que el plan de reestructuración no altera el rango registral de la hipoteca. Así, señala que “en atención a las razones por las que se adopta la medida de reestructuración, en el marco de la normativa legal especial que pretende paliar los efectos de la crisis económica para las personas en el umbral de exclusión, y, por su propio contenido, no se altera el rango registral de la hipoteca, por lo que para preservar su garantía la entidad de crédito no tiene por qué exigir el levantamiento de los dos embargos”.

En consecuencia, según la sentencia, el banco no podía rechazar la solicitud de reestructuración amparándose en esas dos objeciones mencionadas. “Como la solicitud se hizo a tiempo, el banco debía haberla atendido”, subraya la Sala en esta sentencia con ponencia del magistrado Ignacio Sancho Gargallo. Además, no advirtió del carácter inviable del plan presentado por los prestatarios, una posibilidad que prevé el Código de Buenas Prácticas.

La Sala recuerda que la adhesión por parte de las entidades de crédito a dicho Código comporta que el cumplimiento de algunas de las obligaciones asumidas pueda ser reclamado judicialmente por los prestatarios, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley. De este modo, si el banco desatiende una solicitud de reestructuración por causas ajenas a las que legalmente podrían justificarlo, puede ser demandado judicialmente por el prestatario para que sea condenado a conceder esta reestructuración.

“Si esta acción judicial se ejercita a tiempo (antes de que se hubiera consumado la ejecución de la garantía y los prestatarios hubieran perdido la vivienda hipotecada), su prosperabilidad no puede quedar supeditada a que el banco no consume la realización de la garantía. La posterior ejecución hipotecaria no impide que el procedimiento judicial continúe adelante, sin perjuicio de que, en caso de la estimación de la demanda, ante la imposibilidad de dar cumplimiento in natura a la condena de hacer (otorgar la reestructuració0n de la deuda reclamada), haya que optar por el cumplimiento por equivalencia (la indemnización de los daños y perjuicios sufridos)”, concluye la Sala.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Gobierno de Aragón contra el Plan de Gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña 2016-2021

Jue, 07/18/2019 - 13:38

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto 450/2017 del Gobierno de la Nación por el que se aprobó el Plan de Gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el período 2016-2021. El Tribunal considera que el Real Decreto impugnado es un acto singular de aprobación y no un reglamento que desarrolle o complemente una ley y por tanto no requiere un informe preceptivo del Consejo de Estado, como argumentaba en su recurso el gobierno de Aragón.

EL Real Decreto impugnado venía a aprobar el Plan de Gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, título con el que el gobierno de Cataluña denominó al Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de sus cuencas internas y que también está recurrido por el gobierno de Aragón ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Sección Quinta recuerda en su sentencia que no puede entrar en los motivos que son objeto y serán decididos por el TSJ de Cataluña, si bien desestima todos los motivos esgrimidos por el recurrente.

El Tribunal rechaza el argumento de que el Real Decreto impugnado requiriera un informe del Consejo de Estado. Al tratarse el Real Decreto de un acto singular de aprobación y no de un reglamento que desarrolle o complemente una ley, el informe preceptivo era el del Consejo Nacional de Agua, que sí figura citado en la parte expositiva del Real Decreto impugnado.

La Sala añade que, en virtud del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dicha comunidad autónoma es la competente para elaborar y aprobar los planes sobre cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su territorio.

El recurrente también había alegado “la extralimitación territorial de su ámbito de aplicación del plan de gestión al incluir las Ramblas meridionales en el sur del Delta del Ebro”. Sin embargo, el tribunal considera que no ha precisado ni concretado esa extralimitación territorial.

El Tribunal Supremo anula la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental a la regasificadora de Mugardos (A Coruña)

Jue, 07/18/2019 - 13:00

El Tribunal Supremo ha declarado nula la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental que acordó el Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2016 respecto a la regasificadora de Mugardos, en A Coruña. La Sala de lo Contencioso considera que la importancia de la planta desde la perspectiva ambiental no encaja en las razones de situación excepcional y de inmediata urgencia alegadas por el Consejo de Ministros para excluir el trámite de evaluación de impacto ambiental.

La Sección Quinta de la Sala de Lo Contencioso ha estimado parcialmente el recurso que presentó la Plataforma de Vecinos de la Parroquia de Mehá contra el citado Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declaraban excluidos del trámite de evaluación de impacto ambiental los proyectos de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos. La Sala anula el acuerdo pero rechaza la petición de los recurrentes de que se declararan también nulos todos aquellos actos y autorizaciones derivados del mismo.

La asociación de vecinos recurrente planteaba en primer lugar la nulidad del Acuerdo por haber sido adoptado por un gobierno en funciones y que, como tal, pudo extralimitarse en sus competencias. Sin embargo, la Sala considera que los recurrentes han olvidado la doctrina jurisprudencial que avala la decisión de exención del trámite de impacto ambiental porque “no constituye un acto de orientación política, ni condiciona, ni compromete, ni impide las decisiones que en el ejercicio de sus funciones deba adoptar el nuevo gobierno surgido de las elecciones generales, por cierto, de igual signo político que el anterior”.

El Gobierno justificó la exención por las consecuencias negativas que supondría para el sistema gasista español y portugués una eventual paralización de la planta si se tramitara la evaluación de impacto ambiental. También argumentó el incremento de circulación y la consiguiente peligrosidad que supondría el desplazamiento de camiones cisterna que se verían obligados a desplazarse a otras plantas para realizar la carga de gas.

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Juan Carlos Trillo, recuerda el contexto en el que se aprobó el Acuerdo impugnado, que responde a la necesidad de solventar la situación creada por dos sentencias de 2016 de la propia Sala, que anulaban las autorizaciones administrativas previas y de construcción de la regasificadora de Mugardos. Son precisamente esas sentencias, según el tribunal, las que “impiden observar la necesidad de acudir a un remedio de urgencia con el que atender a una situación extraordinaria y de imposible previsión”.

El tribunal concluye que no concurre la situación excepcional en cuanto que la situación creada tiene su origen en una actuación de la administración disconforme a derecho, como así lo establecieron las dos sentencias anteriores de la Sala. El tribunal estima que se debieron adoptar otros remedios procesales distintos a la exención, “y sin duda más acordes con el principio de proporcionalidad, o dicho de otro modo, con la importancia de la planta desde la perspectiva ambiental, máxime cuando por sentencia de esta Sala de 26 de julio de 2016 se anuló el Decreto 144/2007 de 9 de julio de la Junta de Galicia, por el que se aprobó el Plan de Emergencia Exterior en la planta litigiosa”.

La sentencia explica que no cabe acoger la extensión de la nulidad del Acuerdo a las actuaciones posteriores “no solo por la indefinición al respecto de la recurrente “sino también porque del único acto del que hay constancia es el que concede la autorización administrativa y aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Mugardos y está recurrido por la misma asociación y pendiente de sentencia.

La recurrente solicitaba también la paralización de la actividad de la planta, como consecuencia de las dos sentencias anteriores de la Sala. El tribunal lo rechaza y explica que en su caso se deberá plantear en el trámite de ejecución de esas sentencias.

El Tribunal Supremo confirma la condena a prisión permanente revisable a un padre que asesinó a su hijo de 11 años de edad en Oza (A Coruña)

Jue, 07/18/2019 - 08:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable impuesta a un padre que asesinó a su hijo de 11 años de edad, a quien golpeó varias veces en la cabeza con una pala, en una pista forestal de Oza (A Coruña) “con la intención de causar el mayor sufrimiento psíquico a su exmujer”. También tendrá que pagar a su expareja, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 180.000 euros, y no podrá aproximarse a ella a menos de 1.500 metros y a comunicarse con ella por cualquier medio hasta cinco años después de que cumpla la pena de prisión. 

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la pena que le impuso un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña como autor de un delito de asesinato cualificado con alevosía y agravado por el hecho de que la víctima era menor de dieciséis años, con las agravantes de parentesco y de género, en concurso medial con un delito de lesiones psíquicas a su exmujer. 

Los hechos probados relatan que el condenado recogió el viernes, día 5 de mayo de 2017, a su hijo en el punto de encuentro familiar, donde lo había dejado su exmujer, para pasar el fin de semana con él. El domingo día 7, que además era el día de la madre, con la intención de causar el mayor sufrimiento psíquico posible a su expareja, decidió acabar con la vida de su hijo.  Por la tarde, según los hechos probados, se dirigió con el niño en su vehículo a un lugar boscoso y apartado del término municipal de Oza-Cesuras, y en una pista forestal alejada de las casas asestó al niño con una pala de obra varios golpes en la cabeza que le provocaron heridas determinantes de la muerte.

El condenado intentó ocultar el cadáver del niño, arrastrándolo hacia un lugar aún más apartado donde empezó a excavar un hoyo para depositarlo allí, aunque finalmente desistió y lo dejó a la intemperie.  Después se fue a dormir al "Hotel Cristal II", donde previamente había reservado una habitación. Tras su detención el lunes día 8 de mayo, llevó a los agentes de policía hasta una pista forestal muy próxima al lugar donde había dejado el cadáver de su hijo.

No tenía limitada su capacidad de querer y/o conocer en el momento de los hechos

En su recurso, el condenado alegaba que los informes médicos acreditan que es un enfermo mental grave y que en el momento en que ocurrieron los hechos padecía un grave trastorno psíquico que afectó irremediablemente a sus capacidades de comprender y/o querer.

La Sala explica en su sentencia, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela, que el informe de los peritos judiciales y las declaraciones de los dos psiquiatras en el juicio oral pusieron de manifiesto que el acusado padece “un trastorno mixto de la personalidad que condiciona su forma de ser y de vivir, aunque no anula ni su libertad volitiva ni sus facultades cognoscitivas”. Añade que para llegar a esas conclusiones, los peritos examinaron la historia clínica del acusado, con el que además se entrevistaron durante dos horas y media, concluyendo que “es consciente de sus actos y que no está afectada su voluntad”. También dijeron que el propio acusado negó el consumo de alcohol en las horas previas a los hechos y que tampoco apreciaron en él síntomas psicóticos. El tribunal destaca que, de todos los informes médicos, el único que es contrario a estas conclusiones es el elaborado a propuesta de la defensa.

La Sala asegura que en la sentencia recurrida se detallan los motivos que deben llevar a considerar acertado el criterio de “los psiquiatras públicos” acogido por los Jurados que les lleva a la consideración de que “el acusado no tenía limitada su capacidad de querer y/o conocer en el momento de la comisión de los hechos, conclusión que no ha sido desvirtuada por la prueba pericial aportada por la defensa”.

En definitiva –afirma la Sala-, “el tribunal ha estudiado y valorado todos los informes que han sido realizados en relación al acusado, informes que además ha relacionado con otros elementos de prueba obtenidos en el acto del juicio oral en los términos que se razonan, primero en la sentencia de instancia y después en la sentencia de apelación, en condiciones que se ajustan a las reglas de la lógica y que son ajenas al error que se denuncia en el motivo examinado, que en consecuencia debe ser rechazado, careciendo los mencionados documentos de aptitud suficiente para modificar el fallo. El Tribunal no ha cometido error alguno al considerar el texto de los documentos, sino que, junto a las demás pruebas disponibles, ha valorado su significado de forma distinta a como lo hace el recurrente”.

No cabe aplicar atenuante de confesión o de reparación

La Sala rechaza aplicar la atenuante de confesión o de reparación, solicitada por el condenado en su recurso, por entender que la pretendida colaboración del acusado carece de entidad para considerar que se trató de una cooperación verdaderamente eficaz y, menos aún, reparadora de los “perjuicios” que causó con la comisión del delito de asesinato.

Así, señala que con su actuación -llevó a los agentes a la pista forestal próxima al lugar donde dejó el cadáver de su hijo- solo adelantó temporalmente el hallazgo del cadáver.  “Pero con un alto grado de probabilidad el cadáver hubiera sido encontrado de todos modos por los agentes, teniendo en cuenta que, tal y como señalan las acusaciones, el menor se encontraba a la intemperie al haber desistido el acusado de enterrarlo y el vehículo con el que se trasladó al lugar donde mató al menor, había sido captado por el servicio de la Dirección General de Tráfico DGT en dirección A Coruña en el kilómetro 567,65, a las 15:45 horas”. Por ello, “la actividad desplegada por el acusado en el sentido examinado únicamente supone un reconocimiento tardío, parcial e inevitable de los hechos. Además, el acusado no ha reconocido haber dado muerte voluntariamente a su hijo, escudándose en una pretendida inimputabilidad que, como ya hemos visto, carece de base probatoria en las actuaciones”, concluyen los magistrados.

El tribunal indica que “los jurados fueron claros a este respecto, al considerar, por los antecedentes y sucesión de los hechos, que la intención del acusado era la de provocar en su ex cónyuge y madre de su hijo el mayor sufrimiento posible, decidiendo para ello acabar con la vida de su hijo eligiendo, para llevar a efecto tal designio, el día de la madre. Por ello no estimaron relevante el hecho de conducir a los agentes al lugar de la ubicación del cadáver”.

“La atenuación pretendida no parece compatible con preparar meticulosamente el asesinato de su propio hijo con la única finalidad de hacer el mayor daño posible a su excónyuge. Tampoco tal hecho, huérfano de cualquier otra acción reparadora, tiene capacidad suficiente para aminorar el inconmensurable dolor provocado” a su expareja, subraya la Sala.

 

 

El Tribunal Supremo deniega a un juez su rehabilitación a la carrera judicial tras cumplir una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación

Mié, 07/17/2019 - 13:00

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado la rehabilitación a la carrera judicial de Fernando F.C., que fue condenado en 2009 por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por un delito de prevaricación dolosa, tras acreditarse que retrasó los trámites de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la niña. Cuando ocurrieron los hechos en 2006, el recurrente era juez de familia de Murcia.

La Sala ha confirmado el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 26 de abril de 2018 que rechazó la petición de rehabilitación y de reingreso al servicio activo en la carrera judicial de Fernando F.C. al considerar que el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial supuso la privación definitiva del cargo de magistrado.

El tribunal considera que la entidad del delito de prevaricación dolosa del artículo 446 del Código Penal -por el que se condenó al recurrente- “parece difícilmente compatible con la idea de rehabilitación atendida la gravedad del delito, el daño por el servicio público a la justicia y la relación directa con el desempeño del cargo”.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Sieira, recuerda que el delito de prevaricación es uno de los más graves que puede cometer un miembro de la carrera judicial en cuanto quiebra la esencia del Poder Judicial y la conducta mínimamente exigible a quien lo encarna. Añade también que la Sala no puede obviar la diferencia sustancial entre el delito del artículo 446 del Código Penal prevaricación dolosa y el de prevaricación culposa del artículo 447 del Código Penal.

En este caso, -precisa la Sala- “estamos ante un delito de mayor gravedad”, lo que hace que “el perjuicio para el servicio público sea indudablemente mayor”, como también son más graves los hechos, por el carácter doloso de la conducta, y la condena que le impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Tampoco puede obviarse, según la sentencia, el informe emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de fecha 27 de marzo de 2018, que recoge los datos relacionados con la capacidad para el ejercicio de la función judicial que se contempla en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, se refiere al trastorno ansioso depresivo que el recurrente manifiesta padecer desde hace años, que le obliga a pedir la baja.

También alude a las “convicciones derivadas de su ideología jurídica o meta jurídica”, expresión usada en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenó al recurrente por prevaricación dolosa, que entran en conflicto con la nueva redacción dada al Código Civil por la ley que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley que contempla la posibilidad de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante. Dicho informe mencionaba la opinión del fiscal que era partidario de la denegación de la pretensión deducida no solo por la gravedad de las conductas, sino por la descripción de su actuación como “una auténtica compulsión homófoba”.

Como consecuencia de ello, la Sala concluye que en este caso concurren circunstancias especiales que hacen que la rehabilitación del hoy recurrente “no proceda conforme a los criterios que la jurisprudencia ha venido estableciendo con carácter general y que han quedado citado con anterioridad, además la denegación de la misma se corresponde con el principio de proporcionalidad que rige en nuestro ordenamiento jurídico atendida la gravedad del delito, los perjuicios por el interés público y las circunstancias a que hace referencia el informe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia”.

La Sala advierte que no se puede alegar en los términos que lo hace el recurrente que el acuerdo recurrido infrinja el principio de proporcionalidad, ya que sin perjuicio de que la cuestión no es en contra de la proporcionalidad de la sanción, como sostiene Fernando F.C., sino en contra de la razonabilidad de la denegación de rehabilitación. Esta razonabilidad, concluye el tribunal, “queda justificada por la gravedad del delito, el concreto supuesto en que se produce la prevaricación dolosa, la gravedad de la pena impuesta y demás circunstancias referidas en el informe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia”.

 

El Tribunal Supremo establece que la asistencia jurídica gratuita no está sometida a la ley de Defensa de la Competencia

Mar, 07/16/2019 - 08:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que establece que el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio, cuya organización compete a los Colegios de Abogados, no está sometido a las normas de la competencia.

En una sentencia, el tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado y confirma el fallo de la Audiencia Nacional que anuló una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en la que se imponía al Consejo General de la Abogacía una multa de 59.983 euros por una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia cometida en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita. En la otra sentencia, confirma la anulación de una sanción de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara también por conductas anticompetitivas.

La Sala destaca que este servicio lo prestan letrados específicamente formados para asistir a quienes se les reconoce el derecho a la justicia gratuita; y que en el marco de la relación profesional entablada, el beneficiario del turno de oficio no tiene posibilidad de designar a su letrado ni de fijar o pacta su remuneración, que es sufragada por el Estado. Añade que la naturaleza jurídica de la actividad de la asistencia jurídica gratuita es de servicio público de carácter prestacional.

En este contexto, el tribunal indica que en este caso “no nos encontramos ante la existencia de un mercado en el que entren en juego las reglas de la libre competencia, que constituye el presupuesto objetivo para poder aplicar la prohibición contenida en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, referida a aquellas conductas que impidan, restrinjan o falseen la competencia”.

Después de analizar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la Sala concluye que los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas de los Colegios de Abogados, o, como en este caso, del Consejo General de la Abogacía Española, “son susceptibles de vulnerar las reglas de la libre competencia cuando inciden en la regulación del ejercicio profesional de los abogados que corresponde a la actuación en el mercado de libre prestación de servicios de defensa y asesoría jurídica, en cuanto se refiere a la oferta de servicios profesionales prestados y a las condiciones de remuneración de los mismos. Sin embargo, cuando se trata de los servicios profesionales prestados por abogados del turno de oficio, al amparo de la Ley 1/1996, de 13 de enero, de asistencia jurídica gratuita, no resultan aplicables las normas comunitarias o nacionales de competencia”.

La sentencia explica que en el marco regulador de la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los abogados no concurren las notas determinantes de la aplicación del principio de libre competencia, que se sustenta en la idea de base económica de que el mercado se rige por la ley de la oferta y de la demanda, debiendo estar abierto a la iniciativa empresarial, con el objetivo de que se produzca un funcionamiento equilibrado del mismo, en beneficio de los consumidores.

Sin embargo, “en el ámbito estricto al que nos venimos refiriendo -prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita- los abogados no compiten entre sí, no existe libertad de contratación de los servicios profesionales del abogado, ni libertad para fijar los honorarios, ni hay propiamente retribución que deba satisfacer el cliente, al corresponder al Estado la obligación jurídica de compensar adecuadamente el trabajo realizado al servicio de la Administración de Justicia”.

La Sala no comparte la tesis del Abogado del Estado cuando afirma que la organización y regulación del servicio de justicia gratuita es una actividad económica desarrollada por abogados en un mercado constituido por los servicios profesionales de los abogados privados y los abogados inscritos al turno de oficio.

Por último, advierte que la conclusión que alcanza sobre la inaplicabilidad de la Ley de Defensa de la Competencia al ámbito estricto de la regulación corporativa del servicio de asistencia jurídica gratuita “no implica que los acuerdos de los Colegios de Abogados adoptados respecto de la ordenación del servicio de asistencia jurídica gratuita estén exentos del control de juridicidad que corresponde a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución; que incluye, en su caso, examinar si las medidas adoptadas para garantizar la regularidad y calidad en la prestación del servicio son adecuadas e idóneas para cumplir los objetivos fijados en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y en las normas complementarias”.

La sentencia incluye un voto particular del presidente de la Sección Tercera, Eduardo Espín, en el que considera que el planteamiento sin matices de la sentencia mayoritaria es equivocado y refleja una concepción de la actividad de la abogacía escasamente compatible con la jurisprudencia de la Sala. Según este magistrado, la especial consideración de la prestación del servicio de justicia gratuita en aras de una adecuada tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos con independencia de su condición económica no supone que la labor profesional de los abogados del turno de oficio deba quedar al margen de su consideración como una actividad de contenido económico.

Este magistrado entiende que el rígido planteamiento de la sentencia mayoritaria ha impedido responder a determinadas alegaciones que aunque no condujeran a la estimación de los recursos sí se deberían haber atendido en las sentencias dictadas. Por ejemplo, la mayor abundancia de letrados en el turno de cualquier colegio, explica este magistrado, si bien por si mismo no supone crear un mercado competitivo propiamente tal entre los letrados que lo integren “muy bien pudiera entenderse que redundaría en una mayor oferta de profesionales y un mejor servicio de justicia gratuita. Tales alegaciones hubieran tenido cabida en el enfoque propugnado en este voto particular, sin que ello implique que hubiesen sido estimadas”.

El Tribunal Supremo considera discriminatorio exigir una estatura mínima de 160 cm para el puesto de controlador aéreo de las Fuerzas Armadas

Lun, 07/15/2019 - 13:00

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la fijación de una talla mínima de 160 cm para acceder al puesto de controlador aéreo de las Fuerzas Armadas constituye una discriminación en el acceso a la función pública de todos los ciudadanos que vulnera la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público.

El tribunal reconoce el derecho a que se declare apta y a que se asigne plaza en la Academia Básica del Aire a una aspirante que fue excluida del proceso selectivo en 2015 por medir 155 cm, cinco menos que la estatura exigida en dicha convocatoria.

La aspirante se presentó al proceso selectivo convocado para ingresar en la Academia Básica del Aire para acceder a las plazas de la especialidad de Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire. Dicho proceso constaba de una fase de concurso y otra de oposición. En esta última fase había que superar pruebas de aptitud psicofísica y de lengua inglesa, además de un reconocimiento médico en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial.

La recurrente superó todas las pruebas pero fue calificada como no apta en el reconocimiento médico por tener una talla inferior a los 160 centímetros exigidos en el Cuadro Médico de Exclusiones de la Orden PRE/262272007. La talla exigida a un militar de tropa y marinería, en cambio, era de 155 cm.

En su recurso alegaba que la exigencia de un requisito biológico como la talla para acceder a la función pública debía contar con la correspondiente justificación y que se había vulnerado la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, sostenía que ese requisito no era necesario para ejercer plenamente las funciones y tareas a desarrollar en el acceso al centro de formación para el puesto de controlador aéreo del Ministerio de Defensa.

La Sala concluye que el requisito de 160 cm por el que se consideró no apta a la recurrente “no está justificado y entraña una diferencia de trato contraria al principio de igualdad”. En primer lugar, el tribunal recuerda que no se ha explicado ni en el proceso administrativo ni en el judicial el motivo por el que es necesaria esa talla para ejercer como controlador aéreo, “y ciertamente, no se alcanza a comprender cuál puede ser”. La Sala añade que la misma Orden Pre/ 2622/2007 que se aplicó a la mujer para excluirla de la plaza admite a quienes midan 155 cm, si ya son militares profesionales de tropa y marinería.

El tribunal afirma que “si se puede ser militar profesional con 155 cm y desempeñar los cometidos propios de la tropa y de la marinería, para los que no es difícil pensar que la constitución física puede ser especialmente importante, y esos mismos militares profesionales pueden, con esa talla, ejercer la especialidad de Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones, no se alcanza a comprender por qué no pueden hacerlo quienes aspiran a ingresar como Suboficiales en esa especialidad”.

Por ello, concluye, en contra de lo que sostiene el abogado del Estado, que no se explica por qué se puede acceder a las Fuerzas Armadas en las clases de tropa y marinería con esa talla y por qué no es posible hacerlo como suboficial en dicha especialidad. “No se advierte una justificación objetiva relacionada con las condiciones personales y con el desempeño de los cometidos correspondientes. Cualesquiera que hayan sido los motivos que han llevado a aceptar en las Fuerzas Armadas a quienes miden 155 cm y a que puedan promocionarse internamente como suboficiales, no se han hecho explícitas ni tampoco se han manifestado las que llevan a tratar de modo diferente a quienes, sin pertenecer aún a las Fuerzas Armadas, pretenden incorporarse a ellas por la vía que les ofrece la resolución de convocatoria de este proceso selectivo”, subraya la Sala en esta sentencia con ponencia del magistrado Pablo Lucas.

La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por la aspirante contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y anula la resolución administrativa por la que se le declaró no apta y la resolución por la que se publicó la relación de aprobados únicamente en la medida en que no incluye a la recurrente. También solicitaba en su recurso que se declarase nulo el requisito de talla previsto en la Orden PRE / 2622/2007. La Sala explica que no tiene sentido declarar su nulidad puesto que ha sido derogada por otra Orden posterior, la PCI/6/2019.

 

El tribunal del ‘Procés’ deniega a Joaquim Forn salir de la cárcel para asistir a un pleno del ayuntamiento de Barcelona

Lun, 07/15/2019 - 11:40

El tribunal que juzga la causa del ‘Procés ha denegado conceder a Joaquim Forn un permiso extraordinario de salida del centro penitenciario para acudir mañana 16 de julio a un pleno del ayuntamiento de Barcelona.

El Tribunal Supremo condena a tres militares y un empresario por adjudicar contratos a cambio de comisiones

Vie, 07/12/2019 - 07:00

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre tres años y tres meses de prisión a tres mandos militares y a un empresario al haberse acreditado que adjudicaron contratos de la Inspección General de Sanidad (IGESAN) a cambio de comisiones.

La Sala estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el teniente coronel A.G.G. y rebaja de seis a cinco meses la pena que le impuso el Tribunal Militar Central como autor de un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar. En su caso, la estimación se produce porque la Sala no ha considerado probado uno de los hechos por los que fue condenado. La sentencia explica que no rebaja la pena en mayor medida al tener en cuenta su empleo militar y la condición de interventor de la IGESAN.

El tribunal desestima los recursos planteados por los otros tres condenados contra la sentencia recurrida que condenó a tres años de prisión al teniente coronel F. N. C. por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar, dos años de prisión al teniente M.A.G. por el mismo delito y tres meses de prisión al empresario U.L.G. por un delito de cohecho.

La sentencia, con ponencia del magistrado Javier Juliani, considera acreditado el relato de hechos probados, salvo en uno de los hechos atribuidos a A.G.G., y que existe prueba incriminatoria bastante para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, quedando acreditado que el teniente coronel F.N.C. ideó un sistema para cobrar comisiones en la contratación con empresas propiedad del empresario también condenado “calculando los contratos con un beneficio en favor del empresario, excesivo en relación con el que era normal en el tráfico económico análogo, del que se entregaba la mitad por U.L.G. en algunas ocasiones al teniente M.A.G. y en otras al teniente coronel F.N.C”.

La Sala recoge que, según los hechos probados, entre finales de 2008 y principios de 2009, el Teniente Coronel F. N. C. y el Teniente G. C., entonces Subteniente, con aprovechamiento de su posición relativa en la contratación de la IGESAN, idearon un sistema para cobrar comisiones.

El plan consistía, por una parte, en otorgar contratos que debieran haberse realizado por sistema de publicidad y concurrencia múltiple, directamente a empresas propiedad de U. L. G., que aceptó intervenir en el mismo. Para ello, según los mismos hechos probados, unas veces se realizaba un fraccionamiento del objeto del contrato y, otras veces, se llegó a la contratación verbal, únicamente prevenida para situaciones de emergencia.

En otros casos, según la sentencia, se aplicó procedimiento negociado sin publicidad con concurrencia limitada a empresas de U.L. G. Cuando resultaba inevitable el sistema abierto y público, se daba un valor excesivo, en el criterio de elección, a cuestiones técnicas teóricas -esto es con el conocimiento de que no iban a ser exigidas en la real ejecución del contrato- las cuales eran previamente advertidas al citado empresario, para que las incluyera en sus propuestas.

La sentencia incluye un voto particular del magistrado Jacobo Barja de Quiroga López en el que expresa su discrepancia con el criterio de la mayoría. En el mismo, se muestra partidario de desestimar el recurso de casación del teniente coronel del Ejército de Tierra A.G.G.. cuya pena ha sido rebajada de 6 a 5 meses al considerar la Sala que no se ha probado uno de los hechos por los que fue condenado. En su voto, afirma que ese hecho –factura falsa de 15.000 euros por limpieza del garaje del Hospital “Gómez Ulla”- es real y está acreditado por lo que el recurso debió de ser desestimado.

Por otro lado, el magistrado sostiene en su voto que la conducta de los recurrentes debió examinarse a la luz del Código Penal donde, además de las conductas omisivas mediante la comisión por omisión, se contienen delitos como el cohecho, prevaricación, las maquinaciones para alterar el precio en los concursos, la malversación, los fraudes, el blanqueo de capitales, etc.

 

El Tribunal Supremo resuelve varias cuestiones novedosas en relación con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

Jue, 07/11/2019 - 15:00

La Sala Primera, reunida en Pleno, se pronuncia sobre qué ha de entenderse como “deudor de buena fe” o sobre si el plan de pagos puede acordar aplazamientos o fraccionamientos del crédito público

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo confirma la declaración en rebeldía y la suspensión para cargo público de los procesados huidos en la causa del ‘procés’

Jue, 07/11/2019 - 12:35

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la situación de rebeldía de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig y el resto de procesados huidos, que fue acordada por el instructor de la causa del ‘Procés’, Pablo Llarena, en julio de 2018. En otro auto, la Sala ha confirmado también la suspensión para cargo público que acordó el magistrado para los mismos recurrentes en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Sala ha desestimado los recursos interpuestos por Carles Puigdemont, Clara Ponsati y Lluis Puig, al que se adhirieron Meritxell Serret y Antoni Comín, contra el primero de los autos -declaración de rebeldía- al entender que concurren los requisitos legales para adoptar dicha decisión. Por otra parte, ha desestimado el recurso planteado por el expresident de la Generalitat, al que se adhirieron también Meritxell Serret y Antoni Comín, contra el segundo de ellos -suspensión automática de funciones- por entender que se trata de una medida cautelar que es proporcional a la gravedad de los hechos.

Respecto a la declaración de rebeldía, la Sala rechaza de plano la alegación de los recurrentes relativa a que se encuentran a disposición de los tribunales españoles. Los magistrados destacan que, contrariamente a lo alegado, los recurrentes han abandonado el territorio nacional desde que conocieron la posibilidad de ser sometidos a un proceso penal, con la evidente finalidad de situarse fuera del alcance directo de las autoridades judiciales españolas y han manifestado su oposición expresa a ser entregados a éstas cuando se pusieron en marcha los mecanismos de cooperación judicial.

Añade que, aunque las euroórdenes no hayan dado el resultado al que se encamina su regulación, “nada ha impedido la comparecencia personal de los recurrentes ante las autoridades españolas, si su intención, como argumentan es mantenerse a disposición de las mismas. Lo cierto, por tanto, es que se han situado fuera de su alcance, con lo que evitan la actuación procesal prevista por la ley”.

Por otro lado, explica la Sala, “el fracaso de los mecanismos de cooperación judicial internacional, concretamente en el marco de la Unión Europea, que se han puesto en funcionamiento en el marco de esta causa, no supone el cese de las requisitorias en el territorio nacional, sin que hayan sido habidos en él ni hayan comparecido personalmente poniéndose a disposición del órgano jurisdiccional”.

La Sala considera que no es necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como solicitaban los recurrentes, puesto que resulta clara la compatibilidad entre los mecanismos de cooperación europeos encaminados a la entrega de personas reclamadas por autoridades judiciales de otro Estado miembro, y la adopción de las medidas previstas por la legislación interna orientadas a obtener el aseguramiento de los fines del proceso mediante cautelas que garanticen la comparecencia efectiva del investigado, procesado o acusado ante el correspondiente Tribunal.

En cuanto a la inmunidad de Carles Puigdemont, alegada por Meritxell Serret y Antoni Comín que se habían adherido al recurso de apelación, la Sala responde que no consta que le resulte aplicable, dado que aún no se ha acreditado la adquisición efectiva de la condición de eurodiputado, sin perjuicio de lo que resuelva el TJUE respecto de la cuestión planteada por el tribunal del ‘Procés’ en relación con Oriol Junqueras.

La suspensión de funciones es proporcional a la gravedad de los hechos

Respecto a la suspensión para cargo público acordada por Llarena para los recurrentes, la Sala avala la decisión del juez instructor, en tanto que aplicó el art 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de que existiera auto de procesamiento firme contra los huidos, por un delito de rebelión, y es proporcional a la gravedad de los hechos que constan en la causa.

La Sala recuerda que la Ley no requiere que se haya materializado la privación de libertad para aplicar el art. 384 bis, lo que exige es que se haya acordado la prisión provisional contra el procesado por rebeldía. El tribunal destaca lo insólito que resulta que una persona procesada por un delito de rebelión, y que se encuentra en situación de rebeldía por haberse sustraído a la acción de la Justicia, eludiendo al tiempo la decisión de prisión, pueda pretender el ejercicio de funciones públicas en el ámbito de jurisdicción de nuestros tribunales, “no existe razón que justifique que puedan ejercer funciones públicas quienes se encuentran en la situación contemplada en el art 384 bis”. El tribunal reitera que la situación de prisión que cita el mencionado artículo se refiere a la situación procesal, “no a la material, que no puede adoptarse ante la huida de los recurrentes de la acción de la justicia, pero la situación del acuerdo de prisión está adoptada. Cuestión distinta es que no pueda ejecutarse por la situación voluntaria de fuga de los recurrentes”.

Frente a los recurrentes, que sostienen esa inexistencia de materialización de su situación de prisión, provocada por ellos mismos, la Sala indica que “no puede ser una situación planteada que pretenda beneficiarle por ser contradictio in terminis, por alegar una situación buscada de propósito, y que no es obstáculo para aplicar consecuencias relacionadas con una medida de prisión provisional, que el recurrente elude por no comparecer y ponerse a disposición del tribunal”.

El tribunal añade que si se entendiera el art 384 bis solo aplicable para los que se encuentran en situación física de prisión y no procesal, se produciría un “beneficio” para los que están en situación de rebeldía, “ya que de ser así provocaría un beneficio la fuga y no ponerse a disposición del tribunal, y un perjuicio hacerlo”.

La sala recuerda que la medida de suspensión se trata de una cautelar y no de una pena de inhabilitación absoluta anticipada. El tribunal añade también que la normativa del Parlamento no puede paralizar una “orden” del juez que tiene autoridad para adoptar la medidas cautelares que son “indiscutibles en indiscutidas por quien tiene la obligación de hacerlas ejecutar. No se trata de que el órgano autonómico pueda debatir, o interpretar la norma, sino que se trata de que la ejecute en sus justos términos”.

El Tribunal Supremo anula el acuerdo del CGPJ de adscribir a Enrique López y Eloy Velasco a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

Jue, 07/11/2019 - 11:20

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la adscripción de los magistrados Eloy Velasco y Enrique López a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, acordada por el Consejo General del Poder Judicial el 16 de mayo de 2019 en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril que anuló sus nombramientos para dicha sala de apelaciones.

El tribunal anula el apartado 1.1-13-3 del acuerdo cuestionado que fijaba: “adscribir a los magistrados Eloy Velasco Núñez y Enrique López López a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, debiendo concursar para adquirir plaza en propiedad. Ello sin perjuicio de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en el supuesto de insuficiencia de trabajo en la Sala de Apelación, pudiera proponer una adscripción obligatoria, en régimen de comisión de servicio sin relevación de funciones, en función de las necesidades del servicio”. La Sala mantiene los otros puntos del acuerdo impugnado con los que considera que la sentencia está ejecutada.

El Supremo considera que el CGPJ se excedió al ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo ya que la misma anulaba los nombramientos citados y ordenaba unos nuevos conforme a los criterios que estableció, pero en ningún caso nada disponía sobre el destino o situación que debía darse a los dos magistrados de la Audiencia Nacional.

La Sección Sexta de la Sala Tercera estima el recurso interpuesto por la magistrada Manuela Fernández de Prado en el que sostenía que dicha adscripción en ejecución de sentencia suponía imponer por la vía de hecho, al margen de la sentencia del Supremo, la permanencia de estos magistrados en las plazas cuyo nombramiento había sido declarado contrario a derecho por el alto tribunal.

La Abogacía del Estado, en representación del CGPJ, y los dos magistrados afectados por esta decisión, en cambio, alegaron la falta de legitimación de la recurrente y que la sentencia ya se había ejecutado con el nombramiento para la referida sala de la Sra. Fernández de Prado y del Sr. Muñoz, por lo que la adscripción era una cuestión ajena a la sentencia dictada.

La Sala reconoce la legitimación de la recurrente y explica que la simple lectura del fallo de la sentencia ejecutada y del acuerdo del CGPJ objeto de impugnación pone claramente de manifiesto que éste excede de lo ejecutoriado conforme a la jurisprudencia de esta sala. El tribunal recuerda que la cuestión sobre el destino profesional de los magistrados afectados no puede hacerse en ejecución de sentencia sino en un acto administrativo independiente de aquella “y por tanto susceptible de control tanto en vía administrativa como posteriormente en vía jurisdiccional. No existe por tanto fraude procesal”.

En su auto, la Sala afirma que el abogado del Estado se ha limitado a hacer una sinopsis del informe elaborado por el CGPJ lo que resulta más criticable, según el tribunal, “habida cuenta que el CGPJ es el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, algo que debería llevarlo a extremar el respeto por el ordenamiento jurídico, los principios que lo rigen y las sentencias de los distintos órganos jurisdiccionales”.

El tribunal considera que el CGPJ al dictar el acuerdo recurrido fue más allá del alcance de la sentencia y del mandato en ella contenido “sin fundamento y en una actitud puramente voluntarista”, lo que necesariamente solo puede tener como consecuencia estimar la pretensión de la recurrente doña Manuela Fernández Prado y anular el acuerdo recurrido.

El Tribunal Supremo destaca la gravedad en los casos de malos tratos del “silencio cómplice” del entorno de la víctima y el “acoso cómplice” del entorno del agresor

Mié, 07/10/2019 - 14:00

El Tribunal Supremo ha condenado a 16 años y 11 meses de prisión a un hombre que agredió sexualmente a su pareja al tiempo que le decía que "si no era de él no eres más de nadie". Además de un delito de agresión sexual -8 años de prisión-, la Sala le considera autor de dos delitos de lesiones graves -4 años de prisión por cada uno de ellos-, un delito leve de injurias -20 días de localización permanente- y un delito de maltrato con lesiones leves -11 meses de prisión-. El tribunal modifica la pena que le impuso la Audiencia Provincial de Vizcaya -17 años y 9 meses-, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al absolverle de un delito de amenazas.

Los hechos probados recogen que el condenado le había agredido previamente causándole numerosas lesiones. Así, consta probado que “en un momento agarró por el cuello a la mujer, apretando fuertemente, lo que tuvo el efecto de asfixia, aturdiendo o perdiendo momentáneamente la noción o el conocimiento la víctima, y en el instante en que lo recupera, se encuentra al condenado sobre ella, habiéndola penetrado vaginalmente, al tiempo que le agarraba de las muñecas sujetándola, y le decía que "si no era de él no eres más de nadie". Durante los hechos el condenado también le insultó y maltrató con carácter previo a la violación.

Del mismo modo, fue condenado por dos delitos de lesiones graves por hechos ocurridos anteriormente que la víctima ocultó señalando, cuando fue asistida médicamente que las lesiones fueron provocadas accidentalmente, y no por agresión de su pareja.

Al cuestionarse en el juicio, además de la comisión de la violación, los delitos de lesiones cometidos tiempo atrás, que la víctima achacó a hechos ajenos a una agresión de su pareja, y entender que no era correcta la imputación ahora vertida de que esas lesiones se las causó el condenado, el Tribunal de instancia entendió que la víctima decía ahora la verdad, habiendo ocultado antes el maltrato, y que es factible que estas lesiones fueran provocadas por una agresión.

Estos dos hechos se refirieron el primero a que “agarrándola fuertemente de las manos, retorciéndole los brazos, colocándoselos tras la espalda y haciendo fuerza sobre ellos le causó una lesión grave”, y el segundo a que “en el seno de una discusión habida entre ellos, aquel agredió a ésta propinándole un puñetazo en la nariz”.

La Sala aborda en esta sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, un caso como el planteado que se produce con frecuencia respecto a hechos que no se denuncian en su momento y que cuando ocurre un hecho grave, como aquí fue el de la violación, se pone en conocimiento de la autoridad para acabar con ese estado de victimización.

El tribunal indica que la falta de denuncia de hechos previos por la víctima no puede convertirse en dudas acerca de su credibilidad por su denuncia tardía y destaca los problemas ante la presión ejercita por el entorno del autor.

La sentencia recuerda que la Audiencia Provincial puso de manifiesto que “no hemos de pasar por alto, la soledad y vulnerabilidad que transmite la situación de … que, en el momento en que sigue adelante con la denuncia que deriva de la llamada a la policía, se queda sola y ve que todos sus paisanos y paisanas declaran en favor del acusado, organizan eventos para apoyar a… y cuestionan la vida y credibilidad de…. Parece probable que ella percibiera ese devenir, y que ello motivara que no quisiera denunciar nunca”.

Ante ello, el Tribunal Supremo afirma que es una valoración sumamente importante (la de los Tribunales de enjuiciamiento respecto de la declaración de la víctima) “a los efectos de hacer notar la situación de soledad de muchas víctimas de violencia de género que se encuentran solas ante el maltrato que sufren. Y lo están ante su agresor, por descontado, pero lo más grave es la soledad en la que se encuentran ante su propio entorno y el entorno del agresor, ya que ello es lo que provoca y coadyuva al silencio de las víctimas ante el maltrato. Esta situación provoca que en muchos casos las víctimas no denuncien, o si lo hacen, si perciben esta falta de apoyo de su entorno, o, incluso, la presión del agresor, se amparen en el art. 416 LECRIM para negarse a declarar, lo que viene a operar a favor del agresor”.

Subraya que “se habla, así, del silencio cómplice del entorno de la víctima de malos tratos y el acoso cómplice del entorno del agresor, o llegar mucho más lejos, como reconoce el Tribunal en este caso, cuestionando ese entorno del agresor la credibilidad de la víctima en estos momentos, negando la existencia del maltrato”.

La Sala agrega que en estas situaciones provocan “una clara cifra negra de la criminalidad derivada de situaciones, como la que aquí se ha producido, en torno al silencio derivado de la soledad de la víctima. Y solo, como aquí ha ocurrido, ante hechos graves pueden salir otros antecedentes. Nótese que cuando la vecina que escucha los gritos, en este caso la propia víctima no le dijo nada de lo ocurrido, explicando en juicio que “no quería llegar hasta dónde estoy ahora sentada”, lo que constituye el objetivo contrario que se persigue en estos casos por las Instituciones que tutelan y protegen este tipo de hechos a las víctimas”.

No obstante, “el sentimiento de temor de las víctimas ante lo que pueda ocurrir es lo que provoca el rechazo a la denuncia, junto con la falta de ayuda de su entorno, e, incluso, como aquí ha ocurrido, la oposición a que mantenga los hechos agresivos que han ocurrido y que el Tribunal ha declarado probados”, concluye la Sala.

La Sala afirma que las dos direcciones en que se mueve el maltrato -en torno a la falta de ayudas del propio entorno de la víctima y la presión que se ejerce por el entorno del agresor para que no denuncie- “se convierten en una losa para la víctima cuando quiere denunciar y no encuentra ayudas, por lo que el retraso en la denuncia en estos casos no puede ser sinónimo de duda de credibilidad por suponer una característica, cuanto menos extraña y especialísima, en esta criminalidad de género, y factor a tener en cuenta a la hora de analizar la declaración de la víctima, ya que éste debe valorarse dentro de este contexto al que nos hemos referido, donde el sufrimiento que ha padecido la víctima ante los hechos de maltrato se ve incrementado por el sufrimiento ex post de la propia sociedad, de su entorno más directo, y del entorno del agresor. Ello provoca la doble victimización de la víctima y hace comprensibles estas reacciones de negativas a denunciar, hacer uso del art. 416 LECRIM, cambiar las declaraciones en el juicio oral para beneficiar a los agresores, etc. En este caso, sin embargo, la víctima se mantuvo en su relato y el Tribunal otorgó credibilidad a su relato expositivo.”

Páginas