Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a una prótesis de última generación como reparación “íntegra” del daño en accidente laboral

Vie, 10/18/2019 - 13:30

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un trabajador que sufrió la amputación de su mano derecha a que se le implante una prótesis mioeléctrica de última generación y no la meramente convencional que está prevista para los supuestos de asistencia sanitaria ordinaria.

La prótesis reclamada por el trabajador permite hacer presión con todos los dedos de la mano biónica, y no solo con tres (como la convencional); además, la clásica solo permite la presión de pinza y la conseguida por el trabajador le permite realizar el agarre con todos los dedos de la mano.

El problema derivaba de que un Real Decreto de 2012 derogó la vieja norma de 1967 que venía regulando la asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo, tras lo cual se había venido entendiendo que la atención a prestar era la misma que en caso de accidentes ajenos al mundo laboral.

Ahora, sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que esa derogación no suprime el principio básico de “reparación íntegra” de las secuelas del accidente laboral porque así lo requiere el Convenio nº 17 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por España desde 1925), además de que se trata de un principio implícito en la responsabilidad empresarial en materia de accidentes laborales. De este modo, el contenido de esta asistencia sanitaria queda “sujeto a las posibilidades razonables, pero sin las restricciones del catálogo de prestaciones sanitarias en contingencia común”.

La sentencia, fechada el 10 de octubre, viene a unificar los criterios discrepantes que sobre el tema mantenían los Tribunales Superiores y frente a ella no cabe recurso.

El Tribunal Supremo anula el apartado del Reglamento de Inspección tributaria sobre el momento para comunicar la existencia de indicios de delito fiscal

Jue, 10/17/2019 - 14:00

La Sección Segunda de la Sala III del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”.

Para la Sala, esa previsión contenida en el artículo 197.bis “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”.

“A fuerza de ser repetitivos, debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador”, agrega la sentencia.

En su sentencia, de la que sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala estima parcialmente un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

La estimación es parcial porque el Supremo rechaza la impugnación que AEDAF también realizaba de otros tres artículos del Reglamento General. En concreto, el artículo 74.1.h), que incluye las multas penales entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de las citadas obligaciones, entiende la Sala que no incurre en la infracción denunciada. Y que tampoco son nulos por falta de habilitación legal los nuevos artículos 171.3 y 184.2 del citado Reglamento General.

La sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero, suscrito por los magistrados Nicolás Maurandi y Rafael Toledano, considera que el apartado que permite a la Administración comunicar los indicios al juez o fiscal tras la liquidación o la sanción sí era conforme a derecho. Argumentan que “las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos; lo que tiene que acarrear que el conocimiento de los indicios delictivos por la Administración tributaria en cualquier momento anterior a la prescripción del delito, exista o no liquidación ya aprobada, no releva a dicha Administración de la obligación de trasladar esos indicios al juez penal o al Ministerio Fiscal en los términos generales establecidos para cualquier delito público por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Por su parte, el segundo voto particular, del magistrado José Díaz Delgado, cree que la sentencia debió anular, además del apartado 2 del artículo 197.bis del Reglamento, el artículo 74.1 h relativo a las multas penales

El Tribunal Supremo confirma las penas de entre 14 y 15 años de prisión a los acusados de agredir sexualmente a una joven en Collado Villalba (Madrid) en 2015

Mié, 10/16/2019 - 18:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a dos de los tres acusados de agredir sexualmente a una joven en Collado Villalba en marzo de 2015. También ha confirmado la pena de 14 años de prisión fijada para un tercer condenado por estos mismos hechos. 

El tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por los tres condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que acordó las citadas penas por un delito continuado de agresión sexual y, además, impuso a cada uno de ellos siete años de libertad vigilada a cumplir tras su salida de prisión. 

La sentencia confirmada describe que en el momento de los hechos “los tres acusados eran hombres adultos cercanos a la treintena de edad frente a una joven de 18 años escolarizada”. La Sala añade que el relato de hechos refleja la reiterada negativa de la adolescente y cómo la relación sexual se impuso en un contexto de total desvalimiento ante tres adultos que impusieron concertadamente su voluntad, sin que los sucesos estén siquiera despojados de algún acometimiento físico que objetivamente exteriorizaba que los agresores podían estar determinados a un uso más contundente de la fuerza.

El relato de la sentencia define así que las relaciones sexuales no solo fueron contrarias a la explícita oposición de la víctima, sino que la joven se vio forzada a practicarlas por el lógico e ineludible temor de sufrir males mayores, en el contexto de acorralamiento y sumisión que los acusados directamente impulsaron y le impusieron para poder consumar sus deseos sexuales.

Intimidación ambiental 

La Sala de lo Penal reinumerosos tera su doctrina sobre el concepto de intimidación ambiental y explica que   en numerosas situaciones la intimidación no se verbaliza de un modo directo, ni siquiera se exterioriza físicamente de una manera determinada y explícita. Agrega que son los supuestos en los que el amedrentamiento, incluso preordenado a la consecución de un fin concreto y específico, puede proyectarse de modo consciente, y de manera paralelamente comprensible para el destinatario, sin necesidad de un lenguaje verbal o de un lenguaje gestual manifiesto e incontestable. En el conjunto de las relaciones humanas, en ocasiones, el contexto aporta un significante o un componente material con un contenido comunicacional esencial y determinante, de modo que resultaría absurdo evaluar el comportamiento y la intencionalidad del emisor del mensaje desde una interpretación aislada de la conducta. El contexto, y la forma en que se encadena con la actuación humana, son elementos que -considerando las convenciones humanas y la realidad social en el que se desarrollan- pueden interactuar de una forma tan inseparable y sugerente, que ningún observador ecuánime dudaría sobre su significado o sentido. 

La sentencia explica que la falta de anuncio de daño no siempre es equivalente a ausencia de intimidación, como tampoco desaparece el amedrentamiento cuando no exista una real intención de causar el mal sugerido. Siempre que el sujeto activo perciba que hay razones objetivas para infundir temor y que esa sospecha es materialmente adecuada para modificar la que sería la libre opción del destinatario, la instrumentalización de esa situación para la consecución de los fines que pretenden favorecerse integra el concepto legal de intimidación. Es a este tipo de intimidación al que podemos denominar intimidación ambiental. 

Agravante de violación múltiple 

La sentencia confirma la aplicación de la agravante del artículo 181.1.2ª del Código Penal prevista cuando el hecho delictivo lo cometen dos o más personas. El tribunal explica que participar en la aportación de la violencia o de la intimidación para favorecer que otro consume la penetración, puede ser un acto de autoría material, no de cooperación necesaria, de suerte que no se trataría de un supuesto de participación en el hecho de otro y la aplicación de la cualificación prevista en el artículo 180.1.2.ª del Código Penal no supondría el quebranto del principio del non bis in ídem. Se excluye también este quebranto cuando los distintos partícipes han sido autores materiales de una penetración y, con intercambio de roles, han aportado la violencia o intimidación para la consumación de la penetración por otro partícipe, si todos los hechos se han subsumido dentro de un delito continuado de los artículos 178, 179 y 180.1.2.ª, en relación con el artículo 74 del Código Penal. 

De este modo, “se excluye claramente la consideración del delito de agresión sexual como de propia mano, de manera que serían autores -coautores materiales- todos aquellos que, actuando concertadamente en la ejecución del hecho e interviniendo directamente en su ejecución más inmediata, ostentan el dominio funcional de su desarrollo y realizan aportaciones esenciales para su consumación”, subraya el tribunal.

La Sala recuerda la jurisprudencia que alude a la imposibilidad de construir la continuidad delictiva en los casos en los que los sujetos activos se van turnando en la penetración sexual de una misma víctima en los términos contemplados en el artículo 179 del Código Penal (agresión sexual). Por ello, rechaza el motivo de la supuesta arbitrariedad en la individualización de la pena que alegaban los recurrentes y considera que se ha aplicado erróneamente la continuidad del delito.

En este sentido, indica que los acusados no vienen condenados por un delito de agresión sexual que podría justificar por sí mismo la pena que se les ha impuesto, sino que han sido condenados por un delito continuado de agresión sexual que abarca la violación por tres individuos distintos; “máxime si se considera que una correcta calificación de los hechos hubiera determinado la condena por otros tantos delitos independientes de agresión sexual”. La Sala explica que está obligada a mantener esta calificación por la ausencia de impugnación de este extremo y por presentar un contenido favorable a los recurrentes.

 

 

 

 

El Tribunal Supremo rechaza la petición de VOX contra la decisión de la Junta Electoral Central de no suspender la exhumación de Franco

Mié, 10/16/2019 - 16:00

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha acordado que no ha lugar a la suspensión cautelarísima, solicitada por VOX del acuerdo del Presidente de la Junta Electoral Central de 11 de octubre que, a su vez, inadmitió la petición de suspensión que le fue solicitada por dicho partido político del acuerdo del Consejo de Ministros de la misma fecha, que se refiere a la exhumación y reinhumación de los restos mortales de Franco.

El acuerdo del Presidente de la Junta Electoral Central que se acaba de enunciar inadmitió las pretensiones formuladas “por ausencia manifiesta de fundamento en relación con las competencias que corresponden legalmente a la Junta Electoral Central”.

En su auto, el Supremo indica que la entidad recurrente no formula ningún alegato que critique o enerve la apreciación del acto recurrido que considera que el repetido acuerdo de Consejo de Ministros es ejecución de una sentencia firme sobre la que no tiene que conocer la Junta Electoral Central.

“Consideramos atendible el criterio del acto recurrido –señala el Supremo--. Al apreciar que el acuerdo de Consejo de Ministros es ajeno al procedimiento electoral decaen por inconsistencia los argumentos que defienden la extrema urgencia de la medida cautelar que se nos pide”.

También razona que si se accediera a la pretensión de suspensión cautelarísima del acto de la Junta Electoral Central en los términos que pide VOX, la Sala estaría obviando las atribuciones que la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, atribuye a la Junta Electoral Central y la sustituiría indebidamente en el ejercicio de las mismas, desbordando el ámbito de ejercicio de nuestra jurisdicción. Todo ello sin audiencia previa de la Administración electoral demandada y con la única cobertura de un acto administrativo previo de inadmisión de la pretensión formulada, que razona una falta de competencia.

En tal situación considera obligado dar prevalencia al criterio que expresa el Presidente de la Junta Electoral Central en el acto impugnado, sin perjuicio de que prosiga la tramitación de esta pieza como petición de suspensión cautelar, donde ya se da audiencia a la administración electoral demandada.

El Tribunal Supremo establece que toda absolución da lugar a una indemnización al perjudicado que haya sufrido prisión preventiva

Mié, 10/16/2019 - 15:00

La Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ha establecido que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado “en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre”. Es la primera sentencia dictada por el Supremo en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, del pasado mes de junio, que declaró inconstitucional la limitación de los casos indemnizables por prisión preventiva indebida a los que terminaban en absolución ‘por inexistencia del hecho imputado” o los que por esta misma causa, daban lugar a auto de sobreseimiento libre.

El Supremo señala que, como consecuencia de la sentencia del TC, del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha desaparecido la mención a que la absolución se haya producido “por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre”. Es decir, que dicho artículo, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, pasa a decir: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

El TS indica que, pese a la advertencia del Constitucional en su sentencia de la falta de automatismo en la indemnización, lo cierto es que el TC ha procedido de hecho a dar una nueva redacción al precepto, que supone que “salvo los supuestos de que no se hayan irrogado perjuicios, lo que es prácticamente imposible de sostener en el caso de haber padecido prisión injusta, en todos los demás supuestos el tiempo de privación de libertad debe ser indemnizado”.

“Esto es -añade la sentencia-, aunque el Tribunal Constitucional difiera a los Tribunales ordinarios la fijación en cada caso de la procedencia de la indemnización, debemos concluir que partiendo de nuestra sujeción a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la mención <<por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre>>, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización”.

En el caso concreto examinado en la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, se condena a la Administración de Justicia a abonar una indemnización de 3.000 euros a un hombre que estuvo 351 días en prisión provisional por decisión de un Juzgado de Instrucción de Hospitalet de Llobregat tras ser denunciado por un delito de violación y un delito de lesiones. La prisión se decretó el 25 de octubre de 2013, y el hombre fue absuelto el 10 de octubre de 2014 por la Audiencia de Barcelona, que decretó además su libertad provisional.

La citada indemnización por prisión preventiva indebida se suma a los 6.750 euros de indemnización que ya le reconoció la Audiencia Nacional en primera instancia por las dilaciones indebidas en la tramitación de su proceso penal. Es decir, en total percibirá 9.750 euros.

Una vez que su absolución penal fue firme, el hombre presentó una reclamación patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia ante el Ministerio de Justicia, que no fue atendida. Contra esa decisión planteó recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en reclamación de una cantidad total de 155.250 euros (140.400 euros por la prisión indebida y 14.850 euros por dilaciones indebidas). La Audiencia Nacional, en su sentencia, desestimó la pretensión del recurrente en relación a la petición de 140.400 euros por haber sufrido "prisión provisional" durante 351 días por considerar que era un caso de absolución por inexistencia subjetiva (absolución por la aplicación del Principio de Presunción de inocencia), no indemnizable.

Sobre la cuantía de la indemnización por prisión indebida, el Supremo recuerda que la Ley señala que se establecerá “en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido”. Asimismo, indica que hay que partir de la obligación que corresponde a la parte demandante de acreditar los daños y perjuicios que se alegan causados por la prisión provisional, de forma tal que sobre ella recae la obligación de aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar los daños efectivamente causados.

En el presente caso, el TS subraya que la parte se ha limitado a solicitar una indemnización fijando una cantidad global por cada día de privación de libertad, petición que sólo viene apoyada en dos datos, de un lado la edad del demandante (31 años) y de otro, la carencia de antecedentes penales. Consiguientemente ninguna referencia se realiza a circunstancias laborales y familiares del recurrente que pudieran haberse visto afectadas por la prisión, las cuales tampoco se deducen del expediente administrativo y más en concreto de las actuaciones penales.

“Siendo esto así, los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan reducidos, en el presente caso, al tiempo de duración de la privación de libertad y al carácter más o menos afrentoso del delito imputado, en este caso un delito de violación”, indican los magistrados.

Respecto del primer elemento, se tiene en cuenta que el recurrente, en la sentencia de la Audiencia Nacional, fue indemnizado por dilaciones indebidas con la cantidad de 6.750 euros, cantidad reconocida que se mantiene y que toma en consideración el retardo en la tramitación procesal del asunto, que tuvo como directa consecuencia la mayor duración de la situación de prisión. Esto es, al indemnizarse las dilaciones, uno de los daños a tener en cuenta es la mayor duración de la privación de libertad, circunstancia que, para evitar duplicidades, se tiene en consideración al establecer el "quantum indemnizatorio" en 3.000 euros, a partir de las anteriores consideraciones y a falta de otros elementos acreditativos de mayores daños.

El juez Llarena dicta orden europea e internacional de detención contra Puigdemont por delitos de sedición y malversación

Lun, 10/14/2019 - 14:00

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto, tras notificarse la sentencia de la causa del ‘Procés’, en el que emite orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión. El juez instructor de la causa ha considerado plenamente justificada la petición en tal sentido que ha sido cursada por escrito por la Fiscalía.

El auto recuerda que si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión.

En ese sentido, Llarena destaca que en la UE rige el principio de confianza en el funcionamiento de los Jueces y Tribunales de otros países -principio libremente asumido por los Estados miembros-, y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito, o distinto de aquel al que acuden a perpetrar sus acciones delictivas.

El auto señala que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado hoy la sentencia que pone término al proceso respecto de los acusados enjuiciados, y proclama la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación, así como que el comportamiento que suscitaba las discrepancias de subsunción en los tipos penales de rebelión, sedición o desobediencia (en la tesis alternativa de las defensas), son constitutivos de un delito de sedición previsto y penado en los artículos 544 y 545 del Código Penal.

Según expone el juez, la sentencia parte de los hechos que el auto de procesamiento imputaba a todos los procesados, lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras y el procesado en rebeldía Carles Puigdemont, de lo que puede concluirse -más allá de lo que resulte en su día del juicio oral que llegue a celebrarse- que los indicios racionales de criminalidad que apuntaba la instrucción y que se reflejaron en el auto de Procesamiento, no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado.

Levantamiento de la suspensión como parlamentarios de Puigdemont y Comín

El juez explica además que la subsunción de los hechos en delito de sedición según la sentencia tiene una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados, por lo que acuerda también comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña que los procesados y miembros de dicho Parlamento Carles Puigdemont y Antoni Comín no les resulta ya aplicable la suspensión del artículo 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere a procesados por delito de rebelión.

El Tribunal Supremo comunica al TJUE que la cuestión prejudicial sobre Oriol Junqueras sigue manteniendo interés y vigencia

Lun, 10/14/2019 - 10:30

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha enviado este lunes un oficio al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que, una vez dictada la sentencia del “procés”, pone en su conocimiento que la cuestión prejudicial, planteada a petición de Oriol Junqueras, sigue manteniendo su interés y vigencia para el Tribunal Supremo.

Marchena también ha remitido al TJUE una copia de la sentencia notificada este lunes.

El Tribunal Supremo condena a nueve de los procesados en la causa especial 20907/2017 por delito de sedición

Lun, 10/14/2019 - 09:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado este lunes la sentencia dictada en la causa especial 20907/2017, seguida por los hechos sucedidos en Cataluña en el otoño de 2017 en el marco del proceso secesionista.

El alto tribunal ha condenado al ex vicepresidente del Govern de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta; y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Asimismo, condena por el delito de sedición a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a los exconsellers del Govern autonómico Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a los líderes de Assemblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.

En cuanto a los exconsellers autonómicos Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.

En los archivos adjuntos pueden consultarse los siguientes contenidos:

-       Sentencia 459/2019

-       Índice de la sentencia

-       Cuadro de delitos y penas

-       Nota informativa

-       Nota sobre hechos probados y autorías

-       Nota sobre otras cuestiones tratadas en la sentencia

El Tribunal Supremo señala que su sentencia sobre Franco es título legítimo para acceder a la Basílica y proceder a la exhumación

Jue, 10/10/2019 - 15:20

La Sección Cuarta de la Sala Tercera ha dictado este jueves una providencia en la que responde a la petición de la Abogacía del Estado de autorización a acceder ya a la Basílica del Valle de los Caídos para proceder a la exhumación de los restos de Francisco Franco, ante la negativa del prior de la abadía a autorizar dicha entrada.

El Supremo explica que la sentencia dictada la semana pasada rechazando el recurso de la familia Franco es por sí misma título legítimo bastante para llevar a cabo las actuaciones previstas por los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo, y por tanto acceder a la Basílica del Valle de los Caídos para proceder a la exhumación de Franco.

La providencia recuerda además que el artículo 118 de la Constitución española obliga a todos a cumplir las sentencias firmes.

Por otro lado, la misma Sección ha acordado hoy levantar la suspensión cautelar de dichos acuerdos del Consejo de Ministros que se estableció los pasados meses de junio y julio mientras se resolvían los recursos de la Fundación Franco, la Comunidad Benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. En tres autos, uno en relación a cada una de las entidades citadas, la Sala argumenta que la medida debe levantarse tras la resolución del recurso de la familia Franco.

Los magistrados indican que una vez resuelto el primero de los recursos se han alterado los presupuestos sobre los que adoptó la medida cautelar de suspensión, por lo que ahora, atendidos los intereses en conflicto, ha de darse una significativa prevalencia a los intereses generales.

La Sección ha dictado otra providencia en la que deniega la petición de personarse en el Supremo del particular que tiene presentado un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid, contra la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la exhumación de Franco.

El particular pretendía su personación como parte interesada en el recurso de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. La Sala desestima su pretensión y recuerda que es la Sala III del Supremo el único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución.

El Tribunal Supremo condena a los ocho acusados del ‘caso Alsasua’ a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses

Mié, 10/09/2019 - 13:38

El Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses a los 8 acusados en el denominado ‘caso Alsasua’ por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y/o amenazas. La Sala ha estimado parcialmente los recursos de todos ellos y reduce las penas al suprimir la agravante de discriminación en su actuación y la agravante de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado (que se mantiene en los delitos de lesiones). Asimismo, anula a dos de los acusados algunas de sus condenas por lesiones por falta de prueba de cargo.

Por otro lado, el tribunal ratifica las responsabilidades civiles por el daño psicológico y moral causado a las víctimas así como por las lesiones físicas. La sentencia considera que ha existido prueba bastante y válida para mantener las condenas por delitos de atentado a agentes a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, salvo en 2 condenas por delitos de lesiones del acusado A.U. y otra por el mismo delito de I.A.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados que consideran que debió mantenerse la agravante de discriminación.

Las penas fijadas por el Supremo son:

-O.A.C.: 9 años y medio de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); tres delitos de lesiones con concurrencia de la agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno); y delito de desórdenes públicos (1 año). La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional le había condenado a 13 años.

-J.U.G. y A.R.A.P.: 8 años y medio de prisión para cada uno por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); y tres delitos de lesiones con agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno). Ambos fueron condenados por la Audiencia a 12 años de prisión.

-J.A.C.A.: y J.G.L.: 7 años y medio de prisión para cada uno por un delito de atentado a agentes de la autoridad (2 años y medio) y tres delitos de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses por cada delito). Venían condenados por la Audiencia a un total de 9 años de prisión cada uno.

-A.U.O.: 4 años y 2 meses de prisión por un delito de atentado a los agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y 6 meses) y un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses). La Audiencia le condenó a 9 años.

-I.A.O.: 3 años y 6 meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio) y desórdenes públicos (1 año). La Sala de Apelación de la Audiencia le condenó a 6 años.

-A.U.G.: 1 año y 6 meses de prisión por delitos de desórdenes públicos (1 año) y amenazas (6 meses). Fue condenada por la Audiencia a 2 años de prisión.

Agravante de discriminación

La sentencia estima que no es de aplicación al caso la agravante de discriminación. Subraya que los hechos probados son execrables y reflejan una motivación abyecta en cuanto refieren que la agresión se produjo al constatar que las víctimas eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa motivación preponderante de los acusados emanó de la pertenencia de parte de las víctimas al cuerpo de la Guardia Civil o su relación con ésta, aspecto que supone la subsunción en la tipicidad del delito de atentado, y aplicar por ello la agravante de discriminación supondría condenar por el mismo hecho vulnerando el principio ‘non bis in ídem’. Es decir, que el que fuesen guardias civiles ya ha sido tenida en cuenta para conformar la tipicidad del delito de atentado.

La resolución explica que el hecho probado es escueto en la expresión de lo que pueda ser calificado como presupuesto fáctico de esta agravación. Entiende que no se describe una situación de discriminación, ni la ideología, como tampoco se establece una comparación entre situaciones desiguales sobre las cuales fundar la discriminación, ni contiene una definición o expresión de la situación objetiva de desigualdad derivada de una ideología del sujeto pasivo del hecho delictivo. Consecuentemente el hecho probado no permite la aplicación de la circunstancia de agravación.

Los magistrados indican que el legislador, al incluir como agravación un contenido propio del derecho antidiscriminatorio, otorga protección a las personas vinculadas a colectivos discriminados que se encuentran en desventaja para un desarrollo en libertad de su vida, evitando que ésta pueda sufrir una situación de discriminación por la mera pertenencia a un colectivo minoritario y vulnerable.

La sentencia cree que no se da el caso. El artículo 22.4 del Código Penal hace referencia a motivos racistas, antisemitas, religiosos o por creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que pertenezca, sexo u orientación sexual, razones de género, enfermedad que padezca o discapacidad. Esa decir, se trata de colectivos que presentan unas situaciones objetivas de vulnerabilidad que el legislador tiene en cuenta para proteger de forma especial y conformar un modelo social de tolerancia y de convivencia pacífica, sancionando conductas que perturban o ponen en peligro esa convivencia pacífica, al tiempo que persigue conformar una sociedad basada en la necesaria tolerancia.

El TS también retira la agravante de abuso de superioridad en relación a los delitos de atentados a agentes de la autoridad, porque no cabe aplicar esta agravante en dicho delito. Y lo mantiene en los delitos de lesiones.

Voto particular

Dos de los cinco magistrados que firman la sentencia, Vicente Magro y Antonio del Moral, han formulado un voto particular en el que defienden que sí debió aplicarse la agravante de discriminación, al considerar que los actos excluyentes a las personas que representan instituciones del Estado son actos de discriminación por una cuestión de ideología contra lo que representa el Estado, y se proyecta en las víctimas como sujetos pasivos por razón de la distinta ideología que para los autores tienen respecto de ellos en este posicionamiento excluyente y, por tanto, discriminatorio.

Ambos magistrados señalan que el hecho probado sí hace mención a la animadversión por la presencia de las víctimas en la localidad y por su pertenencia a la Guardia Civil. Consideran que de lo que se trataba era de llevar a cabo un ataque a una institución representativa del Estado español y su odio por su presencia en la zona geográfica con el deseo de su desaparición del lugar, que es lo que motiva el ataque. Se trata de razones excluyentes de ‘ideología’ del sujeto pasivo. “Es el hecho diferencial que los condenados quieren imponer, que es el motivo del ataque, y no por el mero hecho de ser un guardia civil de paisano. No se agrede por esto. Es algo más”, indica el voto.

Los dos magistrados entienden que es esa animadversión e intolerancia de los acusados hacia la Guardia Civil en este caso lo que provoca de forma directa la discriminación hacia ese grupo de personas, que llega hasta el punto de que los agentes y sus novias no puedan moverse con libertad por Alsasua, sino que solamente puedan acudir a determinados lugares, sin poder salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión. Se trata, pues, de una clara discriminación solo por razón de pertenencia a un cuerpo policial que agrava la comisión del hecho delictivo.

El Tribunal Supremo confirma las penas de entre 4 y 22 años de prisión por obligar a tres mujeres a ejercer la prostitución en Valencia

Mar, 10/08/2019 - 15:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre 4 y 22 años y 3 meses de prisión impuestas a cinco condenadas por obligar a prostituirse a tres mujeres de Nigeria en Valencia, bajo la amenaza de que si no lo hacían usarían el vudú y les pasaría algo malo a ella o a sus familias. 

El tribunal ha desestimado los recursos interpuestos por dos de las cinco condenadas, T.J. y B.I., contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que impuso las citadas penas. La más alta, de 22 años y 3 meses de prisión, se le impuso a T.J., como autora de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por inmigración ilegal, en concurso real con un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y de prostitución coactiva. En el caso de B.I., la pena es de 10 años de prisión por esos mismos delitos. Las otras tres condenadas no recurrieron al Tribunal Supremo. 

Los hechos probados de la sentencia recurrida recogen que las dos recurrentes se concertaron con otras personas, que no han podido ser identificadas, para lucrarse económicamente de personas captadas en Nigeria, a las que le ofrecían un trabajo remunerado en España. Una vez en nuestro país, les comunicaban que tenían que ejercer la prostitución, conminándolas a hacerlo bajo la amenaza de que en caso contrario usarían el vudú efectuado en su país de origen, y que para saldar la deuda les deberían pagar el producto de los servicios sexuales prestados. Según esos mismos hechos, les ofrecían diversas casas de citas donde ejercer la prostitución, sometiéndolas a un control permanente sobre su residencia y actividad, así como del dinero generado, que cobraban personalmente de las mujeres o a través de cuentas bancarias que les facilitaban.

 

El Tribunal Supremo inhabilita de la patria potestad a un padre que intentó matar a su exmujer delante de sus hijos

Mar, 10/08/2019 - 14:40

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, en la que se acuerda la pena de inhabilitación de la patria potestad a un hombre que intentó matar a su exmujer delante de sus dos hijos, y en el interior de un coche cuando la mujer se los llevaba para que estuviera con ellos en un régimen de visitas.

Con ello, se ha casado y anulado este extremo de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 26 de marzo de 2019 que confirmó en este extremo la de la Audiencia Provincial de Palencia, quien en este caso no había acordado esta pena de inhabilitación, sino que ante estos hechos impuso la orden de alejamiento temporal, pero no la inhabilitación de la patria potestad que es acordada por la Sala de lo Penal.

Se adjunta nota de la Sala de lo Penal.

El Tribunal del Procés desestima la petición de Junqueras de suspender la sentencia mientras el TJUE no resuelva la cuestión prejudicial relativa a su inmunidad como eurodiputado

Mar, 10/08/2019 - 14:30

El tribunal de la causa del Procés ha desestimado la petición formulada por la representación de Oriol Junqueras de dejar en suspenso la sentencia del caso mientras el Tribunal de Justicia de la UE no resuelva la cuestión prejudicial planteada por el propio Supremo relativa al alcance de la inmunidad de Junqueras como eurodiputado.

El tribunal argumenta que, como ya señaló en auto del pasado 1 de julio, el alcance del planteamiento de la cuestión prejudicial respecto a la tramitación del procedimiento penal fue dejar en suspenso un recurso de súplica de Junqueras contra la denegación de permiso extraordinario de salida de prisión para prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución española para consolidar la situación de eurodiputado electo.

Los magistrados explican que “la cuestión prejudicial se ha suscitado pues, como decíamos en el auto citado, en la pieza de situación de privación de libertad y la resolución a adoptar, con el auxilio de la cuestión que se promueve, afecta a un incidente autónomo en dicha pieza de situación personal, sin condicionar el contenido del pronunciamiento que dé respuesta a la pretensión acusatoria formulada”.

El Tribunal Supremo confirma la condena de 15 años prisión por asesinato a una mujer que mató a su amiga en Alfafar (Valencia) tras una discusión

Lun, 10/07/2019 - 14:40

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a quince años de prisión por un delito de asesinato a una mujer que mató a su amiga tras una discusión en el cuarto de baño de la vivienda de la víctima.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la recurrente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que confirmó la pena impuesta por un tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia.

Los hechos se produjeron tras una discusión entre ambas en el cuarto de baño del domicilio de la víctima en Alfafar (Valencia), el 29 de mayo de 2017. Después de recibir un empujón y salpicaduras de lejía de una botella, la condenada empujó a la víctima, que cayó al suelo, y con el escobillero de porcelana le golpeó la cara, causándole heridas en la nariz y en el labio. Aunque la víctima intentó defenderse, la condenada, con el objeto de producirle la muerte, la golpeó repetidamente contra un escalón que había en el borde de la bañera, a modo de peldaño, produciéndole heridas diversas, entre ellas un traumatismo craneoencefálico, que la dejaron inmóvil y en estado de semiinconsciencia. Para conseguir su finalidad, según los hechos probados, roció con lejía las heridas de la víctima y, ante el fuerte olor que desprendía dicho producto, cerró la puerta del baño.

En este caso, concluye el tribunal, concurren los requisitos de la agravante de ensañamiento que determina la apreciación del delito de asesinato. La sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, explica que es razonable deducir, como hizo el tribunal de instancia, que la recurrente con ese actuar “aumentó de forma deliberada e inhumana el dolor de la víctima, sin que ello fuera necesario para su fallecimiento”. En consecuencia, según la Sala, desde los hechos declarados probados, ninguna infracción de norma jurídica se ha cometido al considerar la dinámica de actuación de la condenada “como dirigida a perseguir, de forma deliberada, otros males que exceden a los necesariamente”.

El Tribunal Supremo confirma la suspensión de seis meses por falta muy grave a un juez de Arrecife (Las Palmas)

Jue, 10/03/2019 - 15:28

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de seis meses por la comisión de una falta muy grave de desatención que impuso el Consejo General del Poder Judicial al magistrado R.L.E., titular de un juzgado de instrucción de Arrecife (Las Palmas).

El tribunal desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el juez y en consecuencia declara ajustado a derecho el acuerdo del Pleno del CGPJ, de 30 de noviembre de 2017, así como la resolución de la Comisión Disciplinaria, de 27 de septiembre de 2016. En el caso concreto, la suspensión de funciones por falta muy grave se le impuso por haber dictado un auto en una causa que instruía, pese a estar recusado por una de las partes. El CGPJ le sancionó por una falta muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El tribunal rechaza también la indemnización solicitada por el recurrente en concepto de reparación por daños morales al considerar que no ha sufrido ningún daño que no hubiera estado obligado a soportar.

El Tribunal Supremo fija el criterio sobre los plazos de la CNMC para recalcular las multas cuya cuantía haya sido anulada judicialmente

Jue, 10/03/2019 - 13:40

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha establecido criterios sobre el plazo de que dispone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recalcular sus multas en el caso de que hayan sido anuladas previamente por los tribunales únicamente en lo que se refiere a la cuantía de las mismas. La sentencia desestima un recurso de Mediaset contra la sanción de 1,6 millones de euros que le impuso la CNMC en mayo de 2016 tras recalcular, por orden de una sentencia del Tribunal Supremo de 2015, la cuantía de la sanción inicialmente impuesta por Competencia (que fue de 3,6 millones) por una infracción del año 2010 relacionada con la fusión Telecinco-Cuatro.

En su sentencia, el TS fija los siguientes dos criterios:

1/ Que anulada jurisdiccionalmente una resolución sancionadora únicamente en lo que se refiere a la cuantía de la multa, la nueva resolución administrativa que recalcula el importe de la multa de acuerdo con los criterios fijados en la propia sentencia es un acto de ejecución que debe llevarse a cabo en los plazos legalmente establecidos para la ejecución de sentencias (artículo 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenido-Administrativa), sin que resulten de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 42, 44 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ahora, artículos 21, 25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) sobre el plazo de la Administración para resolver y la caducidad del procedimiento sancionador.

Y 2/ Que el cumplimiento de la sentencia que anula la resolución sancionadora únicamente en lo relativo a la cuantía de la multa no exige que se inicie y tramite un nuevo procedimiento administrativo cuando la propia sentencia deja señalados, de acuerdo con lo debatido en el proceso, los criterios y pautas para la cuantificación de la multa. El trámite de audiencia previo al dictado de este acto de ejecución únicamente será necesario en caso de que el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia requiriese abordar cuestiones no debatidas en el proceso o la realización de operaciones en las que hubiese algún margen de apreciación, no delimitado en la sentencia pues sólo en ese caso la omisión del trámite de audiencia podría causar indefensión a la parte interesada.

El Supremo desestima el recurso de Mediaset, que había argumentado que debió considerarse caducado el procedimiento sancionador al haber excedido el plazo máximo para su resolución, que entendía que era de 6 meses. Para la empresa, la anulación dictada por la Sala III del Tribunal Supremo de la resolución inicial de la CNMC de 29 de julio de 2011 determinó el reinicio del plazo para la resolución final del procedimiento sancionador y, por tanto, el reinicio del plazo de caducidad aplicable al procedimiento sancionador controvertido.

Y añadía que, incluso si se llegase a considerar que los expedientes no eran continuación uno del otro, el nuevo debía considerarse como iniciado el mismo día en que los servicios de la CNMC tuvieron conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (al menos el 5 de noviembre de 2015), por lo que la fecha límite para dictar la resolución sancionadora final sería la del 5 de mayo de 2016, y sin embargo no se notificó hasta el 17 de mayo de 2016, por lo que estaba caducado.

El Tribunal Supremo avala el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Castilla y León

Mar, 10/01/2019 - 15:40

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que el Decreto de la Junta de Castilla y León 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en dicha comunidad no vulnera la Constitución, la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley de garantía de la unidad de mercado.

En concreto, concluye que los preceptos relativos a la regulación del régimen jurídico aplicable en función de elementos temporales (artículo 4 c y d), a la exigencia de distintivo (artículo 6), a los requisitos de las viviendas de uso turístico (artículos 7 a 12), a la atención telefónica durante 24 horas (artículo 25) y a la inclusión con carácter orientativo de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos (artículo 30.4) no atentan contra la libre competencia.

De este modo, desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había solicitado la nulidad de dichos preceptos, y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon, que solo anuló el artículo 3.2 del Decreto que prohibía el alquiler por habitaciones.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Manuel Bandrés, indica que la exigencia de que la actividad de cesión del alojamiento sea “de forma habitual” (artículo 4 c) no resulta irrazonable puesto que determina que los arrendamientos ocasionales no quedan sometidos a la citada reglamentación al no considerarse, propiamente, como actividad turística.

También rechaza que la exigencia de que el hospedaje tenga un carácter temporal, que no exceda del plazo de dos meses (artículo 4 d), suponga una restricción ilegítima al ejercicio de la actividad, y, por ello, no requiere una específica justificación de obedecer a razones imperiosas de interés general, dado el margen normativo que, en desarrollo de la ley 14/2010, de Turismo de Castilla y León, corresponde a la Junta.

Tampoco vulnera dicha normativa, según la sentencia, el artículo 6 del Decreto que establece la obligación de la empresa prestadora del servicio de alojamiento de uso turístico de exhibir en la entrada de la vivienda una placa identificativa de la actividad. En este sentido, asegura que carece de justificación argumentar que constituye una carga económica excesiva y desproporcionada para el operador.

En relación con la imposición de condiciones estándares referidas al acondicionamiento de las viviendas (artículos 7 al 12), la Sala explica que está justificada en la medida que trata de garantizar una determinada calidad del producto turístico en defensa y protección de los derechos de los consumidores.

Agrega que esa misma finalidad persigue la obligación de la empresa de facilitar atención telefónica al cliente durante las 24 horas del día (artículo 25) que, según la Sala, no es una carga innecesaria y excesiva carente de justificación, ya que está destinada a resolver las incidencias que pudieran surgir durante la estancia y, por ello, garantizar la protección de los derechos de los usuarios a la prestación de un buen servicio de hospedaje.

Ese precepto, según los magistrados, no impone un servicio de asistencia telefónica que deba ser atendido por un personal responsable cualificado de forma permanente, sino de facilitar únicamente a los clientes un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para que puedan resolverse cualquier tipo de situaciones que puedan surgir en la prestación del servicio de hospedaje, lo que evidencia que su fundamento es la de proteger los derechos de los consumidores y usuarios.

Por último, la Sala señala que tampoco obstaculiza la existencia de competencia en el mercado ni limita el ejercicio de la actividad comercial el artículo 30.4 del Decreto referido a la recogida de datos sobre precios de los alojamientos de uso turístico con fines estadísticos, informativos o publicitarios. El tribunal no considera que la recogida de dichos datos por la Administración con efectos meramente estadísticos o divulgativos pueda tener incidencia sobre la política de precios, ni que esa información pueda servir de base para proponer recomendaciones colectivas.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Mediaset sobre el concurso televisivo ‘Pasapalabra’

Mar, 10/01/2019 - 14:30

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dictada sobre el contrato suscrito con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa ‘Pasapalabra’.

La sentencia de la Audiencia Provincial había estimado la demanda reconvencional interpuesta por ITV, y condenado a Mediaset a satisfacer determinadas cantidades en concepto de indemnización por los perjuicios sufridos por el incumplimiento por Mediaset de los acuerdos suscritos sobre dicho formato televisivo.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo rechaza la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de plazas judiciales por el CGPJ

Mar, 10/01/2019 - 11:30

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelar de los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dictados en junio y julio de este año, por los que se convocaron diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados. La medida de suspensión fue solicitada por las asociaciones Jueces y Juezas para la Democracia y Francisco de Vitoria mientras se resuelve el recurso que tienen planteado contra dichas convocatorias y otras realizadas en el mes de mayo.

La petición de suspensión se fundaba en primer lugar en que, según las asociaciones, habría una pérdida de la finalidad legítima del recurso en caso de ejecución de los acuerdos impugnados. Y en segundo término, en la apariencia de buen derecho, sin que se aprecie que la adopción de la medida cautelar suponga una perturbación grave de los intereses generales.

El Supremo rechaza ambos argumentos. Indica que el recurso no pierde su finalidad por no acordarse la suspensión cautelar, pues la ejecución de una hipotética sentencia estimatoria conduciría a la nulidad de los nombramientos y a la nueva convocatoria de las plazas “de manera conforme a derecho, con las consecuencias económicas y de cualquier otro orden que correspondan”.

Por otra parte, añaden los magistrados, en el caso sí existe una afectación de los intereses públicos relevante. “En efecto, el normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas y, mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad. Por tanto, no concurriendo ninguna circunstancia específica, aparte las inevitables consecuencias de una hipotética anulación de los nombramientos, han de prevalecer los intereses generales asociados a la efectividad de las convocatorias efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial en ejercicio de sus competencias”.

En lo que respecta al ‘fumus boni iuris’ o apariencia de buen derecho, la Sala recuerda que es un criterio restringido a supuestos muy excepcionales (existencia de previas sentencias firmes, actos de ejecución de disposiciones generales declaradas nulas, criterio jurisprudencial reiterado u otros supuestos excepcionales en los que la nulidad sea manifiesta y no requiera entrar en un examen del fondo del asunto), y que tales circunstancias no concurren en el presente caso, en el que la parte se limita a exponer argumentos relativos al fondo de la cuestión, pero sin que acredite la procedencia de la aplicación de este criterio en virtud de los supuestos a los que la jurisprudencia de esta Sala ha limitado su aplicación.

De este modo, la Sala no accede a la suspensión cautelar de los acuerdos mientras se resuelve el fondo del recurso. En el mismo, las asociaciones sostienen que las convocatorias han sido aprobadas por el Consejo en funciones sin previo desarrollo reglamentario de aplicación general y sin traslado a las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados, vulnerando la regulación del artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normativa aplicable.

Nota informativa y sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en relación con la exhumación de los restos de Francisco Franco

Lun, 09/30/2019 - 14:30

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha notificado este lunes la sentencia en la que resuelve el recurso interpuesto por la familia de Francisco Franco en relación con la exhumación de sus restos.

En la resolución, acordada por unanimidad, los magistrados rechazan en su totalidad el recurso.

Se adjunta nota informativa de la Sala.

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