Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a cotizar el 100% al pasar de jubilación parcial a completa

Jue, 10/22/2020 - 13:50

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado su doctrina en el sentido de que, cuando el interesado se jubiló previamente de forma parcial (con celebración simultánea de contrato de relevo de la empresa con otro trabajador), en la base reguladora de la pensión de jubilación deben computarse las cotizaciones del periodo de trabajo a tiempo parcial elevándolas al 100%, esto es, como si durante ese periodo se hubiese trabajado a jornada completa.

En el supuesto ahora resuelto por el Tribunal Supremo, el interesado solicitó que se computaran las cotizaciones elevadas al 100%, pero las sentencias del juzgado de lo social y del tribunal superior de justicia entendieron que se debían computar las cotizaciones realmente efectuadas sin incremento alguno.

El Tribunal Supremo unifica la doctrina estableciendo que, en estos casos, las cotizaciones correspondientes al periodo de trabajo a tiempo parcial han de incrementarse hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, es decir, como si hubiera trabajado a jornada completa.

Confirma con ello el Tribunal Supremo la solución avanzada anteriormente en otras resoluciones, frente al criterio aplicado por las entidades gestoras, a la hora de aplicar el artículo 18.2 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre que regula la jubilación parcial y la seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial:

Para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo.

El Tribunal Supremo confirma la pena de siete años de prisión a la expresidenta del Rayo Vallecano por delitos fiscales del IVA e IRPF del club en 2009 y 2010

Jue, 10/22/2020 - 13:30

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años de prisión que la Audiencia de Madrid impuso el 16 de julio de 2018 a la expresidenta del Rayo Vallecano Teresa R. y al exapoderado del club Jesús F. por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en relación al IVA y el IRPF de la entidad de los años 2009 y 2010, al considerar que en ambos ejercicios y por dichos impuestos defraudaron un total de 8,4 millones de euros.

También se ratifica la pena de multa para cada uno de los acusados por un total de 16,4 millones de euros, y tendrán además que indemnizar conjuntamente a Hacienda en la cantidad defraudada de 8,4 millones de euros. El Supremo ha desestimado íntegramente los recursos de R. y F., que son condenados a 2 años de prisión por cada uno de los 2 delitos relativos al IRPF de 2009 y 2010, y a otros 2 años por el relacionado con el IVA de 2009, y a 1 año más por el IVA de 2010. En total, 7 años de cárcel para cada uno.

El alto tribunal sí estima parcialmente el recurso del club Rayo Vallecano, a quien la Audiencia de Madrid condenó como persona jurídica autora penalmente responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública, uno en relación con el IRPF del ejercicio 2010 y otro con el IVA del mismo ejercicio, con penas, en el primer caso, al pago de una multa de 1 millón de euros, y en el segundo, al pago de una multa por importe de 97.276 euros. Asimismo, fue condenado a indemnizar conjuntamente con R. y F. a Hacienda por 4 millones de euros por el IRPF de 2010, y con 389.000 euros por el IVA del mismo ejercicio.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo de Porres, da la razón en parte al club al destacar que no era procedente exigir responsabilidad penal a la entidad por los hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que estableció dicha responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que tuvo lugar el 23 de diciembre de 2010.

Por tal motivo debe revocarse parcialmente la sentencia de la Audiencia de Madrid en este punto y absolver libremente a la mercantil Rayo Vallecano SAD del delito de defraudación por IVA correspondiente a 2010 dado que no consta que en el cuarto trimestre de dicho año la elusión fiscal superara los 120.000 euros. Con ello se anula la multa a los 97.276 euros, y la responsabilidad de indemnización conjunta de 389.000 euros.

Sin embargo, procede condenar al Rayo por la elusión del IRPF durante el cuarto trimestre de 2010, y dado que no consta la cantidad eludida en dicho periodo, la cifra deberá concretarse en ejecución de sentencia por la Audiencia madrileña.

Por tanto, el club es condenado por un delito contra la Hacienda Pública en relación con el pago del IRPF durante el cuarto trimestre de 2010 a la pena de multa de un cuarto de la cantidad que se fije como defraudada en ese trimestre, y tendrá que indemnizar de forma conjunta y solidaria con los otros condenados a la Hacienda Pública al pago en concepto de responsabilidad civil de la totalidad de la cantidad defraudada durante el cuarto trimestre de 2010.

Además, el club es condenado a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de nueve meses.

Responsabilidad civil subsidiaria por los fraudes de 2009

Y el Supremo mantiene el resto de pronunciamientos de la sentencia de instancia, que incluyeron la responsabilidad civil subsidiaria del club respecto de las indemnizaciones relativas al IVA e IRPF del año 2.009 que deben pagar R. y F. (un total de 4 millones de euros -3,4 millones por IRPF y 643.000 euros por IVA-).

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se pronuncia sobre cuatro recursos de casación en relación con el índice IRPH de las hipotecas

Mié, 10/21/2020 - 13:00

En los cuatro recursos resueltos, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, La Sala de lo Civil ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice IRPH de los dos años anteriores.

Se incluye nota de la Sala.

El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el impuesto valenciano sobre actividades sobre el Medio Ambiente

Mar, 10/20/2020 - 14:00

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a la Constitución española ni vulnera el derecho de la Unión Europea.

La Sala indica que este tributo, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana, “respeta los límites que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad”.

Asimismo, señala que se trata de una figura impositiva que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española”.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Iberdrola Renovables Energías, S. A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia que confirmó la resolución del Conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat, de 23 de mayo de 2016, en relación con la liquidación del IAIMA, en su modalidad de producción energética, correspondiente al ejercicio 2013, por un importe de 65.325 euros.

El Tribunal Supremo desestima los recursos de la Generalitat Valenciana sobre la renovación de conciertos educativos de dos escuelas

Vie, 10/16/2020 - 11:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado en dos sentencias los recursos planteados por la Generalitat valenciana contra sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de mayo de 2018, que dieron la razón a dos escuelas en relación a la renovación de conciertos educativos para determinadas unidades de bachillerato y ciclos formativos.

El Supremo declara como doctrina aplicable a esta cuestión que “el régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los conciertos singulares firmados por las Comunidades Autónomas en los niveles educativos no obligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único del Real Decreto 2377/1985”.

Las sentencias del TSJ valenciano que son ratificadas, ambas de 25 de mayo de 2018, estimaron recursos del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle)-Sector Valencia Palma y del Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Valencia contra resoluciones de la Consellería de Educación, de 19 de mayo de 2017, que desestimaron la renovación de conciertos educativos para determinados cursos de bachillerato y ciclo formativo.

En concreto, en relación a la Escuela La Salle, la Consellería desestimó la renovación del concierto educativo solicitado para 1º ciclo formativo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 1 ciclo formativo de grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y 1 ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas en el centro docente privado concertado Escuela Profesional La Salle. El TSJ, en la sentencia ahora confirmada, reconoció el derecho del centro demandante al concierto solicitado por el periodo comprendido entre los cursos escolares 2017-2018 a 2020-2021, con las consecuencias económicas inherentes a dicha declaración.

Respecto al Colegio Nuestra Señora del Pilar, la resolución de Educación, entre otras decisiones, denegó la renovación del concierto educativo solicitado para 8 unidades de bachillerato por el periodo comprendido entre los cursos 2017/2018 a 2010/2021 y se concedió únicamente el concierto de 6 unidades de bachillerato para cuatro cursos y una unidad para 2º curso de bachillerato con carácter provisional exclusivamente durante el curso escolar 2017/2018.

La sentencia del TSJ anuló la resolución en cuanto al anexo que concedía únicamente el concierto de 6 unidades de bachillerato para cuatro cursos y una unidad para 2º curso de bachillerato con carácter provisional exclusivamente durante el curso escolar 2017/2018, y reconoció el derecho del centro demandante a la renovación del concierto solicitado para 8 unidades de la etapa de Bachillerato por el periodo comprendido entre los cursos escolares 2017-2018 a 2020-2021, con las consecuencias económicas inherentes a dicha declaración.

El Tribunal Supremo eleva a 11 años de prisión la condena de un hombre que abusó sexualmente de una niña de cinco años en Molina de Segura (Murcia)

Jue, 10/15/2020 - 13:50

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha elevado de 7 a 11 años de prisión la pena impuesta a un hombre que abusó sexualmente de una niña de cinco años, hermana de su pareja que ostentaba su guarda y custodia, en Molina de Segura (Murcia) al dejar sin efecto la atenuante de confesión que había apreciado la Audiencia Provincial de Murcia, por entender que la colaboración fue tardía –en el juicio- y que no fue relevante.

El tribunal estima parcialmente el recurso de casación planteado por la acusación particular, como representante legal de la menor, solicitando la retirada de la atenuante de confesión y la de reparación del daño. Estas dos atenuantes sí fueron apreciadas por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia que impusieron 7 años de prisión al condenado por un delito continuado de abuso sexual. Ahora el Tribunal Supremo solo aprecia la atenuante de reparación del daño.

La sentencia, ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, señala que el reconocimiento de los hechos aún en el acto del plenario aligera la carga de las acusaciones y la del enjuiciamiento, en lo que a los medios de prueba se refiere, sin embargo, ello no es suficiente para sustentar la atenuación.

En este caso, -afirma la Sala- “no resultó la tardía confesión ni determinante, relevante, decisiva, ni eficaz, en tanto que, como razona la Audiencia Provincial, se contaba ya con prueba biológica y con un relato de la menor que, avalado por prueba pericial psicológica, la otorgaba suficientes criterios de credibilidad y validez.

En consecuencia, según la sentencia, “la confesión tardía del acusado no puede considerarse un acto de colaboración relevante que avale la concurrencia de la analógica de confesión, pues existían pruebas suficientes surgidas de la investigación criminal, en donde el acusado negó los hechos que posibilitan su condena, por lo que tal confesión no cuenta con tal efecto atenuatorio”.

Para la Sala, la simple confesión en el juicio oral, cuando ya ha concluido la investigación, existen otras pruebas y el acusado siempre ha negado los hechos, no puede dar lugar a la atenuante de confesión, ni propia ni analógica. Ahora bien, razona el tribunal, la confesión que suponga cualquier tipo de colaboración que permita ampliar el acervo probatorio de manera que se cuente, mediante tal confesión, con nuevos elementos acreditativos de los hechos enjuiciados de mayor amplitud o entidad de los que se contaba antes de la confesión, es acreedora de la estimación de la atenuante analógica de confesión, bien simple o cualificada; algo que en este caso no ha sucedido.

El Tribunal Supremo cita para el 20 octubre como investigado al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez para prestar declaración voluntaria

Mié, 10/14/2020 - 15:00

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha citado el próximo 20 de octubre a las 11 de la mañana al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez en calidad de investigado para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.

La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él, entre otros, en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Asimismo, nombró instructor de la misma al magistrado Antonio del Moral.

Sobre estos hechos, según se recordaba en el auto, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y había solicitado la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta. El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de Diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

El Tribunal Supremo confirma penas de hasta 51 años de prisión para los procesados en el “caso Gürtel”

Mié, 10/14/2020 - 13:45

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la denominada primera época del ‘caso Gürtel’, que abarca el periodo 1999-2005, en la que confirma en líneas generales la dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular. 

Algunas de las penas se elevan al castigarse ahora de forma separada el fraude y la malversación que fueron cometidos en concurso de delitos, tal como pidió la Fiscalía en su recurso, a quien también se estima la elevación de la cuantía de determinadas multas. Y las reducciones vienen dadas por apreciación de atenuantes (como la de colaboración en el caso de Francisco Correa por su declaración en el juicio), absolución de algunos de los delitos cometidos o nuevas individualizaciones de penas que se consideran más correctas. 

En una sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo confirma la comisión en esta causa de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales. 

Las penas para los 29 condenados, en relación a las establecidas por la Audiencia Nacional quedan como siguen: 

 

TRIBUNAL SUPREMO

AUDIENCIA NACIONAL

Francisco Correa

51 años

51 años y 11 meses

Guillermo Ortega

40 años y 3 meses

38 años y 3 meses

Pablo Crespo

36 años y 8 meses

37 años y 6 meses

Luis Bárcenas

29 años y 1 mes

33 años y 4 meses

Alberto López Viejo

27 años y 10 meses

31 años y 9 meses

Carmen Rodríguez Quijano

17 años y 8 meses

14 años y 8 meses

Juan José Moreno

17 años y 2 meses

15 años y 2 meses

Jesús Sepúlveda

14 años y 4 meses

14 años y 4 meses

Felisa Isabel Jordán

14 años y 11 meses

14 años y 10 meses

José Luis Izquierdo

13 años y 10 meses

17 años y 7 meses

Rosalía Iglesias

12 años y 11 meses

15 años y 1 mes

Luis de Miguel

9 años y 1 mes

12 años y 9 meses

Carlos Clemente

7 años y 9 meses

5 años y 9 meses

Ricardo Galeote

6 años y 6 meses

7 años y 10 meses

José Luis Peñas

4 años y 9 meses

4 años y 9 meses

Antonio Villaverde

3 años y 11 meses

8 años y 2 meses

Jesús Merino

3 años y 7 meses

3 año sy 7 meses

Pedro Rodríguez Pendás

3 años

3 años

Alicia Mínguez

2 años, 1 mes y 15 días

3 años y 6 meses

José Javier Nombela

2 años, 1 mes y 15 días

3 años y 6 meses

Iván Yáñez Velasco

1 año y 10 meses

3 años

Teresa Gabarra

1 año y 6 meses

4 años

Ángel Sanchís Perales

1 año

1 año

Ángel Sanchís Herrero

9 meses

1 año

Ignacio Gallo Alcántara

9 meses

1 año

Jesús Calvo Soria

6 meses

6 meses

Jacobo Gordón

5 meses

5 meses

Alfonso García Pozuelo

2 años (sustituible por multa)    

2 años (sustituible por multa)    

Roberto Fernández

11 meses (2 meses sustituibles multa)

11 meses (2 meses sustituibles multa)

Sistema de corrupción

La sentencia resume el relato de hechos de la Audiencia Nacional y expone que desde el llamado “Grupo CORREA” y personas del Partido Popular se tejió una estructura de colaboración estable, consistente en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se trataran de actos electorales o de otro tipo.

Pero, por otra parte, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción,  a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas y Municipios gobernados por el PP), lo que permitió que, bien las empresas de CORREA u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública.

En la dinámica que se fue tejiendo para tal apropiación, mediaron sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública, así como para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su ulterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública.

Los magistrados indican que en el presente caso, al igual que en la sentencia del llamado caso “Gürtel-Fitur” de Valencia, íntimamente relacionada con éste, se constata la constitución de un entramado para posibilitar el delito, eludir su persecución y facilitar la obtención de los beneficios obtenidos.

Por todo ello, es procedente la condena por asociación ilícita para varios de los acusados porque concurren todos los elementos del tipo penal:  un grupo estructurado, jerarquizado, dirigido a lucrarse con bienes y servicios, y a efectuar hechos delictivos, vulnerando la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa. 

PP, Ana Mato y Gema Matamoros, partícipes a título lucrativo 

Por otro lado, el Supremo confirma lo establecido por la Audiencia Nacional en cuanto a las responsabilidades civiles y a la responsabilidad como partícipes a título lucrativo del Partido Popular y de Ana Mato (exdirigente del PP y exesposa del condenado exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda) y Gema Matamoros (esposa del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega). 

El PP, como partícipe a título lucrativo por actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías, deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución. Lo abonarán de modo directo y solidario con los condenados Guillermo Ortega, José Luis Peñas, Juan José Moreno, Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa, Pablo Crespo (por los gastos de Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (por los de Pozuelo). 

En cuanto A Ana Mato, se ratifica su responsabilidad como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia, mientras que Gema Matamoros, esposa del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, deberá devolver 45.066,66 euros como partícipe a título lucrativo de los viajes y regalos con los que la trama Correa obsequió al matrimonio. 

Estimación parcial del recurso del PP sin efectos prácticos 

En su recurso el PP alegaba vulneración de los derechos al honor, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia porque consideraba que la Audiencia Nacional había incluido de forma innecesaria afirmaciones relacionadas con la existencia de una caja B en el PP, atribuyendo a la formación política un delito que no se enjuiciaba. 

La Sala considera acertado en parte, el voto particular de la sentencia recurrida que valoró esas afirmaciones como excesivas y expresivas de una técnica irregular en la redacción de la sentencia. En su sentencia argumenta que no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa y recuerda que el Partido Popular fue traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito, sino que desconoció su comisión. 

El tribunal explica que nadie acusó porque no se podía, de modo que apuntar una responsabilidad no pretendida es tanto como situarse en el lugar de la acusación y condenar sin instancia de parte, dicen los magistrados. “La contradicción en la que entra la sentencia es evidente, considerar que el Partido Popular era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales, de modo que sería imposible aplicar la norma utilizada para imputar civilmente a dicho partido en el proceso penal y con base a una figura, art.122, que exige la ajenidad”. 

Ahora bien, la Sala añade que “en modo alguno resulta reprochable que para configurar el contexto en que los hechos enjuiciados suceden, se mencione el resultado de los diferentes medios de prueba practicados relacionados con el Partido Popular, cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”. 

“Razonamiento este último -añade la Sala- que implica que la parcial estimación del motivo carece de efectos prácticos, al satisfacerse en los muy concretos términos que de la argumentación resulta su intrascendencia en el fallo”. 

La sentencia explica que la condena como responsable a título lucrativo obliga a la restitución de lo recibido a título gratuito. La condena a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última. 

Por ello, la Sala recuerda que, si la defensa del PP hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria, puesto que los terceros partícipes a título lucrativo no son culpables sino responsables civiles y si se hubiera reintegrado el dinero antes del juicio se habría extinguido su obligación civil. 

Luis Bárcenas

La Sala considera que la prueba practicada (integrada, esencialmente, por la declaración de Francisco Correa debidamente corroborada por abundante prueba documental, testifical y pericial adicional) permite estimar probada la participación del extesorero nacional del PP Luis Bárcenas en los hechos por los que ha sido condenado y, además, lo hace de forma razonada y razonable, sin que, por tanto, se haya producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se denuncia en el recurso. 

Afirma que se está en presencia de una prueba indiciaria compuesta por varios hechos-base totalmente acreditados, no desvirtuados por indicios de signo adverso, que en una global y conjunta valoración han permitido a la Sala de instancia inferir, de forma lógica y racional, que “desde al menos el año 2000, Luis Bárcenas, al margen de la actividad delictiva que en común llevó a cabo con otros acusados, desarrolló por su cuenta, y cuando lo precisaba en colaboración con su mujer, otra actividad dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en otras adjudicaciones de obras o apropiándose de fondos del PP”. 

Así como que, “fruto de sus ilícitas actividades, -según la sentencia- incluidas las cuotas dejadas de ingresar por diferentes tributos y ejercicios, logró acumular un importante patrimonio, que ocultó a través de un entramado financiero en entidades bancarias suizas, a través del cual invirtió en distintos valores y productos financieros, e, igualmente, afloró fondos cuyo origen no se correspondía con su declarada actividad ni con su ahorro, dotándolos de una apariencia lícita, bien mediante la simulación de distintas operaciones comerciales bien al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte”. 

Añade que como se desprende de los hechos probados y de la fundamentación jurídica analizada, “tanto el origen delictivo de los fondos que nutrían las cuentas bancarias en Suiza de Luis Bárcenas -en cuanto procedentes de su ilícita actividad de intermediación en adjudicaciones públicas, del apoderamiento de fondos del PP y de su ocultación a la Hacienda Pública-, como las operaciones realizadas por éste para ocultar los mismos a través de un entramado financiero e, incluso, simulando contratos u otras operaciones comerciales con la finalidad de ocultarlos, evitar una incautación judicial y aflorarlos más tarde bajo una aparente cobertura lícita”.

Respecto de la ocultación de rentas a la Hacienda Pública, la Sala afirma que el tribunal de instancia analiza detalladamente las distintas cuentas que el extesorero del PP tenía en Suiza, inicialmente para ocultar las ganancias generadas por sus ilícitas actividades, su posterior cambio de titularidad a nombre de la Fundación Sinequanon y los sucesivos traspasos de sus fondos, primero a la entidad TESEDUL y, después, desde ésta a GRANDA LOCAL.

Para la sentencia recurrida “esas cuentas suizas eran básicamente, cuentas de custodia y gestión de valores que fueron nutriéndose con ingresos en efectivo y transferencias de fondos de Luis Bárcenas, de procedencia ilícita y sin ninguna relación con su actividad lícita (incluidas las cuotas dejadas de ingresar por diferentes tributos y ejercicios); y en las que igualmente se fueron depositando los dividendos y rendimientos derivados de las inversiones realizadas sucesiva e ininterrumpidamente con los fondos depositados en ellas”.

En el caso presente, tal como se ha explicitado con anterioridad, la sentencia de instancia, tras analizar expresamente la versión exculpatoria del recurrente, llega a la convicción de que Luis Bárcenas era el real titular de cuantos fondos, dividendos y rendimientos nutrían las cuentas de la Fundación SINEQUANON, así como de las entidades TESEDUL y GRANDA GLOBAL, y cuya constitución tuvo por finalidad la de evitar la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro, logrando que siguiesen ocultos para la Hacienda Pública y, por tanto, continuar eludiendo el abono de los impuestos correspondientes sobre los rendimientos del ahorro.

Por tanto, indica que estas entidades no tenían existencia real, sino que, simplemente, ocultaban el patrimonio de Luis Bárcenas por el que no había tributado. Eran auténticas sociedades «pantalla», creadas como una maniobra más, dentro de una permanente actitud defraudatoria, tendente a ocultar que el recurrente era el real propietario como también el verdadero origen de los fondos, por lo que las rentas de estas sociedades, conforme a la doctrina del «levantamiento del velo», no son imputables a ellas, sino a Luis Bárcenas, debiéndose tributar a través del IRPF, como impuesto que grava la obtención de rentas de la persona física, según la Sala. 

En definitiva -concluye la Sala- todas las maniobras descritas se enmarcan dentro de “una permanente actitud defraudatoria, tendente a ocultar que Luis Bárcenas era el real propietario como también el verdadero origen de los fondos, de manera que tanto él como su esposa no declararon a la Hacienda Pública la totalidad de sus rentas: ocultaron pagos al fisco, simularon operaciones de compraventa de cuadros y, finalmente, presentaron una Declaración Tributaria Especial en nombre de TESEDUL, en la que reflejaron de modo incompleto las cantidades omitidas en las correspondientes declaraciones de IRPF de Luis Bárcenas de los años 2007 a 2010, ingresando por tal concepto la cantidad de 1.098.804 euros”. 

En cuanto a la condena de Luis Bárcenas, a título de autor, y de Rosalía Iglesias, como cooperadora necesaria, por un delito de apropiación indebida (sustracción de 149.600 euros ‘Caja B’ del Partido Popular, mediante compra acciones de Libertad Digital), la Sala subraya que la Audiencia Nacional contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir “tanto la existencia de una ‘Caja B’, o contabilidad ‘extracontable’, del PP –sobre la que el recurrente ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad-, como los distintos actos de apoderamiento verificados por éste, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir unas acciones de la entidad LIBERTAD DIGITAL”. 

Por último, en relación con la simulación de operaciones de compraventa de obras de arte, la Sala agrega que en la sentencia recurrida se exponen detalladamente las pruebas que permiten concluir que los contratos en cuestión eran “simulados”. 

Rosalía Iglesias 

Después de analizar el recurso de Rosalía iglesias, esposa de Luis Bárcenas, la Sala concluye que hay indicios plurales y  acreditados de que  conocía la procedencia delictiva del dinero, el incremento  del patrimonio de su marido no justificado con sus ingresos ordinarios y destaca la conducta  activa de la condenada, “no sólo en la elaboración de tal documentación falsa relativa a operaciones inexistentes, sino también en su efectiva gestión de las cuentas bancarias abiertas a su nombre, en los ingresos mismos por ella verificados de esas cantidades de dinero que posteriormente se reflejaban en las declaraciones tributarias o en la operación relacionada con la compra de acciones de la entidad LIBERTAD DIGITAL para la apropiación de 149.600 euros de la «Caja B» del PP, con cuyo importe emitió un cheque para la compra de un inmueble” .

Por ello, el tribunal llega a la conclusión de que la recurrente  conocía el origen delictivo empleado en estas operaciones  “resulta lógica y razonable, siendo igualmente correctos, con arreglo a la jurisprudencia de esta Sala, cuantos argumentos se exponen por el Tribunal de instancia en orden a concluir que las alegaciones defensivas de la acusada lo que revelan, a lo sumo, es la existencia de un claro caso de ignorancia deliberada, incapaz de justificar la irrelevancia penal de su conducta que se postula”.

La Sala considera que la sentencia de la Audiencia Nacional describe y motiva todas las actuaciones realizadas por Rosalía Iglesias en la dinámica de ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo, “dando paralelamente, respuesta a cuantos alegatos defensivos fueron esgrimidos por la defensa, los cuales fueron descartados de forma motivada”.

La defraudación atribuida a Rosalía Iglesias se articuló a través de una serie de artificios (apertura de cuentas bancarias, asunción como propios de ciertos ingresos en sus cuentas bancarias por ella misma verificados o la consignación mendaz en su declaración individual de IRPF de unas inexistentes operaciones de compraventa de arte) en los que fue fundamental su intervención y de suyo incompatibles con la ignorancia o el desconocimiento invocados por la acusada.

En este sentido, la Sala rechaza la invocación de otros procedimientos donde se acordó la absolución de las esposas de los encartados en tanto que el principio de igualdad ordena tratar de distinto modo a lo que es diferente y por ello, “la igualdad, ha de entenderse como parificación ante el ordenamiento positivo en idénticas circunstancias, y con paralelo comportamiento o conducta, es decir, que si los casos son idénticos, el tratamiento legal debe ser el mismo para todos (STS de 28 de octubre de 2004)”.

La Sala añade que esta identidad ni se advierte ni se justifica en el recurso presentado. “Es patente, por otro lado, de acuerdo con lo expuesto con anterioridad, que la sentencia refleja con claridad, y tras una valoración lógica y racional de los indicios obrantes al respecto, que la recurrente actuó dolosamente pues tuvo pleno conocimiento de los distintos artificios utilizados para ocultar los fondos en cuestión a la Hacienda Pública, en los que, además, su intervención fue fundamental”.  

La sentencia concluye que la esposa de Luis Bárcenas “tenía pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular; y por otro, que incluso observó una conducta claramente activa en orden a cooperar en esta dinámica de defraudación, ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo.  Su participación, como hemos visto, no se limitó a plasmar su firma en cierta documentación”.

El Supremo sí estima en parte los recursos tanto de Bárcenas como de Iglesias y les absuelve de delito de estafa procesal intentado (con una pena de 9 meses de prisión) y les reduce las condenas por delito de blanqueo de capitales al excluir del mismo el concurso de un delito continuado de falsedad documental. 

Francisco Correa

La Sala desestima la petición la nulidad de las actuaciones realizada por Francisco Correa fundada en la intervención de las comunicaciones en el Centro Penitenciario entre abogados e internos. Sobre esta cuestión, el tribunal recuerda que en este caso es particularmente relevante que el recurrente no planteó ni en sus conclusiones provisionales ni en las diligencias previas la nulidad ahora interesada, y en el acto del juicio oral, habiendo negado con antelación su participación en el hecho, reconoció los mismos, con pleno conocimiento del cuestionamiento de la licitud de la prueba, cuya nulidad había solicitado en varias ocasiones en la instrucción.

El segundo motivo, que el Supremo estima parcialmente, se refiere a la atenuante analógica ordinaria de colaboración en todos sus delitos, lo que en la práctica no supone una disminución significativa de la pena al haber sumado ahora de forma separada penas por delitos de fraude como requirió el Ministerio Fiscal.

Papel relevante del contable José Luis Izquierdo

Respecto a José Luis Izquierdo, la Sala rechaza que su papel se redujera a funciones auxiliares de amanuense contable por ser de la confianza de Francisco Correa y concluye que en el caso presente “la prueba valorada por el tribunal a quo con sujeción a las reglas de la lógica, razón y máximas de experiencia, acredita que el recurrente formaba parte de la asociación ilícita con un papel relevante dentro del reparto de funciones, sin que su razonamiento pueda ser tachado de ilógico o arbitrario”.

En el caso presente, -añade la Sala- el recurrente “sin querer saber aquello que puede y debe saber, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito actuar en que voluntariamente participa. Así, en los hechos probados se evidencia su incesante actividad en la creación de la trama de facturas falsas y de la caja B (pág. 165 y 166 de la sentencia) y su participación en el entramado de sociedades (pág. 167 y ss) y reconocido por el recurrente ser apoderado de las empresas SPECIAL EVENTS Y PASADENA VIAJES de las que fue socio fundador (FJ pág. 541 y ss) fue mediante estas sociedades de las que se lucró -en unión de los otros acusados- para la ejecución sucesiva del cohecho activo por el que ha sido condenado”.

En cuanto a la invocación de la teoría de los actos neutrales por considerar que los realizados por el Sr. Izquierdo no eran per se ilícitos al limitarse a llevar la contabilidad y a realizar las anotaciones, el tribunal responde que resulta difícil disociar absolutamente aquellos aspectos objetivos de los elementos subjetivos relativos al conocimiento de que, con la conducta que se ejecuta, que es externamente similar a otras adecuadas socialmente por la profesión o actividad habitual de su autor, se coopera a la acción delictiva de un tercero.

“Situación que sería la presente en la que al Sr. Izquierdo se le intervino un pendrive que contenía la llevanza de la contabilidad B del todo grupo Correa. En esa contabilidad, además del control de ese dinero, se contenían también las dádivas a funcionarios y autoridades. También ostentaba la administración de algunas empresas del Grupo y era titular de algunas cajas de seguridad. Se encargaba personalmente de algunos pagos de la mediación del Sr. Correa en adjudicaciones y llevaba la carpeta azul con relación de comisiones por las adjudicaciones de obras públicas. Consecuentemente no puede hablarse de actos “neutrales” y el motivo se desestima”, subraya la Sala. 

La Sala avala las escuchas realizadas por Peñas 

Algunas defensas en sus recursos alegaban la nulidad de las grabaciones realizadas por el exconcejal Jose Luis Peñas y se basaban en la reciente doctrina de la Sala, en el llamado caso Falciani. 

Después de analizar las circunstancias en las que Peñas grabó las conversaciones, la Sala concluye que no se ha vulnerado el secreto de las comunicaciones  porque Las reuniones de los particulares fueron libres y espontáneas y la decisión de uno de ellos (Peñas)  de grabar las conversaciones no fue provocada por la policía u otra institución pública de investigación, por lo que aun cuando moral y éticamente pueda ser cuestionada su actuación, no supuso infracción del derecho a un procedimiento con todas las garantías y del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. 

El tribunal recuerda que quien grabó registró sus propias manifestaciones personales y esas grabaciones, aportadas posteriormente a la investigación, estuvieron sujetas a los principios y garantías propias de un sistema procesal observante de los derechos fundamentales. 

La Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito.

Por otro lado, rechaza la petición de nulidad de actuaciones alegada por otros recurrentes -Francisco Correa, Pablo Crespo y José Luis Izquierdo- fundada en la intervención en prisión de las comunicaciones entre los abogados y los internos. Añade que tanto por su concurrencia al tiempo del inicio de la investigación como la ausencia de efectos, “no es posible afirmar que existiera una obtención de material probatorio que fuera consecuencia de la injerencia nula, por desvelar la estrategia de defensa, pues, como antes se señaló, la nulidad tiene lugar en los inicios de la investigación, siendo distintos los letrados, que intervienen a los que participaron en el juicio oral, sin que la injerencia declarada nula permitiera conocer ninguna situación que afecte a la defensa del recurrente. Tampoco lo expresa el recurrente, ni resulta de la causa”.

También rechaza el tribunal anular el valor probatorio de gran parte de las periciales de la UDEF y, por extensión, de los informes de la Agencia Tributaria –recurso de Luis Bárcenas- como consecuencia de la nulidad de las citadas grabaciones realizadas en prisión. Considera que para que prosperase tal pretensión, no basta con constatar la ilicitud de ciertas pruebas, sino que ha de establecerse la necesaria conexión de antijuridicidad entre la prueba originaria y las derivadas. Expulsadas las pruebas ilícitas del procedimiento, -indica la Sala- tampoco podrán ser utilizados los datos adquiridos a través de éstas como medios para iniciar u orientar la investigación penal, pero ello no obsta a la validez de otras diligencias posteriores o, incluso, anteriores, cuya procedencia es independiente y autónoma de la prueba nula. Igualmente válidas serían aquellas otras pruebas fruto de otras vías de investigación tendentes a establecer el hecho en que se produjo la prueba prohibida. 

Se confirma responsabilidad de Ana Mato y Gema Matamoros 

En el caso de Ana Mato, la sentencia confirma su responsabilidad como partícipe a título lucrativo porque considera acreditado que se benefició en la cantidad de 25.608 euros por pagos en especie del grupo Correa. 

La sentencia de la Audiencia Nacional detallaba diversos pagos en especie realizados por el Grupo Correa como viajes y servicios turísticos a Jesús Sepúlveda y a su familia, eventos familiares como cumpleaños y una comunión de los hijos del matrimonio. 

Según la sentencia, ha quedado acreditado que “Jesús Sepúlveda, marido de la recurrente, además de los cobros recibidos en metálico por las intermediaciones y prevaricadoras adjudicaciones, recibió diversos pagos en especie de los que se lucró la recurrente, unos directamente (Louis Vuitton) y otros indirectos o en especie, como son el pago de viajes y eventos familiares a que hemos hecho referencia en el relato fáctico, en el que se incluye la cantidad en que se benefició la recurrente- 25.608´27 euros”. 

Por ello se cumple el requisito que se exige para condenar a título lucrativo, al existir por parte de la recurrente de un beneficio a título gratuito derivado de la comisión delictiva, en este caso cohecho y malversación. 

En definitiva, se le reclaman unos gastos en beneficio de la unidad familiar compuesta por la recurrente y su esposo, gastos que no fueron satisfechos por ninguno de los cónyuges, por lo que es obvio que, siendo un enriquecimiento sin causa de los mismos, corresponde a la recurrente pagar la parte que le corresponde. 

Del mismo modo la sala confirma la condena a título lucrativo para Gema Matamoros la mujer del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega por haberse beneficiado de 45.066 euros en concepto de viajes y regalos que recibió del Grupo Correa.

Matamoros argumenta en su recurso que al estar casada en régimen de separación de bienes no se podía hablar de una economía conjunta con su marido. La Sala rechaza este argumento y explica que cualquiera que fuera el régimen que rigiese el matrimonio, lo cierto es que hubo una serie de gastos en beneficio de la unidad familiar, que se atendieron con dinero de procedencia ilícita, de los que se aprovechó Gema Matamoros. El tribunal añade que al margen del régimen y los pactos internos que tuvieran para repartirse los gastos, no son oponibles frente a terceros, “limitándose su eficacia a las relaciones internas entre los cónyuges para reclamarse entre ellos lo que corresponde”.

No aprecia dilaciones indebidas

El tribunal no aprecia la existencia de la atenuante de dilaciones indebidas invocada por algunos recurrentes debido a que transcurrieron diez años desde que se inició el procedimiento en agosto de 2008 hasta que se dictó la sentencia de primera instancia en julio de 2018. Así, afirma que el tiempo de tramitación podría considerarse excesivo en este procedimiento, pero no debe servir de cobertura a la atenuante postulada, ni siquiera como ordinaria toda vez que tal duración ha sido motivada por la naturaleza de los delitos investigados, delitos económicos de una gran complejidad, que motivó la división en diferentes piezas separadas, todas ellas con múltiples acusados y un ingente caudal probatorio, testifical, pericial y documental.

Por tanto, la Sala expone que si la presente causa ha tenido la duración que se denuncia, se ha debido en su mayor parte a los complejos entramados societarios y financieros creados con fines de opacidad fiscal y para dificultar su investigación, radicados en otros países, considerados algunos de ellos paraísos fiscales, en el caso del recurrente con cuentas en Suiza, lo que obligó a actuaciones generadores de demoras, motivadas por las actuaciones poco colaboradoras de los acusados, lo que no obsta a que pueda ser un factor de individualización de las penas, art. 66 CP.

 

El Tribunal Supremo confirma la resolución por la que se declara a Gijón zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales

Lun, 10/12/2020 - 10:00

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que confirmó la resolución de la Consejería de Educación y Empleo del Principado, de 15 de diciembre de 2017, por la que se declara en el municipio de Gijón una zona de gran afluencia turística (ZGAT) a efectos de horarios comerciales.

ANGED alegaba en su recurso que la sentencia recurrida justificaba la limitación territorial y temporal incluida en la declaración de la ZGAT y que se debía determinar si las mismas constituyen una restricción al libre ejercicio de la actividad económica del artículo 5 de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, y si son idóneas, necesarias y proporcionadas al fin perseguido. El Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias se opusieron al recurso.

De acuerdo con su doctrina, el tribunal reitera que las limitaciones territoriales o temporales en la declaración de zona de gran afluencia turística, que restrinjan el principio general que proclama el artículo 5.1 de la ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, de libertad para determinar los días y horas de su actividad comercial reconocida a los establecimientos instalados en zonas que tengan dicha calificación, han de considerarse restricciones o limitaciones al ejercicio de una actividad económica, a los efectos de la aplicación del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de mercado.

Añade que la sujeción de los poderes públicos autonómicos a las exigencias del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, supone que el establecimiento por estos de límites al ejercicio de una actividad económica, deberá estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El Tribunal Supremo confirma una multa de un millón de euros a Deloitte por infracción grave en relación a una auditoría al Grupo Santander en 2011

Vie, 10/09/2020 - 13:40

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 1.002.605 euros a la sociedad Deloitte S.L. impuesta en 2016 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por infracción grave en relación a una auditoría llevada a cabo al Grupo Santander en 2011. El Supremo desestima el recurso de casación de Deloitte contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de febrero de 2019, que ratificó la multa inicialmente.

La sanción fue impuesta por incumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, referido a no haber analizado todos los factores que podían dar lugar a una amenaza a la independencia de los auditores y, en concreto, la posible amenaza de interés propio por la desproporción existente entre los honorarios facturados al Grupo Santander por servicios de no auditoría y por los servicios de auditoría.

En ese sentido, la Audiencia Nacional subrayó la desproporción existente en honorarios que los auditores habían facturado por trabajos distintos de los de auditoría, aproximadamente del 236 por 100 respecto de los facturados por los trabajos de auditoría, lo que debió de ser detectado y evaluado en los correspondientes papeles de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

El Supremo indica que, teniendo en cuenta la relevancia del conjunto de relaciones mantenidas entre la sociedad Deloitte y el Grupo Banco de Santander, y la naturaleza e importancia de los servicios prestados a la entidad auditada, ”no consideramos inadecuada la apreciación del Tribunal de instancia respecto de que la concurrencia de factores de riesgo que son susceptibles de crear conflictos de intereses, obligaban a que las amenazas se reflejaran documentalmente en los papeles de trabajo, de modo que, constatada esa falta de diligencia, procede la imposición de las sanciones”.

Doctrina jurisprudencial

En esta materia, la sentencia fija como doctrina jurisprudencial la siguiente:

“1.- El artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que consagra el principio general de independencia como principio rector de la actuación profesional de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría, debe interpretarse en el sentido de que los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deben detectar, identificar y reflejar documentalmente en los papeles de trabajo aquellos factores o circunstancias relativas al interés propio que pongan en riesgo el desempeño objetivo de su función, a los efectos, en su caso, de adoptar las medidas de salvaguarda que sean adecuadas y suficientes para salvaguardar la objetividad e integridad en la realización del trabajo de auditoría.

2.- En aquellos supuestos, en que el factor de riesgo, que pueda comportar una amenaza a la independencia del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, proceda de la percepción de honorarios derivados de la realización de servicios de auditoría y de otros servicios distintos a los de auditoría, y la eventual desproporción de éstos respecto de aquéllos sea significativa por la naturaleza del trabajo de auditoría o la dimensión de la sociedad auditada (en la medida que revele la concurrencia de un interés propio por cuanto permita evidenciar la existencia de una relación de dependencia económica o financiera del auditor o la sociedad de auditoría frente a la entidad auditada), el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría deben dejar constancia documental de ello en los papeles de trabajo y adoptar las medidas de salvaguarda que sean necesarias y adecuadas para preservar la independencia. En caso de que la desproporción sea de tal importancia que comprometa gravemente la independencia, deberán abstenerse de realizar el trabajo de auditoría encomendado.

3.- A estos efectos, para efectuar el cómputo correcto de los honorarios percibidos por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría por servicios de auditoría, en relación con la percepción de honorarios devengados o percibidos por la realización de otros servicios distintos a los de auditoría, habrá que estar a la definición de actividades de auditoría a que se refiere el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, mientras el legislador, en el ejercicio de su potestad de configuración normativa, de conformidad con la normativa de la Unión Europea, no explicite de forma precisa qué servicios relacionados con la actividad de auditoría pueden entenderse comprendidos en dicha noción, porque su realización no compromete la objetividad e imparcialidad del trabajo de auditoría de cuentas que corresponde al auditor”.

Inadmiten una querella de Izquierda Unida y Podemos contra un eurodiputado de Vox

Jue, 10/08/2020 - 14:40

La Sala II del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por IU y Podemos contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch por presuntos delitos de provocación a la rebelión, amenazas al Gobierno y de odio por razón de ideología, en relación al contenido de dos tuits que publicó en enero de 2020, por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno.

Según explica el Supremo en un auto, los querellantes veían en los tuits del eurodiputado el apoyo a un clima de confrontación contra el legítimo Gobierno democráticamente elegido, y consideraron que llamaba a la intervención del Ejército al invocar el artículo 8 de la Constitución

En el auto, del que ha sido ponente la magistrada Susana Polo, la Sala indica que “la pretensión deducida no puede ser admitida, toda vez que los hechos relatados imputados a la persona aforada no presentan relevancia penal alguna, el mero recordatorio de un precepto constitucional no puede tener ese carácter, y la propia querella admite la existencia de meros indicios y no se acredita la relación del texto con los supuestos efectos de la provocación, en este caso un artículo de opinión en un medio de comunicación de alcance limitado”.

Y añaden que “tampoco puede sostenerse que el texto publicado constituya un intento de amenazar al gobierno, pues no existe la conminación de un mal, sino más bien una opinión o un deseo sobre cuál debería ser la actuación de las Fuerzas Armas en una determinada situación de hecho en la pudiera verse afectada la integridad del territorio nacional”.

El Tribunal Supremo archiva la denuncia de la Asociación Nacional de Veteranos Tres Ejércitos contra Pablo Iglesias por delito de incitación al odio

Jue, 10/08/2020 - 14:35

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un particular, en nombre de la Asociación Nacional de Veteranos de los Tres Ejércitos, contra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, por un presunto delito del artículo 510 del Código Penal que persigue la incitación al odio.

Los hechos denunciados se basan en una supuesta intervención de Pablo Iglesias en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, en la sesión parlamentaria del 29 de abril de 2020, en la que dijo que “…para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual, hay un partido con casi 100 años de historia, el Partido Comunista de España, que fue condición de posibilidad de la derrota de la Dictadura, de la construcción de la democracia en nuestro país y de la Constitución del 78…”.

La Sala en su auto, ponencia del magistrado Pablo Llarena, considera que dicha manifestación de considerar un honor representar a un grupo político dentro del cual está el Partido Comunista de España, “no es sino el reflejo de la asunción y el ejercicio de los principios constitucionales democráticos más esenciales, sin que pueda entenderse constitutiva de infracción penal cuando se proclama de un Partido Político inscrito en el correspondiente Registro desde el 9 de abril de 1977”.

Añade que los hechos no son constitutivos de infracción penal sino la expresión de una sociedad libre, plural y democrática, y recuerda que el artículo 71.1 de la Constitución española recoge que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el Real Decreto por el que se fijó en 900 euros el salario mínimo interprofesional para 2019

Jue, 10/08/2020 - 14:19

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera ajustado a derecho el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fijó en 30 euros al día o 900 euros al mes el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2019.

La Sala desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ERILLA FRUIT, S.L., AGROBIONEST, S.L., AGRO JABONERO S.L., Y SAT COSTALUZ en el que solicitaban la nulidad de dicho Real Decreto que estableció un incremento del 22,3% del SMI respecto del año anterior.

El tribunal considera que el Gobierno ha dictado la citada disposición en ejecución de la potestad que otorga el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores que establece que fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el SMI, “teniendo en cuenta” (a) el índice de precios de consumo, (b) la productividad media nacional alcanzada, (c) el incremento de participación el trabajo en la renta nacional y (d) la coyuntura económica general.

Por tanto, subraya la Sala, el “teniendo en cuenta” referido a los criterios del artículo 27.1 como pautas del juicio de pertinencia en la fijación del SMI “lleva a una decisión prudencial por su alcance, pero de signo político en cuanto a la pertinencia y su acierto o desacierto, lo que tenga de criticable por exceso o defecto, será valorable política y no jurídicamente. Es más, cabe que conocidos los datos objetivos u objetivables o presumibles que arrojen los criterios del artículo 27.1 del ET, el Gobierno, ejerciendo su función de dirección política, opte por priorizar los mandatos y objetivos de política social deducibles del artículo 35.1 de la Constitución o los pactos internacionales o las recomendaciones antes citados”.

El tribunal afirma que la decisión de fijar el SMI responde a una determinación que, en lo jurídico, es de naturaleza política, lo que no implica un acto por entero exento de control jurisdiccional. Añade que el legislador puede definir mediante conceptos judicialmente asequibles unos límites o requisitos previos a los que deben sujetarse estos actos de dirección política, aspecto en el que los tribunales pueden enjuiciar eventuales extralimitaciones o incumplimientos en que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión.

En este sentido, explica que queda sujeta a los límites legalmente previstos: un límite competencial al ser el Gobierno el órgano apoderado para su fijación, un límite temporal ya que se fija para un periodo anual y, en su caso, se prevé la revisión semestral, y un límite procedimental pues debe fijarse previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales y que sean las más representativas.

Junto a estos límites reglados, recuerda la Sala, el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores prevé para adoptar la decisión de fijar el SMI ciertas pautas y, además, hay normas que informan la decisión del Gobierno como el mandato del artículo 35.1 de la Constitución para que los españoles perciban una remuneración suficiente que se ha identificado con el SMI. Añade que también pueden incidir criterios que no sean obligaciones jurídicamente exigibles, pero sí objetivos de política social atendibles (recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité de Expertos Independientes encargados de elaborar los informes sobre el cumplimiento de la Carta).

Incremento del SMI

La sentencia, con ponencia del magistrado José Luis Requero, afirma que el quantum de variación del SMI no es la consecuencia o resultado de una operación reglada o, como señala el Abogado del Estado, de un cálculo matemático exacto del que se obtenga una cifra vinculante que traduzca numéricamente los criterios del artículo 27.1 del ET, en especial de los tres primeros.

Agrega que esa idea se refuerza por el criterio del apartado d) del 27.1 referido a la coyuntura económica, “criterio inobjetivable, abierto a una valoración de oportunidad”, y con el hecho de que su fijación va precedida de negociaciones, que no deben confundirse con las consultas formales previstas en dicho artículo del ET.

Asimismo, asegura que el artículo mencionado no fija un orden de preferencia ni ha impedido que en anteriores ejercicios sólo se estuviese al primero (IPC) o que todos esos criterios, como es habitual, se aprecien conjuntamente o globalmente.

Inexigibilidad dictamen Consejo de Estado

El tribunal rechaza que sea exigible un dictamen del Consejo de Estado para la elaboración del Real Decreto impugnado, como sostienen los recurrentes. Ante todo, según la sentencia, porque la parte demandante ciñe su pretensión anulatoria exclusivamente al contenido decisorio de fijación anual del Real Decreto, que considera que constituye un reglamento ejecutivo, confundiendo la potestad reglamentaria o normativa con la atribución legal al Gobierno de la potestad ejecutiva de fijar el SMI.

La sentencia añade que no deja de ser indicativo que en toda la serie histórica de decretos y reales decretos fijando el SMI nunca se haya interesado el dictamen del Consejo de Estado ni se le haya considerado preceptivo, ni tal omisión ha suscitado litigio alguno.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo solicita un informe a la Fiscalía sobre la exposición razonada del Juzgado Central 6 relativa a Pablo Iglesias

Jue, 10/08/2020 - 13:55

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recibido hoy la exposición razonada del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en relación al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. En una providencia dictada hoy, el tribunal ha dado traslado al fiscal para que informe sobre competencia y contenido de la exposición.

Asimismo, se designa ponente, sobre la apertura o no de causa, al magistrado Andrés Palomo del Arco. La Sala de Admisión está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso contra la inactividad del Ministerio de Sanidad pero estima que los profesionales sanitarios carecieron de medios de protección necesarios al inicio de la pandemia

Jue, 10/08/2020 - 12:34

Nota de la sala III sobre la sentencia 1271/2020, de 8 de octubre

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) recurrió por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales la inactividad del Ministerio de Sanidad en el cumplimiento del artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, por no poner a disposición de los profesionales sanitarios los equipos de protección individual necesarios, con la consecuencia de haber puesto en riesgo sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud.

La sentencia rechaza el recurso en tanto se dirige contra la inactividad administrativa porque CESM no ha cumplido los requisitos exigidos por el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción. No obstante, en la medida en que también plantea el recurso la infracción del artículo 12.4 por no haberse satisfecho el objetivo perseguido por este precepto de lograr la mejor distribución de medios técnicos, estima en parte el recurso. La razón de la estimación reside en el hecho notorio, ya apreciado por la Sala en sus autos de 31 de marzo y 20 de abril de 2020, de la falta inicial de medios de protección individual con el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales de esos profesionales. Por eso, el fallo así lo declara.

Explica la sentencia que su declaración no supone ningún juicio de culpabilidad ni imputación de responsabilidad sino la constatación de dicha circunstancia. Además, precisa que la carencia de equipos que afectó inicialmente a los profesionales sanitarios se debió a la incapacidad de suministrárselos del Sistema Nacional de Salud, el que según el artículo 44 de la Ley General de Sanidad integra el conjunto de servicios de salud del Estado y de las Comunidades Autónomas y no solamente de la Administración General del Estado o del Ministerio de Sanidad. No obstante, dirigiéndose la demanda contra el Ministerio de Sanidad, el pronunciamiento no puede extenderse más allá.

Por último, no constando que falten actualmente esos medios, la sentencia desestima las pretensiones de CESM de que se ordene al Ministerio de Sanidad que cese en el incumplimiento denunciado y que suministre equipos de protección. Además, observa que, expirado el estado de alarma el 21 de junio de 2020, ha decaído la dirección del Ministerio de Sanidad sobre los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas por lo que deberían, en su caso, dirigirse a ellos.

El Tribunal Supremo advierte que Hacienda no puede pedir registrar un domicilio o empresa sin un motivo debidamente justificado

Mié, 10/07/2020 - 14:35

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas.

La Sala afirma que “la corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta, ni para establecer una relación causal o esquema que desemboque en ese fraude –ni siquiera en la presunción de deberes incumplidos, que deberán ser esclarecidos a través del procedimiento correspondiente, con ulterior control judicial-, ni menos aún para anclar en tal circunstancia la necesidad de entrada en el domicilio para el cotejo de datos que respalden o desmientan la sospecha albergada por la Administración”.

Añade que cuando la sospecha se funda en una fuente de ciencia “tan evanescente y laxa, de origen tan arcano, con base estadística o comparativa no contrastada ni, que se sepa, publicada, deben quedar firmemente establecidos, al menos, como punto de partida, cuáles son los criterios que llevan a la administración a aferrarse a esa rotunda conclusión, si se tiene en cuenta que la desviación de la media puede alcanzar distintos niveles de intensidad y no suponer, con tal dato aislado, presunción de fraude alguno”.

El tribunal subraya que “no se puede acceder al domicilio definido en el artículo 18.2 de la Constitución española con un propósito meramente prospectivo o indeterminado, por si acaso, ya que la naturaleza fundamental del derecho que la Constitución ampara y permite excepcionalmente sacrificar o excluir, lo debe ser en presencia de un bien constitucionalmente protegido –y el deber de contribuir del artículo 31.1 de la Constitución es uno de ellos, expresado en términos generales”.

Sin embargo, según la sentencia, “del cotejo de la situación hipotética, sospechada o derivada de una información meramente fragmentaria, nacida de la proyección de datos genéricos obrantes en documentos o cuadros estadísticos y cuya fiabilidad, a falta de más sólidos elementos de convicción, hemos de poner por fuerza en duda, no es base suficiente para servir de título habilitante a la Administración –para pedir- y al juez –para otorgar- la entrada en el domicilio”.

No cabe autorización “para ver qué se encuentra”

La Sala en su sentencia, ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, establece los requisitos que deben reunir tanto la solicitud de entrada y registro en el domicilio o en la sede social de una empresa, formulada por la Agencia Tributaria, como el auto judicial que autorice la misma.

“No cabe, según la sentencia, la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, “para ver qué se encuentra”, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener, por lo que no proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado”.

Asimismo, la autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos que afectan las pesquisas, como exigen los artículos 113 y 142 de la Ley General Tributaria (LGT). Añade que “sin la existencia de ese acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributarias, por falta de competencia.

Agrega que la posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita parte se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a su práctica. “Tal situación, de rigurosa excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, sin que quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio”, subraya la Sala.

Respecto al auto judicial, razona que “es preciso que motive y justifique –esto es, formal y materialmente- la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es admisible una autorización por auto tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno”.

Para autorizar la entrada –aclara la Sala- no pueden servir de base los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes.

“Tal análisis –según la sentencia- de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las circunstancias concurrentes y, muy en particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos –verificado su origen, seriedad y la situación concreta del interesado respecto a ellos- sea rigurosamente necesaria la entrada, lo que exige valorar la existencia de otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración”.

El instructor del Tribunal Supremo tramita como procedimiento abreviado las diligencias contra el magistrado del Tribunal Constitucional investigado por maltrato

Mié, 10/07/2020 - 13:45

El magistrado instructor de la causa abierta por un presunto delito de maltrato al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando V. ha dictado hoy auto en el que acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas por los cauces del procedimiento abreviado, dando traslado a la Fiscalía por plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

El auto del magistrado de la Sala Segunda Andrés Martínez Arrieta, instructor de la causa, explica en el auto que procede así a la preparación del juicio oral por los hechos recogidos en la resolución y con la calificación contenida en la misma, que es la del artículo 153 del Código Penal, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica.

En los hechos del auto, se recoge entre otros puntos que, en la tarde del 10 de agosto de 2020, el magistrado mantuvo una discusión con su esposa, y, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda, en la localidad madrileña de Majadahonda, introdujo a la mujer de forma violenta al interior de la casa, donde siguió la discusión.

“Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer”, añade los hechos reseñados por el instructor.

El Tribunal Supremo considera lícitos los datos del geolocalizador GPS en un vehículo de empresa si el trabajador está informado de su instalación

Lun, 10/05/2020 - 13:10

La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha señalado en una sentencia que el uso de los datos obtenidos por un geolocalizador GPS instalado en el vehículo de empresa es lícito en los casos en los que el trabajador esté informado de la instalación del dispositivo, tenga restringida la utilización del coche a la actividad laboral y sólo recojan información sobre el movimiento y localización del vehículo.

El Supremo estima el recurso de una empresa dedicada al comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones y considera procedente el despido disciplinario de una supervisora, acordado por la compañía ante la “utilización intensa” del coche de empresa que tenía asignado en un periodo en que ella estaba de baja médica y el fin de semana inmediatamente anterior, pese a la prohibición del uso del vehículo para fines ajenos a la actividad laboral. Dicho uso fue registrado por el sistema de localización por GPS del coche, de cuya instalación fue informada en su día la trabajadora.

En sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Lourdes Arastey, el Supremo destaca que “la trabajadora conocía que el vehículo no podía ser utilizado fuera de la jornada laboral y, junto a ello, que el mismo estaba localizable a través del receptor GPS. De ahí que no apreciamos ninguna invasión en sus derechos fundamentales con la constatación de los datos de geolocalización que permiten ver que el indicado vehículo es utilizado desobedeciendo las instrucciones de la empresa en momentos en que no existía prestación de servicios”, subraya.

Indica que “no se aprecia invasión de la esfera privada de la trabajadora, al afectar exclusivamente a la ubicación y movimiento del vehículo del que, eso sí, ella era responsable y debía utilizar con arreglo a lo pactado”.

Así, recuerda el tribunal que la utilización de los datos de localización del vehículo en los términos indicados en la carta de despido de la empresa “no refleja –ni tiene capacidad para ello- ninguna circunstancia personal de la trabajadora. Lo que pone de relieve es que ésta lo utilizó –o pudo permitir que otros lo hicieran- con incumplimiento manifiesto de las instrucciones al respecto, dado que, en los periodos de descanso laboral de la actora, así como durante su situación de baja el GPS debería haber reflejado la inmovilización del vehículo”.

Por ello, estima el recurso de la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que consideró nulo el despido por entender que no era correcto usar los datos del GPS que correspondían a tramos horarios ajenos a la jornada laboral, y confirma íntegramente la sentencia inicial dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Almería, que desestimó la demanda de la trabajadora al entender procedente el despido.

La empresa presentó un recurso de unificación de doctrina contra la decisión del TSJ andaluz planteando como sentencia contradictoria una dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró procedente el despido de una trabajadora de Cruz Roja cuya función consistía en la observación y tratamiento de tuberculosis y VIH, para lo cual se desplazaba en una unidad móvil de la empresa a atender a los usuarios asignados en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. El vehículo estaba dotado con GPS, lo que la trabajadora conocía. La empresa detectó que el mismo se hallaba detenido durante la jornada laboral y ello sirve de justificación a la decisión extintiva por razones disciplinarias.

La Sala de Madrid valoró también la licitud de ese medio de prueba y, a continuación, señaló que no estaba afectado el derecho a la intimidad de la trabajadora, dado que conocía la permanente transmisión de datos sobre su posición en las rutas de trabajo y limitándose ese dato a constatar únicamente cuándo arrancaba y se detenía el vehículo así como cuál era su localización.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad del acuerdo de la Junta de Castilla-La Mancha de la ampliación del espacio protegido que afectaba al almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca)

Vie, 10/02/2020 - 16:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma, de 30 de julio de 2018, que anuló íntegramente el acuerdo y posterior Decreto del Gobierno regional, de los años 2015 y 2016 respectivamente, para ampliar de 1.000 a 23.000 hectáreas la superficie del Espacio Protegido Laguna de Hito, afectando a la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), cuyo emplazamiento fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2011. 

El TSJ de Castilla-La Mancha acordó la nulidad de los acuerdos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y destacó que, al aprobarlos, conocía el emplazamiento y extensión del proyectado ATC de Villar de Cañas, incurriendo en desviación de poder. 

El Supremo comparte la decisión y subraya: “Nos encontramos con el previo ejercicio de una competencia estatal, sobre cuyo interés general no pueden existir dudas -y que, en todo caso, ya han sido resueltas en litigios anteriores-, la cual fue desarrollada y decidida con la aquiescencia y el beneplácito técnico y científico de la Administración recurrente; ejercicio y desarrollo que -después, y sin acreditación científica suficiente, adecuada y razonada- no podría verse contradicha a posteriori por la propia Administración mediante una considerable ampliación supuestamente protectora, pues ello equivaldría a sustraer, dicho ámbito de ampliación, del destino que le fue señalado en el ejercicio legítimo de una competencia estatal, con desconocimiento de tal competencia y con la vulneración consiguiente del citado precepto constitucional”. 

“El Estado -agregan los magistrados-, cuando adoptó su decisión de ubicación del depósito nuclear, procedió a la ponderación de todos los intereses públicos concurrentes -en decisión que fue ratificada por este Tribunal Supremo- y, en especial, los intereses públicos medioambientales”. 

Añade la Sala que un cambio de criterio es posible en la actuación administrativa, “pero los mismos han de venir avalados -en supuestos como el de autos- por un soporte científico y técnico que (…) no ha sido percibido por la Sala de instancia, en una modélica valoración probatoria, respecto de la que carecemos de argumentos para variar. Lo cierto es que, hasta el momento de la adopción del Acuerdo y Decreto impugnado, la Administración recurrente no había expresado la necesidad de proceder a la ampliación decidida, ni consta actuación alguna en tal sentido, habiendo conocido -sin oposición alguna- a las evaluaciones ambientales realizadas con anterioridad.”

Por todo ello, el Supremo indica que “la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en realidad, no pretendía ampliar el hábitat de las especies mencionadas en el anexo I de la Directiva AVES, ni la adopción de medidas de conservación especiales en cuanto a citado hábitat, ni tampoco asegurar la supervivencia y su reproducción de la grulla común en su invernada en la Laguna del Hito, sino,  como señala la sentencia de instancia, ‘perseguir una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal, amparándose en la apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de espacios naturales, por muy loable que pueda resultar tal propósito’”. 

Además, recuerda que las obligaciones medioambientales que para los Estados miembros impone el artículo 4 de la Directiva Aves “han de cumplirse en el marco del Ordenamiento jurídico en su conjunto, dictando resoluciones suficientemente motivadas -sobre todo si la Administración procede a un cambio de criterio en su política medioambiental-, siguiendo el procedimiento establecido, ajenas a la desviación de poder y de conformidad con el principio de buena administración”. 

Por todo lo expuesto, el tribunal concluye que “lo decidido, motivado y razonado por la sentencia de instancia se ajusta a toda la jurisprudencia”, “por cuanto la finalidad perseguida por la Administración recurrente, en realidad, no ha sido -o no se ha acreditado- el cumplimiento de los mandatos medioambientales contenidos en el artículo 4 de la Directiva Aves, pues tal cumplimiento ha de realizarse con la finalidad protectora que de la norma europea se deduce y (…) en el adecuado marco de ejercicio de todas las competencias concurrentes, y con respeto de las correspondientes a todas las Administraciones públicas titulares de las mismas”. 

La sentencia confirmada del TSJ castellanomanchego estimó recursos del Ayuntamiento de Villar de Cañas y de la Administración General del Estado y anuló el acuerdo de 2015 del Gobierno regional, que aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del Espacio Protegido Laguna de Hito, y el Decreto de 2016 que amplió la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Laguna de El Hito, y realizó propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

 

 

 

 

El Tribunal Supremo considera que una directora de departamento de la Universidad de Murcia vulneró el honor de una profesora por consentir la difusión de valoraciones sobre su expediente

Vie, 10/02/2020 - 13:40

La Sala de lo Civil del Tribunal supremo considera que una directora del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) vulneró el derecho al honor de una profesora ayudante por consentir la publicación fuera de los cauces legalmente previstos -tablón de anuncios y página web UMU- de una carta crítica y un informe negativo sobre reputación profesional de la docente, y por tardar más de un día en ordenar su retirada pese a las instrucciones del Rector.

El tribunal estima parcialmente el recurso de casación de la directora del departamento al confirmar la vulneración del derecho al honor de la profesora, pero no la del derecho a la intimidad. Asimismo, rebaja de 12.000 a 10.000 euros la fianza que le impuso la Audiencia Provincial de Murcia, que sí apreció la vulneración de los dos citados derechos. La sentencia recurrida concluyó que la publicación del informe negativo en la web carecía de interés público y afectaba gravemente a la reputación profesional de la demandante, la carta atacaba el prestigio y su honor y, por último, basaba la responsabilidad de la directora del departamento en que no debió consentir la publicación de los documentos y ser más diligente en su retirada.

Con motivo de la segunda renovación de la profesora ayudante, el departamento emitió por mayoría un informe negativo, redactado y firmado por la directora, que hizo constar en el mismo que ella se había abstenido en la votación. Pese al informe negativo, el Rector prorrogó el contrato laboral de la docente y, en respuesta a dicha renovación, la directora y otros diez profesores de Ciencias Políticas elaboraron un documento –Carta abierta a la comunidad universitaria- en el que mostraban su apoyo al informe negativo del departamento, se quejaban de la vulneración de la autonomía y responsabilizaban al Consejo de Gobierno de los perjuicios para la comunidad universitaria y para los alumnos que pudiera tener la renovación. La carta abierta fue expuesta en los tablones de anuncios del Departamento de Ciencias Políticas y en la página web de la UMU, donde además se colgó el informe negativo. El Rector ordenó su retirada inmediata, pero la directora del departamento tardó más de un día en indicar que la información se quitara del tablón de anuncios y de la página web.

La Sala afirma que solamente los interesados en la obtención de la plaza de profesor podrían tener acceso a un documento interno del expediente como es un informe negativo sobre el desempeño profesional de la aspirante que pretende la renovación de su contrato. Añade que “lo que podría ser público, en todo caso, sería la resolución del expediente, es decir, la renovación o su denegación, pero no un informe que, por su propia naturaleza, debe ser reservado, al contener valoraciones y opiniones sobre la idoneidad profesional de la demandante”.

“Como bien dice la Audiencia Provincial, -razona la Sala- unas valoraciones muy críticas sobre la reputación profesional de la profesora, que debían haber quedado reservadas al ámbito académico interno en que se emitieron, pasaron a ser de dominio público, fácilmente accesibles para una generalidad de personas, que podían descargarlas, imprimirlas, distribuirlas por correo electrónico, etc.”

“En el seno del expediente y en las reuniones de las autoridades y funcionarios encargados de emitir los correspondientes informes o dictámenes, son lícitas las menciones a la competencia profesional de los aspirantes, por crítica o desfavorables que puedan ser. Pero deben quedar reservadas para terceros no interesados”, subraya la Sala.

Respecto a la publicación de la carta abierta, asegura que no se trata solo de una queja de carácter profesional, pues para ello hubiera bastado con citar el caso y la falta de atención del rector a la opinión de la mayoría de los profesores del departamento, sin necesidad de dar los datos personales de la afectada, sobre la que se vertían sombras de incompetencia profesional.

En todo caso, prosigue la sentencia, “el ámbito natural de conocimiento de esa carta hubiera sido el de los organismos universitarios competentes (rectorado, decanato de la facultad, claustro de profesores, comité de contratación, etc.), pero carecía de sentido que se colgara en la página web o en los tablones de anuncios. Una cosa es la transparencia en la gestión de los nombramientos de profesores y otra la divulgación indiscriminada de datos que puedan afectar a su reputación y buen nombre profesional”.

Por tanto, “la publicación fuera de los cauces legalmente previstos de valoraciones de orden interno gravemente afectantes a la reputación profesional de la demandante constituye una vulneración de su derecho al honor”.

Para la Sala es una cuestión distinta lo referente a la afectación del derecho a la intimidad, puesto que “la simple divulgación de la identidad de la demandante (nombre y apellidos) no supone per se vulneración del mencionado derecho fundamental. No todos los datos son íntimos. Por ello, que la Agencia de Protección de Datos sancionara a la UMU por vulneración de la normativa sobre protección de datos no implica necesariamente que hubiera una violación del derecho a la intimidad de la persona afectada, pues la protección de datos y el derecho a la intimidad, aunque tengan zonas comunes o tangentes, no son la misma cosa”.

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