Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo cita a declarar como investigado al diputado Alberto Rodríguez por un presunto delito de atentado contra la autoridad

Mié, 01/20/2021 - 14:20

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha citado a declarar en calidad de investigado el próximo 28 de enero, a las 12.30 horas, al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez en la causa abierta contra él el pasado mes de septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y falta (o delito leve) de lesiones, una vez que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre el suplicatorio cursado por el alto tribunal para continuar el procedimiento contra el aforado. El magistrado Del Moral es el instructor de la causa.

Los hechos de la causa se refieren a unos incidentes ocurridos el 25 de enero de 2014 en una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz Tenerife). La Fiscalía y el instructor consideran que existen indicios de que durante esos incidentes Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía.

La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Alberto Rodríguez, lo que quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado y pasar a ser aforado ante el Supremo. El Juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al Supremo con los indicios de la actuación del parlamentario.

El instructor Antonio del Moral ofreció al diputado la posibilidad, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de declarar de forma voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, pero Rodríguez declinó la comparecencia, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juzgado de instrucción de La Laguna. Ante la existencia de indicios de delito, el instructor consideró imprescindible entonces pedir el suplicatorio para tomarle declaración.

El Tribunal Supremo rechaza la petición de Abogados Cristianos de suspender las restricciones de aforo en lugares de culto de Castilla y León

Mar, 01/19/2021 - 15:20

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado hoy no acceder a la adopción de la medida cautelarísima de suspensión, pedida por la Asociación de Abogados Cristianos, del acuerdo de la Junta de Castilla y León 3/2021, de 15 de enero, de restricción de aforo en lugares de culto religioso en el marco de las medidas contra el COVID19.

La Sala destaca que debe rechazarse una medida cautelar de suspensión instada antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo citado, y que se pide sea acordada sin escuchar las alegaciones la Junta de Castilla y León. Añade que, en su caso, una vez que se interponga un recurso contra el acuerdo, se podrá reiterar la petición de medida cautelar.

El Tribunal Supremo da diez días a la Junta de Castilla y León para las alegaciones contra la petición del Gobierno de suspender el acuerdo que adelanta el toque de queda a las 20 horas

Mar, 01/19/2021 - 15:00

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto hoy una pieza separada para tramitar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para suspender el acuerdo de la Junta de Castilla y León que adelanta a las 20 horas el inicio del toque de queda, como medida de prevención contra la propagación de la COVID.

En una providencia, la Sala da un plazo de 10 dias a la Junta de Castilla y León, como autora del acuerdo recurrido, para que plantee alegaciones contra la medida cautelar de suspensión solicitada. Tras recibir las alegaciones, el tribunal decidirá lo procedente sobre la medida cautelar. El magistrado ponente del recurso es Rafael Toledano.

El Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, cuya suspensión insta el Gobierno, fijó a las 20 horas como hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno dentro de las medidas para frenar la propagación de la COVID. El Gobierno ha pedido que quede en suspenso cuatelarmente mientras se tramita el recurso que han planteado contra dicho acuerdo.

El Tribunal Supremo unifica doctrina en materia de licenciamiento y refundición de condenas

Mar, 01/19/2021 - 13:00

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, con ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, que unifica doctrina en materia de licenciamiento y refundición de condenas. La doctrina acordada señala:

“El licenciamiento acordado en una ejecutoria no debe impedir, per se, su inclusión en un proyecto de refundición de condenas del art. 193.2 RP para su ejecución unificada con otras responsabilidades. Aunque lo procedente es que la anulación del licenciamiento se haga por el sentenciador que lo acordó, ello no sería obstáculo para que el juez de vigilancia, a los solos efectos de ejecución unificada, acordase su inclusión en el proyecto de refundición.

Así, podrán incluirse en la refundición:

a) la sentencia firme ya existente cuando se produjo el licenciamiento indebido por otra responsabilidad, se haya acordado o no la revocación de dicho licenciamiento.

b) la sentencia dictada después del licenciamiento correctamente acordado, si el penado ha continuado en prisión como preventivo basta la firmeza de la nueva resolución, siempre que aquélla se refiera a hechos anteriores al ingreso en prisión.

En los supuestos en que el licenciamiento supone la salida de prisión, estando pendiente el juicio o el recurso contra la sentencia por otra causa por la que se produce luego el reingreso, además de ser improcedente la revocación del licenciamiento, también lo es la refundición de condena conforme al art. 193.2 RP, por no haber en ese momento condenas a enlazar ni concurrir el presupuesto excepcional de mantenimiento de la relación de sujeción especial que justifica la interpretación extensiva del precepto realizada en el párrafo anterior”.

En el asunto concreto resuelto en la sentencia, el Supremo desestima los recursos de dos hijos de José María Ruiz-Mateos y se rechaza la refundición de dos condenas que les afectan porque la segunda sentencia fue firme después de hacer obtenido el licenciamiento definitivo y excarcelación de la primera.

 

El Tribunal Supremo confirma la prohibición del Banco de España de exigir a sus trabajadores entregar su declaración del IRPF en el Código de Conducta

Lun, 01/18/2021 - 16:00

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de un párrafo del artículo 8.2 de la Ordenanza del Banco de España que obliga a sus trabajadores a entregar la declaración del IRPF en procesos de verificación de operaciones financieras privadas, al considerar que esta exigencia vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal.

La Sala afirma que la declaración del IRPF permite conocer “no únicamente los datos económicos del afectado, sino todo un haz de datos que aparecen en la misma como pueden ser los referentes a su religión, pertenencia o no a un sindicato, ideas …, datos que, a tenor de la LOPDP 15/1999, de 13 de diciembre, aplicable por razones cronológicas, son datos especialmente protegidos”.

El tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Banco de España y la Federación de Servicios de Comisiones Obreras –CCOO Servicios- contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad de un párrafo del artículo 8.2 de la Ordenanza 9/2017, que desarrolla el Código de Conducta para el personal del Banco de España.

El párrafo anulado establece que la Unidad de Cumplimiento Interno del Banco de España podrá solicitar a los empleados una copia de las declaraciones del IRPF o datos fiscales para comprobar la concordancia con la información previamente comunicada.

La Sala rechaza la alegación del Banco de España relativa a que no es necesario el consentimiento del trabajador cuando se ejerce una facultad empresarial. Añade que las facultades del empresario de control de la actividad de sus trabajadores “no son omnímodas, tienen el límite de que en su ejercicio se ha de respetar la dignidad del trabajador”. Sobre esta misma cuestión, afirma que el poder de dirección que el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores otorga al empresario “no justifica “per se” que no haya de recabarse el consentimiento de la persona trabajadora en determinados supuestos”.

También asegura que las Orientaciones del BCE 2015/855 y 2015/856, artículos 5 y 3.3 imponen a los bancos centrales del Eurosistema obligaciones de supervisión del cumplimiento de las normas contenidas en la Orientación y comprobaciones de su cumplimiento, bien de forma periódica o ad hoc, pero no establecen con carácter general el que el Banco pueda reclamar a cualquiera de sus empleados sus declaraciones de IRPF o sus datos fiscales.

Así, precisa que lo que se impone es una obligación de supervisión, pero no la forma en la que la misma ha de llevarse a cabo, quedando a la decisión del Banco de España la forma de realizar la supervisión y comprobación del cumplimiento de las normas de la Orientación. Por último, considera que la medida exigida por el Banco de España no supera el triple juicio constitucionalmente exigido de ser idónea, necesaria y proporcionada.

En definitiva, -concluye la Sala- “no existiendo habilitación legal para que el Banco de España pueda solicitar a sus empleados sus declaraciones de IRPF de hasta cuatro ejercicios, ni mediando consentimiento de los interesados, la disposición contenida en el artículo 8.2 de la Ordenanza 9/2017 vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal”.

Por otro lado, el tribunal rechaza que la autorización previa exigida por el Banco de España a sus trabajadores para realizar determinadas actividades extralaborales –dirigir cursos, conferencias, creación literaria, participación en coloquios, programas- cuando versen sobre situaciones financieras, bancarias u otras relacionadas con las funciones de la entidad; concesión de entrevistas o suministro de informaciones o valoraciones relacionadas con el trabajo vulnere el derecho a la intimidad, al honor y a la libertad de expresión e información, como sostiene CCOO Servicios en su recurso.

 

El Tribunal Supremo confirma la pena de dos años de prisión para un mando de la Ertzaintza por la muerte de un aficionado de fútbol alcanzado por una pelota de goma

Lun, 01/18/2021 - 14:10

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de prisión y 4 de inhabilitación por homicidio por imprudencia omisiva grave para un ertzaina por la muerte el 9 de abril de 2012 de un aficionado del Athletic de Bilbao. La víctima falleció como consecuencia de un impacto en la cabeza de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza tras el partido de fútbol celebrado en el Campo de San Mamés entre el Athletic y el Schalke 04.

La Sala rechaza los recursos presentados tanto por el oficial de la Ertzaintza condenado, que era el oficial de más rango al mando del operativo policial, como por los padres de la víctima, como acusación particular, y confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que absolvió a otros 5 agentes juzgados tras no haberse logrado probar quién fue el ertzaina que realizó el letal disparo.

El Tribunal Supremo condena a 29 años de prisión a un hombre que acosó y mató a su expareja en Vigo en 2016

Jue, 01/14/2021 - 17:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 29 años y cuatro meses de prisión a un hombre por acosar y matar a puñaladas a su expareja en el portal de su casa en Vigo en 2016, cuando regresaba de la cena de Navidad de la empresa a la que habían asistido ambos. El tribunal confirma que cometió delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento, delito de acoso, y delito de vulneración de su intimidad.

El Supremo únicamente corrige al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y al tribunal del jurado de la Audiencia de Pontevedra, en la apreciación de la agravante de discriminación por motivos de género en el delito de asesinato, que explica que no es posible en el caso porque el jurado, según recoge el acta del veredicto, rechazó por 6 votos a 3 que el hombre causase la muerte a la víctima “con el deseo de dejar patente su sentimiento de superioridad sobre ella, por el hecho de ser esta una mujer”.

Por ello, reduce de 25 a 24 años de prisión la condena por el asesinato, manteniendo el resto de condenas, con lo que la pena total pasa a ser de 29 años y 4 meses. El Supremo desestima los otros 20 motivos del recurso del acusado, incluida la impugnación que hizo de haberse producido ensañamiento. Así, recuerda que la perito que intervino en el juicio destacó en su informe, entre otras cuestiones, que la mujer recibió las 28 puñaladas del agresor mientras estaba viva, ya que las lesiones presentaban un fenómeno que solo se produce en vida como es la coagulación.

Para establecer la pena de 24 años de cárcel, el Supremo destaca los elementos expresivos de la gravedad del hecho “como encontrarnos ante una muerte absurdamente gratuita y la especial perversidad en la causación de la muerte, más allá de la requerida para el ensañamiento (28 heridas corto punzantes, las iniciales sin intención ni potencialidad mortal; para concluir con 21 en la mama izquierda, alcanzando 12 el corazón, que fue atravesado en 6 ocasiones; todas cuando aún continuaba viva)”.

 

El Tribunal Supremo confirma la sentencia que declaró la nulidad de la venta de las obras del Monasterio Sijena a la Generalitat y al Museu Nacional de Catalunya

Jue, 01/14/2021 - 14:17

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por la Generalitat de Cataluña, el Museu Nacional D´Art de Catalunya y el Consorci del Museu de Lleida contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca que declaró la nulidad de las ventas de objetos artísticos procedentes del Monasterio de Sijena a la Generalitat de Cataluña y al Museu Nacional.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal Supremo rechaza los recursos de dos ONGs contra el acuerdo de Gobierno de 2019 sobre el Fondo de Contingencia para financiar la lucha contra la inmigración ilegal desde Marruecos

Vie, 01/08/2021 - 14:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisibilidad, por falta de legitimación, del recurso planteado por las ONGs Acces Info Europe y Andalucía Acoge, así como por un particular, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19 de julio de 2019, por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 30 millones de euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio del Interior por la citada cuantía, con el objeto de contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos.

El Supremo recuerda en su sentencia que el interés base de la legitimación para presentar un recurso de este tipo es, con arreglo a la doctrina constitucional, “un interés en sentido propio, cualificado o específico, de tal forma que la anulación del acto produzca de modo inmediato un efecto positivo (obtener un beneficio) o negativo (evitar un perjuicio), actual o futuro pero cierto, y presupone, por tanto, que la actuación administrativa que se impugna repercuta, directa o indirectamente, de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente en hipótesis, en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación”.

Con esos parámetros, y en cuanto a las ONGs recurrentes, el alto tribunal explica que no se ha acreditado el interés singular o especifico “pues no se acredita de forma suficiente en qué medida la anulación del Fondo de Contingencia, que tiene por objeto la cooperación con las autoridades marroquíes para frenar la migración irregular pueda implicar un beneficio o ventaja para dichas entidades, que lo que denuncian es, repetimos, el desajuste del Fondo de Contingencia al principio de legalidad presupuestaria y la actuación del Gobierno respecto a la decisión del Parlamento”.

Destaca que tampoco cabe reconocer legitimación al ciudadano particular recurrente “en su condición de «contribuyente» y en su interés en que el Fondo se ajuste al principio de excepcionalidad y a los artículos 50 y ss de la LGP, pues eso sería tanto como reconocer un mero interés en la legalidad, que ya hemos dicho, no se reconoce en este ámbito. Entender lo contrario sería propiciar una acción pública no prevista en el ordenamiento jurídico, ni en ninguno de los preceptos invocados por el recurrente para impugnar la actuación del Consejo de Ministros con sustento en la quiebra de las previsiones de la Ley General presupuestaria. En fin, no se acredita, un interés suficiente y distinto del de cualquier persona por la legalidad, de modo que no cabe reconocer legitimación al aludido Sr”.

El Tribunal Supremo desestima la suspensión cautelarísima del 'Procedimiento de Actuación contra la desinformación' aprobado por el Gobierno

Lun, 01/04/2021 - 13:00

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado, al no apreciar las circunstancias de especial urgencia necesarias, la medida cautelarísima de suspensión del ‘Procedimiento de Actuación contra la desinformación’, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, Comisión Delegada del Gobierno, en su reunión de 6 de octubre de 2020 y publicado como anexo a la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. La medida cautelarísima fue pedida por Confilegal Editorial S.L.

El tribunal acuerda tramitar la medida cautelar como ordinaria, donde, a diferencia de la medida cuatelarísima, se da un plazo a la parte recurrida para plantear alegaciones a la petición de suspensión.

El Supremo señala que no cabe apreciar las especiales razones de urgencia que aduce la parte recurrente y que son presupuesto indispensable para la resolución sobre medidas cautelares “inaudita parte” (sin escuchar a la parte recurrida, en este caso, la Abogacía del Estado).

El auto llama la atención, en primer lugar, sobre el hecho de que la actuación objeto de impugnación fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 5 de noviembre de 2020 mientras que los recurrentes no han interpuesto su recurso hasta el 30 de diciembre de 2020, “lo que contrasta con las razones de especial urgencia que sucintamente se mencionan en el escrito de interposición”.

Y por otra parte, la Sala indica que la actuación objeto de impugnación no crea una situación irreversible que exija decidir ahora sobre las pretensiones cautelares presentadas, las cuales pueden ser examinadas y resueltas en el breve margen de tiempo previsto en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción (que regula la medida cautelar ordinaria). “Por tanto, no se producirán perjuicios irreparables para la entidad recurrente, si debieran prosperar sus razones”, indica el Supremo.

El Tribunal Supremo modifica su doctrina en materia de subcontratación y rechaza la limitación temporal de los contratos por obra o servicio determinado

Jue, 12/24/2020 - 12:00

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha modificado su doctrina y rechazado la limitación temporal de los contratos de trabajo en atención a los contratos mercantiles de las empresas. 

Desde finales de los años 90, la jurisprudencia había venido admitiendo que el contrato por obra o servicio determinado pueda ajustar su duración a la de la contrata.

Este criterio es abandonado por la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Mª Lourdes Arastey Sahún, adoptada por unanimidad por el pleno de la Sala del pasado 15 de diciembre.

La Sala señala que quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos y, por tanto, resulta ilógico sostener que el grueso de aquella actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato para obra o servicio debe atender. La sentencia declara que resulta difícil seguir manteniendo que la empresa pueda apoyar la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales.

Añade la sentencia que la automatización de esta contratación temporal, por el mero mecanismo del tipo de actividad, puede llevar a situaciones de puesta en peligro de las garantías buscadas por el Derecho de la Unión Europea.

Finalmente, recuerda que el legislador ha diseñado otros instrumentos para atender la variabilidad de las necesidades de la empresa y adoptar decisiones sobre la dimensión de la plantilla.

El Tribunal Supremo confirma la condena de 67 años de prisión a un hombre por corromper a más de treinta menores y abusar sexualmente de otras cuatro en Castellón

Mié, 12/23/2020 - 13:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 67 años de prisión por 32 delitos de corrupción de menores, 4 delitos de abuso sexual a menores y 1 delito de exhibicionismo y provocación sexual a un hombre que contactó a través de internet con más de 30 niñas a las que ofreció mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Cuatro de ellas aceptaron su ofrecimiento.

La Sala ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que le impuso la citada pena de prisión al considerar probado que, con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, contactó a través de una cuenta en ‘Tuenti’ con unas 365 chicas menores de edad a las que ofreció dinero, regalos u otras prebendas a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

Según el relato de hechos probados, el condenado, con perfiles falsos o pseudónimos, concretó citas con más de 30 niñas, aunque la mayoría de ellas no acudieron al encuentro. A algunas de ellas les pidió, además, que le enviaran fotos sin ropa y a una le envío una foto de contenido sexual. De las menores con las que concertó citas, llegó a quedar con cuatro, de entre 14 y 16 años, con las que mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero –ente 30 y 100 euros- o regalos como ropa o teléfonos móviles. La sentencia recurrida estimó probado que estas menores no podían prestar consentimiento válido, pues no eran conscientes de las consecuencias que se derivaban de sus actos, y eran especialmente vulnerables atendidas sus circunstancias personales.

La Sala rechaza el motivo en que el condenado alegaba la falta de credibilidad de las jóvenes, la escasa trascendencia que muchas de ellas atribuyeron a los mensajes, así como la existencia de alguna contradicción; la imposibilidad de que conociera la edad real de las menores con las que no tuvo contacto físico; y en cuanto con las que tuvo contacto, que resulta acreditado que no medió violencia, coacción o intimidación alguna, ya que las relaciones fueron de forma libre y consentida e incluso eran las menores las que establecían día, hora y lugar.

El tribunal afirma que el testimonio de las víctimas narra, con pequeñas variaciones, un patrón de conducta común en el acusado. Todas ellas –según la sentencia- reiteraron las declaraciones prestadas en fase de instrucción, donde declararon que en 2013, por medio de la red social Tuenti en la que tenían cuenta, tras la aceptación de la petición de amistad, éste les propuso, a cambio de dinero, invitaciones o compra de ropa etc, que le enviasen fotos en las que apareciesen desnudas, o que quedasen con él para mantener relaciones sexuales. Para la Sala no cabe duda de que el acusado conocía y aceptaba que realizaba sus propuestas de mantener relaciones sexuales por precio a menores de edad.

Por otro lado, la Sala señala que “resulta patente el interés del acusado, hacia perfiles de esas edades, pues de otro modo, no es posible de manera inintencionada coincidir con todas las menores de edad citadas en los hechos probados, de las cuales, cuando menos, además de las tres que contaban con doce años, cuatro más no pasaban de catorce años; sino que por contra, manifiesta una deliberada búsqueda de perfiles de muy corta edad”.

El tribunal rechaza también la alegación relativa a que Tuenti vulneró el secreto a las comunicaciones y a la intimidad personal sin control judicial alguno; pues carecía de habilitación (de amparo legal) para entrar a revisar los chats privados del condenado que entiende han servido como prueba esencial de cargo contra él.

En su sentencia, explica que la inspección del contenido de las comunicaciones, realizada por la red social respecto de las conversaciones de un usuario de su webchat, no conlleva quebranto de derecho fundamental si media consentimiento de este usuario para la finalidad que del acceso y ulterior cesión o transferencia de los datos.

En cuanto a la normativa sectorial de protección de datos y su proyección sobre las comunicaciones electrónicas, el estado entonces de la tecnología y las peculiaridades del servicio prestado por la red social Tuenti tampoco impedía el examen del contenido que el usuario hiciera llegar por cualquier medio a la web y si se detectase ilícito, fuera transferido a las autoridades policiales y judiciales, en caso de haber prestado los usuarios concernidos consentimiento a ello, de manera libre, específica, informada e inequívoca.

“En definitiva, si Tuenti podía establecer filtros, hacer lo posible para vigilar la legalidad de los contenidos y si detectase o incluso si sospechara que estos eran delictivos, no solo podía colaborar, sino incluso que la propia red lo pondría (o podía ponerlo) en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, la interpretación realizada en la sentencia recurrida, es plausible”, subraya la sentencia.

El consentimiento a esos términos de uso, según la Sala, se prestó conforme al método expresamente previsto en la Directiva 2002/58/CE de privacidad por todos los usuarios afectados, al ser requisito para adquirir esa condición.

Asimismo, aclara que “no se trata de una injerencia en la intimidad del recurrente con base jurídica en una investigación delictiva por las autoridades policiales o judiciales, sino derivada y sustentada en el propio consentimiento de los usuarios interesados; el acusado prestó su consentimiento de manera libre, específica e informada (a la vigilancia de los contenidos que comunicase a través de la totalidad de la plataforma Tuenti, así como que, si fueren ilícitos y eran detectados o incluso se sospechara que lo fuesen, transferirlo a las autoridades policiales y judiciales), de modo inequívoco, al clicar la aceptación de las condiciones de uso en la web”.

De igual modo afirma que las destinatarias de sus mensajes, que al margen de que igualmente aceptaron esas condiciones de uso, a través de su personación y/o manifestaciones en el procedimiento, narran el contenido de mensajes ‘propios’ sin estar constreñidas por el secreto de comunicación.

El Tribunal Supremo confirma la condena a una publicación por vulnerar el derecho al honor y a la propia imagen de un extorero

Mar, 12/22/2020 - 16:00

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado que la revista Mongolia tendrá que indemnizar con 40.000 euros a un extorero por vulnerar su derecho al honor y a la propia imagen al divulgar con fines publicitarios un fotomontaje con el que se hizo “escarnio” del extorero.

La Sala ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Editorial Mong S. L., propietaria de la revista humorística, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que al igual que la dictada por un juzgado de Alcobendas, declaró la vulneración de dicho derecho y le impuso el pago de una indemnización de 40.000 euros por daños y perjuicios.

Según los hechos probados, con la finalidad de publicitar un espectáculo musical que se iba a celebrar la noche del sábado 12 de noviembre de 2016 en la ciudad de Cartagena (Murcia), la entidad Editorial Mong S.L. (EM) elaboró y autorizó la difusión de un cartel titulado «Mongolia Musical 2.0».

Este cartel mostraba un fotomontaje con la cara del exmatador de toros y el cuerpo de un extraterrestre sosteniendo entre sus manos un cartel con el texto «antes riojanos que murcianos» y diciendo «Estamos tan a gustito…». Todo ello sobre un fondo en el que se veía un platillo volante en un paisaje aparentemente no terráqueo y acompañado de la leyenda «Viernes de Dolores…sábados de resaca». En ningún momento el extorero autorizó el uso de su imagen para tal fin, según los hechos probados. El cartel se difundió ampliamente, tanto en soporte material -varios fueron colocados en las zonas más frecuentadas del centro de Cartagena-, como en soporte digital -mediante su publicación en la página web de la revista (www.revistamongolia.com) y en sus cuentas en las redes sociales «Facebook» y «Twitter»-. Por esta campaña la editorial obtuvo en torno a 1.000 euros mensuales de beneficios.

En cuanto a la intromisión ilegítima en la propia imagen del demandante, la Sala afirma que resulta patente ante la probada utilización de su imagen para un fin publicitario sin haber obtenido previamente su consentimiento para tal fin. En este sentido, explica que la supuesta intención crítica alegada por la recurrente “no se refleja en el cartel enjuiciado, pues la composición fotográfica en la que se pretendía centrar la atención del público no se integraba en ningún artículo informativo o de opinión sobre el demandante (esto es, dirigido a comunicar hechos veraces de interés general sobre su persona o a expresar valoraciones subjetivas o juicios de valor en torno a su persona o comportamiento) sino que, como declaran las sentencias de las dos instancias, se usó única y exclusivamente para publicitar un espectáculo musical y, por lo tanto, como mero reclamo para vender entradas y buscando el beneficio económico de EM”.

Añade que dadas las características del fotomontaje y los textos que lo acompañaban, la publicación del cartel enjuiciado constituyó además una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, “lo que aumenta el desvalor de la conducta enjuiciada, pues se hizo escarnio del demandante, en su día figura del toreo, mediante la propia composición fotográfica y unos textos que, integrados en el cartel, centraban la atención del espectador en la adicción del demandante a las bebidas alcohólicas, reviviendo así un episodio de su vida por el que ya había cumplido condena, y en definitiva atentando contra su dignidad”.

A este respecto, la Sala recuerda que, según el inciso segundo del art. 25.2 de la Constitución, «el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria», de tal forma que la condena penal, sea cual sea la pena impuesta y aunque se trate de penas privativas de libertad, no priva al condenado de sus derechos fundamentales, en particular del derecho a la dignidad (art. 10 de la Constitución) «que constituye no solo la base del derecho fundamental al honor, sino también, como recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de marzo de 2018, caso Stern Taulats y Roura Capellera contra España , el fundamento de una sociedad democrática y plural» (sentencia 290/2020, de 11 de junio).

La sentencia, ponencia del presidente de la Sala, Francisco Marín Castán, rechaza que la cuantía de la indemnización -40.000 euros- sea desproporcionada, como alega la recurrente. Sobre esta cuestión, señala que no puede prosperar en casación una pretensión de revisión únicamente sustentada en apreciaciones particulares de la parte recurrente que no se compadecen con los hechos probados y que soslayan interesadamente que si el tribunal sentenciador hizo suya la cuantía fijada por la sentencia de primera instancia fue únicamente tras concluir que en su fijación se habían respetado los parámetros legales, valorándose adecuadamente todas las circunstancias del caso, incluido el contexto en que se llevó a cabo la difusión de los carteles, y la efectiva gravedad de la lesión producida.

Agrega que además de ser dos los derechos fundamentales vulnerados, se tomó en especial consideración para valorar la entidad del daño la importante difusión de los carteles, que no solo se distribuyeron físicamente por las calles del centro de la ciudad natal del extorero, en coherencia con su finalidad publicitaria en las zonas más concurridas, sino que también se difundieron ampliamente por Internet, tanto a través de la propia página web de la revista, con un público potencial reconocido por los propios gestores de la misma de unas 300.000 personas, como en redes sociales tan conocidas y de tanta repercusión como Facebook o Twitter.

Por otra parte, considera que la circunstancia de que el demandante hubiera dejado de residir en Cartagena desde mucho tiempo atrás no podía borrar su vinculación con una ciudad a la que se le asocia como figura del toreo que fue y por sus lazos familiares.

 

El Tribunal Supremo reconoce el derecho del personal investigador temporal de universidades públicas de Madrid a solicitar la evaluación de méritos de su actividad docente

Mar, 12/22/2020 - 10:00

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado que el personal investigador laboral temporal tiene derecho a solicitar la evaluación de méritos de su actividad docente ante la universidad en la que presta sus servicios en los mismos términos que el personal investigador laboral permanente o indefinido siempre y cuando concurra el elemento temporal exigido en las normas de desarrollo del referido complemento.

La Sala desestima los recursos de casación interpuestos por las seis universidades públicas de Madrid –Universidad Autónoma, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III, Universidad Politécnica, Universidad Complutense y Universidad de Alcalá- contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó parcialmente las demandas de conflicto colectivo presentadas por la Federación Regional de Enseñanza de CCOO y FeSP-UGT. Las universidades alegaban en sus recursos que el reconocimiento del citado derecho les originaría perjuicios al derivarse a determinados colectivos expectativas económicas que no están reguladas normativamente.

La Sala explica que la desigualdad invocada por los demandantes se produce al no tener acceso el personal temporal a solicitar la evaluación de su actividad investigadora. En este sentido, señala que lo que reclaman es el derecho a poder solicitar la evaluación, sin que para valorar la existencia o no del derecho exista criterio objetivo alguno que diferencie a los dos colectivos. Esta desigualdad, según la sentencia, está proscrita en el artículo 4 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE, y el CEEP sobre trabajo de duración determinada, de 18 de marzo 1999.

Asimismo, la Sala considera que dicha desigualdad también es contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclama la igualdad en todos los ámbitos, quedando al margen cualquier significación de trato desigual respecto a los contratados temporales.

El Tribunal Supremo confirma la pena de prisión permanente revisable para una mujer que mató a hija de nueve años en Bilbao

Lun, 12/21/2020 - 15:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión permanente revisable para una mujer que mató a su hija de 9 años al intoxicarla con medicamentos y asfixiarla con una almohada en su vivienda de Bilbao.

La Sala desestima el recurso de casación planteado por la condenada contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirmó la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Vizcaya.

El tribunal afirma que la prueba que acredita que la madre suministró a la menor una gran cantidad de medicamentos y trató posteriormente de asfixiarla con una almohada, produciéndose como consecuencia de estas acciones la muerte de la niña, “es una cuestión que no ofrece duda alguna en atención a los informes periciales y al propio reconocimiento de la madre, que escribió un escrito auto inculpatorio, reconociendo esos hechos”.

El tribunal indica que la condena se basó en pruebas de cargo suficientes y sólidas, como la declaración de la propia madre, el hecho de que ésta estaba con la niña en la vivienda, el suministro de las medicinas que almacenaba la madre, la maniobra asfíxtica realizada para terminar de dar muerte a la niña y los informes médicos acreditativos de la causa de la muerte. “El hecho de que la acusada haya tratado de justificar su conducta mediante una versión inverosímil como lo es la afirmación de que en la vivienda entró un varón y la obligó a dar muerte a su hija en la forma descrita no es suficiente para dudar de la racionalidad y consistencia de la valoración probatoria realizada por el tribunal del jurado y ratificada y explicada con coherencia, no sólo en la sentencia de instancia, sino también en la sentencia de apelación”, subraya la Sala.

Del mismo modo, rechaza el motivo en que se alega vulneración del principio non bis in ídem y señala que el hecho debe ser calificado como un delito de asesinato agravado. En este sentido destaca que la autora utilizó un mecanismo homicida que impedía toda capacidad de reacción de la víctima, de ahí que la forma de dar muerte haya sido calificada acertadamente como alevosa y como asesinato. Asimismo, añade que junto al medio alevoso empleado, que cualifica el hecho como asesinato, concurre, además, la edad de la víctima, lo que justifica la aplicación del asesinato agravado.

En cuanto a la confesión de la víctima, la Sala considera que no fue completa y veraz ya que, si bien reconoció haber suministrado los fármacos, no asumió su culpabilidad al ofrecer una versión alternativa y exculpatoria, afirmando que los había suministrado por la coacción sufrida de un varón no identificado, aportando una nota manuscrita para justificar su alegato.

Por otra parte, señala que no puede desconocerse que el hecho de que la acusada reconociera desde el primer momento (cuando estaba ingresada en el hospital) ser la autora material de la acción ha facilitado en cierta medida la investigación, pero no puede afirmarse que el reconocimiento de los hechos haya sido una aportación relevante, dado que se hizo cuando las evidencias de la autoría material eran inequívocas, lo que llevó al Jurado a declarar probado que su confesión para la resolución del caso fue “poco relevante”.

En este sentido, la Sala precisa que “resulta muy cuestionable que una confesión escasamente relevante e incompleta pueda ser suficiente siquiera para la apreciación de la atenuante ordinaria pero, desde luego, lo que no debe rechazarse de modo tajante es la posibilidad de que esa atenuación pueda ser apreciada como muy cualificada”.

El Tribunal Supremo declara nula la liquidación del impuesto municipal de plusvalía cuando la cuota coincida con el incremento de valor de los terrenos

Lun, 12/21/2020 - 14:25

En una reciente sentencia de 9 de diciembre de 2020, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado una liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por considerar confiscatoria una cuota del tributo que absorbe completamente la riqueza gravable, esto es, que coincide en su integridad con la plusvalía puesta de manifiesto con ocasión de la transmisión del bien inmueble urbano.

La resolución aplica la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019 que había señalado que el precepto correspondiente de la Ley de Haciendas Locales era inconstitucional (por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad, uno y otra consagrados en el art. 31.1 de la Constitución), en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar por el impuesto es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente.

En el caso analizado ahora por la Sala, ante un incremento de valor probado de 17.473,71 euros (diferencia entre el precio de adquisición y el de enajenación), el ayuntamiento giró al contribuyente una plusvalía de 76.847,76 euros (resultado de aplicar estrictamente el precepto previsto en la Ley de Hacienda Locales que atiende al valor catastral en el momento de la transmisión y a ciertos coeficientes en atención al período de tiempo en el que el inmueble estuvo en poder del transmitente).

Y aunque una aplicación literal de la sentencia del Tribunal Constitucional hubiera llevado a ajustar la cuota al incremento real (y reducirla a la suma de 17.473,71, coincidente con la cantidad en la que dicho incremento consistió) señala el Tribunal Supremo que “una situación como la descrita resulta contraria también a los principios de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad que prevé el artículo 31.1 de la Constitución”, de manera que “un resultado de esa naturaleza ha de reputarse, asimismo, escasamente respetuoso con las exigencias de la justicia tributaria a la que se refiere el propio precepto constitucional”.

Se coloca, así, el Tribunal ante la tesitura de definir las consecuencias que han de otorgarse a una liquidación tributaria que, aplicando un precepto legal que no puede calificarse de inconstitucional en la medida en que grava un incremento de valor constatado, establece una cuota confiscatoria al absorber la totalidad de la riqueza gravable, esto es, al obligar al contribuyente a destinar al pago del tributo toda la plusvalía puesta de manifiesto en la transmisión de la finca cuando tal plusvalía es el (único) indicador de capacidad económica previsto por el legislador para configurar el impuesto.

Y, al no ser el Tribunal Supremo el órgano llamado a determinar, y mucho menos a fijar de manera general, qué porcentaje de incremento de valor podría coincidir con la cuota tributaria para que no existiera la exageración, el exceso o la desproporción que aquí concurre, y al constatarse que el legislador lleva más de dos años sin acomodar el impuesto a las exigencias constitucionales, la sentencia declara la nulidad –por confiscatoria- de una liquidación tributaria que establece una cuota impositiva que coincide con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es, que absorbe la totalidad de la riqueza gravable.

El Tribunal Supremo fija que la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares debe equipararse a la de servicio activo

Lun, 12/21/2020 - 11:54

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que, en los concursos para la provisión de puestos de trabajo, la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares debe equipararse a la de servicio activo, con el fin de evitar que la carrera profesional de las personas que usen un permiso de este tipo se vea afectada negativamente por el ejercicio de dicho derecho.

El tribunal fija como doctrina que las previsiones del art. 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tienen efecto directo sin mediación de las correspondientes bases de la convocatoria imponiendo una valoración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares idéntica a la que se otorga a la situación de servicio activo.

En su sentencia, la Sala reconoce el derecho de una mujer a que se le compute como servicio activo los meses que estuvo en excedencia por cuidado de hijos en la relación de méritos de los funcionarios de la administración local con habilitación nacional de 2015.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anuló la resolución administrativa por la que se publicó la citada relación de méritos generales pero solo en la parte referida a los méritos de esta trabajadora.

La sentencia recurrida entendió que el tiempo de permanencia de la recurrente en la citada situación de excedencia debía entenderse como asimilada a la situación de activo, y desplegar los efectos oportunos en la valoración de los méritos generales, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 5/2015 y la Ley 10/2010 de Ordenación de la función pública valenciana.

Una conclusión que comparte el Tribunal Supremo, que en su sentencia, ponencia de la magistrada Celsa Pico, indica que todos los preceptos considerados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideran que debe valorarse el tiempo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares atendiendo a una variada denominación de la carrera profesional (promoción profesional, carrera, provisión de puestos de trabajo), lo que viene a equiparar la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares con la de servicio activo.

La Sala afirma que todas esas normas tienen otro punto en común, son posteriores a la Orden de 10 de agosto de 1994 que fija las normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Ello significa, según la sentencia, que dada su fecha de redacción, al fijar las normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a los referidos funcionarios, aquella norma de 1994 no tuvo en cuenta el objetivo de la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres fijado como política de la Unión Europea en sus Directivas 76/207/CEE y 2002/73/CE, antecedentes de la Ley Orgánica 3/2007, cuyos artículos deben integrarse con el precitado artículo 57.

Además, explica que son de superior rango, naturaleza de ley, incluyendo una de naturaleza orgánica, al desarrollar derechos fundamentales, artículo 81 de la Constitución española, como es la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres 3/2007, de 22 de marzo.

Por ello, afirma que tiene razón la Sala de instancia cuando arguye que la Orden de 10 de agosto de 1994, debe interpretarse en el contexto legislativo vigente que responde a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada (art. 3.1 C. Civil).

 

El Tribunal Supremo confirma el nombramiento de un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

Lun, 12/21/2020 - 11:20

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 13 de junio de 2019, por el que se nombró a Juan Manuel F.M. magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).  

En la sentencia, el Supremo analiza si, tras la jubilación del magistrado del TSJN Miguel Ángel Abárzuza, el nombramiento de Juan Manuel F.M., vinculado a la amortización de una de las plazas del turno de juristas autonómicos o forales, vulneró el ordenamiento jurídico y obstaculizó el derecho a formular una terna para que el Parlamento de Navarra pudiera participar en la propuesta de nombramiento de dos magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN.  

El Supremo concluye que, ante la discrepancia en el sistema y el número de los magistrados autonómicos entre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la ley de planta, la Comisión Permanente del CGPJ, al igual que en nombramientos precedentes en los Tribunales Superiores de Galicia, Cataluña y Baleares, aplicó las previsiones contenidas en la LOPJ reformada en 2003, es decir, la fijación de una por cada tres para la cobertura de las plazas por magistrado de procedencia autonómica.  

La planta de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN es de cinco incluido el presidente, motivo por el que, en atención al artículo 330.4 de la LOPJ, la vacante producida por la jubilación de Miguel Ángel Abárzuza se adjudicó entre miembros de la Carrera Judicial. En la fecha de la citada jubilación había dos magistrados del turno de juristas autonómicos, razón por la cual se procedió a regularizar la composición de la Sala con la proporción establecida en la LOPJ.  

El Tribunal Supremo inadmite las denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión del COVID y las remite al juzgado decano de Madrid

Vie, 12/18/2020 - 09:00

La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite de 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la COVID, al considerar que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.

El Supremo acuerda, no obstante, deducir testimonio de esas querellas y denuncias y remitirlas al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación. En especial, según explica el auto, esas investigaciones por los juzgados ordinarios deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.

Los magistrados señalan que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo.

En un auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena e integrada por los Magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro, se comienza precisando que su examen se ciñe exclusivamente a los hechos imputados a los aforados ante dicha Sala II mencionados en las denuncias y querellas: el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y el resto de ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, el Defensor del Pueblo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recuerda al respecto que el TS no es el órgano llamado ordinariamente a investigar hechos penales, sino sólo excepcionalmente a las personas aforadas, para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural.

El auto analiza pormenorizadamente cada uno de los delitos atribuidos en las querellas y denuncias, como el de homicidio y lesiones imprudentes; delito contra el derecho de los trabajadores; prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los hechos denunciados destacaban que se hubiese permitido las concentraciones masivas y manifestaciones como la del 8-M días antes de la declaración del estado de alarma, y que no se hubiesen facilitado a los profesionales sanitarios o de las fuerzas de Seguridad del Estado equipos de protección adecuados.

La Sala comienza advirtiendo que la calificación jurídico-penal de un hecho “no puede hacerse depender de la indignación colectiva por la tragedia en la que todavía nos encontramos inmersos, ni por el legítimo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas”. Y también aclara que “una resolución de archivo acordada por esta Sala no santifica actuaciones erróneas y de graves consecuencias sociales, aunque no tengan relevancia penal”. Sigue explicando que “sólo nos corresponde examinar la posible existencia de responsabilidad criminal y determinar si las querellas formuladas contienen elementos suficientes para concluir, al menos indiciariamente, que las personas aforadas podrían haber incurrido en alguna conducta tipificada en la ley como delito. En esa tarea la Sala tiene que aferrarse a principios sin cuya aplicación el derecho penal se distancia de sus fuentes legitimadoras. El principio de legalidad y la consecuente exigencia de taxatividad en la definición de los tipos penales operan como límites infranqueables en la aplicación de la ley penal. No toda conducta socialmente reprobable tiene encaje en un precepto penal. Contemplar los tipos penales como contornos flexibles y adaptables coyunturalmente para dar respuesta a un sentir mayoritario supone traicionar las bases que definen el derecho penal propio de un sistema democrático”.

En relación a los delitos reprochados a los aforados en general, la Sala recuerda que la responsabilidad penal es estrictamente personal y que la imputación puede ser especialmente compleja cuando la supuesta acción delictiva tiene lugar en el marco de una organización o estructura compleja y jerarquizada, como ocurre en el caso presente, en que la práctica totalidad de los querellados forman parte de una estructura administrativa o jurisdiccional.

“Esta complejidad no exime, desde luego, de realizar el juicio de autoría cuando así quede acreditado. Pero, en ningún caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea. De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad”, indica.

Homicidio: relación de causalidad entre los hechos y el resultado mortal

Varias de las querellas y denuncias imputan al Presidente del Gobierno, vicepresidentes y ministros delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, amparándose en la inacción y mala gestión ante el COVID-19 que habría provocado, según los querellantes, gran número de fallecidos y lesionados.

El auto argumenta que se impone demostrar que entre las acciones u omisiones -infracción del deber- y el resultado mortal o lesivo existió una concreta, precisa e inequívoca relación de causalidad. Esta relación de causalidad, añade la Sala, no puede construirse en términos genéricos difusos.

“Para considerar a los querellados responsables de un delito de homicidio o de lesiones por imprudencia, no bastaría con acreditar que se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnico-sanitarios ya eran disponibles por el Gobierno. Ni siquiera sería suficiente con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios. Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva. En ausencia de un delito de riesgo que criminalice la desinformación que pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, sólo podría ser objeto de un proceso penal la investigación de esas conductas de ocultación si existe posibilidad de demostrar que entre esa desinformación y el resultado lesivo o mortal hubo una precisa relación de causalidad”, señala el auto.

Resalta que la afirmación de que uno u otro miembro del Gobierno es autor de tantos delitos de homicidio o lesiones como víctimas se han producido en la pandemia “exigiría acreditar en términos médicos que el contagio que desencadenó el daño en todas y cada una de las víctimas tuvo su origen inmediato en decisiones u omisiones gubernamentales que precipitaron el fatal desenlace. Sin embargo, el estado actual de la medicina no permite proclamar ese enlace causal entre la acción u omisión del Gobierno y el lugar o el momento de un contagio. Y, sobre todo, hacerlo de forma que se excluyan otras explicaciones alternativas con la certeza exigida para la afirmación de la autoría en derecho penal”.

Según el auto, “el análisis de la relación de causalidad en términos de imputación objetiva, superados modelos históricos ya abandonados, exigiría demostrar que cada uno de los querellados creó o intensificó el riesgo de que el resultado mortal o lesivo que se cernía sobre las víctimas llegara a hacerse realidad. Pero ese incremento del riesgo -que puede apreciarse sin dificultad en términos genéricos- es de prueba imposible cuando de lo que se trata es de enlazar causalmente la muerte de una persona con una concreta acción u omisión de cualquiera de los querellados”.

Por consiguiente, los magistrados indican que para sostener la autoría de cualquiera de los querellados por las muertes o graves secuelas sufridas por las víctimas, sería indispensable acreditar que, de haberse ejecutado la acción omitida, se habrían evitado los resultados lesivos y mortales. “En otras palabras, habría que demostrar que si no se hubiera ocultado información o se hubiera anticipado la decisión política del confinamiento, se habrían impedido los daños. Y desde las categorías jurídico-penales que está obligada a ponderar esta Sala, no nos basta con constatar en términos empíricos que unas decisiones de esa naturaleza podrían haber reducido la dramática estadística que está definiendo la tragedia. La imputación de actos homicidas o lesivos no puede construirse en términos estadísticos, sino estrictamente probatorios, ligados a la muerte o a las lesiones padecidas por cada una de las víctimas”.

Delitos contra los derechos de los trabajadores

Las querellas imputan también a los aforados los delitos contra los derechos de los trabajadores de los art 316 y 317 del Código Penal, por no haber facilitado a los integrantes de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y al personal sanitario, los medios y equipos de protección necesarios para el ejercicio de su actividad, poniendo así en grave riesgo su vida e integridad física. A diferencia de la imputación de delitos de homicidio que centraba la responsabilidad en el resultado, en este caso se trata de una conducta omisiva generadora de un riesgo para los trabajadores.

La Sala explica que el delito sanciona a los sujetos que están “legalmente obligados” a dispensar esa protección, y en el caso de la Administración pública es una organización compleja que se rige por los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

“Esa jerarquización puede conducir a la paradoja de que cuanto más relevante sea la capacidad de decisión, más lejano se encuentra el responsable respecto de las acciones u omisiones llevadas a cabo por los últimos eslabones de la cadena de mando (…) aquellos que ocupan el puesto más alto de la estructura jerárquica de la Administración, por este mero hecho, no pueden ser considerados responsables in integrum de todas y cada una de las conductas ejecutadas por otros y que han podido generar o incrementar el riesgo para la vida o la salud de los trabajadores o funcionarios. Su posición no les convierte en «garantes» de todas las actuaciones que tengan lugar en el ámbito de la Administración en el que ejerzan sus competencias. Ninguna interpretación de las normas reguladoras de su funcionamiento puede conducir a dicha conclusión, y, mucho menos, a la aplicación de un tipo penal, que no se puede amparar responsabilidades objetivas.”

La investigación de los juzgados deberá extenderse también, según expone el auto, al posible delito contra los derechos de los trabajadores, por la omisión de material de protección, o el servicio de material defectuoso, a policías, médicos y sanitarios.

Explica que, aunque las querellas no ponen de manifiesto indicios concretos que permitan conectar directamente a las personas aforadas con cada uno de los hechos generadores de su obligación de actuar, nada impide la apertura de una investigación jurisdiccional encaminada a determinar, en cada caso, “quién era la autoridad legalmente obligada a prestar lo medios indispensables para que los trabajadores desempeñaran su actividad conforma a las normas de seguridad“.

Se impone, indica el auto, un conocimiento previo de la estructura de los Ministerios, las Consejerías y los Centros de Salud -dirección y gerencia- para determinar el espacio funcional reservado por la ley a cada uno de ellos. “Sólo así se estará en condiciones de conocer, con los efectos penales que de ello pueden derivarse, sobre quién recaía, por su condición de garante, el deber de proporcionar esos instrumentos llamados a evitar el riesgo de contagio. Esa investigación permitirá también indagar, no ya la subsunción de las conductas imputadas en el tipo objetivo -la infracción del deber de actuar-, sino si las omisiones detectadas fueron el fruto de una conducta intencionada o negligente, colmando así las exigencias del tipo subjetivo”.

Deben investigarse las muertes en las residencias de la tercera edad

Respecto a las querellas que imputan responsabilidades por los fallecimientos en residencias de ancianos, la Sala indica que no es ajena a la gravedad de lo ocurrido en estos centros, aunque, en relación a la responsabilidad de los aforados, explica que no es suficiente la mera atribución competencial de la gestión al departamento, ministerio o consejería dirigido por uno de los querellados para imputarles por estos hechos. ”Es necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada, lo que exige la evaluación, aunque sea provisional, de las circunstancias concretas en la que estos resultados se produjeron”.

Pero la Sala acuerda enviar a los juzgados de Madrid las denuncias y querellas por los fallecimientos de ancianos en residencias para investigar los hechos. Concreta que en los juzgados ordinarios deberá esclarecerse si “esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquéllas son susceptibles de reproche penal. Habrá de indagarse también el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, debía haber sido, siempre y en todo caso, un acto médico. La instrucción deberá esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho”.

Reparación a las víctimas en otros órdenes

El auto destaca, en cualquier caso, que existen otras formas de reparación al alcance de las víctimas en otros órdenes jurisdiccionales, como son el contencioso-administrativo, donde son indemnizables los daños ligados al funcionamiento anormal de un servicio público, o el civil, por acciones u omisiones en que haya habido culpa o negligencia.

Estado de alarma

A lo largo del auto, el Supremo indica también que no es discutible que la entrada en vigor del Estado de alarma supuso la creación de un núcleo de poder que asumió el mando para la toma de decisiones exigidas por la pandemia. “Pero también debe quedar fuera de discusión la existencia de preceptos que reconocían parcelas de poder a otras autoridades autonómicas y locales para la «gestión ordinaria de los servicios”.

“La declaración del estado de alarma, como escenario constitucional de excepción, proyecta sus efectos jurídicos en muy distintos órdenes, pero no subvierte las premisas sobre las que descansa la responsabilidad penal. El ejercicio de las competencias asumidas en esa situación de excepcionalidad, incluso cuando implica la adopción de decisiones que ‘ex ante’ podían considerarse atinadas pero que ‘ex post’ se revelan ineficaces o contraproducentes, no convierte al responsable político en responsable penal. Afirmar lo contrario sólo puede contentar a quienes ven en el derecho penal un ciego e implacable instrumento retributivo, ajeno a los principios que legitiman el más grave reproche que puede hacer un Estado, el penal”.

Cese de Pérez de los Cobos

Algunas de las querellas se refieren al cese por el ministro del Interior del Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y del jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía, José Antonio Nieto González. Alegan que estos ceses estarían motivados, en el primer caso, por los deseos del gobierno de controlar la información que se remitía a un juzgado que estaba investigando hechos indiciariamente delictivos, y en el segundo, por la redacción de determinadas recomendaciones que se elevaron al Ministerio del Interior.

El tribunal considera que no se aporta sospecha fundada de responsabilidad que justifique la apertura de una causa penal contra el único aforado ante la Sala, o sea el ministro. El auto explica que no se detecta la existencia de un delito de prevaricación del ministro del Interior que exigiría una decisión administrativa injusta y afirma que en este caso no hay resolución del aforado, ni indicio de que la actuación del Secretario de Estado respondiera a indicaciones de aquél.

Tampoco detecta la existencia de un delito de falsedad. “El cese se asentó en la falta de confianza, que la querella no dice que sea irreal. Sólo indica que es insuficiente para cesarle, por las razones que propiciaron esa falta de confianza. Ni la falta de confianza es irreal, ni siquiera en el expediente se alteró su génesis”, dejando constancia la Secretaria de Estado de que derivaba de no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil.

En cuanto a un delito de obstrucción a la Justicia por el mismo asunto, señala que los hechos narrados no pretendían ninguna alteración de prueba de las que el precepto recoge. La Sala considera que la preparación de la declaración del inculpado no está en el ámbito de protección del artículo 464.1 del Código Penal, sin que pueda afirmarse tampoco, ni siquiera en el plano indiciario, que los hechos podrían obedecer a una represalia, que sí tiene cabida en el artículo 464.2 del Código Penal, por una actuación en un procedimiento judicial.

También descarta la existencia de un delito contra las instituciones del Estado, ya que nadie se arrogó atribuciones judiciales, ni impidió la ejecución de una resolución dictada por la autoridad judicial.

El Tribunal Supremo confirma la condena a quince años de prisión a un padre que agredió sexualmente a su hija durante cinco años

Jue, 12/17/2020 - 12:45

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla a la pena de 15 años de prisión de un delito continuado de agresión sexual a menor a un padre que, según el relato de hechos probados, agredió sexualmente a su hija hasta los diez/once años de edad, siendo desestimado el recurso que se interpuso ante el TSJ de Andalucía.

El Tribunal ha estado integrado por los magistrados Julián Sánchez Melgar como Presidente. Miguel Colmenero, Eduardo de Porres y Angel Luis Hurtado, siendo ponente Vicente Magro.

Según consta en los hechos probados, desde que la menor tenía 5 años y a raíz de la separación y con motivo del régimen de visitas, “con ocasión de estos periodos de convivencia, el procesado, con ánimo libidinoso y aprovechando que estaban solos en la casa y normalmente cuando la menor estaba dormida en la misma cama, en numerosas ocasiones el procesado hizo a la menor objeto de tocamientos en la zona genital, en el pecho y los glúteos, por encima y por debajo de la ropa.”, para pasar, “cuando ya contaba con diez años se ponía encima, impidiéndole que se moviera, le bajaba las bragas y la penetraba vaginalmente pese a la oposición de la menor”.

La Sala concluye que existe prueba suficiente valorada por sendos tribunales para tener por enervada la presunción de inocencia, y que no puede dudarse la realidad de los hechos que ha sufrido la víctima durante largo tiempo y por su propio padre.

Asimismo, destaca que “la que podríamos denominar victimización familiar sexual en los delitos sexuales en los que son menores que viven con sus padres, o con la pareja de su padre en el mismo domicilio, o en régimen de alternancia en casos de padres separados o divorciados, conlleva una facilidad operativa delincuencial del sujeto activo del delito y la más completa indefensión de los menores de edad que sufren la delincuencia sexual de sus propios padres, o las parejas de sus madres; todo ello aderezado de amenazas, o golpes que sirven para atemorizar a los menores y que actúan como metodología que utilizan los autores de estos delitos para tratar de asegurarse la impunidad de sus execrables acciones sexuales sobre los menores”.

La sentencia explica que suele ser característica habitual en estos casos el silencio de los menores y la prolongación en el tiempo de las agresiones sexuales, que es lo que busca el autor de estos hechos delictivos. “Este silencio y su prolongación resulta evidente por el carácter coactivo psicológico de las amenazas y agresiones que perpetran los autores para conseguir la obstaculización de la decisión de la denuncia por parte de los menores, o de contárselo a sus madres lo que están sufriendo”.

La Sala afirma que en estudios realizados al respecto se calcula que aproximadamente un 80% de los abusos y agresiones sexuales a menores son cometidos dentro del círculo de confianza del menor, ya sea en el seno de su familia o por conocidos cercanos que tienen acceso al menor.

Añade que lo que se denomina conjugal daughters, utilizando a las menores que deben estar disponibles sexualmente para su padre, como parte de una expresión más compleja de violencia sexual, lo que agrava la victimización, como el suceso que consta en los hechos probados en donde el agresor le reprocha que va a terminar lo que no había podido hacer, provocando un sometimiento de la menor a sus propios deseos sexuales, tratando a su propia hija como si se tratara de un objeto sexual, y minusvalorándola como persona, y, lo que es peor, hasta como su propia hija.

Para la Sala, “lo grave de esta delincuencia sexual sobre los hijos por sus propios padres, es que éstos, en lugar de protegerlos y tutelarlos para evitar que un tercero les pueda causar un daño, son ellos los que lo causan, por lo que la menor comprueba que su propio padre, que es quien debería protegerle de los extraños, se acaba convirtiendo para la menor en algo más grave que un extraño y con la indefensión que le produce que no pueda recurrir a su padre para que le ayude porque es el agresor sexual, y ni a su propia madre porque el agresor suele amenazar con matarla a ella”.

En consecuencia, “la gravedad de estos casos es que el padre no puede proteger a su hija de los delincuentes sexuales por la razón de que el delincuente sexual es el propio padre, o pareja de su madre, y la menor no puede pedir ayuda, protección o tutela a su padre porque este es su agresor sexual.

El tribunal destaca la alta reprochabilidad penal de estos hechos, además de la reprochabilidad social de los mismos, y el daño que puede causar en el futuro a los menores que no son conscientes en ese instante de lo que está ocurriendo, pero que con el paso del tiempo, cuando perciban por su madurez la gravedad de lo que vivieron pueda afectar al desarrollo de la personalidad.

Asimismo, añade que el retraso en la denuncia que aquí se ha detectado en este caso es una razón de la prolongación en los actos delictivos sexuales del padre sobre la menor, ante las amenazas y coacciones psicológicas relatadas y que constan probadas, pese a la queja del recurrente, y resulta sumamente difícil llevar a cabo una detección de los signos de la existencia de estos abusos o agresiones sexuales.

“En este caso ha quedado evidenciado una conducta o modus operandi del agresor que permite aplicar las circunstancias fijadas en la condena y un vencimiento psicológico por medio de la que podríamos denominar coerción sexual ejercida por el padre sobre la menor por medio de la ascendencia que le produce su relación parental y la dificultad opositora de la menor a las exigencias sexuales de su propio padre.”, concluye la Sala.

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