Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo acepta la abstención del magistrado ponente del recurso de Joaquim Torra

Mié, 07/01/2020 - 13:20

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que tiene por aceptada la abstención presentada por el magistrado Miguel Colmenero como ponente del recurso de casación interpuesto por el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público a un año y medio de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, y al pago de una multa de 30.000 euros. El magistrado ponente solicitó apartarse del caso al haber sido designado miembro de la Junta Electoral Central.

En el marco de esta pieza de abstención, el Pleno de la Sala Segunda ha dictado otro auto en el que acuerda inadmitir a trámite la recusación planteada por Joaquim Torra contra once magistrados de esta Sala, a quienes correspondía resolver la petición de abstención.

En su auto, afirma que la recusación es “extemporánea” y se funda en “causas que se invocan de manera arbitraria, que no guardan relación con el objeto del pleito o causa, que no es otro que un incidente de abstención, y su concurrencia es descartable ab initio si tenemos en cuenta que no comprometen la imparcialidad de los magistrados que se han de limitar a decidir si estiman justificada una abstención”.

Añade que la recusación se plantea contra toda la Sala de lo Penal en el seno de un incidente, por lo que, de acuerdo con distintas resoluciones del Tribunal Constitucional, “carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo”. Por ello rechaza de plano la admisión a trámite de la recusación.

El Tribunal Supremo avala la exclusión de ayudas a vehículos ligeros de gas del Plan MOVES 2019

Mar, 06/30/2020 - 15:40

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES), que excluye del régimen de ayudas a los turismos, autobuses o autocares y furgonetas o camiones ligeros propulsados por gas, y mantiene los incentivos para los vehículos pesados, y destaca que cuentan con un trato fiscal más favorable que sería superior a la ayuda que se le pudiera otorgar.

La Sala desestima el recurso de la Asociación Española de Gas Licuado contra dicho Real Decreto y concluye que la situación del mercado, con una equiparación de precios de los vehículos ligeros de GLP y Gas Natural con los de combustión tradicionales; así como la priorización de aquellas tecnologías que más contribuyen a la descarbonización y que tienen más dificultades para su comercialización; y ello en el marco ineludible del mejor aprovechamiento de los recursos públicos, atendidos unos recursos anuales escasos, justifican suficientemente la medida adoptada, en el ámbito y con el margen de los instrumentos de los que dispone la Administración.

Eso no impide –añade la sentencia- que los vehículos cuestionados y ahora excluidos cuenten con determinadas ventajas fiscales en la medida que se les reconoce un papel relevante en el período de transición hacia un parque de cero emisiones. En este sentido, destaca el trato favorable que tiene el GLP a nivel fiscal respecto al resto de combustibles (gasolinas, gasóleo y eléctricos), así como las reformas normativas aprobadas para facilitar el uso del GLP en la automoción. En esta línea, aclara que el apoyo, a efectos de amortizar la adquisición del vehículo, es superior a la ayuda que se le pudiera otorgar en el marco del programa de ayudas, limitada por el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión.

La sentencia, con ponencia del magistrado Ángel Ramón Arozamena, explica que el GLP es un combustible fósil, el 60% proviene de yacimientos de gas natural o de petróleo y el otro 40% proviene del proceso de destilado de petróleo en refinería. En los primeros años, -asegura la Sala- el hecho de ser un excedente de las refinerías, fue el motivo por el que se incentivó su uso en automoción, con el fin de diversificar los combustibles utilizados en los vehículos. “El apoyo en los primeros años se instrumentalizó con ayudas a la transformación de los vehículos (económicas y normativas) así como con un tratamiento fiscal favorable, que aún se mantiene”, subraya el tribunal.

La Sala recuerda que el impuesto a aplicar al GLP, según la Ley 28/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, asciende a 128,67 euros/1000l, frente a 527,3 euros/1000l gasóleo y 653,58 euros/1000l gasolina. “Hay que destacar que energéticamente requiere mayor consumo en unidades energéticas que el diésel y ligeramente mayor que la gasolina (del orden de 9,5 l/100KM), pero debido al trato fiscal favorable, el coste económico en combustible es competitivo (precio de venta de combustible entre un 15 y un 25% menos por kilómetro recorrido frente a la gasolina)”.

“Estos ahorros -afirma la Sala- pueden compensar tanto el coste de transformación de un vehículo de gasolina a GLP, como la diferencia de precio que pudiera existir en la compra de vehículos nuevos para GLP y gasolina, ya que frente a motores diésel equivalentes el precio ya es menor”.

Del mismo modo, asegura que el hecho de haber dado ayudas en planes anteriores, como argumenta el recurrente, no es razón para seguir dando ayudas “sine die”. “Por el propio espíritu de cualquier ayuda pública, estas se dirigen a incentivar aquellas tecnologías que contribuyan a la finalidad del programa y que se encuentran en una situación de mercado o comercialización, que sin ayudas difícilmente se comercializarían. Como hemos visto, este no es el caso de la utilización de GLP en vehículos ligeros. Sin embargo, sí está en una fase de implantación el uso de GLP en vehículos pesados de mercancías, N2 y N3, razón por la que el programa sí contempla estas categorías como susceptibles de ayuda, por la contribución a la mejora de calidad del aire que pudiera tener el uso de GLP en vehículos pesados de transporte de mercancías”, subraya el tribunal.

Asimismo, afirma que el fin del programa MOVES es frenar el cambio climático y que el GLP o Autogas “no es una tecnología que contribuya significativamente a la finalidad del Programa, que es la descarbonización del transporte”, aunque reconoce la contribución de este tipo de vehículos en la transición energética y a mejorar la calidad del aire.

La sentencia menciona que el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla (BOE de 17 de junio de 2020) parece mantener, en lo que ahora interesa, el mismo criterio de exclusión de tales vehículos.

El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la obligatoriedad de adjudicación de las plazas MIR por vía telemática

Lun, 06/29/2020 - 15:15

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha acordado la suspensión cautelar de la Orden del Ministerio de Sanidad 411/2020, de 13 de mayo, que modifica la orden 925/2019, de 30 de agosto, de convocatoria de pruebas selectivas en 2019 para el acceso en 2020 a plazas de formación sanitaria especializada como medicina, farmacia y otras especialidades. El tribunal suspende también la resolución por la que se convocaba el proceso de adjudicación de esas plazas.

En concreto se suspende cautelarmente la obligatoriedad de adjudicación de las plazas por vía telemática y se ordena a la Administración que adopte las medidas necesarias para que pueda hacerse de forma presencial.

La suspensión cautelar será efectiva a partir de la notificación del auto el próximo lunes y surtirá efecto para los procesos de adjudicación que no estén iniciados en ese momento, en concreto el de medicina. La Sala ha estimado la petición de suspensión cautelar formulada en un recurso de 31 participantes en el proceso de MIR contra la Orden ministerial 411/2020.

El Tribunal Supremo fija que reclamar la extensión de efectos de un fallo firme en materia tributaria no exige una previa solicitud a Hacienda

Lun, 06/29/2020 - 12:50

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como criterio interpretativo que la solicitud de extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia tributaria no requiere que el interesado, con carácter previo al escrito que ha de dirigir al tribunal que ha dictado la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, presente una solicitud de rectificación de la autoliquidación del tributo en cuestión ante una Administración tributaria.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Nicolás Maurandi, estima el recurso de una persona contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le denegaron la extensión de efectos de una sentencia de dicho tribunal superior, de 6 de julio de 2016, que reconoció a una mujer el derecho a que Hacienda le devolviese el dinero pagado en el IRPF por una prestación pública de maternidad, al estar ésta exenta del impuesto.

El TSJ de Madrid argumentó para no extender los efectos de su sentencia al solicitante que no estaba en “idéntica situación jurídica” a la que había ganado el pleito, ya que no había presentado una previa solicitud de rectificación de la autoliquidación del IRPF a la Agencia Tributaria. El TSJ no veía coherente que le planteasen una petición que entraba en contradicción con el contenido de la autoliquidación presentada por la parte recurrente sin que, con carácter previo, dicha persona hubiese intentado rectificar esa declaración por el cauce previsto legalmente y ante la autoridad competente, que es la AEAT.

El Supremo, por el contrario, destaca que “la exigencia del previo agotamiento de la vía administrativa, o la equivalente previa rectificación de la autoliquidación tratándose de materia tributaria, no resulta, con el actual texto legal, muy conforme con la finalidad y naturaleza que corresponde a este mecanismo procesal de la extensión de efectos de una sentencia firme”.

Y ello “porque supone someter al administrado a unas dilaciones y molestias que no tienen justificación”. Cree que se trata de trámites inútiles cuando ya ha habido un proceso jurisdiccional que ha decidido por sentencia firme idéntica pretensión a la que se quiere reclamar a través del incidente procesal de extensión de efectos.

Los magistrados recuerdan que ese incidente no es una vía para enjuiciar de nuevo la controversia de fondo ya decidida por la sentencia firme cuya extensión se solicita; sino tan sólo de un incidente procesal que, a los efectos de dar satisfacción al derecho a la igualdad en la aplicación del Derecho y al de tutela judicial efectiva, tiene como único objeto constatar que la situación del solicitante de la extensión de efectos es idéntica a la de las personas que fueron litigantes en el proceso principal donde fue dictada la sentencia firme cuya extensión de efectos es reclamada. Evitando al ciudadano las molestias, costes y dilaciones que significaría tramitar un nuevo proceso jurisdiccional.

Por todo ello, el Supremo reconoce el derecho del recurrente a que la Administración tributaria proceda a la rectificación de sus autoliquidaciones de IRPF y a las devoluciones resultantes de esa rectificación, en los términos en que fueron interesadas en su escrito de solicitud de extensión de efectos.

El Tribunal Supremo condena a tres años a un hombre por expoliar el yacimiento celtíbero en Zaragoza y a un año y nueve meses a otro por la receptación de las piezas

Vie, 06/26/2020 - 18:00

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 3 años de cárcel a un hombre, Ricardo Bienvenido G.P., que expolió durante años un yacimiento celtíbero en la provincia de Zaragoza, como autor de un delito continuado de daños materiales intencionados sobre yacimiento arqueológico terrestre en concurso medial con un delito continuado de hurto. Además, condena a un segundo acusado, Mariano Florentino O.M., que se considera probado que recibió varias de las piezas expoliadas por el primero, a 1 año y 9 meses de cárcel por delito de receptación.

El tribunal estima parcialmente los recursos de los dos acusados y les absuelve del delito de blanqueo de capitales del que fueron encontrados culpables por la Audiencia de Zaragoza. El Supremo destaca que no existe blanqueo si la acción no está presidida por la intención de ocultar la ilícita procedencia de los bienes, y en este caso no se describe en los hechos probados una conducta de enmascaramiento o revestimiento ficticio para ocultar un origen ilícito. En el caso del segundo acusados, los hechos pasan entonces a ser calificados como delito de receptación, mientras que el primero es absuelto sin más del blanqueo porque la auto-receptación es atípica penalmente.

En relación al delito de daños en yacimiento arqueológico, en concurso medial con hurto, que se confirman para el primer acusado, la Sala destaca que no es necesaria una previa declaración o catalogación administrativa de las piezas sustraídas, porque ese elemento valorativo es apreciable por la jurisdicción penal sin estar vinculado por las declaraciones o catalogaciones realizadas en vía administrativa.

El Tribunal Supremo confirma la resolución que obliga a RTVE a hacer público los sueldos de sus directivos

Vie, 06/26/2020 - 14:00

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 15 de marzo de 2017 que obligaba a Corporación de Radio Televisión Española S.A. (CRTVE) a entregar a un ciudadano la retribución anual bruta percibida por el personal directivo en 2014 y 2015, por entender que prevalece el interés general de los ciudadanos en la divulgación de información sobre el interés privado de los afectados.

La Sala explica que la resolución cuestionada consideró que el salario no es un dato especialmente protegido, ya que no está incluido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y tampoco es un dato meramente identificativo, por lo que debe estarse a la exigencia de ponderación entre los derechos en conflicto –público a la divulgación de la información y privado de los afectados- prevista en el artículo 15.3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Añade que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó de forma razonada y razonable que prima el interés general de los ciudadanos por conocer las retribuciones del personal directivo de CRTVE, por tratarse de una sociedad mercantil con participación 100% pública y financiada con cargo a los PGE en atención a su conexión con el interés público en el conocimiento de la organización y el funcionamiento de las instituciones públicas y en cómo se emplean los recursos públicos.

Un ciudadano pidió por escrito a CRTVE que se identificara al preceptor, el puesto del organigrama y la retribución realmente percibida en 2014 y 2015 para todo el personal que hubiese ocupado un puesto de dirección y subdirección en ese periodo. CRTVE inadmitió dicha solicitud de información por no poder verificar la identidad del solicitante, que no había aportado ni original ni copia del DNI al presentar su petición.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno rechazó la causa de inadmisión por considerar que la omisión era subsanable y que era procedente facilitar la información con arreglo a la Ley 19/2013 de Transparencia, e instó a CRTVE a que entregara la información solicitada en el plazo de 10 días. Esta decisión fue confirmada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo y, posteriormente, por la Audiencia Nacional, que entendieron que las retribuciones anuales no eran datos personales especialmente protegidos -no se incardinan dentro del artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales- por lo que procedía dar a conocer la información solicitada con el fin de garantizar la transparencia y la objetividad en el ámbito público.

Ahora el Tribunal Supremo desestima el recurso de CRTVE contra la sentencia recurrida en el que, por un lado, alegaba infracción del artículo 15 sobre protección de datos personales de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y, por otro lado, indefensión.

 

El Tribunal Supremo confirma la pena de seis meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo a miembros del grupo de rap ‘La Insurgencia’

Mié, 06/24/2020 - 15:26

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que condenó a 6 meses de prisión a 12 miembros del grupo de rap ‘La Insurgencia’ por el delito de enaltecimiento del terrorismo, por ensalzar en las letras de sus canciones a los GRAPO y a sus integrantes.

El alto tribunal desestima los recursos de los condenados al considerar que los hechos probados por la Audiencia Nacional cumplen los requisitos del delito del artículo 578 del Código Penal, que exige una actuación del sujeto que suponga justificar delitos de terrorismo o enaltecer a los que hayan participado en ellos.

La sentencia considera que en este caso el contenido de las expresiones en las letras de las canciones no es “una mera expresión de coincidencia, o discrepancia, con objetivos políticos, o camaradería nacida de vínculos ideológicos, simpatía o de la mera crítica social”, sino que “se trata de una difusión de mensajes que justifican la violencia y expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente, incitando a la violencia mediante el recuerdo de personas relacionadas con actividades terroristas y ensalzando conductas que han causado grave daño al país y a muchas víctimas del terrorismo”.

“Los hechos probados no suponen una crítica, ni una opinión, ni un uso democrático de las redes sociales. Se trata de un enaltecimiento de conductas violentas y buscar reforzar el ideario de quienes llevaron a cabo actos terroristas por su ensalzamiento”, reiteran los magistrados.

Para el Supremo, no está prohibido el elogio o la defensa de ideas o doctrinas por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni tampoco la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. “Se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal”, dice la resolución.

Voto particular de un magistrado

Uno de los cinco magistrados que firman la resolución, Andrés Palomo, ha emitido un voto particular discrepante al considerar que no ha quedado justificado que se haya producido una efectiva incitación a la comisión de actos terroristas, aunque fuere de manera indirecta.

La sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que ahora queda confirmada, rebajó a 6 meses de prisión la condena a los 12 acusados, al estimar parcialmente sus recursos contra la sentencia inicial de la Sala de lo penal de la propia Audiencia, que había establecido una pena de 2 años de prisión.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de IU contra el archivo del ‘caso Caja España’

Mié, 06/24/2020 - 12:40

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Izquierda Unida de Castilla y León contra el auto de la Audiencia Provincial de León, de 3 de septiembre de 2018, que confirmó el archivo del ‘caso Caja España’ por prescripción del delito.

El Supremo desestima el recurso por no ser la resolución impugnada recurrible en casación de acuerdo al artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al no haberse dictado por el juez de instrucción de León que llevó el asunto, antes de acordar el archivo por prescripción, ninguna resolución que concluyera que existían indicios concretos de responsabilidad sobre los investigados en el proceso.

El auto de la Audiencia de León recurrido confirmó a su vez el auto de 6 de marzo de 2018 del Juzgado de Instrucción número 5 de León por el que se declaró extinguida la presunta responsabilidad penal como consecuencia de haberse apreciado la prescripción del delito societario y, en consecuencia, el sobreseimiento libre de las actuaciones, procediéndose al archivo de la causa.

El Tribunal Supremo confirma la multa de 7.500 euros a una empresa de bromas telefónicas por infracción de la ley de Protección Datos

Mar, 06/23/2020 - 15:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 7.500 euros a la empresa Miraclia Telecomunicaciones S.L., como titular de la app de bromas telefónicas por encargo Juasapp, por infracción de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación a cuatro bromas realizadas entre abril y mayo de 2016.

La Sala descarta que pueda aplicarse al caso, como quería la empresa, la exclusión de protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas. Y ello porque quien realiza el tratamiento de datos es la empresa, no la persona que encarga la broma, y no lo es en el marco de una actividad particular o doméstica, “carácter que se podría adscribir a la actuación del particular que gasta la broma, pero en ningún caso a la sociedad Miraclia, que desarrolla su actividad prestadora de servicios facilitando los medios para que una persona embrome a otra como una actividad comercial que le reporta beneficios económicos”.

Asimismo, la sentencia destaca que en este caso la grabación de la voz es un dato de carácter personal sujeto a la normativa de protección del tratamiento automatizado de los mismos, al estar asociada a otros datos como el número de teléfono o su puesta a disposición de otras personas que pueden identificar a quien pertenece. Explican que Miraclia “almacena y trata datos personales de los embromados que incluyen teléfono y voz, datos que conjuntamente sin duda hacen que la persona afectada sea perfectamente identificable”.

La sentencia también establece que “los intereses comerciales de una empresa responsable de un fichero de datos han de ceder ante el interés legítimo del titular de los datos en la protección de los mismos”. Recuerda al respecto que el interés de la empresa no es única ni principalmente el proporcionar un medio de ocio, sino el beneficio comercial que obtiene con ello. “Dicho interés comercial es sin duda alguna legítimo, pero desde luego no puede prevalecer sobre la protección de los datos de las personas afectadas, la cual requiere su pleno y libre consentimiento informado para que tales datos sean sometidos a tratamiento informático”, señalan los magistrados.

Y, en este sentido, añaden que “la grabación de la voz del sujeto pasivo de la broma se produce por parte de una empresa a la que han proporcionado su teléfono sin que medie un consentimiento previo, y es sólo al finalizar la grabación de la broma (con el texto pregrabado de la broma y las eventuales respuestas o intentos de interlocución por el embromado) cuando se interroga al receptor de la llamada si autoriza el almacenamiento en un fichero de datos titularidad de Miraclia”.

Para el Supremo, esa solicitud de autorización “tras escuchar una grabación que, sólo al final, el sujeto comprende que ha sido una broma y que le ha podido hacer gracia, pero también le ha podido originar dudas, sorpresa o alarma, difícilmente puede considerarse un consentimiento que cumpla con los requisitos estipulados en la Ley de Protección de Datos”.

Ello es así porque la Ley vigente en el momento de los hechos define el consentimiento como «toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen», y el Reglamento General comunitario define el consentimiento del afectado en términos análogos.

“Pues bien -concluye la Sala-, no parece que puedan predicarse tales rasgos de un "consentimiento" pasivo otorgado de forma negativa, esto es, como no oposición a una pregunta solicitada telefónicamente al cabo de una grabación sorpresiva como lo es una broma en las circunstancias que concurren en el caso. En conclusión, hemos de rechazar la segunda alegación puesto que, en contra de lo que sostiene la demandante, hay tratamiento de datos personales, respecto al que resulta sumamente dudoso que pueda admitirse que hubo consentimiento”.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de las Ordenanzas del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) que acordaron subidas tasas del agua

Lun, 06/22/2020 - 14:00

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de las ordenanzas fiscales de modificación de las tasas por la prestación del servicio de suministro de agua potable, de alcantarillado, de depuración de aguas residuales y de limpieza y extracción de acometidas, carteles y pintadas, aprobadas por el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz), con fecha de 26 de septiembre de 2016.

La Sala ha dictado cuatro sentencias en las que desestima los recursos de casación planteados por la empresa SOCAMEX, S. A. U., concesionaria de dichos servicios públicos, contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anularon por ser contrarias a derecho las citadas ordenanzas, tras estimar los recursos planteados por los concejales del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Almendralejo.

El tribunal afirma que las sentencias recurridas se basaron en la falta de prueba del incremento del coste del servicio por parte del concesionario, entre otras razones, debido a la extraña reunión en un solo contrato de tres servicios públicos adjudicados a SOCAMEX, S. A. U., a los que se añade otro cuarto que se presta de un modo informal, sin acreditación alguna de su fuente de obligación siendo así que la supuesta prueba de tal incremento que la Sala valora negativamente, venía indistintamente referida a los cuatro servicios, lo que era inválido para probar el incremento que se puede llevar a la ordenanza.

En este contexto -explica la sentencia- promovió la subida ex contratu, pretextando que se había incumplido el pliego de condiciones particulares. “Pero una cosa son las obligaciones que nacen de los contratos y otra es que el equilibrio financiero pactado haya de mantenerse o restablecerse con incremento de la tasa y no por otras posibles vías”, subrayan los magistrados.

La Sala considera que “la exigencia de que, en caso de actualización o cuantificación de tasas ya establecidas, se incluya un informe económico-financiero puede relajarse, pero no permite justificar la subida por el mero aumento del IPC y menos cuando tal previsión es contractual y no la recoge la Ordenanza municipal, que es la verdadera fuente normativa de la tasa”.

Por ello entiende que la sentencia recurrida llegó a la conclusión de que la concesionaria no había justificado que el coste del servicio hubiese aumentado tanto como el IPC, lo que habría sido necesario para autorizar la subida, cuestión de hecho no fiscalizable en casación.

El Tribunal Supremo anula por discriminatorio el requisito de uso obligatorio del euskera en actividades para menores de 16 años exigido para ser beneficiario de subvenciones

Jue, 06/18/2020 - 16:16

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado la nulidad del requisito relativo a la utilización obligatoria del euskera en las actividades dirigidas exclusivamente a menores de 16 años, que se exige para ser beneficiario de subvenciones en la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Lasarte (Guipúzcoa).  

La Sala considera que dicho requisito general regulado por el artículo 10.1,m) punto 1 de la ordenanza impugnada es contrario al principio de igualdad de trato y no discriminación, vinculado al uso promoción de las lenguas cooficiales y, además, excluye como destinatario final de la actividad a quienes, no teniendo el deber de conocer la lengua vasca, son castellano parlantes. 

Por ese motivo, estima el recurso interpuesto por la Administración del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaró que la disposición recurrida era ajustada a derecho. 

La Sala afirma que no comparte el criterio de la sentencia recurrida, coincidente con la línea de defensa de la corporación municipal afectada, ya que olvida que tanto el artículo 14 de la Constitución Española como el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, consagran el principio de igualdad de trato y no discriminación, aquí vinculado a la cooficialidad de las lenguas regulado en el artículo 3 de la Constitución Española. 

Con la imposición del requisito cuestionado, añade la Sala, resulta que un criterio lingüístico impide que quien, por las circunstancias que sean, no conozca o no domine el euskera pueda ser el destinatario final de una actividad de fomento que, según defiende el Ayuntamiento demandado, va dirigida a la normalización y dinamización de su uso en un determinado sector de la población -menores de 16 años-. “Parece que el fomento y la dinamización del uso de una lengua cooficial que se dice minoritaria no debería ser excluyente sino inclusivo, es decir, debería buscar la mayor generalización en su uso al modo de lo previsto en los apartados 2 y 3 de la citada letra m), combinando el uso de ambas lenguas, y no establecer una imposibilidad de acceso para quien no habla o, simplemente, no domina suficientemente la lengua vasca”, concluye la Sala. 

Asimismo, considera que la Disposición impugnada vulnera el artículo 3.1 de la Constitución ya que esta norma no impone el deber de conocer las lenguas oficiales, distintas al castellano (STC 82/1986, de 26 de Junio), y así la actividad de fomento de cualquier ámbito (social, cultural, deportivo, etc,) no puede restringirse a una de las lenguas oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma sin excluir indebidamente de la asistencia a las actividades subvencionadas a los vecinos que no conozcan la lengua en que vayan a realizarse las promocionadas por el Ayuntamiento, sin que ello contradiga el carácter discrecional de las actividades de fomento porque el ejercicio de esa potestad debe sujetarse siempre a las exigencias constitucionales y legales. 

La Sala explica que lo característico de la disposición cuestionada por la Administración General del Estado es que impone a los beneficiarios de una actividad de fomento (sujetos activos que ha de realizar la actividad) su realización con un criterio lingüístico vinculado a la condición de los receptores de la actividad (sujetos pasivos) consistente en que “cuando la actividad vaya dirigida a menores de 16 años, la misma se realizará en euskera, tanto oralmente como por escrito”, razón por la que parece obvio que un criterio lingüístico impide desde el inicio que quien no conozca el euskera pueda ser destinatario final de una actividad de fomento. 

“No se cuestiona aquí la obligación de organización de la actividad en euskera si va dirigida a menores de 16 años, sino el hecho de que con ese criterio lingüístico se está imponiendo a los destinatarios finales de la actividad subvencionada el conocimiento del euskera para poder participar en ella, es decir el deber de conocimiento de la lengua vasca que se les impone”, subraya el tribunal. 

La sentencia incluye un voto discrepante firmado por los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Pilar Teso Gamella en el que afirman que debió desestimarse el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado porque consideran que la sentencia recurrida no infringe el ordenamiento jurídico. 

En su voto sostienen que no se trata aquí de la protección del derecho a conocer y a usar el castellano, reconocido a todos por el artículo 3.1 de la Constitución, ni del derecho de todos a dirigirse en castellano a cualesquiera poderes públicos y a obtener en esa lengua la respuesta que corresponda. En este caso, según el voto, se trata de saber si es coherente con el objetivo de fomentar no sólo el conocimiento sino, también, el uso normal del euskera, que las actividades a subvencionar, en función de sus características, si tienen como destinatarios a menores de 16 años, se realicen solamente en euskera a fin de fomentarlo, propósito que inspira la Ordenanza recurrida y responde al que fija la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su artículo 7.2. 

Añaden que “promover dichos conocimiento y uso normal no menoscaba la posición del castellano, protegida constitucional, estatutaria y legalmente, además de prevalente en la realidad social. Y parece lógico que la promoción se haga en la propia lengua objeto de ella y no en otra distinta. En la medida en que la controversia gira sobre un criterio general de la naturaleza del expuesto, no puede imputarse a la Ordenanza del Ayuntamiento de Lasarte-Oria el efecto discriminador que afirma el Abogado del Estado y ve la sentencia de la que discrepamos”.

El Tribunal Supremo establece que no se puede sustituir una pena de prisión inferior a un año impuesta a un ciudadano extranjero por una de expulsión

Jue, 06/18/2020 - 14:50

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece el criterio para interpretar el artículo 89 del Código Penal que en su apartado 1 dispone que “las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español”. Además, aborda si para fijar dicha pena de un año se debe tener en cuenta la pena asignada al delito cometido o la dictada en sentencia judicial.

La Sala concluye que no cabe sustituir una pena de prisión inferior a un año impuesta a un ciudadano extranjero por una de expulsión del territorio español y que la pena a tomar en consideración para computar el límite del año es la impuesta en sentencia en lugar de la abstracta asignada al delito en el Código Penal.

Afirma que el tenor literal del precepto no alude a la posible sustitución por expulsión de penas de prisión no superiores a un año y que la explicación de esta previsión normativa se encuentra en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en la que se argumenta que la reforma tiene por objeto ajustar “el límite de pena a partir de la cual podrá acordarse la expulsión”.

La sentencia, con ponencia del magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, explica que el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone en su artículo 57.2 que “constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”.

Ese límite –añade la Sala- está en congruencia con la Directiva 2001/40/CE, del Consejo, de 28 de mayo de 2001, que disponía en su artículo 3º que la expulsión debía establecerse cuando el extranjero hubiera cometido un hecho que estuviera castigado con pena privativa de libertad de al menos un año.

Por tanto, el tribunal concluye que “carece de lógica que en el ámbito administrativo la Ley de Extranjería prevea la expulsión como sanción administrativa sólo en caso de condenas a penas privativas de libertad superiores a un año y que el Código Penal establezca un límite inferior. Esa es la razón por la que el Legislador ha armonizado el Código Penal con la norma administrativa prohibiendo, por razones de proporcionalidad, que no sea posible la sustitución por expulsión del territorio nacional cuando la pena no sea superior a un año”.

Por otro lado, la Sala establece también el criterio para fijar dicha pena de un año. En este sentido afirma que el artículo 89 del Código Penal “no deja espacio para la duda. Señala con toda precisión que deben tenerse en cuenta no las penas asignadas al delito sino la pena impuesta, que no es otra que la establecida judicialmente en la sentencia. Lo contrario vulneraría el principio de legalidad de las penas proclamado en el artículo 25 de la Constitución”.

Señala que el principal argumento de esta línea interpretativa se encuentra en que las sanciones en materia de extranjería tienen su justificación en la prevención de una amenaza contra el orden público o la seguridad nacional, por lo que para la imposición de una sanción lo que debe tomarse en consideración es la amenaza específica que suponga la conducta del extranjero, lo que se concreta en la sanción fijada por el juez penal.

La Sala asegura que esa dirección hermenéutica tiene apoyo, entre otros argumentos, en la sentencia del TJUE de 10/07/2008, (asunto C-33/07), que interpretando los artículos 18 CE y 27 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, ha señalado: (24), que "tal enfoque de las excepciones al citado principio fundamental que pueden ser invocadas por un Estado miembro implica, en particular, según se deduce del artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38, que las medidas de orden público o de seguridad pública, para estar justificadas, deberán basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado, y no podrán acogerse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general".

Tras la interpretación fijada en esta sentencia, el tribunal resuelve el caso planteado por un ciudadano senegalés que fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a seis meses de prisión por un delito contra la salud pública. La sentencia recurrida dispuso la sustitución de la misma por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada por un plazo de seis años. Ahora el Tribunal Supremo estima el recurso de casación del condenado y acuerda dejar sin efecto la citada sustitución de la pena.

El Tribunal Supremo confirma la condena de cuatro años de prisión a un tutor por apropiarse del dinero de sus sobrinos huérfanos

Jue, 06/18/2020 - 12:00

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años de prisión impuesta al tío de dos menores huérfanos al acreditarse que, como tutor legal de sus sobrinos, se apoderó del dinero que cobraron de las compañías de seguro y de las pensiones de orfandad que percibieron tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que le impuso dicha pena de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, además del pago de una indemnización de 426.000 euros y de las sumas periódicas recibidas desde su nombramiento como tutor hasta su remoción en concepto de depósitos, pensiones de orfandad y alquiler de casa en la cantidad que se fijara en la ejecución de sentencia.

El acusado fue nombrado en 1998 tutor de sus dos sobrinos menores de edad, que eran hijos de un hermano suyo fallecido junto a su mujer dos años antes en accidente de tráfico, con la obligación de rendir cuentas anuales de su gestión durante el tiempo que ostentó la representación legal de los menores. Según los hechos probados, con intención de obtener un beneficio ilícito, hizo suyas las distintas cantidades de dinero que en favor de ellos recibió de diferentes instituciones y entidades, haciendo uso de las mismas en provecho propio al disponer del dinero para fines privados, con el consiguiente perjuicio para los tutelados. Así, ingresó de una compañía de seguros en la cuenta corriente de la que eran titulares sus sobrinos, y sobre la que tenía libre disposición, una indemnización de 300.000 euros por el fallecimiento de los progenitores de los menores y 126.000 euros del seguro de vida que el padre de los niños tenía suscrito cuando murió. También recibió los alquileres de una vivienda en Sanlúcar de Barrameda y una pensión de orfandad por cada uno de ellos, además de varios depósitos cuya cuantía no ha quedado determinada.

Tras negar los hechos, el condenado alegaba en su recurso que había invertido el dinero en intentar hacer viable un bar en el que los menores tenían una participación en régimen de comunidad de bienes, sin ser consciente de que estaba perjudicando a sus sobrinos. Además, sostenía que había pagado al contado sin exigir recibo por ser inhabitual en las relaciones de confianza entre las familias.

La Sala responde que es precisamente esa falta de prueba la que encierra un altísimo nivel incriminatorio. Añade que el tutor de dos menores huérfanos no está autorizado para optar por uno u otro sistema contable a la hora de hacer los pagos, ya que “quien resulta judicialmente designado para el ejercicio de esa función asistencial, tiene la obligación legal de rendir cuentas de los gastos. Constituye el único medio para acreditar que el desempeño de la tutela se está ejerciendo en interés y beneficio de los menores. No puede recurrir a un sistema de pagos al contado del que no quede constancia documentada. De hacerlo así corre el riesgo de incurrir, no ya en un delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado, sino también en un delito contra los derechos y deberes familiares, previsto y penado en el artículo 226 del Código Penal, figura delictiva que ni el Fiscal ni la acusación particular han incluido en sus respectivas pretensiones”.

El mismo argumento -afirma la Sala- se repite respecto del dispendio de las pensiones de orfandad y las entregas efectuadas a la abuela materna. Por ello, considera que frente a lo que sostiene la defensa, ni es lógica la ausencia de prueba documental ni es habitual que, en los casos de ejercicio de tutela, las cantidades se entreguen sin reclamar recibos.

En esta línea, afirma quien así razona prescinde de que el art. 269.4 del Código Civil señala entre las obligaciones del tutor «…informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración». Y el art. 270 señala que «el tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia». Sobre la necesidad de documentar todos esos gastos puede ser suficiente la cita del art. 51 de la Ley 15/2015, 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, en el que se dispone que «anualmente, desde la aceptación del cargo, el tutor o curador deberá presentar dentro de los veinte días siguientes de cumplirse el plazo un informe sobre la situación personal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y una rendición de cuentas de la administración de sus bienes, si procediera».

La Sala en su sentencia, con ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que “el nombramiento judicial como tutor, para administrar el patrimonio de dos hermanos menores de edad, no tolera una gestión basada en la «confianza» que ha de presidir las relaciones familiares”.

Del mismo modo, rechaza el argumento de la defensa de que en el momento de la rendición de cuentas el acusado atravesaba por un delicado estado de salud, pues sufría estrés postraumático y un cuadro psicopatológico de trastorno depresivo mayor. En este sentido, afirma que las alteraciones en el equilibrio psicológico del acusado podrían haberse hecho valer, no en el plano de la tipicidad, sino en el de la culpabilidad. “Se trataría -aclara la sentencia- de reivindicar la falta de imputabilidad de Antonio Trigo o su imputabilidad disminuida. Pero carece de sentido invocar la ausencia de dolo a partir de un cuadro psicológico basado en el estrés postraumático o depresivo. Se confunden así los planos analíticos en la estructura del delito”.

Agrega que, por si fuera poco, la alegación de esa falta de imputabilidad se proyecta, no sobre los actos dispositivos en los que se apoya la autoría, sino sobre las dificultades para la elaboración de un documento de rendición de cuentas que sirva para justificar los gastos realizados en perjuicio del patrimonio de los menores.

 

El Tribunal Supremo establece que externalizar la publicidad no exime a las empresas de su obligación de excluir a los clientes que no quieren recibirla

Mié, 06/17/2020 - 18:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la externalización de las campañas publicitarias no exime a las empresas de su obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de sus clientes a oponerse a recibir publicidad.

En el caso examinado, el tribunal confirma una multa de 40.001 euros a Mutua Madrileña Automovilista por la publicidad de sus seguros que le llegó vía correo electrónico en diciembre de 2014, dentro de una campaña de marketing externalizada, a un cliente de Mutua que había pedido de forma expresa y reiterada que no se le mandasen correos publicitarios.

El cliente, que tenía tres pólizas de seguro en la Mutua, contaba con dos cuentas de correo electrónico inscritas en la Lista Robinson (servicio de exclusión publicitaria) desde enero de 2012. Según los hechos probados en el pleito, el 20 de diciembre de 2011  ejerció su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales ante Mutua Madrileña, en una comunicación en la que sólo autorizaba a la compañía a que utilizase sus datos personales en lo que resultase imprescindible para el desarrollo de la relación contractual, excluyendo “tratamientos con fines publicitarios o de prospección comercial, “la realización de segmentaciones”, “estudios de marketing” o “campañas publicitarias”.

Nuevamente, el 23 de octubre de 2012, remitió un correo a un empleado de Mutua Madrileña con el siguiente mensaje: "Ustedes deben cumplir la ley y no hacer uso de los datos personales. Estoy recibiendo correos con campañas de Mutua Madrileña a pesar de estar dado de alta en la Lista Robinson desde hace 9 meses. Le ruego que indique a cualquier compañía con la que contraten sus campañas publicitarias que comprueben la Lista Robinson y que-independiente o además de la lista- NO MANDEN ningún correo publicitario a las direcciones xxx.es y zzz.com pues están vulnerando mis derechos".

El 5 de diciembre de 2014, el denunciante recibió en su dirección de correo zzz.com  una comunicación comercial ofertando seguros de coche y moto comercializados por la aseguradora Mutua Madrileña, comunicación que ofrecía un enlace para darse de baja directamente a través del mismo y la dirección de correo ...@ofertondeldia.com. Al pie del mensaje se informaba de que "Mutua Madrileña es totalmente ajena a este envío no asumiendo ninguna responsabilidad por el mismo”. Esta campaña se realizó por Roiandco, a su vez contratada por Linkemann, que había suscrito con Dantono (la empresa contratada por Mutua), el contrato para la realización de dicha campaña. En fecha 11 de enero de 2015, Roiandco dio de baja del sistema la dirección de correo zzz.com del denunciante.

En el recurso presentado en el Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó su sanción, Mutua Madrileña alegó que haber comunicado a la empresa que se encargó de realizar la campaña publicitaria la oposición del cliente a recibir publicidad, hubiese supuesto una cesión no consentida de datos. Y añadió que, en las cláusulas contractuales con esa empresa encargada de la publicidad, se señalaba que la responsabilidad de la protección de datos de carácter personal era de dicha empresa.

Por ello, entendía que no estaba obligada a facilitar a la empresa contratista un fichero de exclusión con los clientes que no querían publicidad, y que debía quedar exonerado de la infracción cometida porque en el contrato suscrito la contratista asumía como propio el cumplimiento de las obligaciones y exigencias de la normativa en materia de protección de datos.

El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José María del Riego, rechaza sus argumentos y destaca que Mutua Madrileña Automovilista estaba obligada “a procurar la efectividad de la oposición al tratamiento de datos manifestado por su cliente, aún en el supuesto de externalización de su actividad publicitaria”.

“La conducta sancionada de obstaculización o impedimento por Mutua Madrileña del ejercicio por su cliente del derecho de oposición al tratamiento de sus datos, se manifiesta en que dicha sociedad no adoptó ninguna clase de medida o de cautela para evitar el envío de publicidad a las direcciones de correo electrónico de su cliente por parte de aquellas empresas a las que encomendó la realización de las campañas publicitarias”, agrega.

Asimismo, subraya que “la adopción de las medidas o cautelas necesarias para asegurar la efectividad del derecho de oposición al tratamiento de sus datos por parte de Mutua Madrileña, como responsable del fichero, subsisten aunque las campañas publicitarias no se realicen a partir de los datos de sus propios ficheros, sino con bases de datos de otras compañías contratadas por Mutua Madrileña, y en este caso quedó acreditado que la recurrente no comunicó a las empresas con las que contrató la realización de servicios de publicidad la oposición del denunciante a recibir publicidad de la Mutua, ni en definitiva adoptó previsión alguna para asegurar la exclusión de su cliente de los envíos publicitarios contratados con terceras entidades”.

Esa inactividad, o incumplimiento de sus obligaciones para la efectividad del derecho de oposición del cliente, no puede ampararse, señala el Supremo, en la alegación de que la comunicación de dicha oposición a las empresas encargadas de la campaña publicitaria supondría una cesión no consentida de datos, ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.4 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos, la entidad que hubiese encomendado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, debe comunicarle la solicitud del derecho de oposición que ante la misma se hubiera ejercitado.

La sentencia fija como criterio jurisprudencial que “cuando una entidad responsable del tratamiento de datos personales, ante la que se ejercite el derecho de oposición al tratamiento de datos personales para actividades publicitarias, contrate con otra la publicidad de sus productos y servicios, está obligada a adoptar las cautelas y medidas razonables para garantizar la efectividad del derecho de oposición; y una de dichas medidas puede consistir en la comunicación de los datos excluidos de tratamiento publicitario a la empresa con la que contrate la prestación de servicios publicitarios”.

Y añade: “Sin que en tal caso aquella entidad responsable del tratamiento de datos personales pueda quedar exonerada de su responsabilidad por la infracción tipificada en el artículo 44.3.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, consistente en el impedimento o la obstaculización del ejercicio del derecho de oposición, en virtud de las cláusulas del contrato celebrado con otra entidad”. 

El Supremo tampoco acepta que en este caso haya prescrito la infracción, como pedía Mutua, por el hecho de haber transcurrido más de dos años desde la última vez que el denunciante ejerció el derecho de oposición, en octubre de 2012 y el inicio del expediente sancionador, en junio de 2015. La sentencia explica que el ilícito en este supuesto es una conducta omisiva (no haber hecho lo que exige la norma) por lo que se da lugar a una infracción permanente mientras se mantenga la inacción, por lo que la fecha de comienzo del cómputo del plazo de prescripción fue la finalización de la conducta infractora y no la de su comienzo.

 

 

 

El Tribunal Supremo confirma la anulación del acuerdo del Pleno de Ayuntamiento de Alcázar San Juan de 2014 sobre el cambio en la empresa de gestión del agua

Mié, 06/17/2020 - 14:00

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anuló el Acuerdo, de 24 de julio de 2014, del Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que por la vía de urgencia aprobó adjudicar y seleccionar al socio privado FCC Aqualia S.A. para concurrir conjuntamente con el Ayuntamiento citado para la ampliación de capital y trasformar la sociedad municipal Aguas de Alcázar S.A. en una sociedad de economía mixta, denominándose Aguas de Alcázar Sociedad Economía Mixta, S.A., para la gestión indirecta de los servicios vinculados al ciclo integral de agua en el municipio de Alcázar de San Juan, Alameda de Cervera y Cinco Casas.

El tribunal ha desestimado el recurso de FCC Aqualia S.A. contra la sentencia, de 20 de octubre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que estimó el recurso de una exconcejala y anuló el citado acuerdo. La sentencia argumentó que el sistema de mayoría que debió seguirse para incluir por la vía de urgencia el asunto en el orden del día de las sesiones del Pleno era el de mayoría absoluta y no valía la mayoría simple.

El Tribunal Supremo avala el sistema de descanso obligatorio del taxi en Madrid de un día fijo semanal fijado en la Ordenanza de 2012

Mar, 06/16/2020 - 16:00

La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Madrid que impugnaba la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del descanso obligatorio a través de un día fijo semanal en razón del ordinal en que terminen las licencias, fijado en el artículo 37 de la Ordenanza municipal reguladora del taxi aprobada el año 2012.

Dice el Tribunal Supremo que entra dentro de las facultades de organización de la corporación municipal al no existir norma de rango superior que establezca un criterio que deba ser seguido.

Por ello, revoca la Sentencia del TSJ de Madrid porque carece de prueba alguna para sostener que la carga de trabajo no es idéntica un lunes que un viernes. Añade que puede haber una amplia carga de trabajo cualquier día de la semana si acontece alguna actividad de las múltiples que notoriamente se desarrollan en la ciudad de Madrid (eventos deportivos, ferias comerciales, congresos, etc).

Señala la sentencia que una cuestión distinta es lo que acontezca con la futura Ordenanza a aprobar por el Ayuntamiento de Madrid que debe adaptarse al nuevo Reglamento aprobado por la Comunidad de Madrid, Decreto 35/2019 que modifica el anterior Decreto 74/2005, de 28 de julio, vigente al aprobarse la Ordenanza impugnada.

El nuevo Reglamento de la Comunidad de Madrid dictado con posterioridad a la Ordenanza impugnada desarrolla la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las licencias de transporte urbano de viajeros en vehículos de turismo, así como el de prestación del servicio.

Según la disposición Final Primera del Decreto 35/2019, de 9 de abril del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público urbano en Automóviles de turismo aprobado por Decreto 74/2005, de 28 de julio, los municipios no solo deben adaptar sus Ordenanzas al Decreto, sino que también quedan sin efecto las vigentes en lo que se opongan al antedicho Decreto.

En lo que atañe a la regulación y organización del servicio por los municipios, respetando la legislación laboral y la de Seguridad Social, sobre coordinación de descansos, calendarios, horarios y vacaciones el nuevo art. 41 hace especial hincapié en el “previo informe de las asociaciones representativas del sector”

Respecto del recurso de la Asociación de Empresarios Madrileños del Taxi se rechaza la vulneración de derecho de la Unión Europea. Y dado que el Decreto 35/2019 da nueva redacción a los artículos sobre requisitos para la obtención de licencias, transmisión de licencias de aerotaxi, número de plazas pintura y distintivos, recuerda la Sentencia que los preceptos de la Ordenanza que contravengan el Decreto quedaron sin efecto desde la entrada en vigor del mismo, esto es al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 11 de abril de 2019, sin que, por ello, sea preciso pronunciamiento expreso alguno del Tribunal dado el tenor de la redacción reglamentaria.

El Tribunal Supremo considera que las Juntas de Personal de la Agencia Tributaria tienen derecho a solicitar y recibir información sobre criterios de distribución de productividad entre los empleados

Lun, 06/15/2020 - 14:30

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha determinado que las Juntas de Personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tienen derecho, conforme a la Ley de Transparencia, a solicitar y recibir información sobre los objetivos asignados a las unidades administrativas, su grado de cumplimiento y los criterios para repartir la retribución por productividad entre los empleados públicos de la Agencia estatal.

El Tribunal Supremo ratifica en esta sentencia el criterio que ya sostuvo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y fue confirmado por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

El Abogado del Estado recurrió en casación al considerar que la Ley de Transparencia no era aplicable al haber quedado desplazada por la normativa contenida en el Estatuto de los Empleados Públicos y el Estatuto de los Trabajadores, por lo que la información relativa a la productividad de los empleados debía canalizarse a través de las mesas de negociación sindical. En todo caso, la información solicitada no podía proporcionarse porque podría poner en peligro la investigación y sanción de ilícitos penales y administrativos y la lucha contra el fraude fiscal.

La sentencia del Tribunal Supremo considera que la normativa aplicable es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, sin que dicha norma quede desplazada por el Estatuto de los Empleados Públicos o por el Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo al derecho de acceso a la información que tienen las Juntas de Personal respecto a los asuntos que conciernen a los empleados públicos.

Así mismo, descarta que dicha información ponga en peligro las funciones inspectoras y la lucha contra el frauden fiscal. No solo porque los límites oponibles frente al acceso a la información pública deben interpretarse de forma estricta, y solo son aceptables los que resulten justificados y proporcionados, sino además porque no ha quedado acreditado que la información solicitada dificulte o impida las funciones encomendadas a la Agencia Tributaria.

El Tribunal Supremo añade que la información solicitada podría haberse proporcionado de forma que no se pusiese en peligro la actividad inspectora, y, en todo caso, si la Administración consideraba que algún extremo concreto podría suponer un peligro real en la lucha contra el fraude fiscal, debería haberlo justificado de forma expresa y detallada.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de determinados preceptos del Decreto que regula el uso institucional y administrativo de lenguas oficiales en la administración valenciana

Lun, 06/15/2020 - 11:10

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de varios preceptos del Decreto 61/2017, de 12 de mayo, del Consell que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat valenciana, por considerar que vulneran la Ley del Procedimiento Administrativo Común y la Constitución al desbordar la competencia exclusiva del Estado en esta materia.

Entre los preceptos afectados figura el artículo 12.3 de dicho Decreto que establece que “cuando deban tener efecto fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, las notificaciones y las comunicaciones se redactarán en valenciano y en castellano, salvo que se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, y en este caso solo se redactarán en esta lengua. Se redactarán también en castellano cuando lo solicite la persona interesada”. Se anula el último inciso que dice que «[…] salvo que se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, y en este caso solo se redactarán en esta lengua».

La Sala fija como doctrina que el artículo 15.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, dictado en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado para regular el procedimiento administrativo común, ex art. 149.1.18 CE, proporciona la regla única y suficiente respecto al régimen general de traducción al castellano de los documentos, expedientes, partes de los mismos o resoluciones, redactados en una lengua cooficial de una Comunidad autónoma, cuando hayan de surtir efectos fuera del ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma, en tanto no dispone que no será necesaria su traducción al castellano en el caso que la lengua cooficial en que estén elaborados los documentos sea también la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma en que hayan de surtir efectos. La regulación autonómica en la disposición reglamentaria impugnada carece por consiguiente de cobertura competencial y ha de ser anulada.

En su sentencia afirma que el reconocimiento de que la competencia para la regulación de la cooficialidad de la lengua propia corresponde a la Comunidad Autónoma no supone, en modo alguno, una atribución de competencias específicas que autorice a alterar el marco que deriva de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que declara que la Constitución reconoce y fomenta la realidad plurilingüe de España.

Añade que la regulación del procedimiento administrativo común, en particular de la lengua en el caso de documentos elaborados en una lengua cooficial en el ámbito de una Comunidad Autónoma, que hayan de surtir efectos fuera del ámbito territorial de la misma, está atribuida de forma exclusiva al Estado, según la distribución de competencias que establece el art. 149.1.18 de la CE, que regula la competencia exclusiva del Estado sobre el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónoma.

Por consiguiente, -aclara la sentencia- cuando se trata de los efectos que hayan de surtir fuera de su territorio los documentos elaborados por una determinada Comunidad Autónoma en su lengua cooficial, la competencia de la misma no puede extralimitarse de su territorio, y habrá de atenerse a lo previsto en el art. 15.3 de la LPAC, que proporciona la regla única y suficiente para solventar todas las situaciones, al disponer que no será necesaria su traducción al castellano en el caso que la lengua cooficial en que estén elaborados los documentos sea también la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma en que hayan de surtir efectos.

Para la Sala, esta previsión, dictada por el Estado en el ámbito de su competencia exclusiva, no precisa ni admite ninguna otra intervención normativa por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que la previsión reglamentaria del art. 12.3 del Decreto 61/2017 infringe, en efecto, tanto el art. 15.3 de la LPAC, como el art. 149.1.18 de la CE, al desbordar la competencia estatal con la introducción de un concepto jurídico, el de “mismo ámbito lingüístico “ que es ajeno a la norma estatal aplicable, art. 15.3 LPAC.

El Tribunal Supremo confirma la condena a un año y ocho meses de prisión a un galerista de Barcelona por apropiarse de la venta de dos obras de arte

Vie, 06/12/2020 - 15:00

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año y ocho meses de prisión impuesta a un galerista por dos delitos de apropiación indebida al considerar probado que se quedó con el dinero de la venta de un dibujo de Miró y un óleo de Oscar Domínguez que le había entregado en depósito el propietario legal de estas dos obras de arte. Además, le impone que indemnice con 50.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la sentencia de instancia, o en su caso, mediante la adquisición y devolución del óleo "Revólver y limón" de Óscar Domínguez a su propietario. Igualmente, le impone la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de galerista o comercio de obras de arte durante el tiempo de la condena.

La Sala estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por la acusación particular –ejercida por el titular legítimo de las obras- y modifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, además de la citada pena de prisión, impuso al condenado el pago de una indemnización de 22.000 euros o la adquisición y devolución del óleo de Oscar Domínguez a su propietario. En cuanto a los perjuicios provocados por el segundo delito –dibujo Miró-, la sentencia recurrida acordó el pago por parte del condenado de la diferencia que se determine en ejecución de sentencia valorando las dos obras que entregó posteriormente –un original de GioPonti y una pieza de Nicola de María- en garantía del dibujo de Miró y 9.000 euros. La estimación parcial del recurso supone el incremento de la indemnización (de 22.000 euros a 50.000 euros) por el óleo de Oscar Domínguez y la imposición de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de galerista o comercio de obras de arte durante el tiempo de condena.

Según los hechos probados, V.M.S.S. era titular de una galería de arte en Barcelona. Debido a la relación de confianza que tenía con el acusado, X.R.F. le entregó en depósito para su venta dos obras de arte: un dibujo de Miró sobre papel enmarcado de una mujer bailando, firmado por el autor, y otra, un óleo sobre lienzo de Oscar Domínguez con el título “Revólver y limón" del año 1949 y firmado por el autor. En mayo de 2013, el acusado vendió, como si fuera propietario, la obra "Revólver y limón” por importe de 22.000 euros quedándose con todo el dinero. Posteriormente, hizo lo mismo con el dibujo de Miró, que vendió por 9.000 euros declarando expresamente ser propietario por justo y legítimo título.

En ningún momento, según los mismos hechos probados, informó de estas ventas a X.R.F. ni se las comunicó, y negó siempre haber vendido ambas obras y percibir importe alguno, hasta que en fecha 19 de enero de 2014 apareció en el periódico "La vanguardia" un artículo de la galería Barbié de Barcelona haciendo referencia a una próxima exposición sobre bodegones. Entre las obras a la venta aparecía "Revólver y limón" de Oscar Domínguez. Por ese motivo, su propietario se puso en contacto con esta galería donde le confirmaron que habían adquirido la obra en mayo de 2013, un mes después de su entrega en depósito al acusado. Como reparación parcial del daño en 7 de febrero de 2014 entregó un original de GioPonti y una pieza de Nicola de María en garantía por el dibujo de Miró obras de valor inferior al dibujo mismo.

En relación con el motivo del recurso relativo a que la obra de Óscar Domínguez estaba tasada en 60.000 euros y que la indemnización tendría que ser mayor, la Sala afirma que es cierto que en los hechos probados no se cuantifica el valor del cuadro dado en depósito para su venta, ya que solo se narra su venta a terceros.

Añade que no se puede aceptar el criterio de la sentencia recurrida que considera que el perjuicio es el valor (el precio) por el cual la obra se vendió por el autor del delito a un tercero, que inmediatamente la revendió a otro. Por el contrario -aclara la sentencia- el perjuicio será el valor de la tasación de la obra, que es el elemento más objetivo, una vez que su propietario no intervino, sobre lo defraudado al sujeto pasivo del delito, admitido incluso así por la Audiencia.

Y ese valor es, según la Sala, el de la tasación pericial que habla de un valor de entre 50.000 y 60.000 euros solo para el óleo de Óscar Domínguez. Así, concluye que la sentencia recurrida se da cuenta de que no puede mantenerse el criterio del valor de la venta que lleva a cabo el acusado, tras la comisión delictiva, que supone vender el cuadro por un precio vil.

Por ello considera que no puede mantenerse que el valor de los 22.000 euros lo fijó el mercado, pues fue el propio acusado quien así lo aceptó y convino, como podría haber aceptado una cantidad inferior. Por ello entiende que ese precio no puede servir para la correcta calificación del ilícito penal, máxime cuando resulta del dictamen pericial una diferencia tan ostensible.

La sentencia, con ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, afirma que, como quiera que el Tribunal sentenciador nos dice que el precio pericial de tasación lo fue en una horquilla de entre los 50.000 y los 60.000 euros, hemos de estimar, como cantidad más favorable al reo la de 50.000 euros, que completará el relato fáctico en la segunda sentencia que hemos de dictar al efecto.

Sin embargo, la Sala concluye también que, desde la perspectiva del subtipo agravado, como dicha suma, no "supera", como argumenta el Ministerio Fiscal, los 50.000 euros, se está en el caso de no poder ser calificado el hecho criminal en el subtipo agravado definido en el art. 250.1.5º del Código Penal, tal y como reclamaba la acusación en su recurso.

Por tanto, afirma que, al no superarse el valor de la defraudación para la aplicación del subtipo agravado, el precio de tasación servirá para determinar el concreto alcance de la responsabilidad civil, pues es evidente que en sede de tal acción, el propietario de la obra resultó perjudicado en el valor de la peritación que es tanto, como hemos dicho, como el valor de mercado de la obra.

Por otro lado, la Sala acuerda la imposición de una pena de inhabilitación especial al condenado tras admitir el motivo del recurso en que la acusación particular alegaba que el tribunal sentenciador no la acordó pese a que fue solicitada en tiempo y forma.

 

El Tribunal Supremo desestima el recurso contra el nombramiento del magistrado de la Sala Tercera Dimitry Berberoff

Jue, 06/11/2020 - 14:20

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el magistrado J.M.C.G. contra el Real Decreto 1082/2018, de 24 de agosto, por el que se promueve a la categoría de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al magistrado Dimitry Berberoff Ayuda y el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 24 de julio de 2018, que formuló la propuesta. La sentencia destaca que la decisión del Consejo estuvo correctamente motivada y que actuó dentro del indudable margen de discrecionalidad de que dispone en estos nombramientos.

El recurrente alegaba, entre otros argumentos, que tenía méritos superiores a Berberoff por su posición preferente en el escalafón de la carrera judicial y en el de especialistas respecto al candidato finalmente elegido. La sentencia contesta que ese razonamiento “es contrario a nuestra doctrina y no prospera porque pretende imponer el principio, ajeno al Reglamento (que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional) y a la base quinta de la convocatoria, de que el nombramiento se decida por antigüedad en el escalafón o en el escalafón de especialistas”.

“Si el criterio fuese el de estricta antigüedad, que defiende la demanda, estaríamos ante un ámbito casi reglado de competencias (…) en las que el Consejo tendría un margen muy escaso de apreciación. No estamos ante un concurso de méritos ni existe una baremación de los mismos. El único elemento reglado que se refiere a la antigüedad es el que establece la base 1ª, que la parte recurrente no discute que se cumpla en el caso del codemandado, y que, una vez cumplido, nos lleva al artículo 5, cuyo criterio esencial es el de los «méritos reveladores del grado de excelencia en el estricto ejercicio de la función jurisdiccional». La demanda pretende imponer, en fin, un criterio, el de la antigüedad, al margen del artículo del Reglamento y de las bases”.

Añaden los magistrados que “la motivación del acuerdo recurrido satisface de forma adecuada todas las exigencias que dimanan de nuestra jurisprudencia tanto en el criterio de excelencia en el ejercicio estricto de las funciones jurisdiccionales como en los aspectos complementarios, que se enumeran en forma prolija y separada. La motivación pone de manifiesto en forma extensa y detallada el alto grado de excelencia que concurre en el candidato que, en una valoración conjunta determinó el nombramiento, lo que entra en el margen de valoración discrecional del Consejo, por lo que no incurre en déficit alguno de motivación”.

Voto particular discrepante suscrito por dos magistrados

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Nicolás Maurandi, al que se adhiere Segundo Menéndez, que consideran que debió estimarse el recurso con la consecuencia de anular el nombramiento y retrotraer la actuación administrativa a la fase previa a la propuesta efectuada por la Comisión Permanente del CGPJ.

Añaden que la Comisión Permanente debió haber definido con anterioridad a la evaluación de los candidatos lo siguiente: a) Las diferentes clases de méritos evaluables y la proporción que la evaluación final otorgará al resultado obtenido en cada una de esas clases; (b) Las pautas cualitativas con las que se evaluaran cada una de las actuaciones encuadrables en las distintas clases de méritos; y los niveles en los que se plasmará el resultado de esa evaluación. Y debió evaluar a cada candidato de conformidad con todo lo anterior.

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