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BOE - Vie, 06/12/2020 - 00:00
V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales - UNIVERSIDADES - Referencia: BOE-B-2020-16308 - KBytes: 164 - Páginas: 1

El TSJ de Galicia confirma la pena de 18 años y medio de cárcel por asesinar a un hombre en Ponte Caldelas

Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Jue, 06/11/2020 - 15:00

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso contra la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, condenó a 18 años y medio de cárcel y a ocho años de libertad vigilada como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento al hombre que en noviembre de 2015 apuñaló en su casa de Ponte Caldelas al marido de la mujer con la que mantuvo una relación.

El Superior destaca que el Tribunal del Jurado basó la existencia de alevosía sorpresiva en que el ataque a la víctima con una navaja “fue sorpresivo e inesperado, sin que tuviera oportunidad de defenderse”, así como en que el condenado era “consciente de que el hecho de portar una navaja le proporcionaba superioridad y la aprovechó”.

El relato de hechos probados, según el alto tribunal gallego, es “claro en cuanto a que la víctima no pudo defenderse ante un ataque sorpresivo e inesperado”. Además, destaca que el fallecido presentaba algunas lesiones derivadas “de una reacción automática, no consciente, comprensible de cualquier persona que se encuentre en una situación semejante”, lo que no implica que tuviera posibilidad de defenderse.

Si bien la defensa sostiene que entre los implicados hubo un forcejeo, esa circunstancia no fue acreditada por el Tribunal del Jurado. Aun así, el Superior recalca que la existencia de un previo enfrentamiento entre las partes no excluiría “lo sorpresivo del ataque y la naturaleza alevosa de la acción, dado que no era esperado en modo ninguno por la víctima, pues el agresor le asestó en un dormitorio diversas puñaladas en zonas vitales del cuerpo con una navaja”. El TSXG también rechazó el recurso del Ministerio Fiscal, que pedía que no se tuviese en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

El Tribunal Supremo desestima el recurso contra el nombramiento del magistrado de la Sala Tercera Dimitry Berberoff

Tribunal Supremo - Jue, 06/11/2020 - 14:20

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el magistrado J.M.C.G. contra el Real Decreto 1082/2018, de 24 de agosto, por el que se promueve a la categoría de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al magistrado Dimitry Berberoff Ayuda y el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 24 de julio de 2018, que formuló la propuesta. La sentencia destaca que la decisión del Consejo estuvo correctamente motivada y que actuó dentro del indudable margen de discrecionalidad de que dispone en estos nombramientos.

El recurrente alegaba, entre otros argumentos, que tenía méritos superiores a Berberoff por su posición preferente en el escalafón de la carrera judicial y en el de especialistas respecto al candidato finalmente elegido. La sentencia contesta que ese razonamiento “es contrario a nuestra doctrina y no prospera porque pretende imponer el principio, ajeno al Reglamento (que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional) y a la base quinta de la convocatoria, de que el nombramiento se decida por antigüedad en el escalafón o en el escalafón de especialistas”.

“Si el criterio fuese el de estricta antigüedad, que defiende la demanda, estaríamos ante un ámbito casi reglado de competencias (…) en las que el Consejo tendría un margen muy escaso de apreciación. No estamos ante un concurso de méritos ni existe una baremación de los mismos. El único elemento reglado que se refiere a la antigüedad es el que establece la base 1ª, que la parte recurrente no discute que se cumpla en el caso del codemandado, y que, una vez cumplido, nos lleva al artículo 5, cuyo criterio esencial es el de los «méritos reveladores del grado de excelencia en el estricto ejercicio de la función jurisdiccional». La demanda pretende imponer, en fin, un criterio, el de la antigüedad, al margen del artículo del Reglamento y de las bases”.

Añaden los magistrados que “la motivación del acuerdo recurrido satisface de forma adecuada todas las exigencias que dimanan de nuestra jurisprudencia tanto en el criterio de excelencia en el ejercicio estricto de las funciones jurisdiccionales como en los aspectos complementarios, que se enumeran en forma prolija y separada. La motivación pone de manifiesto en forma extensa y detallada el alto grado de excelencia que concurre en el candidato que, en una valoración conjunta determinó el nombramiento, lo que entra en el margen de valoración discrecional del Consejo, por lo que no incurre en déficit alguno de motivación”.

Voto particular discrepante suscrito por dos magistrados

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Nicolás Maurandi, al que se adhiere Segundo Menéndez, que consideran que debió estimarse el recurso con la consecuencia de anular el nombramiento y retrotraer la actuación administrativa a la fase previa a la propuesta efectuada por la Comisión Permanente del CGPJ.

Añaden que la Comisión Permanente debió haber definido con anterioridad a la evaluación de los candidatos lo siguiente: a) Las diferentes clases de méritos evaluables y la proporción que la evaluación final otorgará al resultado obtenido en cada una de esas clases; (b) Las pautas cualitativas con las que se evaluaran cada una de las actuaciones encuadrables en las distintas clases de méritos; y los niveles en los que se plasmará el resultado de esa evaluación. Y debió evaluar a cada candidato de conformidad con todo lo anterior.

El Tribunal Supremo avala el acuerdo de la Junta Electoral Central que dejó vacante el escaño de Puigdemont en el Parlamento Europeo por no acatar la Constitución

Tribunal Supremo - Jue, 06/11/2020 - 12:45

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que desestima los recursos planteados por Carles Puigdemont y Antoni Comín contra tres acuerdos de la Junta Electoral Central, de 13 y 20 de junio de 2019, en los que se comunicó al Parlamento Europeo que se dejaban vacantes sus escaños como eurodiputados electos hasta que no prestasen acatamiento a la Constitución española, y se denegó su inclusión en la lista de electos remitida a la Cámara europea.

El alto tribunal avala la constitucionalidad y legalidad de la actuación de la Junta Electoral Central en este caso, ya que “ha aplicado con toda corrección la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”, y “no ha discriminado a los recurrentes ni incurrido en arbitrariedad o en infracción de sus derechos fundamentales” y “no ha obrado por motivos políticos contra ellos. Los actos recurridos, no entrañan, pues, ninguna persecución política de los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres”, dicen las sentencias.

La Sala explica que “la persistente invocación del Derecho de la Unión Europea que encontramos en la demanda y en las conclusiones de los recurrentes no se traduce en la identificación de un solo precepto que suponga un plus en materia de libertad e igualdad respecto de la garantía que de ellas ofrece el ordenamiento constitucional español. No demuestran lo que afirman sobre esa superior protección externa. Y nos encontramos con que en el Acta Electoral de 1976, además de la remisión al Derecho de los Estados, no hay ninguna previsión que impida exigir el acatamiento a la Constitución del modo en que lo requiere el artículo 224.2”.

En este sentido, el tribunal considera improcedente plantear, como solicitaron los recurrentes y también la Fiscalía, y los letrados de las Cortes Generales y de la propia Junta, una cuestión prejudicial al TJUE sobre si es compatible con el Derecho de la UE dicho artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central, y que si no lo hacen la Junta declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento.

El motivo de desestimar el planteamiento de la cuestión prejudicial es que ambos recurrentes han sido reconocidos posteriormente como eurodiputados por el Parlamento Europeo, tras la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 en la que se respondió a una cuestión prejudicial del Supremo relativa al alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras. Por tanto, según explican los magistrados, fuere cual fuere el pronunciamiento al que llegare el TJUE si se plantease ahora cuestión prejudicial, ninguna relevancia tendría para las pretensiones sustantivas de los recurrentes ya que es notorio que han sido reconocidos como miembros del Parlamento Europeo y que como tales están ejerciendo sus cargos.

Las sentencias insisten en la constitucionalidad del requisito de acatar la Constitución que establece el artículo 224.2 de la Ley Electoral, y destaca la inexistencia de preceptos y de jurisprudencia europeos que lo consideren incompatible con el Derecho de la Unión.

Para los jueces, “requerir el acatamiento a la Constitución como condición para acceder a un cargo obtenido por elección democrática de los ciudadanos no es algo desconocido en el Derecho Constitucional ni puede reducirse a mera formalidad intrascendente. Aunque la razón concreta de su exigencia y la forma de cumplirla varíe en función de las circunstancias históricas y culturales, en todo caso es un acto personalísimo que en el ordenamiento español no implica la adhesión ideológica a los principios y valores de la Constitución ni a la organización del poder que establece sino el respeto a los procedimientos en ella previstos, también para reformarla, incluso, en su totalidad, ya que su artículo 168 lo admite”.

El Tribunal recuerda en sus sentencias que los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres están acusados de muy graves delitos y que, para sustraerse a la acción de la Justicia, huyeron de España. Y que en esa condición de prófugos se presentaron como candidatos a las elecciones europeas de 2019, al no prohibir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que quienes se hallen en su situación concurrieran a dichas elecciones. Por ello, la misma Sala III amparó su derecho a ser elegidos mediante el auto de 5 de mayo de 2019 y determinó así las posteriores sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo a que se refiere la demanda.

Convocados los electos --entre ellos los recurrentes-- para prestar ante la Junta Electoral Central el acatamiento a la Constitución el día 17 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en el Palacio del Congreso de los Diputados, Puigdemont y Comín no se presentaron y pretendieron que se tuviera por hecho el acatamiento por imperativo legal mediante un documento notarial otorgado en Bélgica. Ello no fue aceptado por la Junta Electoral Central y, por ello, no les incluyó en la relación enviada al Presidente del Parlamento Europeo y resolvió en los términos del artículo 224.2 de la Ley Orgánica que, en tanto no acaten la Constitución ante ella, sus escaños se considerarían vacantes y suspendidas todas las prerrogativas que pudieran corresponderles por razón de sus cargos.

El Tribunal Supremo considera no probada la detención ilegal pero sí la falsedad en el caso de una bebé entregada a una familia distinta de la biológica

Tribunal Supremo - Jue, 06/11/2020 - 10:40

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha considerado no probado el delito de detención ilegal en el caso de una bebé entregada nada más nacer por el doctor E.V. en 1969 a una familia distinta de la biológica, y mantiene en todo lo demás los hechos acreditados por la Audiencia Provincial de Madrid como delito de falsedad y como ilegal procedimiento de entrega de la niña al margen de los cauces regulares para una adopción. El motivo de descartar la detención ilegal es que no se ha acreditado la ausencia de consentimiento de la madre biológica.

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió a E.V por prescripción, pero le consideró responsable de delitos de falsedad, suposición de parto y detención ilegal, en el caso de este último delito por entender que se hizo sin el consentimiento de la madre biológica. La defensa del acusado, que ejercen tras su fallecimiento en 2019 sus herederos, consideró vulnerada su presunción de inocencia por darse por acreditados los delitos, aunque prescritos. El Supremo estima la queja sólo en relación al delito de detención ilegal, al no considerar probada la ausencia de consentimiento por parte de la madre biológica a la entrega, pero no en los delitos de falsedad y suposición del parto.

Asimismo, la sentencia no se pronuncia sobre el fondo de la impugnación de la prescripción de los delitos, realizada por la Fiscalía y la acusación particular, debido a que el fallecimiento del acusado (y también, indirectamente, la supresión del delito de detención ilegal) hace procesalmente improcedente resolver sobre una inviable petición de condena, según destaca la sentencia.

Añade que no puede el Tribunal especular sobre una cuestión con finalidad puramente teórica y, menos, para incidir en otros procesos sin dar audiencia a las personas afectadas por ellos.

La sentencia destaca el cúmulo de incidencias procesales poco habituales que se han producido durante la tramitación de estos recursos, entre ellas la del fallecimiento del acusado.

Identificación de la madre biológica

Otra de las incidencias fue que, cuando el recurso de casación estaba pendiente en el Tribunal Supremo, el Ministerio Público aportó una investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid realizada tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y a instancias de quien ejerció la acusación particular como víctima. Tras haber logrado identificar a la madre biológica, ya fallecida, y con testimonios de familiares directos, la Fiscalía concluía que había elementos para considerar acreditado que la madre biológica había entregado a la recién nacida con fines de adopción, de forma libre y voluntaria.

La Sala explica en su sentencia que para abordar la presunción de inocencia indudablemente el análisis sería radicalmente distinto si se toman en consideración o no las diligencias preprocesales aportadas por el ministerio fiscal de las que se desprende, “sin resquicio alguno para la duda, que ha sido identificada la madre de I.M.P., personada como acusación particular como supuesta víctima del delito de detención ilegal; y que aquella prestó su consentimiento para que su hija recién nacida fuese entregada a un matrimonio que se encargaría de acogerla y criarla como una hija según han confirmado con lujos y detalles no solo la hermana de aquella, sino también algunos de sus hijos, que lo conocían por referencias de familiares tan cercanos como su padre ( es presumible que la madre pensaría en una adopción)”.

La Sala descarta ubicar el informe de la Fiscalía en el marco de un recurso de revisión, puesto que este tipo de recursos se plantean frente a sentencias condenatorias y firmes y añade que nadie entendería que el Ministerio Público no hubiese comunicado al tribunal el resultado tan decisivo de las diligencias preprocesales ni que la respuesta de la Sala fuera devolver, sin más, esa documentación.

Presunción de inocencia sobre el delito de detención ilegal

El tribunal argumenta en su sentencia que la Audiencia acreditó la ausencia de consentimiento de los padres biológicos basándose en pruebas indiciarias. No hubo ninguna declaración directa de que se tratara de una sustracción y no entrega voluntaria por parte de la progenitora, tal y como venía autorizado en la normativa registral entonces vigente que permitía a ésta mantener oculta su identidad. El tribunal considera que el razonamiento de la Audiencia es plausible. “Pero es- lo era también antes de localizarse a la familia biológica de la menor- demasiado abierto en el sentido de que se presentaba, al menos, con igual grado de probabilidad una hipótesis alternativa no incriminatoria: que se hubiese contado con el consentimiento libre de los progenitores. Era ese un hecho en aquella época no insólito o extraño, sino relativamente habitual”, dice la sentencia.

La hipótesis asumida como ajustada a la realidad por la sentencia no era suficientemente concluyente, y por tanto “no respetaba las condiciones necesarias para que una prueba indiciaria se convierta en sostén de una atribución de culpabilidad sin merma de la presunción de inocencia”.

La sala concluye que “la deducción era compatible con el cuadro indiciario con que se contaba. Pero no era la única posible. Quizás, ni siquiera la más probable. Era imaginable otra hipótesis exculpatoria de ese delito, con al menos, el mismo grado de probabilidad”.

Se mantiene el delito de falsedad y de suposición de parto La Sala considera que el acusado intervino tanto en la certificación falsa para inscribir a la niña en el Registro Civil como en toda la maniobra para entregarla a la coimputada fallecida y su marido. El certificado donde figuraba su firma, que él mismo reconoció,” se emite con vocación, que no puede desconocer su emisor, de provocar un asiento en un registro público de tanta importancia como es el Registro Civil”.

No procede pronunciarse sobre la prescripción

La Sala rechaza la impugnación de la prescripción que formulan el Ministerio fiscal y la acusación particular en sus recursos. El tribunal explica que desde el momento en que se produjo el fallecimiento del acusado su pretensión ha decaído porque la acción penal ha quedado extinguida. Recuerda que la legislación solo permite mantener vivo en estas condiciones el recurso de las partes pasivas fallecidas, pero no los recursos que incorporan una pretensión de condena frente al fallecido.

Además, la Sala añade que en este caso los recursos estarían probablemente abocados al fracaso ya que al estimar la presunción de inocencia en el delito de detención ilegal “se viene abajo buena parte del armazón argumental trabado para descalificar la prescripción que llevó a la Audiencia a la absolución”.


El tribunal explica que no puede ofrecer soluciones a otros hipotéticos asuntos que además no constituirían doctrina jurisprudencial y que se adoptarían sin oír a las personas afectadas por ello.

 

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